Derecho a la libertad y a la seguridad

AutorJavier Fuertes (Magistrado)

La libertad de los ciudadanos es en un régimen democrático donde rigen derechos fundamentales la regla general y no la excepción, de modo que aquéllos gozan de autonomía para elegir entre las diversas opciones vitales que se les presentan. La libertad hace a los hombres sencillamente hombres. (Sentencia del Tribunal Constitucional 147/2000, de 29 de mayo [j 1], F. 3).

Contenido
  • 1 Marco normativo del derecho a la libertad y a la seguridad
  • 2 Concepto y contenido del derecho a la libertad y a la seguridad
    • 2.1 Concepto y naturaleza del derecho a la libertad y a la seguridad
    • 2.2 Contenido del derecho a la libertad y a la seguridad
    • 2.3 Sujetos del derecho a la libertad y a la seguridad
  • 3 Detención
    • 3.1 Concepto de detención
    • 3.2 Diligencias de identificación
    • 3.3 Detención preventiva
    • 3.4 Derechos del detenido
    • 3.5 Habeas corpus
  • 4 Prisión provisional
  • 5 Ver también
  • 6 Recursos adicionales
    • 6.1 En doctrina
  • 7 Legislación básica
  • 8 Legislación citada
  • 9 Jurisprudencia citada
Marco normativo del derecho a la libertad y a la seguridad

El artículo 17 de la Constitución Española (CE) reconoce el derecho a la libertad en los siguientes términos:

«1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.

2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.

4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional».

El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales ( CEDH ) reconoce el derecho a la libertad y a la seguridad en el artículo 5 , precepto en el que se dispone que:

«1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la Ley:
a) Si ha sido penado legalmente en virtud de una sentencia dictada por un tribunal competente.

b) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, por desobediencia a una orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida por la Ley.

c) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, para hacerle comparecer ante la autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que ha cometido una infracción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracción o que huya después de haberla cometido.

d) Si se trata del internamiento de un menor en virtud de una orden legalmente acordada con el fin de vigilar su educación, o de su detención, conforme a derecho, con el fin de hacerle comparecer ante la autoridad competente.

e) Si se trata del internamiento, conforme a derecho, de una persona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa, de un enajenado, de un alcohólico, de un toxicómano o de un vagabundo.

f) Si se trata de la detención preventiva o del internamiento, conforme a derecho, de una persona para impedir que entre ilegalmente en el territorio o contra la que esté en curso un procedimiento de expulsión o extradición.

2. Toda persona detenida preventivamente debe ser informada, en el más breve plazo y en una lengua que comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación formulada contra ella.

3. Toda persona detenida preventivamente o internada en las condiciones previstas en el párrafo 1.c) del presente artículo deberá ser conducida sin dilación a presencia de un juez o de otra autoridad habilitada por la ley para ejercer poderes judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad durante el procedimiento. La puesta en libertad puede ser condicionada a una garantía que asegure la comparecencia del interesado en juicio.

4. Toda persona privada de su libertad mediante detención preventiva o internamiento tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su privación de libertad y ordene su puesta en libertad si fuera ilegal.

5. Toda persona víctima de una detención preventiva o de un internamiento en condiciones contrarias a las disposiciones de este artículo tendrá derecho a una reparación».

Y el artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece que:

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad.
Concepto y contenido del derecho a la libertad y a la seguridad Concepto y naturaleza del derecho a la libertad y a la seguridad

La primera idea, a lo que ese precepto se refiere en primer lugar, es a la libertad y a la seguridad. El derecho a ser libre, el derecho a poder hacer («actuar») lo que está permitido (y lo que está prohibido, al margen de las consecuencias que de ello se deriven), el derecho a elegir lo que se quiere hacer, el derecho a ir y venir (la libertad de ir y venir a la que hacen referencia las Sentencias del Tribunal Constitucional 105/1994 [j 2] y 106/1994 [j 3], ambas de 11 de abril, en su F.5), la libertad como presupuesto y soporte de otros (del resto de) derechos que se reconocen a las personas.

Véase en éste práctico la ficha correspondiente a la libertad de residencia y circulación .

En un Estado social y democrático de Derecho como el que configura nuestra Constitución , la libertad personal no es sólo un valor superior del Ordenamiento jurídico ( art. 1.1 CE ) sino además un derecho fundamental ( art. 17 CE ), cuya trascendencia estriba precisamente en ser el presupuesto de otras libertades y derechos fundamentales. La libertad de los ciudadanos es en un régimen democrático donde rigen derechos fundamentales la regla general y no la excepción, de modo que aquéllos gozan de autonomía para elegir entre las diversas opciones vitales que se les presentan. La libertad hace a los hombres sencillamente hombres (SSTC 107/1984, de 23 de noviembre [j 4] y 115/1987, de 7 de julio) [j 5](Sentencias del Tribunal Constitucional 147/2000, de 29 de mayo [j 6], F. 3 y 29/2008, de 20 de febrero [j 7], F. 7).

El derecho a la libertad del artículo 17.1 de la Constitución es el derecho de todos a no ser privados de la misma (de esa libertad), salvo «en los casos y en la forma previstos por la Ley»: En una Ley que, por el hecho de fijar las condiciones de tal privación, es desarrollo del derecho que así limita (Sentencias del Tribunal Constitucional 140/1986, de 11 de noviembre [j 8], F. 5, 160/1986, de 16 de diciembre [j 9], F. 4, 121/2003, de 16 de junio [j 10], F.2, y 121/2003, de 16 de junio, F.2).

En relación con la primera de las quejas en las que se sustenta la demanda de amparo conviene recordar, en la línea de una reiterada doctrina de este Tribunal, que nuestra Constitución , habida cuenta del valor cardinal que la libertad personal tiene en el Estado de Derecho, somete la detención de cualquier ciudadano al criterio de la necesidad estricta y, además, al criterio del lapso temporal más breve posible (SSTC 199/1987, de 16 de diciembre [j 11], F. 8; 224/1998, de 24 de noviembre [j 12], F. 3), en consonancia con lo dispuesto en el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (art. 5.2 y 3 ) y en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos ( art. 9.3) , que exigen que el detenido sea conducido «sin dilación» o «sin demora» ante la autoridad judicial (Sentencia del Tribunal Constitucional 165/2007, de 2 de julio [j 13], F.2).
Contenido del derecho a la libertad y a la seguridad

Concepto de «libertad y de seguridad» que no debe ser confundido con las otras acepciones de ese término «seguridad» presentes en el texto constitucional, como son la «seguridad jurídica» ( artículo 9.3 CE ) y la «seguridad ciudadana» (artículos arts. 104 y 149.1.29 CE ).

No cabe confundir las tres acepciones de la seguridad que maneja la Constitución. La primera, la seguridad jurídica ( art. 9.3 CE ), es un principio general del ordenamiento jurídico y, por otra parte, un mandato dirigido a los poderes públicos pero sin configurar derecho alguno en favor de los ciudadanos (SSTC 122/1987) [j 14], como también ocurre con la seguridad ciudadana, cuya salvaguardia como bien jurídico de ámbito colectivo, no individual, es función del Estado y tiene su sede propia en el art . 104 anteriormente invocado (STC 196/1987) [j 15]. Ninguna de estas dos normas permiten el acceso a la vía del amparo constitucional por no formar parte del elenco de libertades y derechos fundamentales, subjetivos y por ello individuales, por su configuración sustantiva y su origen histórico en los derechos del hombre y del ciudadano. La seguridad jurídica está relacionada inevitablemente con la seguridad personal, en la situación respectiva de medio a fin. Aquélla es un instrumento protector de ésta y de todos los demás derechos e intereses, fundamentales o no, como una más, por importante que fuere, de las muchas que comprende. Sin embargo tal concepto de la seguridad pública está excluido del art. 17.1 de la Constitución , donde se alberga no una función sino el bien jurídico eminentemente individual de la seguridad personal configurado como soporte de la libertad de todos y cada uno (SSTC 2/1981 [j 16] y 262/19...

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