Los desafíos del nuevo ingreso mínimo vital

AutorCarolina Gala Durán
Páginas1-4
IUSLabor 2/2020
1
LOS DESAFÍOS DEL NUEVO INGRESO MÍNIMO VITAL
Carolina Gala Durán
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad.
Universidad Autónoma de Barcelona
Entre las diversas medidas aprobadas en los últimos meses para hacer frente o intentar
paliar en lo posible el impacto que, desde la perspectiva laboral y social, ha tenido y
tendrá la crisis de la covid-19, destaca la implantación del ingreso mínimo vital (IMV)
por parte del RDL 20/2020. Pero ¿qué implica ese nuevo IMV?, ¿era necesaria su
aprobación?, ¿a qué desafíos se enfrenta?
En primer lugar, cabe tener presente que no es una idea nueva, ya que algún partido
político lo defendía desde hace tiempo, y su aprobación es una apuesta del Gobierno, y
particularmente de Unidas Podemos ya antes de la crisis de la covid-19. Sin embargo, es
importante aclarar que, a pesar de su nombre, no podemos confundir el IMV con una
renta básica ciudadana, es decir, el IMV no va destinado a todos los ciudadanos, sino
solo a aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica (o
utilizando unos términos más claros, que están en situación de pobreza) y siempre que
cumplan ciertos requisitos.
Y junto a lo anterior, cabe destacar también que el IMV tiene como finalidad incidir en
una situación de necesidad ya contemplada, aunque con una escasa cobertura como
regla general, por las CC.AA. a través de las rentas mínimas de inserción (RMI). De
hecho, el IMV presenta muchas similitudes con las RMI, tanto en los objetivos como en
los beneficiarios, los requisitos, etc.; RMI que se fundamentan en la competencia
exclusiva sobre asistencia social contemplada en el artículo 148.1.20 CE.
En segundo lugar, cabe preguntarse si es una medida necesaria, teniendo en cuenta que
se trata de una figura permanente. En nuestra opinión la respuesta es afirmativa, pero
con un matiz. Es una medida necesaria porque, por desgracia, no hay duda de que existe
una realidad evidente de pobreza en España, estructural en gran parte de los casos, que
ya existía antes la crisis de la covid-19 y que se incrementará, por desgracia, en los
próximos tiempos. Es evidente que hay que actuar e intentar avanzar en resolver esas
situaciones de pobreza y que el Estado tiene competencias para intervenir (lo recuerda
el artículo 2.2 RDL 20/2020 al citar el propio artículo 41 CE), fundamentándose en el
artículo 149.1.17 CE, esto es, en la competencia estatal en materia de Seguridad Social
(de ahí que se trate de una nueva prestación de la Seguridad Social). Por solo recordar
algunos datos: a) España es el sexto país de los 28 países UE con una mayor tasa de
pobreza (un 21,5%) y el 80,5% de los pobres tiene nacionalidad española; b) según

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