Demografía y reformas del sistema de pensiones
Autor | Juan Antonio Fernández Cordón |
Cargo | Investigador del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC). Madrid. Demógrafo. Consejero del Consejero del Consejo Económico y Social de España. |
Páginas | 39-73 |
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Deseo aclarar, para empezar, sobre todo después de haber escuchado al Secretario de Estado, que mi ponencia se sitúa en un plano necesariamente distinto. No adopto, lógicamente, el punto de vista del gestor, responsable del Sistema de la Seguridad Social, cuyo referente es principalmente la acción política y cuyo objetivo, cuando se plantea una reforma, es hacer posible lo que, en el inicio, es contradictorio. Ha citado el Secretario de Estado el Pacto de Toledo como compromiso entre puntos de vista divergentes y también como vehículo de un pragmatismo que permite hacer reformas para mantener el Sistema, sin que estas reformas pongan en cuestión elementos fundamentales o tan importantes que puedan impedir la consecución de acuerdos políticos. Mi planteamiento será simplemente preguntarme, como lo pudieran hacer ustedes, de que manera interviene la demografía, en estos momentos, en el tema de las pensiones y de su reforma, en su problemática, en la búsqueda de soluciones si existen problemas, y en el debate que suscita la reforma. Mi intención es contribuir a clarificar el problema sin pretender, ni remotamente, entrar en propuestas concretas. Ni siquiera me arriesgaré a entrar a fondo en las consecuencias directas e indirectas de algunos análisis, aunque sí las mencionaré.
Hace tres o cuatro semanas leí en el diario Le Monde una declaración del Ministro de Trabajo del Gobierno francés, Eric Woerth, responsable de las pensiones en Francia, en forma de frase lapidaria: «a problema demográfico, solución demográfica», a propósito de la muy controvertida reforma de las pensiones. Ante una afirmación de este tipo me surgen tres tipos de preguntas. En primer lugar: ¿estamos realmente ante un problema demográfico, es decir exclusiva o principalmente demográfico?; en segundo lugar: ¿qué significa exactamente una solución demográfica; qué otras soluciones se excluyen?; y en tercer lugar ¿es todo tan sencillo como para caber en una simple frase contundente?
Situándome en el marco de estas tres preguntas, sin perderlas de vista, quiero ahora, para empezar, aportar algunos elementos de información analítica sobre la situación demográfica actual de España y sobre las tendencias futuras, cuestiones que conviene conocer lo mejor posible a la hora de plantear reformas del Sistema de protección social y de las pensiones en particular. En una segunda
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parte, me gustaría efectuar una suerte de disección de un muy famoso indicador: la ratio de dependencia, que pone en relación el número de personas en edad de trabajar (las de 1664 o de 2064 años) y el número de personas mayores (generalmente de 65 o más años). Es el indicador sobre el que, con mayor frecuencia, se apoyan los análisis de los efectos del envejecimiento de la población. A través de él, abordaremos las principales dimensiones del impacto de la evolución demográfica sobre el Sistema de pensiones.
Me gustaría finalmente terminar, si el tiempo lo permite, con una reflexión sobre lo que, a mi juicio, debería ser el eje de un enfoque demográfico en esta materia.
En los 10 años anteriores a la crisis, España vivió una especie de sacudida demográfica: fueron diez años de una inmigración que se puede calificar de muy importante o incluso de excepcional, cualquiera que sea el término de comparación. Las entradas de inmigrantes durante ese período fueron las mayores de Europa y casi del mundo, concentradas en un lapso de tiempo muy corto. Esta aportación demográfica, que nadie había anticipado, trastocó completamente las previsiones anteriores, en particular las realizadas a principios de los años noventa. En esa época, el futuro demográfico previsto era el estancamiento, lo que, evidentemente, no se ha cumplido sino que, por el contrario, se ha producido un crecimiento histórico de la población. En las proyecciones publicadas a principios de los noventa, la cifra de 40 millones de habitantes representaba una barrera infranqueable. A día de hoy (1/1/2010), la población de España supera los 47 millones, según datos oficiales del INE.
Además de este fuerte crecimiento, se han producido también otros cambios. El número de nacimientos, que venía disminuyendo
desde 1976, inició una recuperación a partir de 1997 y, en 2008, superó los 500.000, algo más de 100.000 nacidos por encima del punto más bajo de 1996. La inmigración ha aumentado la capacidad de crecimiento de la población, a través de su efecto sobre los nacimientos, lo que va a repercutir en la evolución futura de la cifra de población y, en menor medida, de su estructura por edades. Sin embargo, la incidencia sobre el nivel de fecundidad ha sido escasa y no será duradera. El bajo nivel de fecundidad, inferior a la mayoría de los países de nuestro entorno, sigue siendo la principal característica de la demografía española y, sin duda, la que más condicionará el futuro a largo plazo. Como se verá más adelante, las proyecciones actuales no contemplan una subida del nivel de fecundidad.
La conclusión es que la década de alto crecimiento demográfico no ha modificado las características básicas de la población española y de su dinámica, que son una esperanza de vida de las más altas del mundo, prácticamente la más alta en el caso de las mujeres y una de las más altas en el de los hombres, y una fecundidad que sigue estando entre las más bajas del mundo. El aumento de la fecundidad y del número de nacimientos en los últimos años1se debe, principalmente, a la fecundidad más elevada de las extranjeras y a su mayor juventud, que favorece los nacimientos. A medida que aumenta el tiempo de residencia en España, la fecundidad de las mujeres inmigrantes disminuye, acercándose a la de las mujeres españolas. Para que la inmigración tenga un efecto duradero sobre el nivel de fecundidad, es necesario que se mantenga el flujo de llegada de nuevas inmigrantes, que conservan, durante un tiempo, una fecundidad por encima de la media. Se ha producido también, en los últimos años, un repunte de la fecundidad de las mujeres españolas, causado en parte por la recuperación
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de nacimientos anteriormente retrasados y, en alguna medida también, por el hecho de que entre las españolas hay cada vez más mujeres que provienen de fuera y que han adquirido recientemente la nacionalidad.
En cuanto a las perspectivas de futuro, nos vamos a basar en las que ofrece el INE en las últimas proyecciones de población que ha publicado en 2009. Éstas prevén un aumento moderado de la fecundidad que aumentaría de 1,43 hijos por mujer en 2009 a 1,71 en 2048, año horizonte de la proyección. Las proyecciones más recientes de Eurostat, elaboradas prácticamente al mismo tiempo que las del INE, anticipan para la fecundidad un nivel algo más bajo (1,53 en 2060). Ninguna de estas dos visiones muy cualificadas contempla un claro avance de la fecundidad en el futuro, que no llegaría, en los próximos 40 años, al deseado nivel de reemplazo generacional, que se sitúa ligeramente por encima de 2 hijos por mujer.
Los cambios que se originan en la década de alto crecimiento y que van a mantenerse, afectan al origen de la población y por tanto a su creciente diversidad. Entre 1998 y 2010, la población aumentó en 7,2 millones de personas, de las cuales el 75,8% había nacido en el extranjero2. Es el efecto inmediato y directo de la inmigración. Pero buena parte de estos nuevos residentes está aquí para quedarse y los efectos sobre nuestra demografía se prolongan en el tiempo. Esta aportación de población, más joven que la media, favorece el crecimiento demográfico futuro, por su juventud y por su mayor fecundidad, aunque esta consecuencia indirecta de la llegada de inmigrantes desde 1998 irá atenuándose con el tiempo. La inmigración tiene finalmente un impacto sociológico por la mayor diversidad que introduce en la población, tanto por los que llegan de fuera como por la importancia de su descendencia en los nacimientos actuales y futuros. La proporción de nacimientos de niños con los dos padres españoles fue en 2009 de 76%, cuando en 1998 representaban casi el 95%. Una parte considerable de los nacimientos, al menos3uno de cada cuatro, es producto de la inmigración anterior.
Ahora que el flujo de inmigrantes se ha reducido, ¿cómo queda la capacidad de crecimiento futuro de la población española? A la vista de la situación del mercado de trabajo y de las escasas perspectivas de mejora importante del desempleo en los próximos dos o tres años, es tan improbable que se produzca una rápida subida de la fecundidad como que se incremente el flujo neto de inmigrantes. Incluso en esta perspectiva, a corto y medio plazo, la población puede seguir creciendo por su propia inercia, pero a un ritmo progresivamente menor.
A mayor plazo, la cuestión principal es si la fecundidad, que sigue estando entre las más bajas del mundo, puede recuperar el nivel que asegura el mantenimiento de la población. Pero también importa saber qué inmigración puede ser necesaria, o deseable, en función del nivel de fecundidad alcanzado, de la evolución de la estructura por edades y de la situación del mercado de trabajo. Veremos que las proyecciones más recientes del INE (2009) aportan una respuesta a estas cuestiones en forma de un escenario de futuro, según el cual, se va a producir un cambio radical del crecimiento demográfico, pasando del período de auge más pronunciado de nuestra historia, entre 1998 y 2008, a una expansión leve, casi un estancamiento de la población, de aquí al 2049. Es más, si se prolonga la proyección del INE después del 2049 (manteniendo constantes los parámetros del último año)4se puede
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ver que la española inicia un descenso a partir de 2050, hasta alcanzar, un siglo después, un nivel de equilibrio en torno a los 45 millones de habitantes, inferior a la población actual.
El escenario del INE está basado en una serie de hipótesis que conforman el conjunto de valores futuros de los componentes de la dinámica demográfica. La primera hipótesis es que la esperanza de vida de los españoles va a seguir creciendo de forma muy notable. La esperanza de vida al nacer pasaría de 84,4 años en 2009 a 89,9 en 2048, en el caso de las mujeres (un aumento de 5,5 años en los próximos cuarenta años) y de 78,0 años a 84,3 en el caso de los hombres, un aumento de 6,3 años, algo mayor que el de las mujeres, con lo que se reduciría la diferencia actual entre los dos sexos. La esperanza de vida a los 65 años, que es la que más interés presenta para el futuro de las pensiones, aumentaría proporcionalmente más, puesto que la reducción de la mortalidad beneficia actualmente sobre todo a los más mayores. Las mujeres ganarían, entre 2009 y 2048, 4,3 años después de los 65, pasando de 21,8 a 26,2 años. El aumento sería ligeramente menor en el caso de los hombres: 4,1 años, de 17,8 a 21,9 años.
Existe una continuidad manifiesta entre este escenario y la tendencia observada en los años anteriores, lo que puede considerarse una hipótesis razonable. Otra opción hubiese sido fijar un valor horizonte para la esperanza de vida, basado en la evolución de los factores sanitarios, sociales y económicos que inciden en la mortalidad, una práctica muy poco frecuente, por su dificultad, a la hora de elaborar proyecciones. Recurrir a lo que ocurre en otros países, método muy utilizado en el pasado, no sirve actualmente porque, con el bajo nivel de mortalidad actual, no podemos encontrar nuestro futuro en el presente de ningún país. Sin embargo, conviene señalar, que prolongar las tendencias recientes conduce a unos niveles muy elevados de esperanza de vida y que los resultados a largo plazo pueden verse desmentidos por obstáculos a la creciente longevidad, según se empieza a percibir en algunos países como Estados Unidos, sin hablar de la situación de Rusia, donde, desde hace varios años la esperanza de vida desciende. También podrían producirse cambios en el campo de la medicina y de los hábitos sociales, que propicien mayores ganancias de esperanza de vida aunque estos son, hoy por hoy, más difíciles de predecir.
Otra hipótesis, de gran importancia en el momento actual, se refiere a los flujos futuros de inmigración. El INE desarrolla en su última proyección, un escenario en el que coexisten un flujo importante de llegadas de inmigrantes (aunque inferior al promedio del período 19982008) y un volumen de salidas de extranjeros, también importante. El resultado es un saldo positivo que se puede calificar de moderado: un total de 2.670.000 personas en los próximos cuarenta años, aproximadamente 67.000 entradas netas, en promedio anual entre 2009 y 2048.
La proyección no explicita los fundamentos de esta hipótesis y, en particular, su relación con la situación del mercado de trabajo. Es necesario recalcar que no es equivalente que la aportación inmigratoria se produzca por la llegada de 67.000 inmigrantes adicionales cada año a que resulte de un saldo de entradas y salidas importantes. En el primer caso, el aumento de la inmigración por encima de lo que el INE proyecta pasaría siempre por un aumento de las llegadas de nuevos inmigrantes. En el segundo caso, puede aumentar el saldo tanto por la llegada de nuevos inmigrantes como por la disminución de las salidas de los que ya viven en España, respondiendo, por ejemplo, a una mejora del mercado de trabajo.
La proyección del INE anticipará adecuadamente el futuro crecimiento de la población o el envejecimiento, en la medida en que estas hipótesis sobre los componentes de la dinámica demográfica se verifiquen en el futuro. Coincido con el Secretario de Estado en que hablar mal o descalificar a la demografía como incapaz de prever es al menos una exageración, pero lo cierto es que las proyecciones están muy condicionadas por lo que ocu
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rre en el momento de su elaboración. Hay que reconocer que no somos capaces de anticipar cambios radicales y nos inclinamos por proyectar hacia el futuro lo que conocemos del presente y del inmediato pasado.
Lo anterior se puede comprobar en el Gráfico 1, en el que se han representado algunas proyecciones realizadas por el INE con anterioridad a la de 2009. Como se puede observar, existen grandes diferencias entre ellas en cuanto a la previsión de la población total. Llama la atención, en particular, hasta qué punto las proyecciones realizadas muy poco antes de que se iniciara la ola de inmigración o incluso en pleno boom inmigratorio (2001), subestiman el crecimiento futuro, o como una proyección realizada en 2007, cuando la ola inmigratoria tocaba ya a su fin, anticipaba todavía la continuidad del fuerte crecimiento anterior. Esta inercia, sin duda inevitable, es algo que debería ser tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones importantes sobre la base de proyecciones de población.
Por fortuna, las desviaciones relativas a la estructura por edades son claramente de menor amplitud: todas las proyecciones de la población española realizadas por el INE o por otros organismos, coinciden en vaticinar el progresivo envejecimiento de la población. Esto es debido a que el elemento más difícil de prever, la inmigración, dispara el crecimiento de la población, pero tiene menos incidencia sobre la composición por edades. De hecho, se observa una continuidad entre la evolución pasada de la proporción de mayores de 65 años desde 1975 hasta 2008 y la proyección del INE de 2009 a 2048 (Gráfico 2). El envejecimiento se acentúa a un ritmo muy similar a lo largo de todo este amplio período, salvo una breve interrupción de 19962007 achacable, precisamente, a la inmigración, responsable de un simple paréntesis en una tendencia secular. El envejecimiento demográfico no es un proceso que aparezca de pronto o que los demógrafos acabaran de descubrir. Es una característica básica de nuestra población, al igual que la de todos los países más desarrollados, con la que convivimos desde hace muchos años, y que se va a mantener en el futuro, en todos los países de la Unión Europea. Según las proyecciones de Eurostat, España se situará, a mediados de este siglo, en la parte alta de los niveles de envejecimiento, junto con Alemania e Italia. Aunque pueda sorprender, Alemania muestra, en su demografía, rasgos muy parecidos a los de España, en particular un bajo nivel de fecundidad, que en cierto modo cuestiona la especificidad que se atribuye al Sur de Europa en este ámbito. Hay que recalcar, aunque se trate de una evidencia, que el envejecimiento de la población no es una singularidad española, sino una realidad en todos los países. Todo lo más, es necesario reconocer que las proyecciones de Eurostat colocan a nuestro país, para mediados de este siglo, entre los de población más envejecida de la UE, como consecuencia del mantenimiento de un bajo nivel de fecundidad.
El grado de envejecimiento de la población se mide por la proporción de personas mayores en ella. Pero, ¿a partir de qué edad se debe considerar «mayor» a una persona? Actualmente, el umbral está fijado en 65 años, el mismo desde hace decenas de años. Sin embargo, si se compara una persona con 65 años en 1930 con otra de la misma edad hoy, la conclusión evidente es que se trata de dos personas muy diferentes. Para empezar, la de 1930 podía esperar vivir todavía 10,4 años (si era un hombre) o 11,5 años (si era una mujer) y la de hoy tiene por delante 18 años (hombres) o 22 años (mujeres)5. La proporción de mayores de 65 años no significa lo mismo en cada momento.
Resumiendo, la historia demográfica reciente está dominada por los efectos de un período inmigratorio que sacude la demografía pero no cambia sus cimientos. La alta esperanza de vida y la baja fecundidad siguen siendo las características principales de nuestra dinámica poblacional, que más van a marcar
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nuestro futuro. Por una parte, España ha completado su primera transición demográfica, centrada en la disminución de la mortalidad y posteriormente de la fecundidad, que desemboca inevitablemente en un envejecimiento de la población. Por otra parte, la fecundidad española se ha mantenido durablemente por debajo del nivel de reemplazo y las proyecciones no contemplan una recuperación sustancial, lo que acentúa el envejecimiento y amenaza el simple mantenimiento de la población, en ausencia de inmigración.
El envejecimiento demográfico debe ser aceptado como un rasgo más de la modernidad, fruto de la mayor longevidad de hombres y mujeres, un logro mayor de la historia de la humanidad, que tiene claras ventajas para los individuos, aunque exige ajustes en el plano colectivo, en muchos aspectos de la vida social y de la economía.
Nuestra sociedad tiende actualmente a considerar este fenómeno exclusivamente como problema, olvidando, por un lado, su carácter inevitable y eminentemente positivo y, por otro lado, que este cambio demográfico va indisolublemente unido a otros cambios sociales y económicos, como la mayor participación de las mujeres en la vida social y económica o la posibilidad de aumentar la productividad por el alargamiento de la formación, que contrarrestan, al menos en parte, los efectos negativos que puede tener.
¿Qué efectos tiene el envejecimiento demográfico que se perciben como problemas, en particular para el equilibrio financiero de los Sistemas de protección social?
Para resaltar estos efectos se recurre a un indicador que mide la relación entre el número de personas en edad de trabajar, 1664 o, como utilizaremos aquí siguiendo a Eurostat, 2064, y el número de personas en edad de jubilación, las de 65 o más años. Es el número de personas en edad de trabajar por cada persona dependiente o ratio de sostenimiento.
En el futuro, según las predicciones del INE, el número de personas de 20 a 64 va a disminuir de forma continuada; en 2009 es de de algo más de 29 millones y pasaría a 23 millones y medio al final de la proyección, en 2049. Por el contrario, la población de 65 o más años, que ahora es de 7,6 millones, aumentaría hasta 15 millones durante el mismo período. Esta evolución dispar va a provocar una disminución considerable de la ratio de sostenimiento, lo que se presenta como preocupante de cara al futuro de los Sistemas de protección social y en particular de las pensiones: habrá más personas dependientes y menos en edad de trabajar y de cotizar.
En España, el valor actual de la ratio es de aproximadamente 3,8 y se reduciría de aquí a 2049 a algo más de 1,5. Pero en esto tampoco somos un caso aislado. En los países de la zona Euro la tendencia es la misma y se prevé que, hacia mediados de este siglo, en la mayoría de los países, la ratio de sostenimiento tendrá un valor similar al proyectado para España (Gráfico 3). La excepción es Francia, donde también disminuirá esta ratio pero sólo hasta un valor de 2. Francia es un país en el que la fecundidad nunca ha alcanzado los bajos niveles de España o de Italia (que han llegado a 1,1 hijos por mujer) siempre por encima de la media europea, desde los tiempos del baby boom, y hoy la más elevada de la Unión Europea. Pero incluso Francia, con una fecundidad muy elevada, comparada con la de España, tampoco escapa a la tendencia a la disminución de este indicador. Hay que concluir que, aunque la realidad futura pueda diferir de lo hoy proyectado por el INE, la tendencia es clara y parece inevitable: la ratio de sostenimiento irá disminuyendo en el futuro.
A esta disminución concurre simultáneamente la escasez de adultos, la disminu
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ción del número de personas de 2064 años y el aumento de las personas de 65 o más años.
La disminución del número de adultos en edad de trabajar planteará en el futuro un problema a la economía española, que puede afectar al Sistema de pensiones pero no directamente, sino indirectamente, en la medida en que la insuficiencia de adultos sea la causa de que el empleo no pueda crecer o incluso disminuya. Debemos preguntarnos si ese escenario es posible o no y si es verosímil que, aunque la situación económica permita o exija crear empleo, la oferta no podrá responder a esa demanda, por razones demográficas. Dicho de otro modo: ¿es inevitable que porque disminuye la población de adultos vaya a disminuir la población ocupada, el empleo, en España? Nada menos seguro, porque ello equivaldría a plantear que el nivel de empleo está condicionado o determinado por la oferta de trabajo, es decir, de forma aproximada, por la población en edad de trabajar. Al contrario, la experiencia muestra que el nivel de empleo depende sobre todo, o incluso únicamente, de la situación de la economía, de la competitividad de las empresas, del comportamiento del consumo y de la situación internacional, entre otros determinantes. Podemos imaginar, sobre esto no hay nada escrito todavía, que la crisis actual se aleje y que la economía española vuelva a crecer, al menos a un ritmo próximo a la media europea. En el fondo, es lo que todos deseamos que pase y creemos que va a pasar. En ese caso, lo que debemos preguntarnos es si ese futuro es compatible o no con la evolución demográfica. Mejor dicho, bajo qué condiciones podría hacerse compatible un crecimiento del empleo con la evolución proyectada de la población en edad de trabajar.
Para que sean compatibles serían necesarias dos circunstancias simultáneas o alternativas. Por una parte que aumente la tasa de empleo, es decir que aumente la población ocupada sin aumento de la población en edad de trabajar, y por otro lado que se incremente el número de entradas netas de inmigrantes, con la que aumentaría la población en edad de trabajar.
La tasa de empleo en España ha estado tradicionalmente, y sigue estando hoy, por debajo de la que se da en otros países de la zona Euro con los que nos comparamos en todo (Gráficos 4a y 4b). En los Gráficos 4, se observa que esta tasa muestra en España un incremento en la época de vacas gordas y una fuerte caída consecutiva a la crisis, sobre todo en los hombres, variación que se observa igualmente en otros países, ya que todos se han visto afectados, aunque en menor medida que España. El nivel actual de la tasa de empleo permite afirmar que España tiene todavía un cierto margen de maniobra, de cara al futuro. Convendría tener este factor en cuenta cuando se compara el nivel de envejecimiento en distintos países. Según Eurostat, España va a ser uno de los países con mayor grado de envejecimiento en el futuro. ¿No sería pertinente introducir también aquí el margen que cada país tiene para el crecimiento del empleo sin inmigración? Es decir, si, teniendo menos adultos, puede crecer más la tasa de empleo, se puede paliar, aunque sea parcialmente, el efecto del envejecimiento6. Otros países disponen de un margen menor, como se desprende de los Gráficos 4a y 4b. Si tomamos como referencia el objetivo 2020, que es la reciente revisión de los objetivos de Lisboa, que fija en el 75% la tasa de empleo para 2020, se ve que hay países que ya han superado ese nivel, mientras que en España la tasa de empleo en el grupo de edad 2064 está un poco por debajo del 64%7.
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Como simple ejemplo, nos hemos preguntado hasta que nivel debería subir la tasa de empleo para permitir en el futuro un número de empleos equivalente al máximo registrado en España, que fue algo más de veinte millones en 2007. Pues bien, en ese supuesto, la subida necesaria de la tasa de empleo no sería nada excepcional: llegaríamos al objetivo 2020 (75%) en torno a 2046. Existe margen, por tanto, sin contar que otros países se sitúan hoy ya por encima del citado objetivo que, por otra parte, no es una barrera que España no pueda superar en el futuro. La cuestión se encuentra más bien en los obstáculos que pudieran impedir que la tasa de empleo aumente sustancialmente en el futuro, siempre en el supuesto de que el crecimiento de nuestro PIB sea suficiente para generar empleo.
Quiero recordar lo que dije al iniciar mi presentación: no me sitúo aquí en el ámbito de la acción política. No me planteo si es fácil o difícil que suba la tasa de empleo (en el supuesto que exista demanda de trabajo) o como se consigue ese objetivo. Afirmo, sin embargo, que la evolución demográfica futura, aun admitiendo que las proyecciones acierten plenamente, no conduce a una única conclusión. Existen vías que debemos explorar si queremos acercarnos realmente a lo que puede ser el futuro de las pensiones. La situación demográfica no actúa por ósmosis o como simple catalizador. Sus efectos están mediatizados por la economía, el mercado de trabajo y otros factores. La primera condición es introducirlos, en toda la medida posible, en el análisis. Así, si decimos que la disminución de la población de 2064 pone en peligro el equilibrio del Sistema de pensiones porque un número mayor de viejos va a depender de un número menor de jóvenes, estamos admitiendo implícitamente que el empleo va a disminuir en España por la falta de adultos (aunque aumente la demanda de trabajo por las empresas) y por tanto que disminuirá o se estancará nuestro PIB (salvo que aumente mucho la productividad, algo incompatible con lo anterior). Este sería entonces el verdadero problema: el estancamiento o declive económico de España, que incidiría en las pensiones, naturalmente, pero también en el nivel de vida de todos y en nuestra viabilidad como país. Podríamos llegar a la conclusión de que políticamente, económicamente o por las razones que sea, la tasa de empleo no puede aumentar (dentro de unos límites razonables, con referencia, por ejemplo, a otros países) pero el problema lo causaría, en tal caso, esa imposibilidad y no un inevitable determinismo demográfico.
No he mencionado todavía la posibilidad de acoger más inmigrantes. Muchos opinan actualmente que el futuro de la Unión Europea pasa por un aumento de la inmigración8.
En España, se ha producido entre 1998 y 2008, como he señalado repetidamente, una llegada masiva de inmigrantes, atraídos por las perspectivas de trabajo, a la vez que disminuía la tasa de paro y aumentaba la tasa de empleo. Si, en el futuro, aparecen oportunidades de trabajo que no puedan ser cubiertas por la población residente, no existe ningún factor que permita excluir la llegada de nuevos inmigrantes. Los países de origen van a permanecer en situación de generar emigración todavía durante décadas y la integración en nuestro país se produciría con facilidad, en una situación de pleno empleo. Más probable aún es que, si mejora el mercado de trabajo, muchos inmigrantes desistan de marcharse de España.
Volvamos al principio. ¿Estamos ante un problema demográfico? No, en lo que se refiere a la evolución de la población en edad de trabajar. Uno de los términos del problema, la disminución de los cotizantes, no depende directamente de factores demográficos sino de la capacidad de crear empleo. Pero no es que estemos argumentando que basta con crear empleo para resolver el problema de las pensiones. No, en absoluto. Lo que sí puede afir
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marse es que una parte del efecto de la evolución demográfica futura se ejerce a través del mercado de trabajo y que si la evolución económica permite crear empleo, la demografía no sería en ningún caso un obstáculo o, lo que es lo mismo, que si la demografía impidiese crear empleo, la economía dejaría de crecer y retrocedería. El problema sería entonces de todos los españoles y no sólo de los pensionistas. Considerar que el futuro de las pensiones está determinado únicamente por la demografía, como hacía el Ministro francés, procede de una visión muy pobre de la realidad. Es cierto que existe un problema demográfico, pero ni es un problema exógeno ni actúa sobre el Sistema de pensiones de forma directa y difusa, sino a través del mercado de trabajo. De los dos elementos que forman la ratio de sostenimiento, los efectos de la disminución del número de adultos dependerán del comportamiento del mercado de trabajo. Retengamos que la demografía no va a impedir la creación de empleo e incluso que, si la economía tiene pujanza puede, a través de la inmigración, alterar la propia tasa de dependencia demográfica. Queda el segundo componente de la ratio, la población de 65 o más años.
La población de personas de 65 o más años pasará de 7,6 millones en 2009 a 15,3 millones en 2049, según la proyección del INE. Dos factores explican este fuerte aumento. El primero es el aumento de la esperanza de vida, los españoles, como los habitantes de casi todos los países más desarrollados, vienen disfrutando de una longevidad creciente que, de acuerdo con las previsiones, seguirá alargándose en el futuro. Esta cuestión se encuentra actualmente en el centro del debate sobre pensiones en todos los países europeos. El mensaje es que tenemos que reformar las pensiones porque, al vivir más tiempo debemos trabajar más tiempo.
Es bueno recordar, aunque solo sea en forma de paréntesis, que hace algunas décadas, cuando los de mi generación éramos jóvenes, la perspectiva de vivir más no se asociaba con trabajar más, sino con disponer de más tiempo para vivir, crear, hacer cosas distintas. La coincidencia del progreso técnico, que iba a permitir producir más con menos tiempo de trabajo, y la mayor longevidad nos auguraba un futuro en parte liberado del trabajo y anunciaba un mundo mejor. Hoy, se puede constatar que se han cumplido las premisas pero que las consecuencias han sido muy diferentes. Ahora que producimos muchísimo más y somos mucho más ricos (en promedio) aumenta la presión para que cada uno trabaje más: en Francia se desvirtúa la semana de 35 horas, que terminará desapareciendo y en la Unión Europea se ha pretendido aumentar el máximo que se puede trabajar por semana. Mientras, aumenta el número de parados que, en España, no ha bajado de dos millones ni en tiempos de euforia económica. Hoy, cuando encaramos el futuro de las pensiones, se da por hecho de que si uno vive más, tiene que trabajar más, una afirmación que no hace tanto distaba de ser la evidencia social en la que parece haberse convertido. El pensamiento económico dominante ha evacuado hasta la posibilidad de pensar estas cuestiones de forma diferente.
Un apunte sobre el aumento de la longevidad que merece ser considerado como una verdadera revolución: la revolución de la vida. Uno de los mayores cambios que la humanidad ha conocido, si no el mayor, es que la esperanza de vida ha pasado de aproximadamente 36 años en 1751 a los 85 años actuales en las mujeres, 78 entre los hombres, y se prevé que podría alcanzar los 90 años en 2050. El dato de 1751 es relativo a Suecia, es el dato fiable más antiguo del que disponemos. En España, esta era la esperanza de vida que teníamos a principios del siglo XX y es por tanto bastante probable que la de 1750 fuera inferior a la sueca.
El aumento de la esperanza de vida no es la única manifestación de este gran cambio. El
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porcentaje de hombres que alcanza la edad de 65 años es de 85%, según la tabla de mortalidad de 2009, y el de mujeres de 94%, lo que significa que prácticamente todas las personas actualmente vivas llegarán a esa edad. A partir de los 65, los hombres pueden vivir casi 18 años más, en las condiciones actuales de mortalidad, y las mujeres casi 22 años. Prolongando la tendencia reciente, el INE prevé que, para 2048, los hombres vivirán 22 años a partir de 65 años y las mujeres 26 años. Frente a la situación actual, en la que casi el 100% llega a los 65, en 1751 solo lo conseguía el 25% y en torno a 1900 en España el 30%. Eso es lo nuevo, que todos llegaremos a esas edades y que muchos de los nuevos problemas que se plantean a nuestra sociedad giran en torno a edades que antes pocos alcanzaban.
Otro fenómeno, que aparece más tardíamente pero que cobra ahora más fuerza, es el aumento de la longevidad a edades muy altas. A principios del siglo pasado, menos del 7% de los hombres llegaba a 80 años. El INE prevé que para 2050, casi el 73% de los hombres y el 90% de las mujeres cumplirán los 80 años. Este salto espectacular augura una sociedad absolutamente distinta de la que hemos conocido hasta ahora. Estas son las edades a las que, al menos hasta ahora, surge la pérdida de autonomía personal y enfermedades invalidantes que exigen cuidados personales. También en este caso es posible que en el futuro se produzca un alejamiento de la ancianidad invalidante que podría aparecer más tarde como consecuencia de los progresos terapéuticos y preventivos, pero no hay duda de que un cambio de esta magnitud va a exigir adaptaciones profundas en todas las sociedades avanzadas.
Además de la evolución de la esperanza de vida, la población mayor está determinada por el tamaño variable de las generaciones. A partir de ahora, empiezan a llegar a los 65 años generaciones muy numerosas y que además se han beneficiado a lo largo de su vida de una reducción importante de la mortalidad, a lo que hay que añadir el efecto del envejecimiento de los inmigrantes, llegados en gran número. Como veremos, este efecto estructural es a la vez el más previsible y el más importante.
El verdadero problema es que, en la situación actual, la sociedad no está ni conceptualmente, ni teóricamente, ni menos políticamente, preparada para primero entender y después aportar respuestas innovadoras y creativas a la nueva realidad. Parece improbable que una sociedad dominada por el ansia del beneficio a corto plazo y la concentración de la riqueza, encuentre vías para afrontar este tipo de problemas. Si todo sigue igual, la reacción al aumento del número de personas muy mayores consistirá en proponer recortar las prestaciones sociales en apoyo de las situaciones de dependencia, que hoy están todavía, o ya, por debajo de las necesidades. Incluso contra un tsunami se puede luchar con éxito, si se dispone de la antelación suficiente para prepararse. Puesto que muchas personas comparan el futuro demográfico a una especie de tsunami, hay que recordar que, en este caso, disponemos todavía de tiempo para preparar soluciones y también que las recetas de siempre pueden llegar a no ser ni válidas ni aceptables.
En el Gráfico 5 se ha representado, en la curva superior, las entradas en la población de 65 o más años que se irán produciendo en los próximos años. Hasta 2017 aproximadamente, las entradas son estables, no aumentan porque todavía siguen llegando las generaciones menos numerosas. A partir de ese año se inicia un crecimiento continuo de las entradas, cuando alcanzan esa edad generaciones cada vez más numerosas, nacidas a partir de principios de los cincuenta. Se trata de un proceso perfectamente predecible. Son personas que viven en España, que van a tener derecho a pensión porque han estado cotizando a lo largo de su vida laboral que empezó en torno a 196570. En el mismo gráfico se han representado las salidas proyectadas y el crecimiento de la población de 65 o más años. Se observa que a partir de 2018 el crecimiento se acelera, hasta alcanzar
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250.000 en 2030 y que, a partir de ahí, se mantiene hasta 2040 en ese nivel alto. A partir de 2040, el crecimiento anual es cada vez menor hasta que, en 2050, se torna negativo. La proyección del INE llega solo hasta 2049, justo hasta el momento en que la tendencia se invierte. En la prolongación hasta 2050 que hemos realizado, manteniendo constantes los parámetros del INE de 2048, la población de mayores disminuye y acaba estabilizada en torno a 12 millones, un nivel netamente inferior al máximo alcanzado en 2049 (15,3 millones).
El aumento de la longevidad después de los 65 años contribuye al aumento de la población mayor porque una esperanza de vida menor significa menos salidas por defunción. Pero su efecto es pequeño, comparado con el efecto de estructura, o sea la llegada a la jubilación de las generaciones numerosas.
En el Gráfico 6 se muestra la importancia de cada uno de los factores en el crecimiento futuro de la población de 65 o más. Puede sorprender la escasa importancia relativa que tiene el alargamiento de la esperanza de vida a partir de 65 años. Por ello, aumentar la edad legal de jubilación, que puede ser una medida eficaz para reducir el gasto, solo responde a las causas del problema en una parte pequeña, la que corresponde al aumento de la población de 65 o más atribuible a la mayor longevidad.
La disminución de la mortalidad antes de los 65 hace que se eleve la proporción de los nacidos que alcanzan 65 años y también porque van llegando a esa edad las generaciones que no han sufrido la merma de la emigración de los años cincuenta y sesenta. Pero llega un momento en que las llegadas a la edad de jubilación de una generación incluso superan a los nacidos correspondientes. Es el efecto de la inmigración de personas que no han nacido en España pero que han trabajado y cotizado aquí y se beneficiarán en su día de la pensión que les corresponda.
La población mayor no aumenta de forma indefinida; el envejecimiento demográfico no significa que el número de viejos vaya a crecer de forma continuada. A la acción continua de la disminución de la mortalidad, que hace aumentar la proporción de personas mayores, se añaden los altibajos de los nacimientos 65 años antes. Como el número de nacimientos disminuyó a partir de 1976, cuando los nacidos a partir de ese año empiecen a llegar a la edad de jubilarse, en torno a 2040, la población de 65 o más va a disminuir. Curiosamente, el período de rápido crecimiento de la población mayor que se inicia ahora se debe al aumento de los nacimientos en el período 195475, el babyboom español, mientras que posteriormente, después de 2050, el envejecimiento disminuirá como consecuencia de la bajada de la fecundidad a partir de 1976.
El descenso del número de personas mayores después de 2050 se acompaña de una estabilidad de la población en edad de trabajar, lo que anuncia una disminución de la ratio de dependencia demográfica, tras un largo período de descenso. La visión a muy largo plazo, por muy azarosa que sea, debería ser tenida en cuenta a la hora de diseñar una estrategia de sostenibilidad del Sistema de pensiones. Una parte de los cambios que se avecinan son, además de previsibles, transitorios. Las reformas que ahora se plantean, y que pueden ser oportunas, deberían estar orientadas por los niveles de equilibrio a largo plazo, con mecanismos de constitución de reservas y/o endeudamiento para cubrir las oscilaciones, en buena parte también previsibles. Si no se actúa así, podría ser necesario que se planteen reformas en sentido contrario a partir de 2040 o se produciría una fuerte presión para reducir las cotizaciones, creando de esta manera una espiral destructiva.
A más largo plazo, el objetivo de sostenibilidad de la población exige plantearse la situación de la fecundidad. La proyección del INE que nos ha servido para analizar las ten SUMARIO
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dencias futuras, admite un crecimiento muy ligero de la fecundidad, que alcanzaría a un máximo de 1,71 hijos por mujer, nivel que no asegura el sostenimiento de la población a largo plazo sin aportación de inmigrantes. De hecho, la hipótesis de inmigración formulada en la proyección del INE conduce a una situación de equilibrio, en torno a 45 millones de habitantes, si se mantiene indefinidamente la fecundidad y el flujo de inmigrantes de 2048. Es un ejemplo de cómo puede estabilizarse la población a largo plazo con una fecundidad por debajo del nivel de reemplazo y un añadido de inmigrantes en número adecuado y de forma continuada. Este es el modelo demográfico que, sin explicitarlo, ha adoptado España.
La hipótesis de fecundidad del INE supone un aumento que, aunque moderado, nos llevaría a niveles no alcanzados desde principios de los ochenta. La importancia que para el futuro tendría la subida de la fecundidad obliga a introducir en el debate consideraciones sobre la reproducción demográfica como problema social, económico y político. ¿Por qué existe en España una fecundidad tan baja, de las más bajas de Europa? ¿Qué es lo que no funciona en el Sistema social y económico para que las familias no puedan tener los hijos que dicen querer tener? ¿Qué es lo que impide que, cuando se aborda el futuro de las pensiones, esta cuestión permanezca prácticamente ausente del debate? Los retoques al Sistema de pensiones pueden alejar el peligro de un desequilibrio financiero a base de recortar las prestaciones, pero dejan intactos problemas de fondo, en particular los de carácter demográfico.
La ciencia económica dominante, cuyos representantes tienen una amplia presencia en todos los medios de comunicación, se muestra incapaz, no ya de resolver, sino siquiera de plantear algunos de los problemas más relevantes a los que nuestra sociedad se enfrenta ahora o lo hará en el futuro, y el de la baja fecundidad es uno de ellos. La reproducción de la propia sociedad no se puede considerar con enfoques en los que priman la inmediatez y la supremacía del mercado. En algún momento será necesario encontrar vías de pensar y de encauzar cambios estratégicos, aunque puedan suponer costes adicionales o cambios en el reparto actual de la riqueza.
La incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo es el rasgo más característico de la transición hacia una sociedad basada en la igualdad de género, en la que estamos actualmente inmersos, aunque todavía lejos de su final. Lo que ya es una nueva realidad, probablemente sin vuelta atrás posible, es el cambio de modelo reproductivo, antes basado en una división estricta de tareas (al hombre la producción, a la mujer la reproducción y los cuidados). Actualmente la pareja de dos trabajadores es ya mayoritaria en España, como lo es en la gran mayoría de países de la Unión Europea. Las madres trabajadoras han dejado de ser una excepción y hoy es una situación que conoce o ha conocido una mayoría de mujeres. La necesidad de conciliar las tareas tradicionalmente encomendadas a las mujeres en el seno de la familia, y en particular el cuidado de los hijos, con la presencia en el mercado de trabajo, no puede seguir siendo una responsabilidad privada asumida por las mujeres. Se trata, muy al contrario, de uno de los temas más importantes que nuestra sociedad debe resolver; un tema central porque, entre otras cosas, condiciona la sostenibilidad de nuestro futuro. Hombres y mujeres están hoy igualmente formados para participar eficazmente en las tareas productivas de mercado. No es deseable, ni malgastar recursos obligando a una parte de ellos a dedicarse a cuidar a sus hijos o a sus mayores dependientes, ni poner en peligro el futuro de todos impidiendo a las familias tener los hijos que desean. El resultado de la inacción en este terreno es, por un lado, aumentar la frustra
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ción y el sufrimiento de muchas personas, sobre todo las mujeres que por razones económicas tienen que anteponer el trabajo a la familia, y, por el otro, impedir una evolución equilibrada a largo plazo de la población.
Lo primero que conviene subrayar es que, de entrada, el debate descarta absolutamente el aumento de las cotizaciones. La cotización al Sistema de pensiones es una parte del salario de los trabajadores, tanto la que es descontada de su nómina, como la llamada cotización patronal y para los empleadores es un elemento más de los costes salariales. Aumentar las cotizaciones, se argumenta, dificultaría la creación de empleo, puesto que sería equivalente a una subida salarial. Sin embargo desde el punto de vista de la demanda, el aumento de la cotización podría ser positivo, porque ayudaría a mantener el consumo de los pensionistas, que no verían recortadas sus pensiones. La vía por la que se recauda, proporcional al empleo en cada empresa, perjudica más a las que presentan una ratio menor de valor añadido por ocupado. En unos casos, esta situación obedece a causas estructurales, relacionadas con el tipo de actividad, en otras puede evidenciar problemas de insuficiente productividad. En todo caso, nada impide plantear la vía del aumento de los ingresos, como se ha hecho en algunos países de nuestro entorno, aunque ello exigiría un análisis cuidadoso de los efectos indirectos y la posibilidad de introducir innovaciones en la forma de obtener el suplemento de recaudación. El aumento de la cotización podría llevarse a cabo sin disminución del nivel de vida de los trabajadores, si aumenta la tasa de empleo, actualmente en torno a 63%. Esta tasa significa que de 100 personas en edad de trabajar, 63 trabajan efectivamente y 37 dependen de los que trabajan, a través de mecanismos sobre todo privados (familia). Pasar a una tasa de empleo del 75%, la que figura como objetivo 2020 de la Comisión Europea, es aumentar la proporción que trabaja, pero también disminuir la carga de dependientes en edad de trabajar, de 37% a 25%. La disminución de la dependencia privada significa que, si los ocupados mantuviesen el mismo nivel de salario, se produciría un aumento de su nivel de vida, por lo que sería posible aumentar la cotización sin merma del nivel de vida de los trabajadores. Sin embargo, en época reciente no se ha mantenido el nivel salarial cuando ha aumentado la tasa de empleo. Las mujeres, las nuevas incorporadas, vienen percibiendo salarios inferiores a los de los hombres por trabajos iguales, y los jóvenes han visto disminuir sus salarios a la vez que aumentaba la precariedad laboral. En conjunto, estos cambios han supuesto una reducción de los costes laborales para las empresas, que también hubiese permitido un incremento de las cotizaciones sociales de haberse planteado. La realidad es que, al contrario, las empresas vienen exigiendo una reducción de estas cotizaciones. La exclusión de los ingresos del debate sobre reformas no obedece, evidentemente, a ningún imperativo demográfico.
Una propuesta que, además del aumento de la edad legal de jubilación, está muy presente en el debate es la de incrementar el número de años de cotización que se tienen en cuenta para calcular la pensión. Actualmente, esta se calcula tomando lo cotizado en los 15 últimos años de vida laboral. Se propone pasar a 25 o 30 años, con el objetivo final de tomar toda la vida laboral como base. Esta propuesta tampoco tiene ninguna relación con la demografía. Es una forma de recortar las pensiones, en la medida en que la mayoría
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de los recorridos profesionales son ascendentes, es decir con salarios crecientes, menores al principio que al final de la vida laboral. Para estos casos, el aumento del período de cálculo aleja la pensión del último salario percibido (disminuye la tasa de sustitución). Puede haber situaciones en que el efecto sea contrario: cuando el salario de los últimos años de actividad es menor o cuando el jubilado procede del paro, hasta ahora situaciones minoritarias. Por otra parte, algunas personas del régimen de autónomos o de empleados del hogar, pueden maximizar la relación entre lo que han cotizado y lo que van a percibir como pensión, en la medida en que se les permite elegir el momento y la cuantía de sus aportaciones. Estos llamados efectos perversos podrían ser eliminados directamente, sin necesidad de alterar la forma de calcular las pensiones para todos. De hecho, normativas aprobadas recientemente limitarán considerablemente esta posibilidad en el futuro o la harán desaparecer. Lo único que puede justificar esta medida es la evolución de nuestro Sistema de pensiones. A medida que pasa el tiempo, aumenta el número de personas con carreras de cotización completas o más largas. Cuando se pone en marcha un Sistema de reparto es imposible exigir largos años de cotización y es necesario admitir un desequilibrio entre lo cotizado y lo percibido. La posibilidad de reducir este desequilibrio aumenta a medida que el Sistema madura. Sin embargo, cuando se exigen períodos de cotización más largos, se limita la posibilidad de compensar a los que han tenido una vida laboral más corta, porque se han incorporado más tarde, o más accidentada, como las mujeres que han podido entrar y salir para dedicarse al cuidado de los hijos o de los dependientes mayores. No hay que olvidar que, siendo la cotización obligatoria para los que trabajan, en la inmensa mayoría de los casos, los períodos de no cotización reflejan más circunstancias adversas en el mercado de trabajo que imprevisión por parte del individuo. A medida que se alarga el período de referencia hasta llegar a tomar como referencia toda la vida laboral, disminuyen las diferencias entre el Sistema público de reparto y el de capitalización. Cuanto menor sea el papel redistributivo del Sistema de pensiones, más fácil resultará su eventual privatización.
La reforma que sí está basada en un cambio demográfico importante es el retraso de la edad legal de jubilación. Es también de la que más se habla, y la que sin duda podemos dar ya por realizada. Los que se jubilan a partir de ahora van a vivir más tiempo y se considera que podrían jubilarse un poco más tarde. Cierto, pero creo que es necesario tener en cuenta varias cuestiones, que voy a citar muy brevemente.
Además de recordar que el incremento de esperanza de vida explica solo una parte no sustancial del aumento previsto de la población mayor, al menos tres elementos vienen a atemperar la eficacia y la equidad de la reforma propuesta.
Primero, retrasar la edad de jubilación exige crear empleo adicional, para que la permanencia como ocupado de las personas de 65 y 66 años no se traduzca en un aumento del paro y lo que se ahorra en pensiones se gaste en prestaciones de desempleo. En este caso, las perspectivas demográficas van en el buen sentido ya que, cuando disminuya la población en edad de trabajar existirá una tendencia al aumento de la tasa de empleo y a la reducción del desempleo. Sin embargo, hay que tener en cuenta los hábitos de las empresas, que prefieren no mantener en plantilla a sus trabajadores más mayores. Para que el retraso de la edad de jubilación tenga los efectos deseados, y no se traduzca únicamente en la pérdida de una parte de la pensión para el trabajador, sin beneficio para el Sistema, será necesario un cambio en las prácticas empresariales que tal vez convendría estimular desde los poderes públicos.
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En segundo lugar, existen importantes diferencias de esperanza de vida a partir de 65 años, según la categoría social. En España esta cuestión no ha sido estudiada como merece y, salvo algunos trabajos de ámbito autonómico o municipal (Gobierno Vasco, 2005 y Cánovas et al., 2010) no disponemos de datos adecuados. Lo que existe a esos niveles territoriales es consistente con los resultados obtenidos en otros países, que ponen de manifiesto grandes diferencias según la categoría socioprofesional o el nivel de estudios. Como ejemplo, el Gráfico 7, ilustra los resultados de una publicación del Instituto Nacional de Estadística de Francia (Monteil y RobertBobée, 2005) referida al período 19911999. En este estudio se han estimado las diferencias de esperanza de vida a los 65 años para cuatro categorías socioprofesionales: profesiones intelectuales superiores, mandos intermedios, empleados y obreros. Vemos que en el caso de las mujeres, la diferencia entre las categorías extremas es de 2 años, y en el de los hombres, llega a 4 años y medio. La jubilación de los que ejercen una profesión intelectual dura un 31% más que la de los obreros, si se jubilan a la misma edad. Retrasar dos años la edad de jubilación no tendría para todos el mismo coste. Creo que, en España, el Ministerio de Trabajo es consciente de que existen diferencias según el tipo de trabajo, un concepto que se acerca a lo que acabo de plantear, y se prepara a admitir excepciones a la jubilación más tardía. La equidad en esta materia es sin duda muy difícil de llevar a la práctica, máxime si, como he señalado, no contamos con estudios fiables de la mortalidad según las principales variables sociales.
Finalmente, conviene recordar también que no todos los años que quedan por vivir después de los 65 lo serán en buena salud y sin discapacidad. La enfermedad, la pérdida de la autonomía personal afectan más a las personas de este grupo de edad, con importantes diferencias también en función de la pertenencia social. El retraso de la jubilación merma la esperanza de vida en buena salud, haciendo que aumente la proporción de malos años en el período de disfrute de la jubilación. Al expresar el retraso de la edad de jubilación como porcentaje de la esperanza de vida o incluso de su incremento proyectado, se subestima su impacto real que habría que calcular con referencia a la esperanza de vida libre de discapacidad.
No me gustaría que a partir de mi intervención alguien pudiera concluir que la demografía no tiene ninguna importancia para el diagnóstico y la eventual reforma del Sistema de pensiones. Al contrario, creo que muchos de los problemas que se plantean actualmente a nuestra sociedad, no solo el de las pensiones, tienen su origen en los cambios demográficos que España ha vivido, como el resto de países desarrollados. Los cambios demográficos se inscriben en un proceso complejo y son inseparables de cambios económicos, sociales y culturales de la mayor importancia. La demografía tiene efectos lentos que cuajan a veces a muy largo plazo y la transición demográfica ha marcado nuestro siglo XX, especialmente su segunda mitad. Hemos pasado de necesitar, a principios del siglo pasado, de cinco a seis nacimientos por mujer para simplemente mantener la población a que con dos sea suficiente. El incremento de la esperanza de vida ha hecho aumentar la «productividad» de la reproducción demográfica y ha hecho posible que las mujeres, antes dedicadas a parir y cuidar hijos que, en buena parte, morían antes de poder aportar lo más mínimo a la sociedad o a su familia, pudieran estudiar y trabajar para el mercado. Es un cambio que mejora la vida de las mujeres y nos hace potencialmente más ricos, porque una proporción mayor de la población puede dedicar tiempo a tareas productivas. Pero es un cambio que provoca también el envejecimiento de la población, un número creciente de personas mayores. A la vez, se aleja el umbral de la vejez y tenemos,
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por primera vez en la historia de la humanidad, la posibilidad de liberar tiempo antes de la muerte, cuando todavía gozamos de nuestras facultades, para disfrutar o crear. Reducir este inmenso cambio histórico a una siniestra contabilidad que se resume en «si hay más viejos, hay que recortar la pensión que correspondería a cada uno», es una visión simplista y burda, que sería inexplicable si no sirviese intereses concretos que se amparan en ella. No hay duda de que la sociedad, la economía, deben adaptarse a los cambios demográficos, pero esa adaptación no se puede realizar con eficacia y equidad sin poner en cuestión algunas falsas evidencias y algunos intereses muy reales. En este momento, el entorno intelectual y político no se presta a planteamientos innovadores ni al cuestionamiento del reparto de la riqueza. No solo existe incapacidad para imaginar soluciones a los retos que plantean los cambios demográficos, ni siquiera se dan las condiciones para que se puedan plantear en toda su complejidad.
No seamos demasiado pesimistas, hay enfoques innovadores, aunque no en España. Uno de ellos procede de Martine Aubry, Secretaria General del Partido Socialista francés (actualmente en la oposición), que ha lanzado un proceso de reflexión sobre «la sociedad del cuidado». Nos plantea con ello una visión distinta del futuro, que rompe con la omnipotencia del mercado y enfatiza la creciente necesidad de organizar el mundo del cuidado, hoy relegado al ámbito privado y familiar. La acogida, tanto fuera como dentro de su partido, ha sido la que actualmente se reserva a todo pensamiento que se aparta del dogma reinante: la ironía y el desprecio. El instrumento ideológico en que se ha convertido la economía dominante no se para siquiera a discutir lo que se sitúa fuera de sus preceptos. Pero no debemos admitir, sin más, que solo existe una solución a los problemas que, en el caso de las pensiones, consiste en recortar el gasto a toda costa. Nunca es así, o no existirían ni la Ciencia ni la Política
En cuanto a los cambios demográficos, es necesario analizarlos en su relación con el conjunto de cambios sociales, económicos y tecnológicos de los que forman parte indisoluble. Solo de esta manera daremos a la demografía la importancia que se merece.
CANOVAS, POZA, MONTAÑÉS, VICIANA (2010): «Estimación longitudinal de la mortalidad de Andalucía», Comunicación presentada en las JECAS, Cáceres.
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CORDÓN, J. A. y LEAL, J. (Coord.) Análisis territorial de la demografía española 2006, Fundación Abril Martorell, Madrid
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[1] Los últimos datos provisionales del INE indican una bajada de la fecundidad.
[2] Esta cifra puede incluir algunos descendientes de españoles de origen nacidos en el extranjero.
[3] En el dato anterior, no figuran los hijos de madres nacionalizadas, de origen extranjero.
[4] La prolongación de los datos de la proyección del INE figura en un trabajo inédito del autor.
[5] Dato de la tabla de mortalidad del año correspondiente. Para la tabla de 1930: INE (1977); para la de 2009: INE (www.ine.es).
[6] El autor tiene en curso un trabajo en el que se comparan, desde este enfoque, los países de la zona Euro.
[7] Calculada sobre el grupo 1664, la tasa sería algo inferior.
[8] Ver, por ejemplo, Consejo Europeo (2010).