Derecho a participar en los asuntos públicos

AutorJavier Fuertes (Magistrado)

El derecho a participar en los asuntos públicos es el derecho reconocido en la Constitución Española (CE) a los ciudadanos a participar, directamente o por medio de representantes, en los asuntos públicos ( artículo 23.1 CE ).

El art. 23.1 de la Constitución consagra el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representante libremente elegido (Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1994, de 14 de marzo [j 1], F. 2)

Contenido
  • 1 Marco normativo del derecho a participar en los asuntos públicos
  • 2 Naturaleza y alcance del derecho a participar en los asuntos públicos
    • 2.1 ¿En qué consiste el derecho a participar en los asuntos públicos?
    • 2.2 Naturaleza del derecho a participar en los asuntos públicos
    • 2.3 Contenido del derecho a participar en los asuntos públicos
    • 2.4 Ejercicio: directo e indirecto
  • 3 Titulares del derecho a participar en los asuntos públicos
  • 4 Ver también
  • 5 Recursos adicionales
    • 5.1 En doctrina
    • 5.2 En formularios
  • 6 Legislación básica
  • 7 Legislación citada
  • 8 Jurisprudencia citada
Marco normativo del derecho a participar en los asuntos públicos

El artículo 23.1 de la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos en los siguientes términos:

Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

Y, en este sentido, en el de atribución del derecho a quienes ostenten la condición de ciudadanos, se ha de tener en cuenta que el artículo 13.2 de la propia Constitución dispone que:

Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23 , salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.

La regulación con carácter general del derecho a participar en los asuntos públicos se realiza por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio , del Régimen Electoral General ( LOREG ).

En el texto introductorio que precede al articulado de la LOREG se señala que:

«La Constitución impone al Estado, por una parte, el desarrollo del artículo 23 , que afecta a uno de los derechos fundamentales en la realización de un Estado de Derecho: la regulación del sufragio activo y pasivo para todos los ciudadanos; pero, además, el artículo 81 de la Constitución , al imponer una Ley Orgánica del Régimen Electoral General , amplía el campo de actuación que debe cubrir el Estado, esto es, hace necesaria su actividad más allá de lo que es mera garantía del derecho de sufragio, ya que, como ha declarado el Tribunal Constitucional, bajo ese epígrafe hay que entender lo que es primario y nuclear en el régimen electoral».

«Además, el Estado tiene la competencia exclusiva, según el artículo 149.1.1ª de la Constitución , para regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales, derechos entre los que figura el de sufragio comprendido en el artículo 23 de la Constitución ».

La organización territorial del Estado determina la existencia de diversos tipos de elecciones, lo que supone la existencia de una serie de normas generales («Disposiciones comunes para las elecciones por sufragio universal directo») previstas en los artículos 2 a 153 de la LOREG , junto a previsiones específicas para cada tipo de elecciones, como son:

1) En el ámbito nacional, las elecciones generales: «Disposiciones especiales para las elecciones de diputados y senadores», en los artículos 154 a 175 de la LOREG

2) En el ámbito local:

  • Municipios: «Disposiciones especiales para las elecciones municipales» ( artículos 176 a 200 ).
  • Cabildos insulares canarios: «Disposiciones especiales para la elección de cabildos insulares canarios» ( artículo 201 ).
Sin que, por el contrario, se recojan normas específicas para los Consejos Insulares de las Islas Balares que si son objeto de mención en la LOREG (artículos 2.3 y 44 bis ).
  • Diputaciones Provinciales: «Disposiciones especiales para la elección de diputados provinciales» ( artículos 202 a 209 ).

3) En el ámbito de la Unión EuropeaDisposiciones especiales para las Elecciones al Parlamento Europeo») ( artículos 210 a 227 ).

4) En el ámbito autonómico: Junto con las disposiciones comunes corresponde a cada Comunidad Autónoma establecer las previsiones específicas (determinar las circunscripciones, distribución de representantes por circunscripción, porcentaje mínimo de votos para acceder a las asambleas parlamentarias…).

Derecho que unido a la condición de ciudadano encuentra su reflejo en la redacción del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales ( CEDH ) que establece en el artículo 16 , bajo la rúbrica «Restricciones a la actividad política de los extranjeros» que:

Ninguna de las disposiciones de los artículos 10 , 11 y 14 podrá ser interpretada en el sentido de prohibir a las Altas Partes Contratantes imponer restricciones a la actividad política de los extranjeros.

Lo que viene a suponer que en cuanto a las limitaciones y restricciones que las normativas nacionales impongan a quienes no son nacionales para participar en los asuntos públicos no podrá alegarse los derechos reconocidos en el propio Convenio en cuanto a libertad de expresión, libertad de reunión y de asociación o prohibición de discriminación.

Y en el articulo 39 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se establece el derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo:

1. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro en que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.

2. Los diputados del Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal libre, directo y secreto. Articulo 40

En tanto que en el articulo 40 de esa misma Carta de Derechos se reconoce el derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales a:

Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.
Naturaleza y alcance del derecho a participar en los asuntos públicos ¿En qué consiste el derecho a participar en los asuntos públicos?

El Tribunal Constitucional ha establecido que el artículo 23.1 CE «es un derecho uti cives para participar en los asuntos públicos» (Auto del Tribunal Constitucional 657/1988, de 23 de mayo [j 2].

El artículo 23.1 de la Constitución «que consagra el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representante libremente elegido» (Sentencias del Tribunal Constitucional 76/1994, de 14 de marzo [j 3], F. 2 y 119/1995, de 17 de julio [j 4], F. 2) y sin que todo derecho de participación haya de ser siempre un derecho fundamental, ni comprende toda forma de participación ciudadana que pueda establecerse por ley, sino sólo la que deba calificarse de «participación política».

En la STC 212/1993 [j 5] señalamos que la vinculación del derecho de acceso a «cargos públicos» con el concepto de representatividad política, derivada de la interpretación del art. 23.2 CE en conexión con el Artículo 23.1 (SSTC 23/1984 [j 6], 32/1985 [j 7], 149/1988 [j 8] y 71/1989 [j 9] y AATC 837/1985 [j 10] y 880/1985) [j 11], nos ha llevado a concluir que en nuestro Derecho, sobre la base del art. 23.1 CE , no todo derecho de participación ha de ser siempre un derecho fundamental. Los límites objetivos del derecho enunciado en este precepto vienen dados por dos de los elementos del poder jurídico en él configurado. En primer lugar, por sus titulares («los ciudadanos»), de tal modo que la situación subjetiva así reconocida lo es uti cives y no en favor de cualesquiera categorías de personas (profesionalmente delimitadas, por ejemplo). En segundo lugar, complementariamente por el contenido del mismo, de la situación jurídica subjetiva enunciada, que, dejando de lado la participación «directa» irrelevante para el supuesto actual, se enuncia como derecho a participar «por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal» (ATC 942/1985) [j 12](Sentencia del Tribunal Constitucional 80/1994, de 14 de marzo [j 13], F. 3).

… no comprende toda forma de participación ciudadana que pueda establecerse por ley, sino sólo la que deba calificarse de «participación política» (Auto del Tribunal Constitucional 25/1998, de 26 de enero [j 14], F. 3).

Naturaleza del derecho a participar en los asuntos públicos

El artículo 23.2 de la Constitución consagra el derecho de todos los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a los cargos y funciones públicas, con los requisitos que señalen las leyes (Sentencia del Tribunal Constitucional 32/1985, de 6 de marzo [j 15], F. 3). Se trata de un derecho de configuración legal tal y como ha establecido el Tribunal Constitucional al señalar que «el derecho fundamental reconocido en el art. 23 de la Constitución es un derecho de configuración legal , correspondiendo a la Ley –concepto en el que se incluyen los Reglamentos Parlamentarios– ordenar los derechos y facultades que correspondan a los distintos cargos y funciones públicas, pasando aquéllos, en virtud de su creación legal , a quedar integrados en el status propio de cada cargo con la consecuencia de que podrán sus titulares defender, al amparo del art. 23.2 de la CE , el ius in officium que consideren ilegítimamente constreñido» (Sentencia del Tribunal Constitucional 220/1991, de 25 de noviembre [j 16], F. 5).

Por eso, la participación en los asuntos públicos a que se refiere el artículo 23 es en primera línea la que se realiza...

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