Derecho y políticas ambientales en las Islas Baleares
| Autor | José Manuel Gómez González |
| Cargo | Departament de Territori. Consell Insular de Mallorca |
| Páginas | 1-29 |
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Para contextualizar la crónica relativa a las Islas Baleares resulta necesaria una breve aproximación a la convulsa situación que viven las principales instituciones de la comunidad autónoma, que ayudará a comprender, como veremos más adelante, el giro y las vacilaciones de las políticas ambientales en el archipiélago.
Tras las elecciones de 2007, a finales de junio de ese año, los partidos políticos y coaliciones PSIB-PSOE, Bloc per Mallorca, PSM-Els Verds de Menorca, Eivissa pel Canvi y Unió Mallorquina, firmaron un pacto de gobierno que permitió consensuar la elección del presidente de la comunidad autónoma, de la presidenta del Consejo Insular de Mallorca y de la alcaldesa del Ayuntamiento de Palma (todos del PSIB-PSOE), y formar los respectivos equipos de gobierno. El pacto podría definirse como de centroizquierda e incluyó algunos compromisos y avances en determinadas políticas ambientales. En lo que respecta a la organización del Gobierno, Baleares se sumaba a Andalucía, Aragón, Cantabria y Galicia, como autonomías con un departamento exclusivamente competente sobre medio ambiente.
Como consecuencia de una serie de escándalos políticos y del procesamiento de diversos diputados y altos cargos de UM (Unió Mallorquina) en el Gobierno, el Consejo de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma, en diciembre de 2009 los partidos que dan soporte al gobierno firman un pacto anticorrupción que incluía un código ético, y se comprometen en la regeneración de la vida política en las islas, lo que aparentemente debía traducirse en un nuevo impulso a las políticas de las instituciones más importantes de las Islas. Sin embargo, a raíz de nuevas detenciones de miembros de UM y algunas que se anunciaban tácitamente, el 5 de febrero de 2010, el presidente Antich decide romper el pacto con el partido implicado y expulsar a todos sus miembros del ejecutivo. Lo mismo ocurre en el Consejo Insular de Mallorca y en el Ayuntamiento de Palma.
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Posteriormente se detendría a la que hasta entonces había sido presidenta del Parlamento de las Islas Baleares, completando la lista de imputados personas que habían sido consejeros del gobierno, un concejal de Palma, un consejero del Consejo Insular de Mallorca, varios directores generales y directores insulares, gerentes de empresas públicas y otros altos cargos, hasta un número entorno a 20, además de diversos empresarios también implicados en las presuntas redes de corrupción investigadas por actos realizados entre el año 2003 y el 2009.
Esta anómala e insólita situación provoca una parálisis y una incertidumbre en la acción de todo tipo de políticas ambientales durante el último año, dado que en todas las instituciones implicadas los departamentos de medio ambiente estaban en manos de UM. Los pobres resultados en políticas ambientales y el déficit legislativo en la materia justifican el reducido alcance de la crónica de este semestre en las Islas Baleares.
Con la ruptura del pacto de gobernabilidad el Gobierno de las Islas Baleares cambia la estructura, con una reducción de consejerías y de direcciones generales. En el caso que nos ocupa, la Consejería de Medio Ambiente se fusiona con la Consejería de Movilidad y Ordenación del Territorio, constituyendo la Consejería de Medio Ambiente y Movilidad. La nueva estructura se aprobó mediante el Decreto 3/2010, de 7 de febrero (BOIB número 21 Ext. de 08-02-2010). Los nombramientos de nuevos consejeros y las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías se establecen respectivamente en los Decretos 5/2010 y 6/2010, de 7 de febrero. Así la nueva Consejería de Medio Ambiente y Movilidad pasa a organizarse con una Secretaría General, la Dirección General de Recursos Hídricos, la Dirección General de Biodiversidad, la Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental, además de la Dirección General de Movilidad, de la Dirección General de Ordenación del Territorio y de la Dirección General de Transporte Aéreo y marítimo. Esto comporta la supresión de la Secretaría General y de tres direcciones generales que hasta ese momento dependían de Medio Ambiente (la Dirección General de Caza, Protección de Especies y Educación Ambiental, la Dirección General de Calidad Ambiental y Litoral y la Dirección General de la Oficina del Cambio Climático), racionalizándose la estructura y superándose así duplicidades innecesarias.
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Hasta febrero de 2010, la legislatura no se estaba caracterizando por el impulso de excesivas políticas ambientales ni de nuevas medidas legislativas relevantes. En todo caso se dieron continuidad a iniciativas de gobiernos anteriores, como el Programa de centros educativos eco-ambientales (patrocinado conjuntamente por los departamentos responsables de Medio Ambiente y de Educación), o el Programa ECOTUR que fomenta la implantación de sistemas de gestión ambiental EMAS y de la Etiqueta Ecológica Europea EEE (Ecolabel) en el ámbito del sector turístico.
Por otra parte, durante los primeros dos años de legislatura, y como ha sido reiteradamente denunciado por entidades de conservación de la naturaleza o de protección del medio ambiente en Baleares, la política de conservación de espacios naturales, que ya había experimentado un retroceso cualitativo en la legislatura 2003-2007, podría decirse que ha sufrido un total abandono. Sobre esta situación de nuevo retroceso se han hecho eco diferentes informes de organizaciones no gubernamentales y, en algunas ocasiones, artículos de opinión en la prensa local. De hecho, durante el período 2007-2009 no se había impulsado ninguna iniciativa con relación a la ampliación de la red de espacios naturales de las Islas Baleares ni novedad alguna relativa a los instrumentos de ordenación, hasta que en febrero de 2010 se adopta el acuerdo de inicio del PORN de la Albufera de Mallorca; la única noticia destacable había sido hasta el momento la transferencia de la gestión del Parque Nacional de Cabrera a la comunidad autónoma. Quedan sin impulsar los trabajos de declaración de nuevos espacios naturales protegidos iniciados antes de 2003, tanto en Mallorca como en Menorca.
En el Consejo Insular de Menorca la competencia de medio ambiente se integra en el Departamento de Economía y Medio Ambiente, que comprende la actividad del Consejo Insular referida a las materias de agricultura, ganadería, pesca, artesanía, comercio e industria. Asimismo, ejerce las competencias insulares referidas a medio ambiente, reserva de la biosfera, residuos y energía.
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Una de las políticas más interesantes impulsadas en la actualidad por el Consejo Insular de Menorca consiste en la implantación de los denominados Contratos Agrarios de la Reserva de la Biosfera (CARB), que tienen por finalidad establecer un régimen de ayudas para promover prácticas sostenibles en las explotaciones agrarias, en la línea impulsada por las prácticas de custodia del territorio. Fundamentalmente se promueven acuerdos de colaboración entre la explotación agrícola y ganadera y la Administración, que permitan el ejercicio de modelos específicos de actividad agraria en función de la adopción voluntaria de determinados compromisos englobados en los cinco ejes que se describen a continuación y que se detallan en el anexo VII de las bases que regulan los CARB: a) eje 1, el medio ambiente, el paisaje y el medio rural; b) eje 2, los recursos naturales y su aprovechamiento; c) eje 3, procesos productivos de la actividad agraria; d) eje 4, uso de energías alternativas; y e) eje 5, la diversificación de actividades a la explotación. El ámbito territorial de aplicación de las ayudas para la subscripción de CARB concierne a todo el ámbito de la isla de Menorca.
El semestre actual se ha abierto con algunos indicios de que las políticas ambientales parecen...
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