Derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos

AutorJavier Fuertes (Magistrado)

El derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos es el derecho reconocido en la Constitución a los ciudadanos a poder ser elegidos (candidatos) en condiciones de igualdad para ocupar un cargo representativo ( artículo 23.2 de la Constitución Española (CE) ).

El art. 23.1 de la Constitución consagra el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representante libremente elegido (Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1994, de 14 de marzo [j 1], F. 2).

Contenido
  • 1 Marco normativo del derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos
  • 2 Naturaleza y alcance del derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos
    • 2.1 ¿En qué consiste el derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos?
    • 2.2 Naturaleza del derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos
    • 2.3 Contenido del derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos
    • 2.4 Estatuto de los cargos públicos (Ius officium)
  • 3 Titulares del derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos
  • 4 Ver también
  • 5 Recursos adicionales
    • 5.1 En doctrina
  • 6 Legislación básica
  • 7 Legislación citada
  • 8 Jurisprudencia citada
Marco normativo del derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos

El artículo 23.2 de la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

El referido precepto establece que los ciudadanos, asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Tratamos aquí el derecho de acceso a los cargos públicos (cargos representativos) y, en otro lugar de forma separada, el derecho de acceso a las funciones públicas (función pública).

Véase derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas

Del derecho de acceso a los «cargos públicos» que regula el art. 23.2 hemos declarado que «se refiere a los cargos públicos de representación política, que son los que corresponden al Estado y a los entes territoriales en que se organiza territorialmente de acuerdo con el art. 137 de la Constitución -Comunidades Autónomas, Municipios y Provincias-» (STC 23/1984 [j 2]). Añadiendo, a continuación, que el art. 23.2 es un reflejo del Estado democrático en el que - artículo 1.2 - la soberanía reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado (Sentencia del Tribunal Constitucional 212/1993, de 28 de junio [j 3], F. 4).

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce el derecho de todos los ciudadanos de la Unión a ser electores y elegibles tanto en las elecciones al Parlamento Europeo como en las elecciones municipales del Estado miembro en el que residan.

Articulo 39 . Derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo

1. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro en que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.

2. Los diputados del Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal libre, directo y secreto.
Articulo 40 . Derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.

La regulación con carácter general del derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos representativos se realiza por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio , del Régimen Electoral General ( LOREG ).

Naturaleza y alcance del derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos ¿En qué consiste el derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos?

Es el derecho reconocido por la Constitución a los ciudadanos (y, según el tipo de elección, a las personas que a ellos resulten asimilados) para poder optar (ser candidatos y elegibles) a un puesto de representación pública.

Comenzando por el examen del derecho fundamental reconocido en el art. 23.2 , es necesario recordar que este Tribunal ha declarado que en este precepto, que distingue entre «funciones» y «cargos» públicos, se reconoce de un lado, el derecho a acceder a puestos funcionariales y, de otro, dos derechos -sufragio activo y pasivo- que enmarcan la participación política de los ciudadanos en el sistema democrático, en conexión con los principios de soberanía del pueblo y de pluralismo político, consagrados en el art. 1 de la Constitución (STC 71/1989 [j 4]). Del primero de los derechos hemos dicho que el art. 23.2 comprende, no sólo el acceso a la función pública, sino también el desarrollo o promoción de la propia carrera administrativa (SSTC 192/1991 [j 5], 200/1991 [j 6] y 212/1993 [j 7], entre otras). Del derecho de acceso a los «cargos públicos» que regula el art. 23.2 hemos declarado que se refiere a los cargos públicos de representación política, que son los que corresponden al Estado y a los entes territoriales en que se organiza territorialmente de acuerdo con el art. 137 de la Constitución -Comunidades Autónomas, Municipios y Provincias- (STC 23/1984 [j 8]). Añadiendo, a continuación, que el art. 23.2 es un reflejo del Estado democrático en el que - art. 1.2 - la soberanía reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado (Sentencia del Tribunal Constitucional 80/1994, de 4 de marzo [j 9], F.3).

Véase derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas

Este derecho de acceso a los cargos públicos se corresponde con los cargos de representación política en las diferentes entidades en las que organiza territorialmente un Estado social y democrático de Derecho ( artículo 1.1 CE ) y conforme a la organización territorial prevista en la constitución (Estado, Comunidades Autónomas, Municipios y Provincias).

Del derecho de acceso a los «cargos públicos» que regula el art. 23.2 hemos declarado que «se refiere a los cargos públicos de representación política, que son los que corresponden al Estado y a los entes territoriales en que se organiza territorialmente de acuerdo con el art. 137 de la Constitución -Comunidades Autónomas, Municipios y Provincias-» (STC 23/1984 [j 10]). Añadiendo, a continuación, que el artículo 23.2 es un reflejo del Estado democrático en el que - art. 1.2 - la soberanía reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado (Sentencia del Tribunal Constitucional 212/1993, de 28 de junio [j 11], F. 4).

Finalmente, esta vinculación del derecho de acceso a «cargos públicos» con el concepto de representatividad política, derivada de la interpretación del art. 23.2 CE en conexión con el art. 23.1 (SSTC 23/1984 [j 12], 32/1985 [j 13], 149/1988 [j 14] y 71/1989 [j 15] y AATC 837/1985 [j 16] y 880/1985 [j 17]), nos ha llevado a concluir que en nuestro Derecho, sobre la base del art. 23.1 CE , no todo derecho de participación ha de ser siempre un derecho fundamental. Los límites objetivos del derecho enunciado en este precepto vienen dados por dos de los elementos del poder jurídico en él configurado. En primer lugar, por sus titulares («los ciudadanos»), de tal modo que la situación subjetiva así reconocida lo es «uti cives» y no en favor de cualesquiera categorías de personas (profesionalmente delimitadas, por ejemplo). En segundo lugar, complementariamente, por el contenido del mismo de la situación jurídica subjetiva enunciada que dejando de lado la participación «directa», irrelevante para el supuesto actual, se anuncia como derecho a participar «por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal» (ATC 942/1985 [j 18]) (Sentencia del Tribunal Constitucional 212/1993, de 28 de junio [j 19], F. 4).

Como consecuencia de este restringido alcance del concepto de «cargo público» ex art. 23.2 CE , hemos negado tal condición en diversos supuestos, ya sea por considerar que el cargo no era público (así, los de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro, en las SSTC 18/1984, de 7 de febrero [j 20], F. 7; 133/1989, de 19 de julio [j 21], F. 4; y 160/1990, de 18 de octubre [j 22], F. 4), ya sea por no atañer a entes territoriales, como ocurre con los cargos de las Administraciones corporativa o institucional de base no territorial (así, los de las juntas de gobierno de los colegios profesionales, en la ya citada STC 23/1984, de 20 de febrero [j 23], F. 5; los de las cámaras oficiales en el ATC 270/1987, de 4 de marzo [j 24], F. 3; e, igualmente, en la STC 212/1993, de 28 de junio [j 25], F. 4, afirmamos que la condición de miembro de la junta de una facultad universitaria no es un cargo público de representación política, ni perteneciente al Estado o a los entes territoriales en que éste se organiza) (Sentencia del Tribunal Constitucional 192/2012, de 29 de octubre [j 26], F. 3).

Estructura que, en cuanto a cargos representativos, se debe añadir la correspondiente a la representación en el Parlamento de la Unión Europea.

En relación con el primero de los derechos, desde la STC 23/1984, de 20 de febrero [j 27], hemos ceñido la noción constitucional de «cargo público» empleada en el art. 23.2 CE a los cargos electivos de representación genuinamente política de los entes territoriales, esto es, los que corresponden al Estado y a los entes en que se organiza territorialmente de acuerdo con el art. 137 CE (diputados y senadores, parlamentarios europeos y autonómicos, diputados provinciales, concejales y representantes de otros entes locales), por considerar que el derecho que define esta vertiente del mencionado art. 23.2 CE es un reflejo del Estado democrático en el que la soberanía reside en el pueblo español, del que emanan todos los...

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