Dosier legislativo de la Ley 2/2025, de 29 de abril, por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en materia de extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente de las personas trabajadoras, y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en materia de incapacidad permanente
El BOE de 30 de abril de 2025 publica la Ley 2/2025, de 29 de abril, por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en materia de extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente de las personas trabajadoras, y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en materia de incapacidad permanente. La norma entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 1 de mayo de 2025.
El principal objetivo de la ley es garantizar de forma más eficaz el derecho a la igualdad en el empleo de las personas con discapacidad, desvinculando el régimen jurídico de la extinción del contrato por fallecimiento de la persona trabajadora del que se aplica a los supuestos de incapacidad permanente.
De conformidad con el artículo 27.1 de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), los Estados deben garantizar que las empresas realicen los ajustes razonables que permitan a las personas con discapacidad el ejercicio de su derecho al trabajo, incluso para las personas que accedan a la situación de discapacidad con posterioridad al inicio de su actividad profesional.
En el marco de la Unión Europea, la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, establece la necesidad de medidas de adaptación para garantizar la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Las empresas deben aplicar las medidas adecuadas para que las personas con discapacidad puedan acceder al empleo, ejercerlo y desarrollarse profesionalmente, salvo que ello represente una carga excesiva.
Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Sentencia de 18 de enero de 2024 (asunto C-631/22), ha resaltado que las empresas deben intentar implementar ajustes razonables antes de extinguir el contrato de una persona trabajadora en situación de incapacidad permanente total. La extinción solo procede si tales...
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