Dosier legislativo de la Directiva (UE) 2025/2647 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2025 por la que se modifica la Directiva 2013/11/UE, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, así como las Directivas (UE) 2015/2302, (UE) 2019/2161 y (UE) 2020/1828 tras la supresión de la plataforma europea de resolución de litigios en línea

El Diario Oficial de la Unión Europea de 30 de diciembre de 2025 publica la Directiva (UE) 2025/2647 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2025 por la que se modifica la Directiva 2013/11/UE, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, así como las Directivas (UE) 2015/2302, (UE) 2019/2161 y (UE) 2020/1828 tras la supresión de la plataforma europea de resolución de litigios en línea, con entrada en vigor el 19 de enero de 2026.

El principal objetivo de la Directiva es adaptar y reforzar el marco europeo de resolución alternativa de litigios de consumo, ampliando su ámbito de aplicación, mejorando la accesibilidad y eficacia de los procedimientos, y respondiendo a la supresión de la plataforma europea de resolución de litigios en línea.

Contexto normativo

La Directiva (UE) 2025/2647 surge como respuesta a la necesidad de actualizar y perfeccionar el marco normativo europeo en materia de resolución alternativa de litigios («ADR», por sus siglas en inglés) en el ámbito del consumo. La experiencia acumulada desde la entrada en vigor de la Directiva 2013/11/UE y el Reglamento (UE) n.º 524/2013 ha puesto de manifiesto tanto los avances logrados en la cobertura de los mercados de consumo por entidades de resolución alternativa de calidad, como las persistentes deficiencias en el uso efectivo de estos mecanismos por parte de consumidores y empresas en determinados sectores y Estados miembros. Entre los principales obstáculos identificados se encuentran el bajo grado de concienciación y comprensión de los procedimientos ADR, la escasa participación de los comerciantes, lagunas en la cobertura sectorial, costes elevados, complejidad procedimental y diferencias en las competencias de las entidades de resolución alternativa. Además, los procedimientos transfronterizos presentan dificultades adicionales, como barreras idiomáticas y desconocimiento del Derecho aplicable, afectando especialmente a los consumidores vulnerables.

La digitalización de bienes y servicios, el auge del comercio electrónico y la publicidad digital han transformado el panorama contractual, exponiendo a los consumidores a nuevas formas de información engañosa y a interfaces manipuladoras que dificultan la toma de decisiones informadas. Asimismo, se ha constatado un incremento de litigios derivados de la venta de contenidos y servicios digitales, así como de contratos en los que el consumidor no paga un precio, sino que facilita datos personales al comerciante. Estas realidades han evidenciado la necesidad de adaptar el marco normativo para abarcar estos nuevos supuestos y garantizar la protección efectiva de los derechos de los consumidores en la era digital.

La supresión de la plataforma europea de resolución de litigios en línea, consecuencia de la derogación del Reglamento (UE) n.º 524/2013 por el Reglamento (UE) 2024/3228, ha...

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