STS 77/2000, 29 de Enero de 2001

ECLIES:TS:2001:479
ProcedimientoD. ROBERTO GARCIA-CALVO MONTIEL
Número de Resolución77/2000
Fecha de Resolución29 de Enero de 2001
EmisorTribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintinueve de Enero de dos mil uno.

En el recurso de casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma interpuesto por la representación de Oscar contra sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, que estimaba en parte el recurso de apelación por él interpuesto, confirmando parcialmente la sentencia del Tribunal del Jurado de veintinueve de abril de 1.999, dictada en procedimiento número 1 de 1.996 y por el que dicho recurrente fué condenado por Delito de Homicidio, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que arriba se expresan se han constituido para la Vista y Fallo bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. ROBERTO GARCÍA-CALVO Y MONTIEL, siendo parte el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular integrada Luis Enrique representado por el Procurador Sr. Muñoz Rios, y estando dicho recurrente representado por la Procuradora Sra. Lumbreras Manzano.

ANTECEDENTES

Primero

El Juzgado de Instrucción de Sigüenza, incoó Causa nº 1 de 1.996 contra Oscar , y una vez conclusa, la remitió a la Audiencia Provincial de Guadalajara que por el procedimiento de la Ley del Jurado y con fecha veintinueve de abril de mil novecientos noventa y nueve dictó sentencia en la meritada causa; apelada dicha resolución por el antes citado Sr. Oscar , el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha dictó sentencia con fecha nueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, que contiene, entre otros, los siguientes Antecedentes de Hecho:

"Primero.- La sentencia recurrida contiene los siguientes hechos probados: -"El 4 de marzo de 1.996, el acusado se encontraba en trámite de separación de su esposa Dña. Filomena y de cuyo matrimonio había nacido en septiembre de 1.994 su único hijo Ernesto . En esa misma fecha, 4 de marzo de 1.996, la noche del Domingo al Lunes el acusado se encontraba con una tasa de alcohol en sangre, no determinable con exactitud, entre 0,60 y 0,86mm de etanol por litro de aire espirado.- Provisto de un cuchillo grande de cocina, decidió marchar desde la localidad de Viana de Jadraque a la localidad de Atienza, conduciendo, unos 25,5 Km. que separan ambos pueblos, su furgoneta Renault Express, matrícula DE- ....-D , la cual dejó aparcada antes de la 7 de la mañana, en un camino existente detrás de la casa en que vivía su esposa, el hijo de ambos y el hermano de aquélla don Ricardo .- En una fecha no determinada, pero a finales de febrero de 1.996, el acusado llamó al restaurante El Motor (Sigüenza), donde trabajaba como camarero Ricardo , anunciándole lo siguiente: "que iba a rajar a toda la familia". El acusado presentó demanda de separación contra su esposa, recayendo auto de medidas provisionales que otorgaba la custodia de Ernesto a Filomena ; resolución que fe resentimiento hacia su esposa y hacia la familia de ésta. Desde ese momento, el acusado, decidió arreglar su situación familiar dando muerte a su esposa y su cuñado Ricardo . Sorprediéndoles mientras dormían, sabiendo que el lunes era día de descanso semanal de Ricardo y que por esa razón pernoctaba en su casa de Atienza.- El acusado, escalando por la parte trasera del edificio, accedió a la terraza de la cocina y penetró en la vivienda tras fracturar el cristal de la puerta de la referida habitación , dando una patada con la pierna derecha, lo que originó unas leves lesiones en el talón derecho.- Su esposa se despertó con el ruido de los cristales, se puso las zapatillas y medio somnolienta salió de su habitación para comprobar el origen de dicho ruido y en el salón se encontró sorprendida por el acusado, el cual, esgrimiendo un cuchillo traído de su casa de Viana de Jadraque, con el fin de darle muerte, le asestó una cuchillada penetrando en la mama izquierda en la proximidad del pezón, entrando el arma con el fijo hacia arriba a través del espacio intercostal 4º y 5º, originando la fractura de la quinta costilla, llevando una dirección de izquierda y derecha, de abajo a arriba y de delante hacia atrás, con afectación del parenquima pulmonar, subclavia izquierda que llega hasta el esófago, lo que le provocó la muerte en un periodo escaso de tiempo. Ricardo alarmado por los ruidos salió de su habitación, precipitadamente, descalzo y se dirigió al salón. El acusado, con el mismo cuchillo y en el mismo lugar le asestó tres cuchilladas, una doble en el torax, que con el movimiento de defensa hace salir el arma, pero no en su totalidad, y el acusado lo hace penetrar de nuevo de forma perpendicular al cuerpo de adelante hacia atrás, penetrando en la cavidad abdominal con punción de los órganos que allí se encuentran hasta la zona posterior del abdómen. La tercera penetró en el epigastrio entre 6 y 7 cm con una dirección perpendicular al cuerpo de adelante hacia atrás. La herida del brazo izquierdo le fue ocasionada cuando como reacción defensiva trató de interferir la trayectoria de la cuchillada. - Fallecida Filomena , su hermano Ricardo , pese a las gravísimas heridas consigue salir de la vivienda por la escalera de la puerta principal a la calle para solicitar ayuda, llegando hasta la puerta de sus vecinos inmediatos, Paulino , y su esposa Cecilia , los cuales, se despertaron sobresaltados ante los insistentes timbrazos del herido, no pudiendo éstos, hacer otra cosa que avisar al médico del centro de Salud de la localidad, quien nada pudo hacer por la vida de Ricardo ya que las lesiones eran necesariamente mortales. Tras la comisión de los hechos relatados permaneció sentando en el salón con su hijo, y manifestó a una vecina sin remordimiento alguno, y satisfecho, que "tenía que hacerlo". - Oscar después de ocurridos los hechos, , pudiendo salir detrás de Ricardo , no lo hizo, permanciendo en la casa.- Que el cuchillo partido que se encontró en el lugar de los hechos fue enviado al Instituto Nacional de Toxicología sin que se practicara ningún análisis".- (sic).

El fallo de la Sentencia apelada literalmente dice: "que conforme al veredicto dictado por el Tribunal Ciudadano del Jurado debo condenar y condeno al acusado Oscar de los delitos que se expresan, con la concurrencia de las circunstancias calificativas de dos asesinatos con premeditación conocida, en el de Filomena con agravante de alevosía y en el de Ricardo con la de abuso de superioridad y sin circunstancias modificativas en el allanamiento de morada a las siguientes penas: 1ª.- por un delito de allanamiento de morada, a la pena de dos meses de arresto mayor y multa de 150.000 ptas. con sus accesorias de cargo público, profesión u oficio, derecho de sufragio, durante el tiempo de condena.- 2º- Por el delito de asesinato cometido en la persona de Filomena , cualificado por la premeditación y agravante de alevosía con la pena de 29 años de reclusión mayor (hoy prisión) con s sus accesorias de inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena, con los efectos del art. 35 del C.P. de 1.973. Por el 2º delito de asesinato cometido en la persona de Ricardo , cualificado asimismo por la premeditación y la agravante de abuso de superioridad a la pena de 29 años de reclusión mayor (hoy prisión), con idéntica accesoria de inhabilitación del art. 35 del C.P. de 1.973, teniendo en cuenta la limitación contenida en la regla segunda del art. 70 del referido C.Penal. Se decreta la prohibición del regreso del condenado del modo ya referenciado dentro de los cinco años siguientes al cumplimiento de la condena extensivo a los permisos penitenciarios que le puedan corresponder durante el cumplimiento de la condena, tanto respecto del lugar de residencia de la familia RicardoFilomenaLuis Enrique como de su propio hojo Ernesto salvo excepciones que puedan autorizarse en cuanto a visitas, por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y con audiencia del Ministerio Fiscal. De igual manera deberá abonar en concepto de responsabilidad civil, a don Luis Enrique la cantidad de CUATRO MILLONES DE PESETAS, y a don Ernesto la cantidad de VEINTICINCO MILLONES de PESETAS. Abónese al penado el tiempo de prisión preventiva sufrida durante la tramitación de la causa. Se decreta el comiso del arma blanca intervenida. Termínese con arreglo a derecho la pieza de responsabilidad civil. Al notificar la presente hágase saber la posibilidad de que puede presentarse recurso de apelación en la forma establecida por la Ley.".- (sic).

Segundo

Notificada la sentencia a las partes, la represetación procesal de Alvaro Lemos Sandoval interpuso contra la misma recurso de apelación, al amparo de los arts. 846 bis a), 847 bis c), letras a, b y c de la L.E.C.r., 14-5 del Pacto Internacional de Derechos Cililes y 24-2 de la Constitución." (sic).

Segundo

Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Sala de lo Civil y Penal dictó el siguiente pronunciamiento:

"FALLAMOS: Que estimando en parte el recuros de apelación interpuesto por la procuradora de los Tribunales, Dña. Curz García García, en nombre y representación de Oscar , contra la sentencia dictada por el Sr. Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado, en el Procedimiento de la L.O.P.J. nº 1/96 de la Audiencia Provincial de Guadalajara, debemos REVOCAR Y REVOCARMOS, en parte la citada resolución, y en consecuencia debemos condenar y condenamos a Oscar , como autor de un delito de allanamiento de morada, en concurso ideal con dos delitos de asesinato, con la concurrencia de la circunstancia agravante de alevosía en uno de ellos y la de abuso de superioridad en el otro, a la pena de VEINTINUEVE AÑOS de reclusión mayor, por cada uno de ellos, con las accesorias y medidas de seguridad que se contemplan en la parte dispositiva de dicha resolución, que se confirma en todos los demás pronunciamientos tanto penales como civiles y de costas, todo ello con declaración de oficio de las de esta alzada. - (sic).

Tercero

Notificada la sentencia a las partes, se preparo recurso de casación por la representación de Oscar , que se tuvo por anunciado remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

Cuarto

Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, la representación del recurrente, formalizó el recurso, alegando los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:

PRIMERO

Por infracción del art. 24.1 y 2 C.E. derecho a la tutela judicial efectiva y a una proceso contodas las garantías, en relación con los artículos 52.1 y el 53 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado

SEGUNDO

Por infracción del art. 24.1 CE, derecho a la tutela judicial efectiva con el art. 63.1 d) de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, con sede procesal en el art. 5.4 de la L.O.P.J. y 849.1 de la L.E.C.r., por concurrir motivo que debiera haber dado lugar a la devolución del veredicto del Jurado.

TERCERO

Por infracción del precepto constitucional, de la exigencia contenida en el art. 24.1 de la c.e. y 61.1 D de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, ya que dado el objeto del verdicto, el mismo adolece de la necesaria motivación.

CUARTO

Por quebrantamiento de forma del art. 851.1 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, por haber denegado diligencias de prueba que propuestas en tiempo y forma por la defensa, se consideran pertinentes, en relación con el artículo 45 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.

QUINTO

Por infracción del precepto constitucional, de la exigencia contenida en el art. 24.1 y art. 120-3 de la Constitución Española en relación con el art. 70.2 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado que autoriza el art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

SEXTO

Por infracción del precepto constitucional, de la exigencia contenida en el art. 24-1 y 120.3 de la Constitución Española, que autoriza el art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

SÉPTIMO

Por infracción de precepto constitucional del art. 24.2, Derecho a la Presunción de Inocencia en relación con el art. 406.4 del C.P. (19739 por su indebida aplicación, que autoriza el art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

OCTAVO

Por infracción de precepto constitucional, al vulnerar el art. 24.2 C.E., derecho a la presunción de inocencia, en relación con el art. 407 del C.P. de 1973, por indebida aplicación e inaplicación del art. 406 C.P.

NOVENO

Por infracción del art. 24.2 C.E. derecho a la presunción de inocencia, en relación con el art. 8.4 del C.P. de 1973 por su inaplicación. Motivo autorizado por el art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

DÉCIMO

Por infracción de precepto constitucional, derecho a la presunción de inocencia.,art. 24.2 en relación con el art. 10.1 C.P. de 1973.

UNDÉCIMO

Por infracción del art. 24.2 C.E. derecho a la presunción de inocencia en relaciónpor su indebida aplicación del art. 406 C.P. e inaplicación del art. 565 en relación con el 407 del Código Sustantivo.

DECIMOSEGUNDO

Por vulneración del art. 24.2 C.E. derecho a la presunción de inocencia en relación por su inaplicación del art. 9.1 en relación con el art. 8.1 del Código, que autoriza el art. 5.4 L.O.P.J. y 849.1 de la L.E.C.r.

DECIMOTERCERO

Por vulneración del art. 24.2 C.E. derecho a la presunción de inocencia en relación con el art. 9.9 del Código Penal, que autoriza el art. 5.4. de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.

DECIMOCUARTO

Por infracciónd del art. 24.2 C.E., derecho a la presunción de inocencia en relación por su indebida aplicación del art. 10.8 del Código Penal de 1.973.

DECIMOQUINTO

Al amparo del art. 849.1 de la L.E.C.r por indebida aplicación del art. 409.2 del Código Penal de 1.973.

Quinto

Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, impugnó; la Sala admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento de Vista cuando por turno correspondiera.

Sexto

Hecho el señalamiento para Vista, se celebró la votación prevenida el día 16 de noviembre de 2.000.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La sistemática casacional impone alterar el orden en el que los Motivos del Recurso han de ser examinados. De ahí que proceda analizar en primer lugar el que, bajo el ordinal cuarto, se ampara en el art. 850-1º de la L.E.Cr. para denunciar quebrantamiento de forma.

En realidad dicho Motivo -al igual que muchos de los que integran el Recurso- no es sino una reiteración impugnativa de la formalizada en la apelación interpuesta contra la sentencia del Tribunal del Jurado. De ahí que partamos ya de una respuesta jurisdiccional cuya referencia resulta obligada para determinar el alcance -ya sea por vía reproductiva o rectificatoria- de la que en este trance procede emitir ante tan idénticos planteamientos, pues no puede olvidarse que el meritado Recurso en realidad presenta una estructura y funcionalidad semejante a la casación.

En este caso, además, tan concreta mención cobra específica relevancia porque la sentencia del T.S.J. de Castilla-La Mancha que ahora se recurre responde con amplitud, rigor y pulcritud expositiva a las cuestiones planteadas en un notable ejercicio de potestad jurisdiccional que merece ser destacado.

A partir de dichos parámetros y con el orden de análisis que impone una adecuada sistemática casacional concederemos prioridad al Motivo que, enumerado como cuarto en el recurso, se ampara en el art. 850-1º de la L.E.Cr. para denunciar quebrantamiento de forma por haberse denegado diligencias de prueba que, propuestas en tiempo y forma por la defensa, se consideran pertinentes, en relación con el art. 45 de la L.O.T.J.

Entiende quien recurre que el Magistrado-Presidente, denegó a la defensa determinadas pruebas que fueron propuestas en tiempo y forma, causando indefensión a Oscar , para, después de reseñar las pruebas propuestas y las citas legales y jurisprudenciales que, a su juicio, justifican dicho alegato, postular la declaración de nulidad de la sentencia a fin de retrotraer las actuaciones al momento del inicio del juicio oral, al violarse el fundamental derecho a utilizar los medios de defensa pertinentes, (ex art. 24-2 C.E.).

Tal invocación constitucional eleva ciertamente el énfasis de la censura, pero, en realidad encubre un inadmisible aunque habilidoso planteamiento dilatorio, al instrumentar un precepto procesal para, forzando la filosofía de la amplitud probatoria que la Ley ofrece, traspasar todas las posibilidades postulatorias que aquélla propicia a fuer de solicitar la práctica de determinadas pruebas en el momento en que efectivamente se hace imposible su práctica, no obstante haber dispuesto de tiempo más que suficiente para articular su realización con la precisión e identidad exigibles a una propuesta de tal naturaleza.

En este supuesto no hace falta acudir a la distinción entre pertinencia y necesidad, pues, aparte de que ésta exigencia no está demostrada, el derecho a la prueba no puede considerarse absoluto e ilimitado sino que debe acomodarse a criterios decisorios del órgano jurisdiccional presididos por la racionalidad y equilibrio de los derechos en juego y, sobre todo, a esquemas de posibilidad efectiva y adecuación a comportamientos diligentes de la parte que propone la acreditación, ya que, de no ser así, quedaría en manos de ésta la real dirección del proceso y la facultad de acomodar a sus intereses los "tempos" del procedimiento. De ahí que, en cada caso resulte necesario a fin de decidir acerca del comportamiento jurisdiccional cuestionado examinar las incidencias y reales dificultades habidas en la aportación de los datos necesarios para la adopción de las medidas judiciales tendentes al aseguramiento y ejecución de la prueba.

Pues bien, con esa perspectiva no se detecta componente alguno de arbitrariedad en la decisión denegatoria que se impugna, sino una adecuada valoración de las circunstancias y una equilibrada determinación a la vista de los intereses en juego, una vez que, a la inconcrección identificativa de los testigos propuestos y a la dilación injustificada de la proposición probatoria se unía la necesidad de evitar nuevos retrasos en un proceso sobre el que ya incidía una nulidad de actuaciones. Por ello resulta ajustada a derecho la justificación del acuerdo contrario a las pretensiones del recurrente en los términos que refleja el fundamento jurídico undécimo de la combatida, los cuales, por ser más ilustrativos que cualquier otra consideración, creemos conveniente reproducir:

"El presente motivo debe decaer, toda vez que si bien es cierto que el último párrafo del precitado art. 45 de la L.O.T.J. tiene establecido que <>, no lo es menos, que tal disposición sólo puede interpretarse en el sentido de que solo podrán admitirse aquellas pruebas que, tenidas por pertinentes, puedan practicarse en el acto, debiendo, por ende, rechazarse, tanto las que se declaren impertinentes como aquéllas otras que, aún siendo pertinentes, no puedan practicarse en el acto y en el caso de autos, independientemente de la inutilidad de las pruebas propuestas, por cuanto nada podrían aportar de nuevo (sobre este punto se hablará más adelante) resulta evidente que aquellas no podían admitirse, como certeramente se sostiene por el Ministerio Público en el escrito de impugnación del recurso, no ya por los escasos datos de identificación de los testigos propuestos, sino porque las mismas no podían practicarse en el acto del juicio; si el recurrente entendía que era importante el testimonio de las personas que cita o el informe pericial que solicita, debió o bien haber propuesto dichas pruebas con anterioridad al plenario y en el momento procesal oportuno o bien haber llevado a los testigos y peritos ante el Tribunal y ponerlos a su disposición, para cuando lo estimasen pertinente".

El Motivo, pues, se rechaza.

SEGUNDO

El primero de los apartados recurrentes se ampara en el art. 5-4º de la L.O.P.J. para denunciar vulneración del art. 24-1 de la C.E., en lo que afecta al derecho fundamental a un proceso con todas las garantías y al derecho a obtener la tutela judicial efectiva, por entender que el objeto del veredicto sometido a los jurados adolece de defectos en su proposición y redacción definitiva, causando con ello indefensión al recurrente. De ahí que se censure la infracción de los artículos 52-1 en relación con el artículo 53 de la L.O.T.J., al considerar que el objeto del veredicto que fue entregado al Jurado Popular de la Audiencia de Guadalajara padecía importantes defectos, al existir contradicción entre los diferentes apartados y haber hurtado a la defensa el Magistrado Presidente la exposición de distintas consideraciones al Jurado por la inclusión de diferentes apartados o modificación de los ya existentes.

Ante la evidencia de los hechos por dos veces enjuiciados con el mismo resultado de culpabilidad la respuesta a los planteamientos impugnativos -tal como destaca la Acusación Particular en su escrito de impugnación- se contiene en los fundamentos cuarto y quinto de la Sentencia dictada en Apelación por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. A ellos nos remitimos porque en los mismos se ofrece puntual y concreta satisfacción - aunque sea de signo contrario- a las pretensiones deducidas en el Recurso debiendo destacarse únicamente que la insistencia recurrente en concretar extremos referidos a la exclusión de la premeditación como circunstancia concurrente en la conducta del condenado pierde todo su vigor excluyendo incluso las mínimas bases para el debate revisorio una vez que la meritada agravante ha desaparecido del Código Penal de 1.995, el cual habrá de aplicarse como Ley en lo más favorable sin necesidad de invocación de parte; extremo éste sobre el que, en posteriores fundamentos de esta resolución, se formulan precisas consideraciones con transcendencia sobre la parte dispositiva de la misma.

El contenido de los referidos fundamentos jurídicos de la combatida resulta expresivo de las infundadas reclamaciones del autor del Recurso y, dada la sistemática estructuración de aquéllos, nos parece oportuno asumir sus argumentos en tanto que agotan toda expectativa de novedades dialécticas al descartar de manera puntual y contundente los alegatos del Recurso que, aún cuando haya de reconocerse el notable esfuerzo desplegado por el promotor de tal estrategia defensiva, mal justifican la reiterativa e interesada postulación de nulidad de actuaciones y la celebración de un nuevo juicio.

En todo caso huelga hablar de indefensión y de falta de Tutela Judicial efectiva en relación con los extremos planteados ya que, como dice la combatida:

"El recurrente alega, como primer motivo, la infracción de los arts. 52-1 en relación con el art. 53 de la L.O.T.J., al entender que el objeto del veredicto, tanto en su proposición como en su redacción definitiva, adolece de defectos, y así: 1º.- Pretendía que el hecho 12º del veredicto (9º de la proposición) se dividiera en dos hechos, uno desde <>. 2º.- Igualmente pretendía que en el hecho 13 del veredicto (nº 9 de la proposición), se desdoblase también en el último inciso, con la siguiente redacción: <>. Por el Magistrado Presidente no se accedió a tal pretensión, sin que por ello, pueda alegarse infracción del art. 52-1a) ni del art. 53 de la L.O.T.J., habida cuenta de que no se atina a ver la razón por la que no existe contradicción si van los párrafos separados y existe contradicción sin los párrafos van juntos; como igualmente, tampoco puede entenderse, porque yendo separados puede declararse probado uno y otro y no yendo juntos no; lo cierto es que, aunque juntos, se someten al veredicto de los jurados y estos por unanimidad, los declaran NO PROBADOS; la hora de la muerte de Filomena , <>, es la misma conste en un mismo párrafo o en otro separado y los efectos que pudiera tener dicha hora, en relación con la alcoholemia, son los mismos, figurando como está o en párrafo aparte; y lo mismo hay que decir respecto a la tipificación de los hechos; pero es más (y esto demuestra claramente la falta de fundamentación del motivo) el Magistrado Presidente, en el hecho 14 del objeto del veredicto, viene a recoger "ad pedem litterae", ese nuevo párrafo desdoblado, al decir: <>; y el Jurado, otra vez por unanimidad, lo declara no probado.-

Continúa el recurrente, dentro del alegado primer motivo, denunciando la no inclusión de nuevos párrafos, relativos a demostrar si el acusado, estaba o no en condiciones de declarar y el porqué de sus declaraciones, y así, pretende, en el punto 3º, que se declare <>; y en el punto 4º, que si Oscar en el momento de prestar declaración no estaba en condiciones de hacerlo ni de adoptar una postura favorable a su derecho de defensa; la no admisión de ello, por el Sr. Magistrado Presidente, entiende la Sala que resultó ajustada a Derecho, habida cuenta de que si bien a lo largo de la prueba practicada en el plenario, quedó acreditado que el acusado fue llevado al Hospital dos veces, la segunda por padecer un ligero mareo, es lo cierto que el Jurado, aunque hubiese declarado probada tal circunstancia, en modo alguno podría pronunciarse sobre si ello influyó o no en la declaración prestada ante la Guardia Civil (que por cierto, siempre mantuvo la normalidad del acusado) toda vez que el Jurado no presenció; debiendo suponerse que si aquél estaba asistido de Letrado (como lo estuvo), por este se habrían adoptado las medidas pertinentes, caso de observar que el acusado no estaba en condiciones de declarar; bien pudo la Defensa llevar a dicho Letrado como testigo, al plenario, y no lo hizo; en cuanto a la declaración prestada ante el Juzgado, obvia decir si el propio Juez (al igual que el Letrado asistente) hubiese apreciado que el acusado no se encontraba en condiciones de declarar, tampoco le hubiese tomado declaración en ese momento; por consiguiente, la inclusión de dichos párrafos, en el objeto del veredicto, a los fines pretendidos, resultaba totalmente intranscendente para valorar el estado del acusado, tanto en el momento de los hechos como en el de prestar declaración".

Por todo lo cual, ratificamos el anunciado fracaso del Motivo.

TERCERO

El segundo Motivo también toma el cauce orgánico precitado para denunciar igualmente vulneración del Derecho a la Tutela Judicial efectiva al alegar infracción del art. 63-1º d) de la L.O.T.J.

Según el recurrente se ha quebrantado la norma adjetiva que ordenaba a devolución del acta del veredicto del jurado (art. 63.1 d) de la L.O.T.J.) por evidente contradicción entre los hechos declarados probados por el Jurado, siendo los requisitos básicos de esta impugnación: a) Contradicción interna en el veredicto, b) Forma y momento procesal de alegar el error padecido por el Magistrado Presidente, al no haber ordenado la devolución del acta del veredicto; y c) Indefensión y vulneración del principio de tutela judicial efectivo.

Como bien se destaca en el escrito de impugnación de la Acusación Particular, siendo el primer postulado sustento obligado de los otros dos, de acreditarse la inexistencia de aquél estos pierden toda virtualidad impugnativa. Y así ocurre porque la finalidad perseguida, esencialmente referida a cuestionar la consecuencia de la premeditación, se desvanece apriorísticamente a virtud de la ya referida aplicación como ley penal más favorable del Nuevo Código Penal. De ahí que, aún cuando el objetivo final recurrente se alcance -ese es el mérito de su promotor- tal determinación no responde a su iniciativa dialéctica en este apartado, pues, a tal fin, ésta quedaría descalificada por los argumentos desarrollados en el fundamento jurídico noveno de la combatida que -por lo que hemos anticipado- en este caso no merece la pena reproducir.

En su consecuencia, el Motivo se rechaza.

CUARTO

El tercer apartado del recurso -amparado en el art. 5-4º de la L.O.P.J.- encauza una denuncia de vulneración constitucional, pues, a criterio de su promotor, la Sala sentenciadora en segunda instancia ha infringido el art. 24-1 en relación con el art. 120-3 de la Constitución Española y 61.1 D de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, ya que dado el objeto del veredicto, el mismo adolece de la necesaria motivación.

Las razones a esgrimir para justificar el rechazo de la censura que ahora se analiza son las que incorpora el fundamento jurídico décimo de la resolución recurrida a cuyo contenido nos remitimos, no sólo para evitar innecesarias reiteraciones, sino porque recoge las exigencias implantadas al efecto en la Sentencia de esta Sala de 8-8-98 -citada en la combatida- y en aquéllas otras más recientes como las de 29-5 y 11-9-2000 y que, en síntesis, vienen a confirmar que la motivación debe de satisfacer la exigencia derivada de la interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 de la Constitución) y, en el caso de Sentencias condenatorias, además, debe expresar las razones por los que entiende que el derecho fundamental a la presunción de inocencia ha sido enervado por una actividad probatoria tenida por prueba de cargo, si bien "tratándose de sentencias dictadas por el Tribunal del Jurado es obvio que no puede exigirse a los ciudadanos que integran el Tribunal el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que debe exigirse al Juez profesional y, por ello, la Ley Orgánica del Tribunal de Jurado impone una "sucinta explicación de las razones..." (art. 61.1 d) de la convicción, las cuales deberán ser complementadas por el Magistrado-Presidente en tanto en cuanto pertenece al Tribunal atento al desarrollo del juicio, en los términos antes analizados, motivando la sentencia de conformidad con el art. 70.2 de la LOTJ.". En definitiva, lo único rechazable es que el veredicto o la sentencia, se limite a "una escueta y simple calificación o encaje de los hechos declarados probados en una norma jurídica", desterrando toda motivación; ésta ha de existir aunque no es preciso que sea exhaustiva, sino que puede ser concisa y escueta.

En el presente caso no ha existido -y así lo hace constar el referido fundamento jurídico de la combatida en correspondencia con el proceder que obra en los autos, una fórmula genérica, sino que -muy al contrario- hecho por hecho (tanto los favorables como los desfavorables) se han ido exponiendo cuales son los elementos de convicción que los jurados han tenido en cuenta para declarar o no como probados cada uno de aquéllos; lo que no puede pretenderse es que, por ejemplo, cuando se hace referencia al testimonio de una persona, los jurados transcriban en el acta la declaración a que hacen referencia, lo que significa que sí según el recurrente "el Jurado debe detallar las líneas generales de su razonamiento en el acta de votación del veredicto" la simple lectura de dicha acta, precisamente, lo que demuestra es que esas líneas generales están detalladas "y si al dar como no probado el hecho 28º ("si Oscar después de producidos los hechos todavía permaneciendo en el inmueble, efectuó una llamada de teléfono al cuartel de la Guardia Civil de Atienza, con el fin de entregarse a los mismos y aclarar lo ocurrido. Llamada que no fue contestada al estar el cuartel de la Guardia Civil de Atienza cerrado a esas horas") se expone que no lo dan como probado "puesto que no existen documentos ni pruebas testificales que así lo indiquen", lo único que el Jurado está haciendo es motivar dicha negativa a darlo como probado, porque no existen pruebas de que la llamada se efectuó; y es que, efectivamente, no existe prueba alguna, ni siquiera indiciaria, que demuestre tal llamada salvo la propia manifestación del acusado".

Por lo tanto consideramos con los impugnantes del Recurso, que el veredicto en absoluto adolece de falta de motivación, sino que es clara, concisa y, sobre todo, precisa, impidiendo una valoración aleatoria o infundada de las pruebas practicadas. Ello significa que la concreción de la prueba de cargo exigida por la garantía constitucional de la presunción de inocencia, simplifica, en gran medida, la exigencia al Jurado de la motivación del veredicto, que sólo debe consistir en la referencia a los elementos de convicción que ha tomado en consideración para efectuar sus pronunciamientos fácticos, -según previene el art. 61.1.d) de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado- como sucinta explicación de las razones que determinan su convicción, pues ésta, como constatación de la realidad de una proposición fáctica, se fundamenta en el resultado de las pruebas que avalan la realidad de tal proposición.

En su consecuencia, ratificamos el anunciado rechazo del Motivo.

QUINTO

El correlativo epígrafe recurrente también se basa en el art., 5-4º de la L.O.P.J. para denunciar infracción del art. 120-3 de la Constitución Española en relación con el art. 70-2 de la L.O.T. J. 5/1995 de 22 de mayo, al considerar que las sentencias tanto de la primera como de la segunda instancia están ayunas de motivación.

Insiste el autor del Recurso en su alegato de ausencia motivadora con un extenso discurso analítico de las resoluciones que sirven de soporte a la condena de su patrocinado que tiene como colofón afirmaciones de extrema contundencia del siguiente tenor: "A la vista de los insuficientes fundamentos antes del objeto del veredicto y después de la sentencia del Tribunal Provincial, se nos está vedado además, la posibilidad de formalizar este recurso con las debidas garantías, infringiendo el derecho a la tutela judicial efectiva, por cuanto no sabemos que debió pensar e imaginar el Tribunal sentenciador, al no constar la más mínima motivación en la sentencia. La motivación a la vista de la sentencia, ni fue escueta, ni breve, ni acertada -como se dice en la sentencia objeto de recurso fundamento jurídico duodécimo. sencillamente inexistente." De ahí que concluya con que "es procedente anular la sentencia con devolución de la causa al Órgano de procedencia con el fin de que subsane el error incurrido, al no saber ni conocer las razones de la condena de Oscar ".

Pues bien, aquí de nuevo se hace preciso acudir al contenido de la recurrida, -en este caso al fundamento jurídico duodécimo-, para descartar la tesis recurrente, si bien, para dejar al descubierto las carencias argumentales de ésta, conviene reproducir aquél en la parte que se refiere a la estructura del Motivo: éste "comienza en las dos líneas finales del folio 31 del recurso (Tomo 6º) y termina al final del folio 34, es decir, tres folios, de los cuales, el 32 y el 33, los dedica, prácticamente a copiar los fundamentos 2º y 3º de la sentencia y, en el 34, se limita, nuevamente, a transcribir un párrafo de la sentencia del T.S. de 8 de octubre de 1.998 ya citada al exponer el motivo tercero sobre falta de motivación del veredicto", y, a la exégesis de los preceptos que se dicen infringidos "incorporando al presente fundamento lo ya expuesto al analizar el citado motivo tercero, se ha de añadir que el art. 70-2 de la L.O.T.J., que se dice infringido, establece que <> y habrá de estarse a que tal mandato se cumple sobradamente en la sentencia recurrida, precisamente, en el fundamento segundo que hoy se impugna; que el art. 120-3 de la C.E. exige también una motivación de la sentencia, pero no lo es menos que tal motivación, se da en la resolución impugnada y no sólo en cuanto a concretar la prueba de cargo que se tuvo en cuenta para llegar al veredicto de culpabilidad, sino también respecto a las circunstancias modificativas de responsabilidad concurrentes, exponiéndose, tanto lo que por la doctrina se entiende como premeditación y alevosía, así como las pruebas de cargo tenidas en cuenta por el Jurado para apreciar dichas circunstancias; razonándose porqué la declaración, como probados, de determinados hechos (concretamente el 23 y el 24 del objeto del veredicto) da lugar al acogimiento de las referidas circunstancias; el apelante partiendo de una premisa falsa -que el veredicto no está fundamentado- llega a la conclusión de que la sentencia tampoco lo está, olvidando, sin duda que, precisamente, por imperativo del art. 70-2 de la L.O.T.J., la sentencia debe <>".

Tal razonar ya sería bastante para justificar el anunciado rechazo del Motivo, más no resulta ocioso recordar que -de acuerdo con la doctrina jurisprudencial precedentemente citada- la Motivación no constituye "un requisito formal sino un imperativo de la racionalidad de la decisión y, en consecuencia, constituye motivación suficiente aquella que permite a un observador imparcial apreciar que la decisión tiene un fundamento razonable y no es fruto de la mera arbitrariedad. Ello se consigue en los supuestos de prueba directa, con la mención o referencia a los testimonios, informes periciales, documentos, etc, que avalan la veracidad de las proposiciones fácticas aceptadas por el Jurado, sin que sea necesario extenderse en los mecanismos puramente psicológicos del convencimiento, que no son exigibles, en realidad, a ningún Tribunal ni en nuestro Ordenamiento ni en los Ordenamientos Jurídicos de los países de nuestro entorno.

Extremar el rigor en las exigencia de motivación del veredicto del Jurado, determinando con ello la reiterada anulación de sus resoluciones, con la consiguiente repetición de los juicios que conlleva un ineludible efecto negativo en los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas, puede constituir, bajo el manto de un aparente hipergarantismo, la expresión real de una animosidad antijuradista que puede hacer inviable el funcionamiento de la Institución tal y como ha sido diseñada por el Legislador.

Ha de buscarse, pues, el equilibrio entre los derechos constitucionales implicados ponderando la suficiente motivación de la racionalidad de la decisión con el modelo de justificación, escueto y sin necesidad de artificio, que puede proporcionar un Jurado.

SEXTO

El Motivo sexto toma idéntico cauce orgánico que sus inmediatos antecedentes para denunciar vulneración "de los arts. 24-1 y 120-3 de la C.E., reclamando el derecho a la tutela judicial efectiva al considerar que la pena impuesta adolece de motivación".

Si es cierto que la censura ahora analizada resultaba fundada respecto de la resolución dictada por el Tribunal del Jurado, frente a la sentencia ahora recurrida -es decir la emitida por la Sala de lo Civil y Penal del T.S.J. resolviendo el Recurso de Apelación- no cabe su estimación, dado que el fundamento jurídico decimotercero de la misma está destinado en su integridad a justificar el alcance temporal de las penas impuestas a partir de la consideración de los delitos cometidos y las circunstancias concurrentes, lo que elimina cualquier reproche de desproporción o arbitrariedad en el ejercicio de la facultad discrecional otorgada a los Tribunales a tales efectos y suple la omisión detectada en la primera instancia a través de una función jurisdiccional integradora que, en casos como el presente, resulta homologable al operar sobre unos datos, elementos y circunstancias plasmados en el "factum" que, activando una línea de individualización penológica como la explicitada, cubre con largueza tal exigencia y da cumplida satisfacción a la Tutela judicial efectiva que, en definitiva, es el Derecho cuestionado en el Recurso, de suerte que, sin necesidad de acudir a invocaciones jurisprudenciales y teniendo por reproducidos los términos de la precitada fundamentación jurídica, rechazamos la postulación recurrente.

SÉPTIMO

Dado el vehículo impugnativo utilizado -art. 5-4º de la L.O.P.J.- la naturaleza de la censura: vulneración del Derecho a la Presunción de Inocencia consagrado en el art. 24-2º de la C.E. en relación con los arts. 406-4º y 407 del C.Penal de 1.973 y la pretensión deducida en los Motivos séptimo y octavo del Recurso, que no es otra que alegar la ausencia de premeditación como circunstancia cualificadora del Asesinato, entendemos justificado el tratamiento unitario de ambos apartados recurrentes.

En este concreto debate aparecen los argumentos expuestos, tanto por el Ministerio Público como por la Acusación Particular, esencialmente centrados en rechazar un esquema de fragmentación legislativa proscrito por las normas de derecho intertemporal del Nuevo Código Penal.

Pues bien en esa dialéctica hemos de terciar con efectivos criterios jurisdiccionales e interpretando una real intención impugnativa que saca partido de todas las posibilidades que la situación normativa ofrece a la hora de enjuiciar los hechos en el seno de una estrategia defensiva a ultranza.

El fundamento jurídico decimocuarto de la combatida trata la cuestión desde la perspectiva de la subsunción típica de los hechos declarados probados, más no desde la panorámica de la opción aplicativa, la cual se abre por vez primera en este trance con un vigor que, a pesar de tener un carácter expositivo formalmente residual o alternativo, alcanza específica relevancia por la transcendencia que incorpora al debate abierto en torno a la presencia de la premeditación.

En todo caso vaya por delante que, a partir de las acreditaciones probatorias incorporadas a la causa y de cuya resultancia ofrece -después de su ponderada evaluación- puntual constatación el "factum", los argumentos desarrollados en el precitado fundamento jurídico resultan convincentes en orden a la apreciación de la agravante cuestionada frente a las razones esgrimidas por quien recurre y que, por otro lado, el inicial y formal rechazo que como cuestión nueva ofrece el planteamiento impugnativo reseñado, cede necesariamente ante consideraciones sustantivas y de rango estructural que están, natural y apriorísticamente, incorporadas al Derecho a la Tutela Judicial efectiva en su dimensión constitucional y en una de sus concretas facetas cual es cuando objetivamente tal opción resulta indiscutible la aplicación de oficio de la Ley Penal más favorable.

Por ello, al margen de que la dimensión abierta en torno a la presencia de la Premeditación encajaba más en el propio diseño conceptual de dicha agravante -en el que se conjugaban el elemento cronológico y el psicológico al que atendía más la jurisprudencia y que suponía una madura reflexión excluyente de su identificación con la meditación que suele preceder a la generalidad de las infracciones criminosas dado que la premeditación supera el ámbito de aquélla- la agravante cuestionada exige ahora obligadas referencias legislativas que, definitivamente, anulan sus posibilidades de ser apreciada y ello porque las nuevas previsiones legales convierten en ocioso un debate en torno a esa circunstancia de agravación al ser la entrada en vigor del Nuevo Código Penal, aprobado por L.O. 10/95, de 23 de Noviembre, la que contundentemente justifica la inaplicación agravatoria enunciada, dado que del elenco de las circunstancias recogidas en el art. 22 y, consecuentemente, de las cualificadoras del Asesinato previstas en el art. 139, ambos del nuevo Texto punitivo vigente, ha desaparecido toda referencia a la Premeditación.

Así pues, a nuestro entender, -y de acuerdo con doctrina sentada por esta Sala en Sentencias de 8-11-96, 21-12-96 y 23-4- 97- tal exclusión normativa, a la vez que activa su inmediata operatividad como Ley Penal más favorable dado que la rotundidad de su contenido anticipa las posibilidades aplicativas de oficio sin necesidad de agotar trámites revisorios, justifica el cierre del planteamiento casacional abierto en los apartados del Recurso, el cual definitivamente queda cancelado, aún cuando ello no signifique el rechazo de la pretensión deducida, la cual, por las razones expuestas y no por ser vulnerado el Principio de Presunción de Inocencia, deberá tener reflejo en posteriores razonamientos de esta resolución y en la parte dispositiva de la misma.

OCTAVO

El noveno Motivo -también a través del art. 5-4º de la L.O.P.J.- encauza una censura de vulneración del Principio de Presunción de Inocencia consagrado en el art. 24-2º de la C.E. "en relación con el art. 8-4º del C.P. de 1973 por su inaplicación".

Entiende el autor del Recurso que "dados los hechos declarados probados, tuvo que ser apreciada la eximente completa de legítima defensa respecto de la muerte de Ricardo , ya que, como se ha puesto de relieve en otro Motivo, existe contradicción en los hechos declarados probados y, por ende, en el veredicto y ni en el veredicto ni en la sentencia se motiva la no apreciación de la referida eximente.

Por más empeño dialéctico que ponga en ello el recurrente la instrumentación del socorrido Principio Constitucional no sirve para encubrir la verdadera naturaleza de su censura, que no es otra que la propia de una denuncia de infracción sustantiva cuya referencia inexcusable es el integral contenido de los hechos probados que -como tal- debe ser respetado.

En su consecuencia, lo que pretende quien recurre -así lo destaca con acierto el fundamento jurídico decimosexto de la sentencia de instancia- es dar como probada su versión de los hechos, olvidando que dicha versión ha sido declarada no probada por el Jurado (hechos 15º, 18º y 35º respecto a al legítima defensa). Si a ello se añade que quien alega la concurrencia de una circunstancia modificativa de responsabilidad debe probarla y esta probanza no ha tenido lugar en el caso de autos o, al menos el Jurado no lo ha tenido como probado, y que el propio recurrente, tanto en el escrito de calificación, como en el objeto del veredicto e, incluso, en el mismo escrito del recurso de apelación, sostiene que entre el acusado y Ricardo se produjo una discusión que terminó en una pelea mutua, lo cual viene, "per se", a eliminar la eximente alegada, según doctrina de nuestro más Alto Tribunal que no admite tal eximente en una riña mutuamente aceptada, necesariamente habremos de ratificar el anunciado rechazo del Motivo sin necesidad de reproducir los elementos interpretativos referidos al modo de producirse el suceso -que también se recogen en el referido fundamento jurídico- y a cuya virtud, de resultar probada la versión ofrecida por la defensa del condenado, quedarían descartados, porque "el Tribunal habría declarado acreditados los hechos 15º y 31º del objeto del veredicto que, sin embargo, fueron rechazados".

NOVENO

El décimo Motivo denuncia "infracción del Derecho a la Presunción de Inocencia, art. 24-2º en relación con el art. 10-1º del C.Penal de 1.973" (sic)

En este caso, estima el recurrente que, del relato de hechos probados de la sentencia, se evidencia la ausencia de alevosía en la muerte de la esposa del acusado.

En realidad, y como ocurre con otros apartados del recurso, la específica composición del enunciado del Motivo en la que es de ver como se invoca el tan utilizado principio de presuntivo en relación con la censura de infracción de un precepto sustantivo, no parece sino responder a un habilidoso propósito impugnativo con el que, desviando la atención hacia consideraciones probatorias o ausencias de razonamiento sobre detalles de la agresión obviar la obligada referencia del respeto integral que el "factum" merece. En todo caso, reconocemos ese esfuerzo dialéctico como tal, más no como objetivo alcanzado por más que la exposición se aderece con citas jurisprudenciales .

En este punto conviene reafirmar que -tal como destaca el acusador privado impugnante del Recurso supliendo argumentalmente la orfandad del alegato del Ministerio Público- según bien dice la sentencia ahora recurrida , el verdadero dato a tener en cuenta no es la inexistencia en el veredicto de la configuración de la alevosía en la persona de Filomena , sino su desarrollo y plasmación en la Sentencia. De ahí que recurrir la configuración del hecho alevoso en el veredicto no tiene mayor importancia, ya que, una lectura rápida a la vez que sencilla del reiterado objeto, viene a configurar perfectamente tal extremo en los apartados 23, 24 en cuanto a los hechos y el 31 en cuanto a la calificación de estos hechos.

La omisión sufrida en la primera sentencia de no incluir en su relación fáctica los hechos 23 y 24 del objeto del veredicto declarados como probados por el Jurado y que están directamente relacionados con la apreciación de la alevosía, ha de ser considerada como un error involuntario o material subsanado en el sentencia dictada en apelación cuando se estima el Recurso del Ministerio Fiscal sobre tal extremo. En dicha resolución se justifica dicha corrección fáctica con razonamientos que, por su lógica concatenación y explícita contundencia, merecen ser reproducidos para justificar la cancelación de las posibilidades estimativas de la propuesta recurrente. Se dice al respecto:

"Efectivamente, el simple examen del objeto del veredicto y del acta de votación, demuestra que el hecho nº 23 de aquel fue tenido como probado en esta, siendo dicho hecho del siguiente tenor literal: <>; la no inclusión de dicho hecho, vulnera realmente, el mandato d los citados artículos, toda vez que en los mismos se dispone que el Magistrado Presidente ... dictará sentencia en la que se recogerá el veredicto del Jurado y que incluirá, como hechos probados y delito objeto de condena o absolución el contenido correspondiente del veredicto; por consiguiente tal hecho 23º, se ha de entender incorporado a la relación fáctica de la sentencia máxime, cuando en el fundamento jurídico tercero de dicha resolución, párrafo último, el Sr. Magistrado Presidente, hace referencia al citado hecho 23 y al hecho 24, que por cierto, tampoco se incorporó a los hechos probados (sin duda, en ambos, por error involuntario) por lo que también , éste, debe entenderse incluído en aquélla, pese a no haber sido solicitado por parte alguna; por consiguiente, la alegación realizada por el recurrente principal, de que no existió ataque súbito ni sorpresivo ni inesperado, carece de todo fundamento, partiendo, claro está, de los hechos declarados probados; las razones que llevaron a dicho Tribunal a tal declaración, se exponen al folio 5 del acta de votación, sin que esta Sala pueda entrar, se repite, en la valoración de la prueba; de cualquier forma, tal actuación alevosa se desprende del conjunto de la relación fáctica (además del hecho 23º) como puede comprobarse en el hecho 6º -declarado probado- cuando dice: <>, del hecho 7º. <>; así como del hecho 31º, relativo a la culpabilidad, al declararse al acusado culpable de haber dado muerte a su esposa <>".

A partir de tal descripción fáctica y del contexto general del suceso, dada la sorpresa de la agresión, lo súbito del acometimiento y la ausencia de utilización de medio defensivo alguno, no ofrece duda la concurrencia del proceder alevoso. Por ello, el Motivo se rechaza.

DÉCIMO

El undécimo apartado recurrente utiliza también la invocación del Principio de Presunción de Inocencia como infringido para anudar dicha denuncia con la de indebida aplicación del art. 406 e inaplicación del art. 565, ambos del C. Penal de 1.973.

La subsidiariedad del alegato es manifiesta respecto a su precedente aún cuando nuevamente se utiliza el Principio presuntivo constitucional para cuestionar la calificación jurídica de los hechos. Proceder rechazable, no sólo por su impropiedad esencial respecto a la funcionalidad del mencionado Principio, sino también porque la pretensión de considerar la muerte de Filomena como un Delito de Imprudencia Temeraria con resultado de muerte choca tan frontalmente con el "factum" de la combatida que dicho planteamiento reduce la argumentación del Motivo a una sucinta referencia al contenido del octavo en el que se desarrolla una hipotética y alternativa versión de los hechos en base a una fragmentada y parcial valoración probatoria específica y aisladamente residenciada en declaraciones de médicos forenses que queda descartada en razón de su heterodoxa composición y a virtud de lo argumentado en el inciso final del fundamento jurídico decimocuarto de la recurrida al señalar que: apreciada pues, la concurrencia de la alevosía resulta evidente que los hechos han de ser calificados como asesinato y no como homicidio doloso, descartándose, por ende con más razón el homicidio imprudente del art. 565 del C.Penal, que es como tipificó la Defensa, la muerte de Filomena , en sus conclusiones definitivas; tipificación que, en momento alguno, puede realizarse y menos desde el momento en que sometida la misma al Jurado (hecho 13º), por éste se declaró no probada por unanimidad, al igual que ocurrió con el hecho 34º. Por todo ello, no ofrece duda la desestimación del Motivo.

UNDÉCIMO

El duodécimo Motivo se formula "por vulneración del art. 24-2 C.E. -derecho a la presunción de inocencia- en relación por su inaplicación del art. 9-1 en relación con el art. 8-1 del Código, que autoriza el art. 5-4º L.O.P.J. y 849-1 de la L.E.Cr.".

El Motivo no se aplica -a pesar de su proclama en hacerlo- a respetar los hechos probados sino a plantear evaluaciones probatorias plurales desde una perspectiva que además de ser invasiva de facultades que no corresponden a las partes del proceso, aparece interesada en configurar una situación anímica del acusado que encaje en la pretendida enajenación.

Nuevamente tal propósito y proceder recurrente debe ser rechazado, porque -según se afirma por la acusación particular al impugnar el Recurso y en la propia combatida- "la parte sigue dando su versión olvidándose de aquélla que por el Jurado se ha tenido por probada; si por dicho Tribunal se hubiesen tenido como probados los hechos 25º, 26º y 27º, indudablemente que tal circunstancia hubiese podido prosperar, pero es el caso que tales hechos se han tenido como <>". De suerte que "la tajante declaración como <> de los hechos 25º, 26º y 27º, deja bien claro que los jurados no admitieron dichos hechos; no considerando probado que el acusado tuviese afectadas, ni poco ni mucho su capacidad de conocimiento y/o voluntad; y es que mal puede entenderse la existencia de una enajenación mental, ni siquiera incompleta, en quien va conduciendo su vehículo sin problemas, lo aparca para no ser visto en la parte trasera de la vivienda, escala, escala, a través de un garaje hasta una terraza, rompe el cristal de su puerta, penetra en la casa, mata a su esposa y a su cuñado y tras ello se sienta, << tranquilo y satisfecho>> diciendo a una vecina que <>, para a continuación, entregar a su hijo a dicha vecina y marcharse; alega que marcó el teléfono de la Guardia Civil, el cual recordaba; posteriormente dice que pide a unos vecinos de otro pueblo que le lleven a curar pero que como tardaban continuó con su coche y cuando la Guardia Civil le da el alto les dice <>; como ya se ha sostenido con anterioridad, si el acusado fue diagnosticado antes de los hechos como bebedor perjudicial, o si estuvo tomando más o menos copas, es algo que, aún habiendo sido declarado probado -que no lo ha sido- no hubiera resultado transcendente; lo importante y transcendente es la situación en que el acusado se encontraba en el momento de los hechos y en ese momento, según los peritos médicos, su tasa de alcohol era la de 0'60 a 0'68 ml., por litro de aíre espirado, según se declara probado, por unanimidad en el hecho 2º del objeto del veredicto, lo que no influiría en sus facultades intelectuales ni volitivas; el Jurado, al no declarar probado el hecho 34º, así lo entendió, en relación con los hechos 25º, 26º y 27º, que se repite, tampoco se declararon probados".

Dicha referencia fáctica resulta, pues, determinante para excluir la pretensión recurrente relegando ésta a un puro planteamiento dialéctico que únicamente resultaría operativo de ser otra la narración de lo acontecido asumida por el Jurado. De ahí el fracaso anunciado.

DUODÉCIMO

El decimotercer apartado recurrente sigue la misma tónica enunciativa que sus antecedentes inmediatos - reseñando como cauce casacional el art. 5-4º de la L.O.P.J.- para denunciar vulneración del Principio de Presunción de Inocencia del art. 24-2º de la C.E. en relación con el art. 9-9º del C. Penal.

Estima el autor del Recurso que debería haberse apreciado a su patrocinado la atenuante de arrepentimiento espontáneo, alegación que no aparece formulada en las conclusiones definitivas de la defensa. Más aún salvando dicho planteamiento "per saltum" que, en definitiva, sustrae al debate contradictorio cuestión tan relevante, tampoco se viabilizan los propósitos recurrentes ante el obligado e integral respeto al "factum" que impone una censura de infracción sustantiva aún cuando venga acompañada de la reseña de la vulneración de la Presunción de Inocencia. La revisión fáctica ofrecida por la asistencia letrada del acusado no sólo difiere de la aceptada por el Jurado -que declaró no probado el hecho 28º- sino que la alternativa defensiva planteada en torno al modo que se produce el encuentro con la Guardia Civil que detuvo a aquél en caso alguno aparece como resultado de su entrega voluntaria de aquél sino que es la captura del autor de los crímenes, el cual, por otra parte, cuando presta declaración ante la Benemérita no reconoce los hechos, determinación, desde luego, incompatible con una actitud de arrepentimiento o contrición. Por todo ello, el Motivo también perece.

DECIMOTERCERO

En el decimocuarto epígrafe del Recurso se denuncia "infracción del art. 24-2º de la C.E., derecho a la Presunción de Inocencia en relación por su indebida aplicación del art. 10-8º del C. Penal de 1.973".

Con toda rotundidad dice el recurrente que "los hechos declarados probados en la sentencia de la primera instancia, no describen situación alguna respecto de la secuencia de la muerte de D. Ricardo que haga suponer que obró mi representado bajo la agravante de abuso de superioridad" para, seguidamente, afirmar que "el fundamento jurídico primero de la sentencia, no aporta en absoluto elemento clarificador, que motive la imposición de la agravante. El fundamento jurídico tercero, tampoco aporta mayor razón de su aplicación".

En realidad, y siguiendo la tónica expositiva y argumental que empapa todo el Recurso, más que cuestionar la certeza y plasmación del comportamiento cuestionado, lo que realmente se censura son las carencias motivadoras de su justificación y aplicación y, sobre todo, su manifiesta la discrepancia con la calificación jurídica.

Vaya por delante en todo caso que, por unanimidad, resultó probada "la manera de agredir y dar muerte a Ricardo , es decir produciendo como única respuesta del fallecido el levantar su brazo izquierdo para evitar la cuchillada mortal y desprovisto de todo medio defensivo (apartados 9 y 24 del objeto del veredicto). De ahí que la invulnerable literalidad del "factum" abocaría al rechazo del Motivo. Si a ello se une que la disconformidad con la calificación jurídica no se ha instrumentado por la vía adecuada cual sería la del nº 1 del art. 849 de la L.E.Cr. y que el apartado final del fundamento jurídico decimoquinto de la combatida se destina íntegramente a razonar la apreciación de la agravante en términos que, por su expresiva contundencia, descalifican la censura de falta de motivación, necesariamente el Motivo ha de decaer.

DECIMOCUARTO

El decimoquinto apartado recurrente utiliza la vía del art. 849-1º de la L.E.Cr. para denunciar infracción, por indebida aplicación, del art. 490-2º del C. Penal.

Sugiere quien recurre -en un posicionamiento impugnativo realmente contradictorio con la argumentación utilizada para justificar las censuras que preceden a la que ahora se analiza- que, ante los hechos probados de la sentencia, el "animus" propio del delito de allanamiento de morada es inexistente ya que el acusado "nunca quiso ni se representó ofender el bien jurídico de la intimidad ajena" o, en todo caso, que la presencia del "animus necandi" debería excluir por absorción el ánimo de allanar un domicilio.

Frente a dicha proposición, el Ministerio Fiscal postulaba que la infracción del meritado art. 490-2º del C. Penal se habría producido, destacando al efecto el error penológico padecido en la instancia al imponer pena de Arresto Mayor en lugar de Prisión Menor.

Pues bien, la Sala de lo Civil y Penal del T.S. J optó (fundamento jurídico decimoséptimo) por la solución que se acomoda a las directrices de la Consulta de la Fiscalía General del Estado 10/97, la cual no se hace sino eco de una línea jurisprudencial de las que son exponentes, entre otras, las Sentencias de 11-5-85, 16-6-90 y 17-3-92 y, a cuya virtud, negada en el delito de allanamiento de morada la exigencia de un especial elemento subjetivo del injusto queda expedito el camino para llegar a una solución concursal cuando la invasión ilegítima de la morada ajena era el medio para realizar un atentado contra otros bienes jurídicos: integridad física, vida, libertad sexual... Dicha conclusión se acomoda al caso de autos ya que al concurrir en el mismo las circunstancias ya descritas de "modus operandi" y finalidad última perseguida, el allanamiento debe considerarse como medial para la comisión de los Delitos contra las personas, pues la intención del acusado "no era violar la intimidad sino la de matar a su esposa y a su cuñado, como así hizo; estamos ante un concurso ideal de delitos que debe penarse en el grado superior del más grave, conforme se dispone en el art. 71 del C.Penal".

El Motivo, pues, se desestima.

DECIMOQUINTO

Como ya se apuntó en el fundamento jurídico séptimo de esta resolución, el automatismo aplicativo que impone la desaparición de la agravante de Premeditación en el Código Penal de 1995, la asignación al nuevo Texto a tales efectos de la calificación de Ley Penal más favorable y, por tanto, su aplicación retroactiva, ha de tener evidentes consecuencias sobre la calificación jurídica de los hechos, y sobre las sanciones de privación de libertad que les corresponden. Más aunque la disminución de su intensidad punitiva venga determinada por la beneficiosa aplicación del nuevo Código, no por ello desaparecen las circunstancias objetivas que, evidencian la grave entidad de la conducta y los irreparables efectos producidos en las personas de las víctimas. Operando sobre tan incuestionables realidades, eliminada la presencia de una circunstancia cualificadora del asesinato como es la Premeditación, permaneciendo la Alevosía en la acción desarrollada sobre uno de los sujetos pasivos -la esposa del acusado condenado- y la agravante de abuso de superioridad en la conducta realizada respecto a la otra víctima -cuñado de aquél- no queda sino concluir que los hechos han de ser calificados como un Delito de Allanamiento de Morada en concurso ideal con un Delito de Asesinato cualificado por la Alevosía y con un Delito de Homicidio en el que concurre la agravante de Abuso superioridad.

De ahí que, da acuerdo con lo dispuesto en el precitado art. 71 del C. Penal, la penas privativas de libertad a imponer serán:

  1. Por el Delito de Asesinato cualificado por la Alevosía: 26 años, 8 meses y 1 día de Reclusión (hoy Prisión).

y C) Por el Delito de Homicidio con la concurrencia de la agravante de abuso de superioridad: 18 años de Reclusión (hoy Prisión), manteniéndose el resto de los pronunciamientos de la sentencia recurrida no contradichos por la presente resolución, salvo en lo antecedentemente expuesto y debiendo añadirse en lo que se refiere al límite máximo de cumplimiento de las penas privativas de libertad que éste se aplicará, consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en la regla segunda del art. 70 del C.Penal de 1.973.

III.

FALLO

AÚN CUANDO DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma interpuesto por la representación del acusado Oscar , contra la sentencia dictada en Apelación el día nueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Castilla La Mancha, en la causa seguida contra el mismo, por Delitos de Asesinato, la aplicación de la Ley Penal más favorable en cuanto que en el nuevo Código Penal se ha eliminado la circunstancia agravante de Premeditación, determina que se case ya anule dicha sentencia por la pronunciada en el día de hoy. Condenamos a dicho recurrente al pago de las costas causadas.

Comuníquese esta resolución y la que seguidamente se dicta a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos con devolución de la causa que en su día remitió, interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintinueve de Enero de dos mil uno.

En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción de Sugüenza, Autos de P. Ley del Jurado 1/96, por Delitos de Asesinato contra Oscar , de nacionalidad española, con D.N.I. nº NUM000 , nacido el 24-11-1964, hijo de Ernesto y de Lourdes , natural y vecino de Viana de Jadraque (Guadalajara), calle DIRECCION000NUM001 , de profesión agricultor, con instrucción y antecedentes penales, de solvencia no concretada y en prisión provisional por esta causa, salvo ulterior comprobación; se dictó sentencia dictada con fecha 9 de noviembre de 1.999 por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, confirmando parcialmente la sentencia del Tribunal del Jurado de veintinueve de abril de 1.999, que ha sido CASADA Y ANULADA por la pronunciada por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo en el día de la fecha bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. Don Roberto García-Calvo y Montiel se procede a dictar esta Segunda Sentencia con arreglo a los siguientes:

ANTECEDENTES

Único.- Se dan por reproducidos los de la sentencia de instancia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Se aceptan y dan por reproducidos los de la Sentencia que a ésta precede.

III.

FALLO

Que debemos condenar y condenamos a Oscar como autor de un Delito de Allanamiento de Morada en concurso ideal con un Delito de Asesinato cualificado por la Alevosía a la pena de 26 años, 8 meses y un día de Reclusión Mayor y como autor de un Delito de Homicidio con la concurrencia de la agravante de Abuso de superioridad a la pena de 18 años de Reclusión Menor, con límite máximo de cumplimiento de las penas privativas de libertad dispuesto en la regla segunda del art. 70 del C.Penal de 1.973, manteniéndose y dando por reproducidos los restantes pronunciamientos de la sentencia de instancia no afectados por la presente.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

PUBLICACIÓN.- Leidas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Roberto García-Calvo y Montiel, mientras se celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.

68 sentencias
  • STS 116/2005, 10 de Febrero de 2005
    • España
    • 10 Febrero 2005
    ...de Benito , según criterio consolidado en múltiples sentencias de esta sala (por todas, SSTS 214/2001, de 16 de febrero y 77/2000, de 29 de enero de 2001) resulta constatable la existencia de una riña instaurada como consecuencia de aportaciones entre las que figuran, claramente, las del qu......
  • SAP Santa Cruz de Tenerife 280/2018, 26 de Julio de 2018
    • España
    • 26 Julio 2018
    ...que la cantidad suministrada es reducida y destinada a un sujeto concreto ( Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de abril de 1998 y 29 de enero de 2001 ) ya que, no obstante ese cambio de redacción que amplifica el ámbito de su aplicación hasta el extremo de poderse aplicar cuando esas con......
  • STS 288/2017, 20 de Abril de 2017
    • España
    • 20 Abril 2017
    ...que la cantidad suministrada es reducida y destinada a un sujeto concreto ( Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de abril de 1998 y 29 de enero de 2001 ) ya que, no obstante ese cambio de redacción que amplifica el ámbito de su aplicación hasta el extremo de poderse aplicar cuando esas con......
  • SAP Jaén 43/2007, 23 de Febrero de 2007
    • España
    • 23 Febrero 2007
    ...legítima defensa, sino que lo existe en una riña mutuamente aceptada sin posibilidad de apreciar la legítima defensa (Sentencias del Tribunal Supremo 77/2000 de 29.1.2001 y 214-2001 de 16-2 ); por todo lo cual se han de rechazar los motivos de recurso Por último, en cuanto a la referencia q......
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