Discurso y praxis del sistema burocrático de atención a población desplazada en Bogotá (Colombia): reparto desigual de derechos ciudadanos
| Autor | Isabel González Enríquez |
| Cargo del Autor | Universidad Complutense de Madrid |
| Páginas | 146-163 |
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DISCURSO Y PRAXIS DEL SISTEMA BUROCRÁTICO DE
ATENCIÓN A POBLACIÓN DESPLAZADA EN BOGOTÁ
(COLOMBIA): REPARTO DESIGUAL DE DERECHOS
CIUDADANOS
Isabel González Enríquez
Universidad Complutense de Madrid
Introducción
El Estado Colombiano suscribió los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado
Interno de las Naciones Unidas en los que los desplazados internos son defnidos como
“aquellas personas, o grupos de personas, que han sido forzados u obligados a huir o
abandonar sus hogares o sus sitios de residencia habitual sin cruzar una frontera
internacional, en particular cuando ello obedezca a los efectos de un conficto armado, una
situación generalizada de violencia, violaciones a los derechos humanos, o desastres de
origen natural o humano” (ACNUR, 2004). El Estado colombiano pues, formalmente,
elevó estos Principios a la misma categoría que cualquier otra ley constitucional para
reconocer y atender las demandas y necesidades de los desplazados forzados en
Colombia, que alcanzaron los 6,9 millones a finales de 2015 (ACNUR, 2016: 30). A su
vez, la ley 387 de 1997 estableció los derechos fundamentales de los desplazados y los
deberes del Estado colombiano para la atención de esta población; el Estado colombiano
debía “formular las políticas y adoptar las medidas para la prevención del desplazamiento
forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los
desplazados internos por la violencia” (Ley Nº 387, 1997). De todos los procesos que
componen la ruta gubernamental de atención a la población desplazada en Bogotá, como
principal ciudad receptora de los migrantes forzosos del país, se analizarán
principalmente dos de ellos por resultar extremadamente ilustrativos de las divergencias
existentes entre los derechos reconocidos de jure por las instituciones gubernamentales y
el reparto desigual de esos derechos formales entre distintas categorías de ciudadanos y
migrantes generado por la praxis diaria del aparato burocrático de atención. Dichos
procesos serán el de documentación mediante el cual la institucionalidad provee del
documento de identidad a los migrantes recién llegados a la capital que acuden a las
oficinas de atención o Unidades de Atención y Orientación (UAO) puestas en marcha
para atender a esta población, y el de la toma de declaración, siendo éste el requisito
indispensable para ser formalmente reconocidos como desplazados por la violencia en el
país y poder optar, por lo tanto, a las ayudas humanitarias y de estabilización
socioeconómica establecidas para esta población.
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Desde el punto de vista jurídico la población desplazada es, por tanto, una comunidad
de fronteras claramente definidas y prácticamente homogénea en términos de derechos y
obligaciones burocráticas; sin embargo, desde una perspectiva antropológica, no se puede
hablar de los desplazados forzados en Colombia como de una comunidad cerrada, ya que
uno de sus mayores rasgos definitorios es precisamente la inestabilidad, la movilidad, la
transitoriedad. Por ello, exceptuando aquellos casos en los que se especificará claramente,
cuando hablemos de los desplazados en general, o de los migrantes forzosos a lo largo de
este trabajo, no estaremos haciendo referencia al número de personas desplazadas
admitidas como tales en el sistema gubernamental de atención, los oficialmente
registrados como desplazados forzados, sino que nos referiremos a todos aquellos sujetos
que migraron no sólo como consecuencia de los conflictos por el territorio fruto de la
acción de los grupos armados en la contienda bélica que ha sacudido a este país
latinoamericano durante más de 50 años, sino también a todos aquellos migrantes que se
desplazaron a Bogotá y su periferia como consecuencia de las violencias políticas,
económicas y también armadas, que han determinado el despojo y desposesión masiva de
las tierras tradicionalmente campesinas que ocupaban la mayorías de estos migrantes
(Sanford y Asale, 2006; Pérez, 2004; Cerri, 2011; Castillejo, 2005). El desplazamiento
forzado habrá de entenderse, por tanto, como una construcción identitaria contextual,
interactiva, procesual y, por ende, lábil y cambiante. La navegación entre múltiples
sistemas clasificatorios, ampliamente estudiada desde hace años para el caso etnográfico
de la migración transnacional (Bartolomé, 2008: 42; Vila, 1999: 81), es practicada, de
hecho, diariamente por los desplazados que inciden más en su condición de migrantes por
la violencia dentro de las Unidades de Atención y Orientación, por ejemplo, mientras que
la ocultan, generalmente, en sus barrios informales de residencia. Gran parte de los
estudios sobre el desplazamiento forzado en Colombia, y especialmente aquellos
enmarcados en el diseño y análisis de políticas públicas, han tomado a la población
desplazada como un sujeto colectivo al cual es necesario aproximarse, visibilizarlo, darle
voz y reconocerle sus derechos (CODHES, 2011). Al mismo tiempo reconocen a esta
población casi exclusivamente como víctimas que padecen una situación ajena a su
voluntad y en la que han sido violados sus derechos humanos fundamentales y usurpados
sus medios y formas de vida (PMA, 2001). Sin embargo, estas perspectivas generan, a
menudo, miradas homogeneizantes, estereotipadoras, victimizantes e idealizadas de la
población desplazada. Se opta, en este texto, por el reconocimiento y la visibilización de
la capacidad de agencia de los desplazados en cuanto actores sociales individuales y
colectivos que ponen en práctica estrategias y prácticas de resistencia, adaptación y
solidaridad, entre otros. También, por la asunción de que estamos ante sujetos que, como
tantos otros grupos poblacionales, están atravesados por tensiones, dilemas y conflictos,
concepciones del mundo e intereses diferentes; así como prácticas socioculturales y
formas de adscripción identitaria diversas que no desaparecen ni se homogenizan por la
vivencia común del desplazamiento forzado. Deben por tanto quedar definitivamente
atrás tanto los ejercicios clasificatorios que tratan de captar una supuesta esencialidad de
la población desplazada, como aquellos que definen y representan a esta población como
a sujetos que han perdido su identidad, su cultura, sus raíces y, en definitiva, su
humanidad misma (Castillejo, 2000: 89). Por tanto, se trata de comprender el
desplazamiento en cuanto proceso, y esto abarca los eventos y las circunstancias previas
al éxodo, la jornada y las rutas migratorias, la llegada a un nuevo lugar, y las diversas
estrategias de reconstrucción de un proyecto de vida en el nuevo entorno social urbano
(Meertens, 2001: 79).
Por otro lado, la praxis del aparato burocrático del Estado no debe interpretarse
simplemente como la puesta en práctica, la materialización del cuerpo legislativo que en
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