Derecho y políticas ambientales en Castilla-La Mancha
| Autor | Nuria María Garrido Cuenca |
| Cargo | Profesora titular de Derecho Administrativo. Universidad de Castilla-La Mancha |
| Páginas | 1-13 |
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Durante este período ha sido escasa la producción normativa, sin normas relevantes que destacar, salvo la modificación de nuestra legislación urbanística para regular la integración de este régimen y el de las actividades sujetas a evaluación ambiental, resultante de la adaptación del régimen de licencias urbanísticas a la Directiva de Servicios y a las normas estatales de trasposición. No obstante, sí que es cierto que el Gobierno regional ha hecho algún guiño a la protección medioambiental que nos parece digno de mencionar.
Entre ellos, comenzamos por la decisión de incluir en el recientemente aprobado Plan de Inversión y Creación de Empleo (PICE), como uno de sus seis ejes vertebradores, el "crecimiento sostenible". Modelizando la integración trasversal de las políticas ambientales en las medidas de crecimiento económico, la idea fuerza se basa en la optimización de los recursos naturales como mecanismo para favorecer el ahorro de costes y el aumento de la competitividad en numerosas actividades productivas. Entre otras, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con objeto de combatir el cambio climático, de indudables repercusiones económicas, o la gestión de los residuos derivados del ejercicio de la actividad económica en el sector agrario y el medio rural.
Otro de los focos de atención de este año será la aprobación del denominado Plan Estratégico de Recursos Minerales no Energéticos, actualmente en fase de redacción con los colectivos interesados. Sus objetivos se centran en la racionalización y el aprovechamiento de los recursos minerales, con especial énfasis en su protección en cuanto recursos no renovables. Así, se proponen cuatro líneas de actuación como medidas de impulso y dinamización de este sector que se centrarían, según ha informado la consejera, en la integración social y ambiental de la actividad minera, la actualización y mejora de la gestión en los servicios públicos vinculados al sector minero, la modernización en la formación técnica, la capacitación laboral y la seguridad
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en el sector minero, y el fomento de la actividad minera, la innovación y la competitividad.
También en los últimos días se ha conocido la decisión del Consejo de Gobierno castellano-manchego de ampliar el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, con el objeto de incorporar valiosos ecosistemas todavía no incluidos como las dehesas de encinas. Con esta propuesta de la Comisión Mixta que gestiona las Tablas, compuesta de forma paritaria por representantes del Ministerio y de la Consejería de Agricultura, serán incorporadas 1.102 hectáreas propiedad de la Administración general del Estado a través del organismo autónomo Parques Nacionales. En mayo comenzarán las gestiones político-administrativas para la conversión de su uso agrícola y el consiguiente plan de restauración de la vegetación natural.
Asimismo, la Consejería de Agricultura ha abonado 2,58 millones de euros para la financiación de medidas no productivas en bosques y terrenos no forestales, de las que se han beneficiado 31 ayuntamientos y 169 particulares. Los fondos subvencionan diferentes tipos de actuaciones como la elaboración de planes de gestión forestal sostenible, tratamientos silvícolas para la conservación y mejora de las masas forestales, la repoblación de terrenos forestales o tratamientos fitosanitarios de carácter no químico.
Por otro lado, este período no ha estado exento de polémicas. Entre ellas destaca, por su repercusión mediática, la posible venta de fincas rústicas ubicadas en parques naturales o espacios especialmente protegidos de la red Natura 2000. O lo que resulta todavía más grave, la idea de la Junta (ni confirmada ni desmentida por sus portavoces) de vender montes de titularidad pública a particulares colindantes o interesados en su explotación forestal o cinegética. Según la legislación vigente, los montes propiedad de la Administración y catalogados de utilidad pública son "inalienables, imprescriptibles e inembargables", lo que complica jurídicamente esta operación, ya que previamente han de ser desafectados y excluidos del Catálogo. Lo cual solo es posible si hubieran perdido las características por las que fueron catalogados y fuera irreversible su recuperación. De ahí el temor a una posible reforma de la Ley de Montes de 2003 que introduzca modificaciones para facilitarla, en la línea desreguladora iniciada por el actual Gobierno con la revisión de la Ley de Costas.
No menor alarma causó en los últimos días del año la inminente puesta en marcha, tras su autorización por la Junta de Comunidades, del conocido como fracking, una técnica
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de prospección para la obtención de hidrocarburos exportada desde los Estados Unidos. Según se ha explicado, esta técnica de extracción de gas de esquisto bituminoso consiste en fracturar las rocas que se encuentran en el subsuelo mediante explosiones e inyección de grandes cantidades de agua a presión mezcladas con sustancias disolventes de los hidrocarburos. El problema es que, a pesar de las medidas de recuperación de los residuos tóxicos, la geología de la zona del yacimiento queda modificada de modo permanente, lo que produce una contaminación irremediable de los acuíferos. La crítica principal se ha centrado en que las perforaciones previstas para 2014 se llevarán a cabo en la zona ecológica de humedales castellano-manchega más rica (v. gr. PN de las Lagunas de Ruidera), fundamentalmente el sureste de la provincia de Albacete (73.000 hectáreas desde Villarrobledo, pasando por Ossa de Montiel y llegando a El Bonillo), donde se concentran importantes masas de agua subterránea. Las cuales, por cierto, el proyecto de Plan Hidrológico del Guadiana propone que sean declaradas en riesgo de no alcanzar el buen estado. El caso es que la empresa promotora del proyecto ha obtenido tres permisos de investigación mediante Resolución de la Junta de Comunidades de 26 de julio de 2012 (DOCM núm. 173, de 3 septiembre 2012), previa declaración de impacto ambiental favorable otorgada por Resolución de 9 julio 2012 (DOCM de 20 de julio). Un dato curioso es que la DIA...
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