Derechos de información y consulta y reestructuración de empresas. Mª Luisa Molero Marañón y Fernando Valdés Dal?Re. Editorial Comares, Granada, 2014, 179 pp.
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Los derechos de información y consulta de los representantes de los trabajadores constituyen sin duda una de las señas de identidad del derecho social europeo. Como corresponde al tiempo en el que estamos instalados, es sin embargo
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un aspecto que la Comisión Europea quiere reexaminar. En efecto, es sabido que una de las directivas más importantes, la de los Comités de Empresa Europeos, se revisará lo más tarde en junio del 2016, a partir de un estudio de evaluación de los problemas aplicativos que ésta ha suscitado. Este proceso coincide con el llamado fitness check sobre varias directivas que reconocen los derechos de información y consulta, que se quieren "simplificar" y reducir los "trámites burocráticos", eufemismos que normalmente ocultan una intención de rebajar el alcance y la intensidad de la información o de la consulta y una reducción por tanto de los derechos colectivos de los trabajadores. En concreto la Comisión quiere "consolidar" varias directivas sobre información y consulta, para unificar las definiciones y rectificar las diferencias. Entre ellas, la de despidos colectivos, protección de los trabajadores en casos de transmisión de empresas, o la directiva - marco del 2002. Uno de los elementos clave en este proceso de redefinición va a ser el de asignar un significado amplio o restringido a los derechos de consulta, lo que resulta clave, al confluir en un concepto que sea sinónimo de entablar un proceso de negociación para llegar a un acuerdo, como señala la Directiva de la Sociedad Europea del 2001. Pero este significado no es el que pretenden reformular las autoridades de Bruselas.
En esa misma línea, hay que recordar que precisamente en lo relativo a reestructuraciones empresariales, la Comisión Europea no dio seguimiento a la propuesta aprobada por el Parlamento Europeo en julio del 2013 sobre restructuraciones de empresa (el llamado Informe Cercas), que contenía recomendaciones para la Comisión en materia de información y consulta de los trabajadores, previsión y gestión de las reestructuraciones, de manera que la inacción de la Comisión provocó que la CES planteara una queja oficial ante el Mediador de la Unión Europea, sin resultado tangibles por lo demás.
A ese contexto europeo se une un intenso desarrollo legislativo en el estado español que ha alterado los equilibrios de poder en la empresa y que se ha centrado de manera paradigmática en la modificación del sistema de información y consulta...
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