El estado de derecho en la unión europea: desafíos actuales y mecanismos para su protección
| Autor | José Díaz Lafuente |
| Páginas | 241-258 |
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EUROPA ANTE LAS AMENAZAS CONTRA
EL ESTADO DE DERECHO: análisis de los mecanismos
judiciales, convencionales y políticos para su protección
JOSÉ DÍAZ LAFUENTE
1. INTRODUCCIÓN
A lo largo del transcurso de la integración europea, la protección del
Estado de Derecho ha emergido como una dimensión central de la identidad de
la Unión Europea (Magen, 2016, p. 1055), no solo como elemento fundamental
del ADN de la UE, común a todos sus Estados miembros, sino como un criterio
para la adhesión de los países candidatos a la UE, y como un elemento clave de
la identidad exterior de la UE en cuanto potencia normativa internacional
(Manners, 2002, p. 235).
Frente a un escenario marcado por los graves desacuerdos entre los
Estados miembros, del consecuente inmovilismo en el seno del Consejo, del auge
de partidos políticos nacionalistas, populistas y xenófobos y de las recientes
restricciones a nuestras libertades, como la libertad de circulación o la libertad de
reunión, para hacer frente a la pandemia producida por la COVID-19, el Estado
de Derecho debe respetarse, y hacerse respetar, de forma unánime, efectiva y
garantista si no queremos exponer el proyecto de integración europea ante un
laberinto de difícil salida en el que pueda perderse la razón última que legitima su
existencia: la promoción de la democracia y del respeto de los derechos humanos
(Guinea Llorente y Díaz Lafuente, 2019, p.118).
Conviene subrayar que la protección del Estado de Derecho y de la
democracia constituye una de las cuestiones que más preocupa a la ciudadanía
europea. El 47 % de los europeos encuestados en el último Eurobarómetro de
otoño de 2020 declaran estar insatisfechos con el funcionamiento de la
democracia en la UE, aumentado en 3 puntos porcentuales desde el otoño de
2019 (Comisión Europea, 2020, p.3).
La nueva agenda de la Comisión Europea presentada por su Presidenta,
Ursula von der Leyen, en las Orientaciones Políticas de la Comisión de 2019 a
2024 defendidas en julio de 2019 en el pleno del Parlamento Europeo, establece
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la defensa del Estado de Derecho como una de las prioridades fundamentales
que parte del reconocimiento de la Unión Europea como una Comunidad de
Derecho. De este modo, el Estado de Derecho es considerado como “la base de
todo lo que hemos logrado y de todo lo que está por lograr; es la característica
esencial de Europa y constituye un punto central de la visión de una Unión de la
igualdad, la tolerancia y la justicia social” (Von der Leyen, 2019, p.16).
Puede afirmarse, en términos abstractos, que cuando la UE determina que
un Estado miembro está socavando el Estado de Derecho, dispone de toda una
serie de mecanismos para responder ante tal amenaza.
La Comisión puede investigar y recomendar la adopción de una serie de
medidas legislativas y políticas, utilizando el nuevo marco integral para reforzar
el Estado de Derecho. Si el diálogo con un Estado miembro no resuelve el
problema, la Comisión puede recomendar al Consejo que determine la existencia
de “un riesgo claro de una violación grave de los valores de la UE mencionados
Tratado de la Unión Europea, lo que puede desencadenar la suspensión de los
derechos de voto de un Estado miembro.
A su vez, la Comisión también puede incoar un procedimiento de
infracción contra un Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE), cuando considere que determinadas actuaciones violen la
legislación de la UE. Por último, la UE cuenta con el recién adoptado
procedimiento de condicionalidad presupuestaria, cuyo objetivo es proteger el
presupuesto de la UE en situaciones en las que el interés financiero de la Unión
podría estar en peligro debido a deficiencias generalizadas del Estado de Derecho
en un Estado miembro.
Si bien estos mecanismos resultan muy adecuados para garantizar el
cumplimiento del Estado de Derecho, todos ellos plantean una serie de desafíos
que requieren de un análisis pormenorizado. De este modo, el presente trabajo
persigue el estudio crítico de los mecanismos judiciales, convencionales y
políticos para la protección del Estado de Derecho en Europa frente a la actual
crisis producida en Estados miembros como Polonia y Hungría, con el fin
principal de fomentar la eficacia de tales mecanismos, de analizar el papel de la
cooperación de la UE con otras organizaciones regionales como el Consejo de
Europa y de avanzar hacia una Europa más justa, más libre y más igualitaria.
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