Anulación de denominaciones de planes de estudios de titulaciones oficiales: efectos

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Jurisdicción contencioso-Administrativa: carácter revisor. Ejecución de sentencias: efectos respecto de actos no impugnados. Anulación de denominaciones de planes de estudios de titulaciones oficiales: efectos 1.

Se ha recibido en esta abogacía del estado petición de informe en relación con los criterios determinantes de la postura a adoptar por la secretaría General de universidades respecto de la situación procesal en que se encuentran los títulos de Graduado o Graduada en ingeniería de edificación y, en particular, por la suspensión, acordada por el tribunal superior de justicia de canarias, de la publicación rectoral del plan de la universidad de la laguna.

Examinada la consulta formulada y documentos adjuntos se tiene el honor de emitir el presente informe, de conformidad con las siguientes

Consideraciones Jurídicas

i. el rectorado de la universidad referida en el encabezamiento plan-tea por medio de escrito de 14-12-2011 (recibido en el ministerio el 27 siguiente) que por auto de 2-6-2011, confirmado por auto de 27-7-2011, dictados ambos por la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de canarias (secc. 1.ª, sede de tenerife) se ordenó la suspensión de la publicación rectoral del referido plan de ingeniería de edificación, publicación impugnada en dicha sala en el p.o. 169/2011.

Es de notar que la sala en su auto de 2-6-11 acuerda la suspensión cautelar de la resolución de 30-4-2010 por la que se publica el plan de estudios de Graduado en ingeniería de edificación; y que por el de 27-7-11 se con-

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firma sin más dicha medida en reposición. ambos autos en la actualidad se encuentran pendientes de casación, recurso que tanto la universidad como la abogacía del estado, personada en representación del ministerio de educación, han planteado ante el tribunal supremo.

El rectorado ofrece sendas posibilidades de actuación en su escrito atendiendo al estado procesal del pleito, siendo la primera la de anular la resolución de publicación y expedir títulos, toda vez que el acuerdo del consejo de ministros de 9-10-2009 en que se funda no se ha anulado ni suspendido, debiendo con ello entenderse que el recurso carecería de objeto; o bien esperar al fallo judicial, si bien continuando la impartición y expedición de títulos siempre que no se anule el referido acuerdo del consejo de ministros.

ii. lo primero que debe examinarse a los efectos de resolver la consulta planteada es cuál es el concreto objeto de enjuiciamiento en el proceso judicial antes referido y cuál puede ser el alcance de lo que en el mismo se decida y, en su día, se falle.

En este sentido, es de hacer notar que el acto impugnado es una resolución rectoral, la de 30-4-2010, por la que se establece la publicación de un plan de estudios que previamente fue declarado oficial y ordenada su inscripción en el ruct por previo acuerdo del consejo de ministros de 9-10-2009.

Con carácter general y preliminar debe adelantarse que la jurisdicción contenciosa en un determinado procedimiento sólo puede entrar a examinar lo que es el concreto objeto del mismo, dado el carácter eminentemente revisor de esta jurisdicción en cuanto a lo que se enjuicia, sin que pueda con ello fallar sobre posibles actos administrativos que den sustento legal al acto que se dicta, si de él son independientes, y más si el que se enjuicia no hace sino ser un mero acto de trámite (acto formal de comunicación o publicación) o de ejecución de otro anterior del que no se aparta. o lo que es lo mismo, si un acto dictado por una administración lo es como corolario de otro acto previo del que no se aparta en lo más mínimo, lo propio será impugnar el acto previo y no el posterior, para el que regirán las excepciones procesales (causas de inadmisibilidad en el ámbito contencioso-administrativo) de acto consentido y firme (art. 28 de la ley 29/1998, de la jurisdicción contencioso-administrativa, en adelante ljca), de no haberse impugnado el previo, o de litispendencia [art. 69 d) de la ljca], en el caso de haberlo sido.

En este sentido, la jurisprudencia es constante al indicar que los efectos de la sentencia sólo se extienden al concreto acto impugnado, con independencia del alcance de las pretensiones impugnatorias del mismo, y con independencia también, si se trata lo impugnado de una disposición general o de actos de los que otros actos sucesivos dependan, de los efectos de su anulación. por todas, la sentencia del tribunal

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supremo de 11-3-1991 (rj 1991/2383) indica lo siguiente al momento de centrar el objeto del recurso contencioso (negrita y subrayados son nuestros):

(...) el acto administrativo, impugnado, más que el patrón o módulo constriñente del recurso contencioso-administrativo, es más bien y exclusivamente su presupuesto (...) el objeto del proceso contencioso-administrativo, «que es propiamente una primera instancia jurisdiccional», no está integrado, en sí, por el contenido del acto administrativo previo, sino, según el art. 1.º de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, por las pretensiones que se deduzcan en relación al mismo, pretensiones que no conforman una cuestión nueva contraria ese carácter revisor cuando el potencial cambio de enfoque a fundamento impugnatorio (e, incluso, de suplico), en relación con lo pedido o resuelto en la vía administrativa, obedezca real y exclusivamente a la necesidad de acomodar la reclamación o la reacción frente a la misma a las circunstancias específicas de los hitos dinámicos del caso, de tal manera que el tribunal pueda tener un cabal conocimiento de las mismas y fallar restableciendo totalmente la situación jurídica constreñida; (...) no está vedado a las partes invocar nuevos motivos o alegaciones para fundamentar el recurso o la oposición, que el tribunal puede, a su vez, introducir en la discusión y luego considerar en su sentencia, pues el carácter revisor de la jurisdicción exige simplemente la existencia previa de una acto administrativo y no impide, por lo tanto, que la demanda y la contestación se apoyen en argumentos no alegados en el procedimiento administrativo, en cuanto los preceptos citados permiten proponer cuantos motivos procedan, aunque no se hubieran expuesto en la vía previa, siempre que la pretensión final y básica, por más que se module, no se altere en su última esencia y tenga por objeto el acto impugnado.»

En esta línea, la exposición de motivos de la ljca nos recuerda que «La Ley, no obstante, depura el ordenamiento anterior de algunas normas limitativas que carecen de justificación, aunque mantiene la inadmisibilidad del recurso contra actos confirmatorios de otros firmes y consentidos. Esta última regla se apoya en elementales razones de seguridad jurídica, que no sólo deben tenerse en cuenta en favor del perjudicado por un acto administrativo, sino también en favor del interés general y de quienes puedan resultar individual o colectivamente beneficiados o amparados por él».

Por lo tanto, resulta evidente que todo lo que se acuerde o falle en el procedimiento seguido ante el tribunal superior de justicia canario afectará exclusivamente a los efectos del concreto acto que en el mismo se enjuicia, sin que por lo anteriormente detallado quepa extraer de tales pronunciamientos efectos no mencionados en ellos expresamente, ni extenderlos a actos diferentes, anteriores e independientes del concretamente impugnado.

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iii. antes de entrar en el examen de la actual mecánica de aprobación de planes de estudios y de la declaración del carácter oficial de los títulos que con los mismos se obtengan, conviene hacer una precisión preliminar sobre las notorias diferencias existentes entre el procedimiento que a tal fin se establecía al amparo de la antigua ley orgánica 11/1983, de reforma universitaria (en adelante lru), y el que sienta la actual ley orgánica 6/2001, de universidades, en redacción dada por la ley orgánica 4/2007 (en adelante lou).

Sintéticamente, el procedimiento de la lru partía de la premisa de

que el reconocimiento de la oficialidad de títulos pivotaba sobre las características que el Gobierno sentaba para los mismos por Real Decreto, por la aprobación del plan al mismo adaptado por cada universidad, por su homologación por el consejo de universidades, y finalmente por su publicación por el rectorado respectivo. como corolario, los títulos así aprobados formaban parte del llamado «catálogo».

En este proceso el Real...

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