STS, 12 de Mayo de 2004

PonenteRafael Fernández Valverde
ECLIES:TS:2004:3222
Número de Recurso5774/2001
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución12 de Mayo de 2004
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

D. MARIANO DE ORO-PULIDO LOPEZD. RICARDO ENRIQUEZ SANCHOD. PEDRO JOSE YAGÜE GILD. JESUS ERNESTO PECES MORATED. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a doce de Mayo de dos mil cuatro.

Visto por la Sala Tercera (Sección Quinta) del Tribunal Supremo el Recurso de Casación 5774/2001 interpuesto por DON Ismael, DON Jose Antonio, DON Abelardo, DOÑA María Milagros, DON Gonzalo, DOÑA Laura, DON Jose Manuel, DON Marco Antonio, DON Gabino, DOÑA Carla, DOÑA Olga, DON Jose Carlos, DOÑA Consuelo, DON Alejandro, DON Guillermo, DOÑA Marí Juana, DON Jose Pedro, DON Alexander, DON Ignacio, DON Jose Augusto, DON Alonso, DON Imanol, DOÑA Rita, DOÑA Elsa, DOÑA Virginia, DON Luis Pablo, DON David, DON Pablo, DON Juan María, DON Eloy, DON Rogelio, DON Juan Pablo, DOÑA Rosario, DOÑA Encarna, DON Joaquín, DOÑA María Esther, DON Luis Andrés, DON Donato, DON Rodolfo, DON Pedro Miguel, DON Humberto, DON Carlos Manuel, DON Cesar, DOÑA María Angeles, DOÑA Lina, DON Silvio y DON Antonio, representados por el Procurador Don Miguel Torres Álvarez y asistido de Letrado, siendo parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado; promovido contra la sentencia dictada el 16 de marzo de 2001 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en Recurso Contencioso-administrativo nº 1096/1998, sobre procedimiento de deslinde de bienes de dominio público marítimo-terrestre.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, se ha seguido el recurso nº 1096/1998, promovido por DON Ismael y otros, y en el que ha sido parte demandada la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, sobre procedimiento de aprobación de deslinde de bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa desde la Playa de Regueiro hasta el puente de Jubia, en el término municipal de Neda (La Coruña).

SEGUNDO

Dicho Tribunal dictó sentencia con fecha 16 de marzo de 2001, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso administrativo número 1096/98, interpuesto por D. Ismael y las otras cuarenta y seis personas que se indican en el encabezamiento de esta resolución, todas ellas representadas por e Procurador de los Tribunales D. Miguel Torres Álvarez, contra la resolución del Ministerio de Medio Ambiente de 23 de julio de 1998 referente a deslinde del dominio público marítimo terrestre, en el término municipal de Neda (La Coruña), resolución que declaramos conforme a derecho; sin condena en costas".

TERCERO

Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de DON Ismael y otros, se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 29 de septiembre de 2001, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

CUARTO

Emplazadas las partes, los recurrentes comparecieron en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formularon en fecha 8 de noviembre de 2001 el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideraron oportunos, solicitaron se dictara sentencia "declarando haber lugar al mismo, casando y anulando la indicada sentencia y resolviendo conforme a derecho revocarla, y estimando el recurso contencioso administrativo en su día interpuesto, anule y deje sin efecto la Orden Ministerial de 23 de julio de 1998, y declare la nulidad del deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos 5.421 metros de longitud, desde la Playa de Regueiro hasta el Puente de Jubia, en el término municipal de Neda (La Coruña), y subsidiariamente acuerde modificar el deslinde reduciendo la línea de servidumbre de protección a los 20 metros medidos desde el límite interior de la ribera del mar".

QUINTO

El recurso de casación fue admitido por providencia de fecha 10 de enero de 2003, ordenándose también, por providencia de 19 de febrero de 2003, entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (Abogado del Estado) a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse a recurso, lo que hizo en escrito presentado en fecha 11 de abril de 2003, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia por la que "se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente".

SEXTO

Por providencia de fecha 9 de marzo de 2004 se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 28 de abril de 2004, en que tuvo lugar.

SÉPTIMO

En la sustanciación del juicio no se han infringido las formalidades legales esenciales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Se impugna en este recurso de casación la sentencia que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional dictó en fecha de 16 de marzo de 2001, en su recurso contencioso administrativo nº 1096/98, por medio de la cual se desestimó el formulado por DON Ismael, DON Jose Antonio, DON Abelardo, DOÑA María Milagros, DON Gonzalo, DOÑA Laura, DON Jose Manuel, DON Marco Antonio, DON Gabino, DOÑA Carla, DOÑA Olga, DON Jose Carlos, DOÑA Consuelo, DON Alejandro, DON Guillermo, DOÑA Marí Juana, DON Jose Pedro, DON Alexander, DON Ignacio, DON Jose Augusto, DON Alonso, DON Imanol, DOÑA Rita, DOÑA Elsa, DOÑA Virginia, DON Luis Pablo, DON David, DON Pablo, DON Juan María, DON Eloy, DON Rogelio, DON Juan Pablo, DOÑA JUANA CANCELA RIVAS, DOÑA Encarna, DON Joaquín, DOÑA María Esther, DON Luis Andrés, DON Donato, DON Rodolfo, DON Pedro Miguel, DON Humberto, DON Carlos Manuel, DON Cesar, DOÑA María Angeles, DOÑA Lina, DON Silvio y DON Antonio contra la Orden del Ministerio de Medio Ambiente, de 18 de septiembre de 1998, por la que fue aprobada el Acta del deslinde, de fecha 14 de octubre de 1992, y los Planos, de diciembre de 1994, en los que se define el deslinde de los bienes de dominio público marítimo- terrestre del tramo de costa, de unos cinco mil cuatrocientos veintiuno (5.421) metros de longitud desde "Playa de Regueiro hasta el Puente de Jubia", en el término municipal de Neda (La Coruña), y ordenando a la Demarcación de Costas de Galicia que inicie las actuaciones conducentes a rectificar las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde aprobado.

SEGUNDO

Como decimos, la Sala de instancia desestimó el recurso contencioso administrativo declarando la conformidad con el ordenamiento jurídico de la resolución recurrida; sentencia en la que se reproducen, en gran medida, los pronunciamientos de la STS de 17 de noviembre de 2000, Recurso de casación 1770/2001.

Se basó para ello, en síntesis, y por lo que aquí interesa, en la siguiente argumentación:

  1. En relación con los defectos procedimentales denunciados por los recurrentes, la sentencia rechaza la existencia de los mismos por ausencia de indefensión, añadiendo que «por el contrario, el examen de los antecedentes de hecho de la resolución impugnada, en relación con el contenido del voluminoso expediente administrativo, lleva a la Sala a constatar que se han cumplido las exigencias formales, y que se ha producido una constante relación entre administración y afectados, quienes, han podido formular alegaciones repetidamente, conociendo lo actuado, y de hecho han llevado a cabo una intensa actividad. Además de esta apreciación, vemos como la demanda apunta defectos de carácter general, pero sin concreción alguna respecto a consecuencias que de los mismos se hayan derivado para alguno de los cuarenta y siete recurrentes. De este modo la desestimación del motivo de oposición se impone».

  2. En lo referente al deslinde propiamente dicho, la sentencia resalta que se hay seguido «la táctica de combatir en general la línea de deslinde, sin dedicar atención especial a alguna de las parcelas de la que eran titulares los cuarenta y siete recurrentes», y, tras exponer la doctrina sobre la exigencia de prueba al respecto, llega a la conclusión de que «sí existe prueba general de que los terrenos incluidos en el dominio público marítimo terrestre presentan las características exigidas por la norma».

  3. La sentencia, después de hacer referencia a las fundamentaciones de la resolución impugnada en relación con las alegaciones formuladas en el expediente, que se transcribían en la citada sentencia de 17 de noviembre de 2000, alcanza y reitera las mismas conclusiones que en aquella: 1º. Que «la administración ha justificado la línea aprobada. Así en la memoria se expone pormenorizadamente lo actuado y las opciones acogidas. Dentro de la misma, en la descripción de la poligonal, diferencia las distintas zonas homogéneas, y justifica la línea trazada en cada una de ellas; vértices 1 al 8, 8 al 13, 13 al 36, 36 al 59, 59 al 83, 83 al 89, 89 al 99, 99 al 111, 111 al 117, 117 al 122, 122 al 132, 132 al 143, 143 al 164, 164 al 198 y, por último, 198 al 238. Obra asimismo reportaje fotográfico».

    1. Que «nos hallamos ante un deslinde principalmente referido a la zona marítimo-terrestre, a marismas, que, en principio, no ofrece dificultad alguna para su delimitación: la cota de la pleamar máxima viva equinoccial con las precisiones que contiene el Reglamento de 1989, extendiéndose la zona marítimo-terrestre por las rías, y desembocaduras de los ríos hasta donde se hacen sensibles las mareas».

    2. Que «el fraccionamiento de la zona que recoge la resolución facilita la impugnación de una zona determinada, acreditando que el terreno concreto de la misma, o parte de la misma, no se halla incluida en las previsiones de los artículos 3 y siguientes de la Ley de Costas, lo que puede conseguirse desvirtuando lo acogido por la administración mediante las alegaciones procedentes y prueba de lo en ella indicado, que seguramente se intentará en otros recursos instados por propietarios de concretas parcelas que resulten afectadas por el deslinde».

    3. Que, sin embargo «el presente recurso, dada su generalidad, no utiliza esta técnica de probar el concreto error de la administración, y la mera afirmación de no estar acreditadas las características del terreno, huérfana de toda prueba, no puede resultar válida para obtener la declaración de que el deslinde comprende terrenos ajenos a las características que exige la Ley de Costas».

  4. La sentencia de instancia se queja de que «la lectura de la demanda en este terreno no plantea una discusión concreta que podamos identificar y responder concretamente y la Sala comprenderá también, que, frente a la alegación general de que nada está justificado, opongamos lo que dicen la Orden y la Memoria y el acta aprobada, lo que se desprende de fotografías y planos sobre esas características físicas».

  5. Por último la sentencia analiza también la cuestión relativa a la profundidad de la servidumbre de protección (100 ó 20 metros), y tras recoger, el contenido de las correspondientes Disposiciones transitorias de la Ley de Costas y su Reglamento, señala que «para que la profundidad de la servidumbre sea de 20 metros resulta necesario bien que los terrenos tengan expresamente atribuidos en los instrumentos de ordenación vigentes en la fecha de entrada en vigor de la ley 22/1988 la condición de suelo urbano; o bien que se trate de terrenos en que la edificación estuviera consolidada o los terrenos dispusieran de los servicios exigidos en la legislación urbanística, si la administración urbanística competente lo ha reconocido expresamente».

  6. Y, en relación con tales posibilidades llega a la siguientes conclusiones:

    1. «Que no ofrece dudas que nos hallamos ante el primero de los supuestos. Ningún documento se ha aportado que acredite que los terrenos se hallaran clasificados como urbanos en los instrumentos de ordenación vigentes en aquella fecha de entrada en vigor de la Ley, luego cualquiera que con posterioridad sea la calificación del suelo la servidumbre ha de tener el alcance establece en el artículo 23».

    2. Que «el segundo supuesto viene referido a áreas urbanas en que la edificación estuviera consolidada o los terrenos dispusieran de los servicios exigidos en la legislación urbanística en la fecha de entrada en vigor de la Ley de Costas. Es decir conlleva la exigencia que la situación de consolidación esté materializada antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas. Como esta Sala ha señalado en anterior sentencia la Ley reconoce de este modo eficacia a lo que en la jurisprudencia se ha venido a llamar fuerza normativa de lo fáctico -Sentencia del T.S. de 3.12.1986, 29.5 y 21.9 y 8.2.1988- pues, como dice la STS de 31 de diciembre de 1988 kla definición con rango legal del suelo urbano determina que la clasificación de un terreno como tal haya de depender de un hecho físico de la urbanización o consolidación de la edificación, de suerte que la administración quede vinculada por la realidad de las cosas.

      El éxito de este supuesto requiere pues la prueba en lo fáctico, acreditar la existencia de la urbanización o consolidación de la edificación, y la existencia del acto o resolución de la administración urbanística que lo reconozca, si bien, hemos entendido, que tal reconocimiento puede hacerse en cualquier momento por la administración, pero determinando expresamente que tal situación administrativa consolidada es anterior a la entrada en vigor de la Ley».

    3. , Por todo ello concluye señalando que «el examen del expediente de deslinde y actuaciones, y en concreto de la documental obrante en el ramo de prueba, llevan a la conclusión de que la parte no ha probado que los terrenos de los recurrentes a los que de modo genérico se refiere se hallen en la situación prevista por la comentada disposición reglamentaria. Las explicaciones que se recogen en la justificación de la solución adoptada, folios 12 y siguientes, no van contra la norma, y la parte no ha acreditado para ninguna de las parcelas de los recurrentes hallarse en uno de los supuestos amparados por las Transitorias de Ley y Reglamento, ni de la prueba rechazada tampoco saldría acreditado este dato».

TERCERO

Contra esa sentencia ha interpuesto el Ayuntamiento recurrente recurso de casación, en el cual esgrime un total de cuatro motivos de impugnación, aunque sin concretar a través de qué vía de las previstas en el artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional 29/1998, de 13 de julio (LRJCA), se articulan; no obstante, habremos de seguir para su tratamiento un orden que no es exactamente el establecido por los recurrentes.

CUARTO

En el primer motivo el Ayuntamiento recurrente considera infringido el artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPA). En concreto, el apartado e) del mismo, por haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido.

Ya conocemos la respuesta de la Sala de instancia ante la denuncia de los siguientes defectos procedimentales: La autorización de la incoación del expediente cuando existía un incompleto deslinde provisional no incorporado al expediente, la falta de publicación en el Servicio de Costas de anuncio de incoación, la falta de citación de los titulares de terrenos al acto de apeo, falta de informe municipal y autonómico en la tercera modificación de delimitación provisional.

El análisis de la Resolución impugnada pone, con absoluta claridad, de manifiesto que ninguna de las irregularidades que se citan por los recurrentes les han podido causar indefensión en su actuación procedimental. Su actuación a lo largo del procedimiento ha sido permanente no habiendo contado con limitación alguna para alegar y probar lo que han tenido por conveniente, si bien ello, obviamente, con el resultado que en la sentencia se expresa, por cuanto tal actuación de participación procedimental cuenta con el límite derivado de la aplicación de la normativa en vigor, esto es, que no puede llegar a alterar lo dispuesto por el ordenamiento jurídico.

Como hemos señalado en numerosas ocasiones (por todas STS de 14 de febrero de 2000) «la nulidad de los actos administrativos sólo era apreciable en los supuestos tasados del art. 47 LPA (art. 62 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 de noviembre; LRJ-PAC, en adelante) y la anulabilidad por defectos formales, sólo procedía cuando el acto carecía de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o producía indefensión de los interesados, según el art. 48.2 LPA (art. 63.2 LRJ-PAC)», por ello, «cuando existen suficientes elementos de juicio para resolver el fondo del asunto y ello permite presuponer que la nulidad de actuaciones y la repetición del acto viciado no conduciría a un resultado distinto, esto es, cuando puede presumirse racionalmente que el nuevo acto que se dicte por la Administración, una vez subsanado el defecto formal ha de ser idéntico en su contenido material o de fondo, no tiene sentido apreciar la anulabilidad del acto aquejado del vicio formal».

En la misma línea hemos señalado (SSTS 10 de octubre de 1991 y 14 octubre 1992) que para que proceda la nulidad del acto prevista en el precepto considerado como infringido (62.1.e LRJPA, antes 47 LPA) «es preciso que se haya prescindido totalmente de los trámites del procedimiento, no bastando la omisión de alguno de estos trámites por importante que éste sea. Cuando se ha omitido un trámite procedimental, pero no se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente previsto nos encontramos con la posibilidad de que el acto pueda ser anulable de conformidad con el artículo 48.2 de la referida Ley Procedimental (ahora 63.2 de la Ley 30/1992) aunque en este supuesto sólo procederá la declaración de anulabilidad si el acto carece de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o si ha producido indefensión a los interesados».

Y, por ultimo debemos reiterar que .«no se produce indefensión a estos efectos si el interesado ha podido alegar y probar en el expediente cuanto ha considerado oportuno en defensa de sus derechos y postura asumida, como también recurrir en reposición, doctrina que se basa en el artículo 24.1 CE, si hizo dentro del expediente las alegaciones que estimó oportunas» (STS 27 de febrero de 1991), «si ejercitó, en fin, todos los recursos procedentes, tanto el administrativo como el jurisdiccional» (STS de 20 de julio de 1992). Pero es que, además, también se ha señalado que, «si a pesar de la omisión procedimental, el Tribunal enjuiciador cuenta con los elementos de juicio suficientes para formarse una convicción que sirva para decidir correctamente la contienda, debe pasar a analizar y enjuiciar el fondo del asunto» (STS de 10 de octubre de 1991); ello es así «porque la teoría de la nulidad de los actos administrativos ha de aplicarse con parsimonia, siendo necesario ponderar siempre el efecto que produjo la causa determinante de la invalidez y las consecuencias que se hubieran seguido del correcto procedimiento rector de las actuaciones que se declaran nulas» (STS de 20 de julio de 1992) pues «es evidente que si la garantía del administrado se consigue efectivamente, no es necesario decretar nulidades si éstas sólo han de servir para dilatar la resolución de la cuestión de fondo» (SSTS de 14 de junio de 1985, 3 de julio y 16 de noviembre de 1987 y 22 de julio de 1988).

Por ello, «si el interesado en vía de recurso administrativo o contencioso-administrativo ha tenido la oportunidad de defenderse y hacer valer sus puntos de vista, puede entenderse que se ha subsanado la omisión y deviene intrascendente para los intereses reales del recurrente y para la objetividad del control de la Administración, compatibilizando la prohibición constitucional de indefensión con las ventajas del principio de economía procesal que complementa al primero sin oponerse en absoluto al mismo y que excluye actuaciones procesales inútiles a los fines del procedimiento» (SSTS de 6 de julio de 1988 y 17 de junio de 1991).

En síntesis, que el vicio de forma o procedimiento no es invalidante de por sí, sino en cuanto concurran los supuestos de que el acto carezca de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, conforme dispone el artículo 63 LRJPA, y de ahí que pueda purgarse a lo largo del procedimiento e incluso en vía contencioso-administrativa, trámite en el cual puede obviarse, por razones de economía procesal, enjuiciando el fondo del asunto, tanto cuando el mismo hubiese sido no influyente en la decisión, de suerte que ésta hubiere sido la misma, como cuando aún sí influyente, la decisión hubiese sido correcta o incorrecta, manteniéndola en su supuesto y anulándola en el otro, y sólo apreciarse en el caso de que por existencia carezca el órgano jurisdiccional de los elementos de juicio necesarios para la valoración de la decisión administrativa.

En consecuencia, se insiste, ningún síntoma podemos encontrar en el desarrollo procedimental que nos obligue a decretar la nulidad del procedimiento seguido; esto es, no podemos encontrar síntomas de indefensión en alguno de los vecinos como consecuencia de la falta de publicación en el Servicio de Costas de anuncio de incoación o de la falta de citación de los titulares de terrenos al acto de apeo, o por la falta de informe municipal y autonómico en la tercera modificación de delimitación provisional. Debemos recordar que los cuarenta y siete vecinos recurrentes han seguido un procedimiento jurisdiccional al margen del seguido por el Ayuntamiento de Neda; que de los propietarios de las 139 fincas afectadas, todos ellos citados por correo con acuse de recibo, comparecieron un total de 79; que realizada una segunda comprobación en el Registro de la Propiedad se efectuó una segunda citación constando en el expediente las alegaciones de todos ellos.

El motivo, pues, ha de ser desestimado.

QUINTO

El tercer motivo cuenta también con una perspectiva formal, al considerarse que la sentencia de instancia vulnera los preceptos que establecen las normas para la valoración de la prueba , así como la doctrina jurisprudencial que los interpreta; en concreto los artículos 60 y 61 LRJCA y 24.2 CE, en relación con los artículos 80, 81 y 137.2 LRJPA así como 1218 y 1225 CC.

Se quejan los recurrentes de que el Tribunal de instancia ha obviado la valoración conjunta, y sometida a las reglas de la sana crítica, de toda la prueba practicada y de todo el conjunto del expediente administrativo vulnerando el artículo 24.1 CE y las garantías que establece respecto a la utilización de los medios de prueba pertinentes en derecho.

Debemos comenzar reiterando que (STS 3 de diciembre de 2001) «es ya doctrina reiterada de esta Sala que la formación de la convicción sobre los hechos en presencia para resolver las cuestiones objeto del debate procesal está atribuida al órgano judicial que, con inmediación, se encuentra en condiciones de examinar los medios probatorios, sin que pueda ser sustituido en tal cometido por este Tribunal de casación, puesto que la errónea valoración probatoria ha sido excluida del recurso de casación en la jurisdicción civil por la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, y no ha sido incluida como motivo de casación en el orden contencioso-administrativo, regulado por primera vez en dicha ley. Ello se cohonesta con la naturaleza de la casación como recurso especial, cuya finalidad es la de corregir errores en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, y no someter a revisión la valoración de la prueba realizada por el tribunal de instancia.

Ahora bien, ello no impide que puedan ser objeto de revisión en sede casacional los siguiente temas probatorios o relacionados con la prueba:

  1. La infracción del artículo 1214 del CC, que puede traducirse en una vulneración de las reglas que rigen el reparto de la carga de la prueba, invocable a través del artículo 95.1.4º LJCA.

  2. Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio con indefensión de la parte cuando, indebidamente, no se ha recibido el proceso a prueba o se ha inadmitido o declarado impertinente o dejado de practicar algún medio probatorio en concreto que tenga relevancia para la resolución definitiva del proceso.

  3. Infracción o vulneración de las normas del ordenamiento jurídico relativas a la prueba tasada o a la llamada prueba de presunciones.

  4. Infracción de las reglas de la sana crítica cuando la apreciación de la prueba se haya realizado de modo arbitrario o irrazonable o conduzca a resultados inverosímiles, que puede hacerse valer por el mismo cauce de infracción del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, pues el principio de tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos que consagra el artículo 24 de la Constitución comporta que estos errores constituyan vulneraciones del citado derecho y por ende infracciones del ordenamiento jurídico susceptibles de fiscalización por el Tribunal Supremo.

  5. Infracción cometida cuando, al socaire de la valoración de la prueba, se realizan valoraciones o apreciaciones erróneas de tipo jurídico, como puede ser la aplicación a los hechos que se consideran probados de conceptos jurídicos indeterminados que incorporan las normas aplicables.

  6. Errores de tipo jurídico cometidos en las valoraciones llevadas a cabo en los dictámenes periciales, documentos o informes, que, al ser aceptados por la sentencia recurrida, se convierten en infracciones del ordenamiento jurídico imputables directamente a ésta; y, por último.

  7. Cabe también integrar la relación de hechos efectuada por la Sala de instancia cuando, respetando la apreciación de la prueba realizada por ésta, sea posible tomar en consideración algún extremo que figure en las actuaciones omitido por aquélla, el cual sea relevante para apreciar si se ha cometido o no la vulneración del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia denunciada (STS 12 de julio de 1999 , en términos parecidos a los que resultan de la redacción del artículo 88.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- administrativo, Ley 29/1998, de 13 de julio. SSTS 6 y 17 de julio de 1998 , 12 de julio , 2 de noviembre, 15 de diciembre de 1999 , 20 de marzo , 3 de abril , 3 de octubre y 20 de noviembre de 2000 , entre otras muchas).

La interpretación de los preceptos, en concreto, invocados por esta Sala es también sobradamente conocido; así, en la STS de 22 de enero de 2000 expresamos que «compete en todo caso a cada parte la carga de probar sus pretensiones. En efecto ... la carga de la prueba es un concepto no demasiado perfilado en el proceso contencioso, que se limita a ser tributario de la doctrina civilista nacida de los artículos 1214 y siguientes del Código Civil. La importancia del expediente administrativo en nuestra jurisdicción explica la falta de relevancia de este tema. La carga de la prueba, paradójicamente tiene interés sólo cuando hay falta o ausencia de prueba de hechos relevantes. En ese caso, el Tribunal debe hacer la imputación lógica a la parte que quebrantó el "onus probandi"».

Pues bien, en el supuesto de autos, y en concreto, en la valoración de la Sala de instancia no apreciamos indefensión, arbitrariedad o utilización de criterios erróneos, y ello nos obliga a la desestimación del motivo, tratándose de un procedimiento de deslinde donde el ámbito probatorio ha debido quedar limitado, en el tiempo, a la acreditación de la clasificación urbanística de los terrenos afectados en el preciso momento de la entrada en vigor de la Ley de Costas, y, en el ámbito material, a la posible existencia de núcleo alguno consolidado, no obstante la ausencia de calificación como urbano; y sin que, en los términos que luego analizaremos, las obras posteriores a tal precisa fecha o las futuras puedan alterar la situación fáctica determinante de la profundidad de la servidumbre de protección.

SEXTO

Los motivos segundo y cuarto podemos analizarlos conjuntamente por cuanto, en el fondo, giran en torno a la determinación de los límites de la servidumbre de protección así como en torno a la concreción de las administraciones intervinientes.

Así, en el segundo de los motivos se consideran infringidos los artículos 23.2 de la Ley de Costas, en relación con el artículo 62.1.a) y e) LRJPA, Y en el cuarto, los artículos 8 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, 64 de la Ley 1/1997, de 24 de marzo, del Suelo de Galicia en relación con el 43.4 del Reglamento de Costas y las Disposiciones Transitorias Tercera y Novena de la citada Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Ambos motivos, sin embargo, han de ser desestimados, siguiendo, de conformidad con los principios de unidad de doctrina y seguridad jurídica, lo establecido en nuestra STS de 26 de enero de 2004.

Debemos, pues reiterar que, aunque la exégesis de los preceptos contenidos en las dos Disposiciones Transitorias (Tercera de la Ley de Costas y Octava del Reglamento) es complicada, de lo que no cabe duda es de que, «cuando las zonas de servidumbre de protección y de influencia afecten a suelos que, a la entrada en vigor de la vigente Ley de Costas, estuviesen clasificados como suelo urbanizable programado o apto para urbanizar, las Administraciones urbanísticas, autonómica y municipal, conservan sus propias competencias para fijar definitivamente la superficie gravada con dicha servidumbre de protección, para lo que ha de tenerse en cuenta si los terrenos cuentan o no con Plan Parcial definitivamente aprobado».

Como en el caso enjuiciado los terrenos, gravados con la servidumbre de protección del domino público marítimo-terrestre, no contaban con Plan Parcial definitivamente aprobado, nos ceñiremos a este primer supuesto, contemplado en los apartados 2 a) de la Disposición Transitoria tercera de la Ley de Costas y 1 a) de la Disposición transitoria octava de su Reglamento, reiterando lo expresado en la sentencia de precedente cita: «Al aprobar la Administración General del Estado un deslinde fijando el límite del dominio público marítimo-terrestre y, en su caso (artículos 19.1 y 26.1 del Reglamento de Costas), la línea de la ribera del mar cuando ésta no sea coincidente con aquél, si el suelo, gravado con la servidumbre de protección, está clasificado como urbanizable programado o apto para urbanizar sin que cuente con Plan Parcial definitivamente aprobado, dicha servidumbre recaerá, en principio, sobre una zona de cien metros medidos tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar (artículo 23.1 de la Ley de costas y 43.1 de su Reglamento), debiéndose señalar en el plano el límite interior de la zona de servidumbre de protección (artículos 12.5 de la Ley de Costas, 19.3 y 21.2 de su Reglamento).

Ahora bien, como la aplicación de los citados preceptos reguladores de la superficie afectada por la servidumbre de protección se supedita por la Disposición Transitoria tercera 2 a) de la Ley de Costas y por la Disposición Transitoria octava 1 a) del Reglamento a que tal afectación no de lugar a indemnización de acuerdo con la legislación urbanística, esa superficie de cien metros, medidos tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar con las limitaciones derivadas legalmente de la servidumbre de protección, pende para su consolidación de la aprobación definitiva del Plan Parcial correspondiente por las Administraciones urbanísticas competentes, ya que si, al ser éste aprobado definitivamente, resultase que son indemnizables determinados aprovechamientos urbanísticos atribuidos al suelo por el Plan General de Ordenación Urbana, la superficie gravada con la servidumbre de protección se reducirá para evitar tales indemnizaciones, procurando que la anchura de la zona de protección sea la máxima posible dentro del respeto al aprovechamiento urbanístico atribuido por dicho planteamiento, sin que, en ningún caso, pueda ser, lógicamente, inferior a los veinte metros establecidos por las mismas Disposiciones transitorias para el suelo urbano, en cuyo caso resultaría aplicable lo dispuesto en el apartado 3 de la Disposición Transitoria tercera de la Ley de Costas y la Disposición Transitoria novena de su Reglamento, en relación con la Disposición Transitoria cuarta 2 de aquélla.

En cualquier caso, como establece el apartado 2 de la Disposición Transitoria octava del Reglamento de Costas, sólo se tendrán en cuenta las disminuciones o reducciones del aprovechamiento urbanístico que, resultando exigibles por la estricta aplicación de la Ley de Costas, supongan una modificación del planeamiento vigente indemnizable con arreglo a la legislación urbanística, por lo que no son obstáculo para la estricta aplicación de los preceptos de la Ley de Costas, entre ellos los relativos a la superficie gravada con la servidumbre de protección, las indemnizaciones que fuesen exigibles por los gastos realizados en la redacción de planes o proyectos, expedición de licencias u otros derivados del cumplimiento de obligaciones impuestas por la normativa vigente».

De lo expresado se deduce que, al no haberse aprobado definitivamente el Plan Parcial del suelo urbanizable programado por las Administraciones urbanísticas competentes, se ignora si el respeto de los aprovechamientos urbanísticos reconocidos a ese suelo por el Plan General de Ordenación Urbana ha de comportar la reducción de la superficie destinada a servidumbre de protección, la que exclusivamente se reducirá si hubiese que proceder a indemnizar la pérdida de tales aprovechamientos con arreglo a las normas que hemos dejado transcritas, es decir cuando las disminuciones o reducciones del aprovechamiento urbanístico requieran una modificación del planeamiento vigente indemnizable según la legislación urbanística, y, en consecuencia, la Sala sentenciadora no ha conculcado, al declarar ajustada a derecho la fijación del límite interior de la servidumbre de protección, lo establecido en las citadas Disposiciones Transitorias tercera 2 a) de la Ley de Costas y octava 1 a) de su Reglamento.

Tampoco ha conculcado dicha Sala, al así resolver, las competencias que la Ley de Costas reserva a las Administraciones autonómica y municipal en la aprobación del planeamiento y consiguiente fijación de la superficie gravada con la servidumbre de protección, ya que dichas Administraciones han de proceder a ejercer esas competencias en la aprobación del planeamiento urbanístico y como consecuencia de ello resultará o no modificado el límite interior de la servidumbre de protección, que, al no existir Plan Parcial definitivamente aprobado, la Administración General del Estado señaló, según establecen los artículos 23.1 de la Ley de Costas y 43.1 de su Reglamento en relación con la Disposición Transitoria tercera 2 a) de la Ley de Costas y la Disposición Transitoria octava 1 a) de su Reglamento, a cien metros medidos tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar, razones ambas que determinan la desestimación del segundo y cuarto motivo de casación esgrimido por la representación procesal de los vecinos recurrentes.

SEPTIMO

Al declararse no haber lugar al recurso de casación procede condenar a la parte recurrente en las costas del mismo (artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional de 27 de diciembre de 1956, en relación con la Disposición Transitoria Novena de la Ley 29/1998, de 13 de julio).

VISTOS los preceptos y jurisprudencia citados, así como los artículos 93 a 101 de la Ley de esta Jurisdicción y las Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera de la mencionada Ley Jurisdiccional 29/1998, de 13 de julio.

Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.

FALLAMOS

  1. No haber lugar y, por tanto, desestimar el recurso de casación núm. 5774/2001, interpuesto por la DON Ismael, DON Jose Antonio, DON Abelardo, DOÑA María Milagros, DON Gonzalo, DOÑA Laura, DON Jose Manuel, DON Marco Antonio, DON Gabino, DOÑA Carla, DOÑA Olga, DON Jose Carlos, DOÑA Consuelo, DON Alejandro, DON Guillermo, DOÑA Marí Juana, DON Jose Pedro, DON Alexander, DON Ignacio, DON Jose Augusto, DON Alonso, DON Imanol, DOÑA Rita, DOÑA Elsa, DOÑA Virginia, DON Luis Pablo, DON David, DON Pablo, DON Juan María, DON Eloy, DON Rogelio, DON Juan Pablo, DOÑA JUANA CANCELA RIVAS, DOÑA Encarna, DON Joaquín, DOÑA María Esther, DON Luis Andrés, DON Donato, DON Rodolfo, DON Pedro Miguel, DON Humberto, DON Carlos Manuel, DON Cesar, DOÑA María Angeles, DOÑA Lina, DON Silvio y DON Antonio contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección 1ª) de fecha 16 de marzo de 2001, en su Recurso Contencioso- administrativo 1096 de 1998, la cual, en consecuencia, confirmamos.

  2. Condenar a la entidad recurrente en las costas del presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Valverde, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.

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