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Dosier legislativo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

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Vincent
AutorvLex

El día 2 de octubre de 2015 se publicó en el BOE la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo. Tiene prevista su entrada en vigor el 2 de octubre de 2016.

Paralelamente en la misma fecha se publicó la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público (LRJS).

El marco normativo en el que se ha desarrollado la actuación pública ha propiciado la aparición de duplicidades e ineficiencias, con procedimientos administrativos demasiado complejos que, han generado problemas de inseguridad jurídica. Con el objetivo de superar estas deficiencias es necesaria una reforma integral y estructural que permita ordenar y clarificar cómo se organizan y relacionan las Administraciones tanto externamente, con los ciudadanos y empresas, como internamente con el resto de Administraciones e instituciones del Estado. La reforma que se lleva a cabo del ordenamiento jurídico público se articula en dos ejes fundamentales: las relaciones «ad extra» y «ad intra» de las Administraciones Públicas, mediante dos nuevas leyes que constituirán los pilares sobre los que se asentará el Derecho administrativo español: la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

Objetivos Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Resulta clave contar con una nueva Ley que sistematice toda la regulación relativa al procedimiento administrativo, que clarifique e integre el contenido de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y profundice en la agilización de los procedimientos con un pleno funcionamiento electrónico.

La nueva regulación refuerza la participación ciudadana, la seguridad jurídica y la revisión del ordenamiento. En ella se establecen las bases con arreglo a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas con el objeto de asegurar su ejercicio de acuerdo con los principios de buena regulación, garantizar de modo adecuado la audiencia y participación de los ciudadanos en la elaboración de las normas y lograr la predictibilidad y evaluación pública del ordenamiento, como corolario imprescindible del derecho constitucional a la seguridad jurídica.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo establece una regulación completa y sistemática de las relaciones «ad extra» entre las Administraciones y los administrados, tanto en lo referente al ejercicio de la potestad de autotutela y en cuya virtud se dictan actos administrativos que inciden directamente en la esfera jurídica de los interesados, como en lo relativo al ejercicio de la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa.

Por lo que se refiere al procedimiento administrativo, con esta nueva regulación no se agotan las competencias...

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