Derecho y políticas ambientales en Andalucía (Primer semestre 2021)

AutorManuela Mora Ruiz
CargoProfesora Titular de Derecho Administrativo Universidad de Huelva
Páginas1-18
REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. XII Núm. 1 (2021): 1 - 18
-Crònica-
https://doi.org/10.17345/rcda3092
DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN ANDALUCÍA
MANUE LA MO RA RU IZ
Profesora Titular de Derecho Administrativo
Universidad de Huelva
Sumario: 1. La modificación de la legislación ambiental andaluza en materia de calidad
ambiental a golpe de Decreto-Ley. 2. Ca mbio climático y planificación. 3. Aguas: zonas
vulnerables y sequía. 4. El Plan Integral de Residuos de Andalucía. 5. Biodiversidad y Espacios
protegidos.
La crónica legislativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía correspondiente
al primer semestre de 2021 contrasta con las anteriores, en el sentido de que se
ha producido una importante actividad normativa en materias relevantes del
sector ambiental, aunque con una técnica normativa que puede ser cuestionable.
Desde esta última perspectiva, en el período considerado (desde 15 de octubre
de 2020 a 15 de abril de 2021) debe llamarse la atención sobre la aprobación de
dos decretos leyes que afectan a la técnica fundamental de la Evaluación
Ambiental, y a otros aspectos relativos a la lucha contra el cambio climático,
produciendo la modificación de las leyes ambientales generales de la
Comunidad Autónoma. En este sentido, debe citarse el Decreto-Ley 31/2020, de
1 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en materia de evaluación
ambiental estratégica de determinados instrumentos de planeamiento
urbanístico y para impulsar la realización de proyectos de absorción de
emisiones en Andalucía, así como de apoyo económico a las entidades
prestadoras de los servicios de atención residencial, centro de día y de noche, y
centro de terapia ocupacional para personas en situación de dependencia, como
consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19)1; y el
Decreto-Ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de
agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la
1 BOJA extraordinario núm. 85, de 2 de diciembre.
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recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía2, en cuya virtud se modifica la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental en relación con los proyectos que pueden
quedar excluidos de la obligación de someterse a Evaluación de Impacto
Ambiental (en adelante, EIA), y la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente
al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en
Andalucía. En este último sentido, es llamativo el uso del Decreto-Ley para este
tipo de modificaciones parciales de leyes ambientales tan señeras como las
mencionadas, con un alcance “desregulador” en relación con la EIA, como ahora
se indicará, no siendo, en mi opinión, el cauce más adecuado para la adopción
de este tipo de medidas.
A ello se suma el Decreto-Ley 30/2020, de 24 de noviembre, de medidas para
agilizar la tramitación de la declaración de situación de sequía en el ámbito de
las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de Andalucía3
Finalmente, es destacable en este período el impulso de numerosos proyectos
de normativas en ámbitos distintos como el que representa la Economía Circular,
el régimen jurídico de las reservas de la biosfera, para los que se inicia su
tramitación, o en residuos, ámbito en el que se ha aprobado el Plan Integral de
Residuos de Andalucía.
1. LA MODIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL ANDALUZA EN
MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL A GOLPE DE DECRETO-LEY
Como acaba de señalarse, la primera norma que ha de considerarse es el
Decreto-Ley 31/2020, de 1 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes
en materia de evaluación ambiental estratégica de determinados instrumentos
de planeamiento urbanístico y para impulsar la realización de proyectos de
absorción de emisiones en Andalucía, así como de apoyo económico a las
entidades prestadoras de los servicios de atención residencial, centro de día y
de noche, y centro de terapia ocupacional para personas en situación de
dependencia, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus
(COVID-19), convalidado por acuerdo del Parlamento autonómico, cuya
2 BOJA núm. 35, de 22 de febrero.
3 BOJA extraordinario núm. 82, de 24 noviembre.

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