Derecho y políticas ambientales en Navarra

AutorJosé Alenza García
CargoProfesor titular de Derecho Administrativo. Universidad Pública de Navarra
Páginas1-4

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1. Panorama general: escasas novedades

Muy pocas novedades son reseñables en la crónica legislativa de Navarra de la primera mitad del año 2013. Aparte de algunas disposiciones de carácter anual (sobre las vedas de pesca o el Programa de Inspección ambiental) o de naturaleza organizativa en los más bajos niveles administrativos (los Negociados del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local) que se relacionan en el apartado final de esta crónica, tan solo cabe destacar la original aprobación de una norma con rango de Ley Foral relativa a la utilización de residuos alimenticios.

Por otro lado, cabe dar noticia de varios proyectos normativos que se encuentran en este momento tramitándose -por una parte, el Plan Director de Ordenación de las Aguas Salmonícolas de Navarra; por otra parte, dos proyectos de Decretos Forales para designar a dos Lugares de Importancia Comunitaria como Zonas de Especial Conservación-. El proyecto de mayor calado es la modificación del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral de Intervención para la Protección Ambiental de Navarra. Para adaptar dicho Reglamento a las diversas modificaciones legislativas que se han ido sucediendo tanto a nivel estatal como navarro, se proyecta la modificaicón de 63 preceptos del citado Reglamento.

Todos estos proyectos se encuentran en fase de consultas o sugerencias y pueden consultarse en el Portal de Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra1.

2. Utilización de residuos alimenticios

La Ley Foral 7/2013, de 25 de febrero, de utilización de residuos alimenticios de Navarra, según se deduce de su exposición de motivos, responde a un doble fundamento: uno socioeconómico y otro ambiental.

Por un lado, se propone evitar el desperdicio de alimentos en un momento en el que está creciendo el número de ciudadanos por debajo del umbral de la pobreza. La exposición de motivos aporta datos sobre la creciente producción de residuos alimentarios (179

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kilos por cada ciudadano europeo) y afirma la necesidad de que se promuevan medidas desde los poderes públicas para complementar la labor realizada por los Bancos de Alimentos y otras iniciativas sociales. A este respecto se menciona la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de enero de 2012, sobre cómo evitar el desperdicio de alimentos (Estrategias para mejorar la eficiencia...

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