STS, 22 de Julio de 2005

PonenteRAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
ECLIES:TS:2005:5144
Número de Recurso1231/2002
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución22 de Julio de 2005
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

MARIANO DE ORO-PULIDO LOPEZPEDRO JOSE YAGÜE GILJESUS ERNESTO PECES MORATESEGUNDO MENENDEZ PEREZRAFAEL FERNANDEZ VALVERDEENRIQUE CANCER LALANNE

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintidós de Julio de dos mil cinco.

Visto por la Sala Tercera (Sección Quinta) del Tribunal Supremo el Recurso de Casación número 1231/2002 interpuesto por DON Jose Carlos Y DON Jose Antonio representados por el Procurador de los Tribunales, Don Roberto Primitivo Granizo Palomeque y asistido de Letrado, siendo parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representado por sus Servicios Jurídicos, promovido contra la sentencia de fecha 19 de octubre de 2.001, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en recurso contencioso administrativo número 338/1998, sobre deslinde de bienes de dominio público marítimo-terrestre.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional se ha seguido el recurso contencioso administrativo número 338/1998 promovido por DON Jose Antonio y DON Jose Carlos Y OTRO. y en el que ha sido parte demandada la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, sobre deslinde de bienes de dominio público marítimo terrestre.

SEGUNDO

Dicho Tribunal dictó sentencia en fecha 19 de octubre de 2.001, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: FALLAMOS: "Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso administrativo número 338/1998 interpuesto por DON Jose Carlos y por DON Jose Antonio, ambos representados por el Procurador de los Tribunales Don Roberto Granizo Palomeque, contra la resolución del Ministerio de Medio Ambiente de 21 de noviembre de 1.997 referente al deslinde del dominio público marítimo terrestre en un tramo de costa sito en el término municipal de Formentera (Islas Baleares); sin condena en costas".

TERCERO

Notificada dicha Sentencia a las partes por la representación de Don Jose Antonio y Don Jose Carlos se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 22 de diciembre de 2.001 al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

CUARTO

Emplazadas las partes, la parte recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 1 de marzo de 2002 el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se dictara en su día sentencia: "estimando el recurso contencioso administrativo en el sentido de declarar inválida las Ordenes Ministeriales de noviembre y diciembre de 1.997 conforme a las pretensiones principal y subsidiaria del suplico de la demanda presentado en su momento, declarando además improcedente la conversión de la propiedad de mi mandante en concesión sin la correspondiente compensación económica".

QUINTO

En fecha 12 de marzo de dos mil dos, la Sala Tercera del Tribunal Supremo dicta Auto por el que se declara desierto el recurso de casación preparado por Don Jose Antonio contra resolución dictada por la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo/Sección Primera. La representación de Don Jose Antonio y Don Jose Carlos, el 3 de abril siguiente presenta Recurso de Súplica contra el expresado Auto en el que solicita reponer la resolución recurrida, alegando la vulneración de lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Constitución Española. El 15 de julio siguiente la Sala Tercera de este Tribunal Supremo ACUERDA: "Desestimar el recurso de súplica interpuesto por la representación procesal de Don Jose Carlos y Don Jose Antonio contra el Auto de 12 de marzo de 2.002, que se confirma; sin costas". Don Roberto García Palomeque, en base a cuantas consideraciones creyó oportunas, en escrito presentado el 25 de septiembre siguiente solicita la declaración de nulidad, o en su caso corrección de la errata que lo motiva, del Auto de 15 de julio de 2.002 y del Auto de 12 de marzo de 2.002. El 12 de noviembre, la representación de los Sres. Jose CarlosJose Antonio presentan nuevo escrito una vez tomado conocimiento del nuevo error que se ha referido en asunto paralelo a éste. Por Diligencia de Constancia de fecha 27 de noviembre se comunica que se ha extraviado el rollo de Sala correspondiene al recurso a lo que por Providencia de la misma fecha se ordena la reconstrucción del rollo de Sala, requiriendo a las partes personadas para que en plazo diez días, aporten copias de los escritos presentados. Una vez reconstruído el expediente, por Providencia de 14 de enero de 2.003 se da traslado al Abogado del Estado del escrito presentado por Don Roberto Granizo Palomeque, de 25 de septiembre de 2.002 para que en plazo de cinco días formule alegaciones, quien en fecha de 25 de marzo de 2.003 solicita que se acuerde no resolver la declaración de nulidad que se solicita de contrario. El 16 de octubre de 2.003 la Sala Tercera dicta Auto por el que ACUERDA: 1º) Haber lugar a la nulidad de actuaciones promovida por la representación procesal de Don Jose Carlos y Don Jose Antonio en relación con el Auto de 15 de julio de 2.002 y del confirmado por el mismo de12 de marzo de 2.002, que se dejan sin efecto.

  1. ) Tener por presentado por el Procurador D. Roberto Granizo Palomeque, en nombre y representación de D. Jose Carlos y D. Jose Antonio, escrito interponiendo recurso de casación contra la Sentencia de 19 de octubre de 2001, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) de la Audiencia Nacional en el recurso nº 338/98, a quien se tiene como parte recurrente en la expresada representación. Asimismo, se tiene por personado y parte al Abogado del Estado, en nombre y representación de la Administración, en concepto de recurrido.

  2. ) Pasar las actuaciones, en unión de las recibidas y una vez notificada la presente resolución, al Magistrado Ponente para que se instruya y someta a la deliberación de la Sala lo que haya de resolverse sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso de casación.

SEXTO

El recurso de casación fue admitido por providencia de fecha 14 de enero de 2.004, ordenándose también por providencia de 21 de abril siguiente, entregar copia del escrito de formalización del recurso de casación a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO) a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que hizo en escrito presentado el 11 de junio siguiente en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara en su día sentencia: "por ser conforme a derecho la resolución judicial hoy impugnada".

SEPTIMO

Por providencia de 10 de junio de 2005 se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 13 de julio en que tuvo lugar.

OCTAVO

En la sustanciación del juicio no se han infringido las formalidades legales esenciales.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Valverde, Magistrado de Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Se impugna en este recurso de casación la sentencia que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección 1ª) dictó en fecha de 19 de octubre de 2001, y en su recurso contencioso administrativo nº 338/98, por medio de la cual se desestimó el formulado por D. Jose Carlos y D. Jose Antonio contra la Orden Ministerial del Ministerio de Medio Ambiente de fecha 21 de noviembre de 1997 (rectificada por otra de 19 de diciembre de 1997) que aprobó las actas levantadas los días 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 y 29 de julio y 29 de septiembre de 1993 en la isla de Formentera y el 30 de julio de 1993 en las islas de Espalmador y Espardell y los planos correspondientes, documentos en los que se definen los bienes de dominio público marítimo terrestre del término municipal de Formentera (Islas Baleares), comprendiendo las islas de Espalmador y Espardell.

SEGUNDO

Como decimos, la Sala de instancia desestimó el recurso contencioso administrativo y declaró la conformidad a Derecho el citado deslinde.

Se basó para ello, en síntesis, y por lo que aquí interesa, en la argumentación que desarrollo en relación con:

  1. La caducidad del expediente administrativo.

  2. La existencia de motivación suficiente en la resolución impugnada.

  3. Constituyendo el problema de fondo el de determinar si las dunas que el perito llama antiguas no activas son o no necesarias para la defensa de la playa ---y ello respecto de las fincas propiedad del actor, parcelas NUM000, NUM001 y NUM002, hitos 314 a 325, en el paraje conocido como Els Arenals- Mitjorn---, la sentencia de instancia (tras describir la zona según la Memoria del deslinde, examinar los informes de los técnicos Srs. Luis Enrique y Carlos Miguel, y dejar constancia del Acta de reconocimiento judicial), llega a la solución positiva, a la vista de las fotografías aéreas, del informe de la entidad "Tecnoambiente, S. A." ---cuyas razones considera la Sala más razonables y fundadas--- y del "preciso texto del acta de reconocimiento", exponiendo que "en el terreno surgen zonas de roca batida por las aguas, arena suelta, es decir playa, y dunas con arena suelta", sin que la Sala aprecie "las dunas fósiles pretendidas de contrario, y sí que las mismas resultan necesarias para mantener el equilibrio de los aportes de arena y para la defensa de la costa". Y, "pasando de la valoración del expediente de deslinde en general a lo concreto de autos, todo el terreno comprendido como de dominio público marítimo terrestre, aquí cuestionado, está ajustado a la norma ...".

  4. La Sala de instancia igualmente se pronuncia sobre la motivación de la justificación del deslinde de la zona donde está enclavados los terrenos de los recurrentes, así como sobre la discutida constitucionalidad de los artículos 3 a 6 de la Ley de Costas.

  5. Igualmente razona sobre la legalidad del artículo 6 del Reglamento de Costas, ninguno de cuyos supuesto concurren en autos.

  6. Por último, con apoyo en la STC 149/1991, la sentencia de instancia rechaza la denunciada confiscación, ante la pérdida de la titularidad privada sin la compensación adecuada que implica el deslinde.

TERCERO

Contra dicha sentencia ha formulado la parte actora el presente recurso de casación, en el cual esgrime un total de diez motivos de impugnación, que hemos de examinar a continuación, siguiendo, en aras del principio de unidad de doctrina y seguridad jurídica, y en la medida de lo posible, la doctrina ya establecida por la Sala, entre otras, en nuestra STS de 19 de mayo de 2004 (RC 1957/2002).

CUARTO

En el primero, afirmando la caducidad del expediente de deslinde, alega la infracción del artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del Procedimiento Administrativo Común (LRJPA) ---en su redacción anterior a la reforma operada por Ley 4/1999, de 13 de enero---.

No existe tal infracción.

Este Tribunal Supremo, en sentencia de 31 de Marzo de 2004 (casación nº 5371/01) ha declarado lo siguiente, que resulta aplicable a la perfección al caso que nos ocupa:

"Significativo fue el cambio introducido por la LRJPA, en su citado artículo 42, en relación con la obligación de resolver de forma expresa la Administración Pública los procedimientos administrativos; obligación que no se establecía de una manera aislada sino enmarcada dentro del Título IV de la misma Ley, dedicado a la "actividad de las Administraciones Públicas", y como consecuencia o derivación de la obligación --y responsabilidad-- que se impone en el artículo anterior (41 LRJPA) en relación con la tramitación de los procedimientos administrativos, habilitándose a los titulares de las unidades administrativas y al personal servicio de las mismas para adoptar las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos e intereses legítimos, "disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de los procedimientos".

En concreto, el artículo 42, en su redacción de 1992, establecía:

  1. La obligación general -o genérica-- de resolver, de forma expresa, todo tipo de procedimientos; efectivamente, tal obligación se extiende (42.1) no sólo a cuantas "solicitudes formulen los interesados", sino también a los "procedimientos iniciados de oficio cuya instrucción y resolución afecte a los ciudadanos o a cualquier interesado"; tan amplio espectro contó, sin embargo (42.1.2º), con algunas excepciones --en las que no se exigía la resolución expresa--, cuales eran los procedimientos en los que se producía la prescripción (132 LRJPA), la caducidad (43.4 y 92 LRJPA), la renuncia o el desistimiento (71.1, 90 y 91 LRJPA), así como aquellos procedimientos "relativos al ejercicio de derechos que sólo deban ser objeto de comunicación", o aquellos "en los que se haya producido la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento".

  2. En segundo lugar, el citado artículo 42, en su apartado 2, establecía (o concretaba) que la expresada genérica obligación de resolución expresa debería llevarse a cabo en un "plazo máximo", pero ello solo en el supuesto de que se tratara de procedimientos iniciados mediante "solicitudes que formulen los interesados", esto es, no en el caso de los procedimientos iniciados de oficio. Tal plazo máximo era, en primer lugar, el establecido específicamente para la "tramitación del procedimiento aplicable en cada caso"; en segundo lugar, con carácter supletorio ("cuando la norma de procedimiento no fije plazo"), el plazo para resolver sería el de tres meses; y, en tercer lugar, el precepto contemplaba (42.2.2º y 3º) la posibilidad de ampliación de los anteriores plazos "cuando el número de solicitudes formuladas impidan razonablemente el cumplimiento de los plazos".

  3. En tercer lugar, en su apartado 3, el artículo 42 LRJPA, contemplaba un mecanismo de responsabilidad para los titulares de los órganos administrativos, en los supuestos de incumplimiento de resolución expresa, que no es del caso.

La misma LRJPA, consciente de la existencia de una gran cantidad de procedimientos administrativos, en las diversas Administraciones Públicas, en los que no establecía su tiempo de tramitación, y utilizando una técnica de deslegalización temporal contenida en la Disposición Adicional Tercera de la misma Ley, que fue denominada proceso de adecuación, dejó en manos de las diversas Administraciones Públicas (por un período de seis meses, que luego el Real Decreto Ley 14/1993, de 4 de agosto, prorrogaría a dieciocho), tanto el establecimiento del "plazo máximo" de cada procedimiento, como la determinación de los efectos, positivos o negativos (silencio positivo o negativo), para el supuesto de ausencia o falta de resolución expresa dentro del citado "plazo máximo".

En relación con el procedimiento de deslinde del dominio público marítimo terrestre, debe señalarse que ni la Ley ni el Reglamento de Costas tienen establecido un plazo máximo para la resolución. Es cierto que el procedimiento de deslinde (artículo 20.1 del Reglamento de la Ley de Costas, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1º de diciembre, RC) puede incoarse "de oficio o a petición de cualquier persona interesada", mas en el supuesto de autos lo ha sido mediante decisión de la Administración, circunstancia que, de conformidad con lo anteriormente señalado, impide la aplicación al mismo de plazo alguno para su resolución, pues ni el mismo se expresa en la normativa que cita la sentencia de instancia, ni, en consecuencia le es de aplicación el también mencionado plazo supletorio de tres meses.

Tampoco resulta de aplicación el mencionado plazo de tres meses, también establecido supletoriamente en el artículo 3º.1 del Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto, de Adecuación a la LRJPA de las normas reguladoras de los procedimientos de otorgamiento, modificación y extinción de las autorizaciones, pues aunque el Anexo del mismo, en su apartado J.3), se remite a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (LC) y a las disposiciones de desarrollo de la misma, lo es exclusivamente en relación con las autorizaciones previstas en la citada LC, categoría de los actos administrativos que no resulta de aplicación a la resolución aprobatoria de un deslinde marítimo- terrestre, pues el mismo Real Decreto considera como tales (artículo 1º.2) a "los actos administrativos, cualquiera que sea su denominación específica, por los que, en uso de una potestad de intervención legalmente atribuida a la Administración, se permite a los particulares el ejercicio de una actividad, previa comprobación de adecuación al ordenamiento jurídico y valoración del interés público afectado", que no es el caso de las resoluciones aprobatorias de los deslindes marítimo-terrestres.

Tema distinto, (...) es que resultara conveniente el establecimiento de un plazo máximo para resolver este tipo de procedimientos, pero tal decisión tan solo se ha producido, por parte del legislador, con la aprobación de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la LRJPA.

Aunque lo anterior sería suficiente para la desestimación del único motivo de casación esgrimido, debe por la Sala también señalarse la inaplicación al supuesto de autos, y por tanto su ausencia de infracción, del segundo artículo invocado: 43.4 LRJPA, también en su inicial redacción de 1992.

En síntesis, tal precepto exigía, para poder aplicar la caducidad que en el mismo se establece -al margen del doble transcurso, sin resolución expresa, del plazo establecido para resolver (específica o supletoriamente), y del plazo de treinta días a contar desde el vencimiento del anterior--, la concurrencia de una doble condición en los procedimientos a los que se pretendía aplicar tal caducidad: a) Que fueran "procedimientos iniciados de oficio"; y b) Que fueran procedimientos "no susceptible de producir actos favorables para los ciudadanos".

La Sala de instancia, aceptando que el procedimiento de deslinde, en el presente caso, fue iniciado de oficio, rechaza, sin embargo la concurrencia del segundo requisito, como se ha expresado, con base en la afirmación de que "estamos en presencia de un procedimiento que no puede calificarse, en estricta técnica jurídica, delimitador o restrictivo de derechos, ya que junto a los intereses específicos de la actora, convergen los intereses generales subyacentes en la delimitación del dominio público marítimo terrestre, bien imprescriptible por naturaleza, además de los de terceras personas".

La propia y específica naturaleza del procedimiento de deslinde, puesta de manifiesto con reiteración por la Sala, conduce a ratificar tal pronunciamiento. Efectivamente, el procedimiento de deslinde, contemplado en el capítulo III del título I de la Ley de Costas 22/1998, de 28 de julio, tiene como finalidad constatar y declarar que un suelo reúne las características físicas relacionadas en los artículos 3, 4 y 5 de dicha Ley; actividad en la que destacan y sobresalen, por encima de los concretos intereses de los particulares afectados por tal constatación y declaración, los intereses generales derivados de la materialización física -en que el deslinde se concreta-- del dominio público marítimo terrestre, legalmente definido en los anteriores preceptos y que con el deslinde se ve dotado de mayor seguridad jurídica.

Tal naturaleza del procedimiento de deslinde, obviamente, no encaja en la de los procedimientos a los que se refería el artículo 43.4 LRJPA, que solo contempla los procedimientos "no susceptibles de producir actos favorables para los ciudadanos", cual sería un procedimiento sancionador. Debe, además, dejarse constancia que en el artículo 92.4 de la misma LRJPA, y aunque previsto para los procedimientos iniciados a instancia de los particulares, se contempla la posibilidad de no aplicar la caducidad, como consecuencia de la paralización imputable a los administrados "en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición o esclarecimiento"

QUINTO

En el segundo motivo se alega la vulneración de lo dispuesto en los artículos 9.3, 105 y 106 de la Constitución (CE), 3.5, 53.1, 84 y 86 de la RRJPA, así como artículos 22-2-A) y 22-2-B), en relación con el 25, del Reglamento General para el desarrollo y aplicación de la Ley de Costas, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1º de diciembre, al no haber reconocido la Sala de instancia los defectos formales invalidantes esgrimidos en la demanda.

El motivo descansa en la idea de que a lo largo del expediente se modificaron determinados planos del deslinde inicial y se incorporó al expediente un informe nuevo de la entidad "Tecnoambiente, S. A.", lo que debió originar una nueva información pública y una nueva petición de informes a la Comunidad Autónoma y al Ayuntamiento.

El motivo no puede ser aceptado.

Ya la Administración, en la resolución recurrida, dijo que las modificaciones recogidas "son intranscendentes o son favorables a diferentes interesados al tomarse en consideración parcial o totalmente alegaciones presentadas" (antecedente de hecho XV). La Sala de instancia se hace eco de este extremo, y añade que "las modificaciones no son sustanciales por lo que no procedía actuar conforme al artículo 25 del Reglamento".

Sobre este extremo concreto, es decir, sobre si las modificaciones son o no sustanciales, nada precisa el recurrente, que se limita a decir que se modificaron los planos 1 a 7, 30 a 36, 74, 95 a 97, 115 a 125 o 161 (es decir, un total de 28 planos, lo que representa un escaso 17'39% sobre los 161 de que consta el deslinde), sin aclarar el alcance que esos planos tienen en el total de la actuación; así como que se incorporó al expediente un informe nuevo emitido por la entidad "Tecnoambiente, S. A." (lo que tiene escasa importancia, ya que la Administración no introdujo, con base en él, modificación alguna).

Según el artículo 25 del Reglamento 1471/98, sólo son necesarios un nuevo periodo de información pública y nuevos informes de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento "cuando el proyecto de deslinde suponga modificación sustancial de la delimitación provisional realizada previamente".

La Sala de instancia ha afirmado que las modificaciones introducidas no fueron sustanciales y la parte se limita en casación a afirmar que las modificaciones existieron pero sin descender al examen de su contenido, y de la relación que tengan con el total deslinde efectuado. Esta Sala del Tribunal Supremo ha precisado en materia urbanística, de la mano del artículo 130 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, qué ha de entenderse por modificaciones sustanciales, en doctrina que puede ser aplicable aquí analógicamente: solamente se consideran tales aquellas que signifiquen un cambio sustancial en los criterios y soluciones del Plan inicialmente aprobado; es decir, y aplicando ahora la doctrina, aquellas que hagan del dibujo final del deslinde otro dibujo globalmente distinto, lo cual puede ocurrir, v.g. porque se incluya finalmente una categoría de bienes que se excluyeron al principio. Lo que, en definitiva, resulta claro es que la "sustancialidad" hace referencia al conjunto, y no a fincas aisladas, por más que cada propietario crea sustancial todo lo que le afecte.

El motivo, pues, no puede prosperar.

SEXTO

En los motivos tercero y cuarto se alega infracción de los artículos 14 y 24 de la C.E., que proclaman el principio de igualdad procesal entre las partes, y del artículo 238.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1º de julio, del Poder Judicial (LOPJ), lo que conduce a la invalidez de la prueba de reconocimiento judicial practicada.

Este motivo se formula tanto por la vía del artículo 88-1-c) de la Ley Jurisdiccional, como por el cauce de la letra d), si bien lo que se alega es al parecer un vicio de procedimiento (a saber, premura del señalamiento para la práctica de la prueba y su conocimiento por el Sr. Abogado del Estado incluso con antelación).

Estos posibles vicios serían vicios procesales (defectos en la mecánica de la preparación de la prueba pericial), alegables por la letra c) del artículo 88-1 de la LRJCA.

La precisión es muy importante, porque en tal caso la norma exige que se haya pedido la subsanación de la falta o transgresión en la instancia, de existir momento procesal oportuno para ello (artículo 88-2); el recurrente no pidió la subsanación ni en el reconocimiento mismo (al que asistió el Letrado Sr. Azcoiti Guillén) ni en el escrito de conclusiones, siendo por lo tanto una cuestión que por primera vez se plantea en esta vía casacional, lo que es procesalmente incorrecto.

En todo caso, esta Sala, que ha de juzgar esta alegación únicamente por lo que resulta de las actuaciones procesales, no observa infracción alguna: la prueba fue propuesta por el Sr. Abogado del Estado en escrito presentado el día 13 de julio de 1999; fue admitida en providencia de 13 de octubre de 1999, quedando para más adelante su señalamiento; éste fue efectuado en providencia de 10 de noviembre de 1999 para los días 15 a 19 siguientes, (providencia notificada al Sr. Abogado del Estado y al recurrente el día 10) y el acta de reconocimiento se extendió en Madrid el día 25 de noviembre de 1999.

No se observa en esta actividad procesal infracción alguna de normas procesales.

SÉPTIMO

En los motivos sexto y séptimo ---con ausencia del quinto--- se alega, al amparo de las letras c) y d) del artículo 88-1 de la Ley Jurisdiccional, la vulneración del artículo 24 de la Constitución ---en relación con el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial--- (sobre derecho a los medios de prueba y a la igualdad de las partes, con cita adicional del artículo 14 de la propia Constitución), los artículos 9.3 y 120.3 de la Constitución (sobre condena de la arbitrariedad y motivación de resoluciones), y el artículo 610 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 ---aquí aplicable por razón de fecha--- sobre necesidad y valor de la prueba pericial en cuanto a cuestiones en las que sea necesaria o conveniente la aportación de conocimientos científicos, artísticos o prácticos.

Este motivo se explica en sustancia diciendo que la Sala de la Audiencia Nacional ha preterido, sin estudiarlo en absoluto, el informe pericial emitido en el proceso por el perito Don. Carlos Miguel, que fue favorable a la tesis de la parte actora, incurriendo así en arbitrariedad.

Pero no existe la infracción que se denuncia.

La Sala llega a la conclusión desestimatoria después de examinar, tal como literalmente dice:

  1. El conjunto de expedientes de los recursos contencioso administrativos referentes al deslinde impugnado. (Fundamento de Derecho Noveno).

  2. El reportaje fotográfico aéreo obrante en el proceso 275/98 (Fundamneto Noveno).

  3. La prueba pericial (Fundamento de Derecho Séptimo).

  4. Las fotografías números 6 a 20 (Fundamento Octavo).

  5. El reconocimiento judicial (igualmente Fundamento de Derecho, Octavo), cuyas apreciaciones son consideradas como determinantes).

  6. El informe de "Tecnoambiente, S. A." (Fundamento de Derecho Noveno).

Pues bien; la conclusión de la Sala de instancia sobre la existencia de dunas que son necesarias para la defensa de la playa es una conclusión sobre un dato de hecho, fundada en un estudio razonable del material probatorio completo del proceso, que debe ser mantenida en casación.

A esa operación valorativa compleja, razonada y explicada no puede oponérsele el dictamen pericial practicado en autos por Don. Carlos Miguel. Tras citarlo expresamente (Fundamento Séptimo) junto con el de parte, Don. Luis Enrique, lo descarta al apoyar la solución contraria en un abundante material probatorio cuya valoración pertenece a la soberanía del Tribunal de instancia.

OCTAVO

En los motivos octavo y noveno se alega, por la vía de las letras c) y d) del artículo 88-1 de la L.J., la vulneración de:

  1. Los artículos 9.3 y 120.3 de la Constitución, sobre condena de la arbitrariedad y motivación de resoluciones.

  2. El artículo 24 de la Constitución (invocable conforme al artículo 5.4 de la L.O.P.J.).

  3. El artículo 610 L.E.C. de 1881 aquí aplicable por razón de la fecha, sobre necesidad y valor de la prueba pericial para análisis de cuestiones en las que sea necesaria o conveniente la aportación de conocimientos científicos, artísticos o prácticos, y los artículos 14 y 24 de la Constitución y 238.3 L.O.P.J. sobre nulidad de dicha prueba.

Todo ello al romper las reglas de la sana crítica e incurrir en arbitrariedad.

Como se ve, los motivos tienen un doble contenido, ninguno de ellos aceptable, y así:

  1. Con relación a la existencia de otras sentencias de la misma Sala de la Audiencia Nacional que con referencia al mismo deslinde y a fincas idénticas o colindantes han llegado a estimar en parte el recurso contencioso administrativo, diremos lo siguiente:

    En la sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 15 de Noviembre de 2001, que resolvió el recurso contencioso administrativo nº 251/98 (citado por el recurrente en la página 40 del recurso de casación) se dice literalmente lo siguiente en su fundamento de Derecho octavo:

    "Es cierto que esta Sala ha desestimado otros recursos en los que, por tratarse de terrenos comprendidos en estos mismos tramos del deslinde de la isla de Formentera, cabría reprochar al expediente de deslinde las mismas notas de generalidad e imprecisión en la motivación que venimos destacando en el caso que ahora nos ocupa. Debe notarse, sin embargo, que en aquellos otros casos han concurrido circunstancias muy diferentes a las del presente litigio, sea porque la prueba allí practicada vino a corroborar o cuando menos no contradijo la sucinta motivación dada por la Administración para justificar el deslinde, sea porque, en definitiva, en esos otros litigios la actuación de la Administración de Costas sí encontró un efectivo respaldo argumental y/o probatorio por parte de la Abogacía del Estado, en contraste con la inconsistencia de su actuación en este litigio, tanto en contestación a la demanda como en trámite de conclusiones.

    En consecuencia, el hecho de que en el presente litigio recaiga un pronunciamiento de signo diferente al dictado en otros recursos relativos a terrenos comprendidos en los mismos tramos del deslinde (puede verse la sentencia dictada con fecha de hoy en el Recurso 257/98 o la de 2 de Noviembre de 2001 en el Recurso 345/98) no implica que las decisiones jurisdiccionales sean contradictorias, pues cada una de ellas pretende ser congruente con las alegaciones formuladas y las pruebas practicadas, y, en definitiva, congruente con los términos en que se ha planteado el debate procesal en cada caso".

    Así que la propia Sala de la Audiencia Nacional justifica en ese argumento las distintas soluciones a que ha llegado con referencia al mismo deslinde de Formentera.

    Y es que el resultado de un proceso no depende sólo de su objeto litigioso (de forma que el resultado haya de ser el mismo cuando se ejercite análoga pretensión, por más que ello sea deseable), sino que depende también de las alegaciones que hagan las partes, de los motivos de impugnación que esgriman y de las pruebas practicadas.

    Todo ello, como puede comprenderse, exige un conocimiento exacto de las circunstancias de cada pleito, que aquí no tenemos.

  2. Por lo que hace a la arbitrariedad, y a la ruptura de las reglas de la sana crítica respecto a la prueba pericial, la parte expresa su absoluta disconformidad con la valoración que de la prueba ha hecho la Sala de instancia, sobre la base de que ésta se ha olvidado indebidamente de la pericial Don. Carlos Miguel.

    Sin embargo, ya contestamos más arriba a iguales argumentos y expusimos con detalle las pruebas que la misma Sala dijo tener en cuenta. Y cómo al no preferir el informe del Sr. Carlos Miguel a todo el material probatorio que citaba, no infringió precepto alguno. Su sentencia no sólo no es arbitraria, sino que tiene una motivación completa y justificada que satisface sobradamente las exigencias del artículo 24 de la C.E.

NOVENO

En el décimo y último motivo se alega la infracción de lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución y artículo 1º del Protocolo nº 1 Adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, que reconocen el derecho de propiedad y rechazan la confiscación.

Hemos de limitarnos, para rechazar este último motivo, a dar por reproducida la respuesta dada por la Audiencia Nacional, con cita de la STC 149/1991, cuya doctrina los recurrentes dicen no compartir, y a añadir (como dijimos en nuestra STS de 19 de mayo de 2004 que: "

"Este último motivo de casación tampoco puede prosperar porque, como esta Sala del Tribunal Supremo ha declarado en sus Sentencias de 14 de julio de 2003 (recurso de casación 4665/98, fundamento jurídico cuarto), 27 de octubre de 2003 (recurso de casación 686/1999, fundamento jurídico tercero), 30 de diciembre de 2003 (recurso de casación 4300/2000, fundamento jurídico quinto 4), 27 de enero de 2004 (recurso de casación 5825/2000, fundamento jurídico quinto), 6 de abril de 2004 (recurso de casación 5927/2001, fundamento jurídico segundo D) y 11 de mayo de 2004 (recurso de casación 2477/2001, fundamento jurídico quinto), los titulares de derechos afectados por los deslindes practicados con arreglo a la vigente Ley de Costas 22/1988 reciben una condigna compensación con el otorgamiento de las concesiones previstas en las Disposiciones Transitorias de la propia Ley de Cotas, lo que impide entender vulnerados los artículos 9.3 y 33.3 de la Constitución, como así lo entendió el Tribunal Constitucional en su Sentencia 149/1991, de 4 de julio (fundamento jurídico octavo).

La representación procesal del recurrente nos hace patente su absoluta disconformidad con este criterio, lo que resulta legítimo, pero lo que también resulta evidente es que, conforme al sistema de fuentes establecido en nuestro ordenamiento jurídico, la Sala sentenciadora no ha infringido lo dispuesto en el artículo 33.3 de la Constitución, al haber considerado que con el deslinde aprobado por la Orden ministerial impugnada no se produjo una proscrita confiscación de bienes, sin perjuicio de que el recurrente pueda, como nos anuncia, instar el amparo de su derecho, que estima lesionado, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, sometiendo a la consideración de éste la alegada vulneración de lo establecido en el artículo 1 del Protocolo nº 1 adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, que nosotros entendemos que no ha sido conculcado con la delimitación practicada en virtud de lo dispuesto en los artículos 11 a 13 de la vigente Ley de Costas.

No debe olvidar, sin embargo, la representación procesal del recurrente que en nuestros más venerables textos legales las playas se consideraron como bienes de dominio público, y así se recogió en el artículo 339.1º de nuestro Código civil, consagrándolo en la actualidad el artículo 132.2 de la Constitución, a pesar de lo cual aquéllas fueron indebidamente ocupadas por particulares, incluso con el consentimiento y autorización de las Administraciones Públicas, lo que no desnaturalizó su condición de bienes demaniales, dado su carácter de imprescriptibles e inalienables, razón por la que con los deslindes practicados se ha llevado a cabo una recuperación de tales bienes, reconociendo, no obstante, a sus detentadores los derechos concesionales que las aludidas Disposiciones Transitorias de la Ley de Costas establecen, razón por la que el undécimo y último motivo de casación alegado debe ser desestimado, al igual que loanteriores".

Por ello, tampoco aceptaremos este motivo.

DÉCIMO

Al declararse no haber lugar al recurso de casación procede condenar a la parte recurrente en las costas del mismo (artículo 139-2 de la L.J.). Esta condena sólo alcanza, respecto de la minuta de Letrado, a la cantidad máxima de 2.500'00 euros. (Artículo 139.3) a la vista de las actuaciones procesales.

Por todo ello, en nombre de S. M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.

FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar al presente recurso de casación nº 1231/2002 interpuesto por D. Jose Carlos y D. Jose Antonio contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en fecha 19 de octubre de 2001 y en su recurso contencioso administrativo nº 338/98.

Y condenamos a la parte recurrente en las costas del presente recurso de casación, hasta un límite, respecto de la minuta de Letrado, de 2.500'00 euros.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia, por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. Don Rafael Fernández Valverde, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.-

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