Demografía, mercado de trabajo y política de inmigración en España

Para el análisis de las tasas de actividad podemos usar los datos procedentes del último Censo de Población elaborado, para el año 2001, y seguir su evolución mediante los datos de la Encuesta de Población Activa de 2003 (aunque ésta no aporta datos detallados).

La información del Censo muestra que la población inmigrante tiene una tasa de actividad más elevada que la de los españoles, principalmente en el caso de los varones. En 2001, la proporción de extranjeros no comunitarios de edades de 16 a 64 años ocupados o buscando empleo fue un 78%, mientras que la de los españoles fue un 68%, y la de los extranjeros comunitarios, tan solo un 61%. Esto se debe a que el principal motivo por el que los inmigrantes no comunitarios acuden a España es el laboral, de manera que la tasa de actividad de las mujeres inmigrantes superaba a la de las españolas en más de 11 puntos porcentuales, y la de los varones no comunitarios fue más que 7 puntos mayor que la de los españoles.

Si estudiamos más minuciosamente estos datos, y diferenciamos las distintas nacionalidades y los distintos sexos, se observan datos mucho más homogéneos y elevados para el caso de los hombres que para el de las mujeres. Así, las mujeres procedentes del Centro y Sur de América y las europeas no comunitarias en 2001, tuvieron unas tasas de actividad, en torno al 70%, mientras que las que vinieron de África, se quedaron en el 50%, 5 puntos por debajo de las de las españolas.

La homogeneidad en la participación laboral de los varones se mantiene igualmente al observar tramos de edad más pequeños, salvo en el tramo de 20 a 24 años en que la tasa de actividad de los españoles fue casi 20 puntos más baja que la de los procedentes de África, Europa no comunitaria, y Centro y Sur-América, y más de 10 puntos inferior a la de los varones de Asia y el resto del mundo. Asimismo, es destacable la presencia de gran heterogeneidad también en la participación laboral femenina, en los tramos de edad de 25 a 29, y de 30 a 34 años, en que las mujeres españolas presentaron en 2001 tasas de actividad más elevadas que las de las demás nacionalidades. Page 23

TABLA 4. TASAS DE ACTIVIDAD DE 16 A 64 AÑOS, POR SEXO Y NACIONALIDAD (2001)

Fuente: INE, Censo de Población, 2001.

Estos datos permiten concluir que los inmigrantes no sólo acceden al mercado de trabajo por sus mayores índices de masculinidad y menores edades medias, sino que también tienen una disponibilidad para trabajar en algunos casos mucho mayor que la de los españoles. Existe la excepción de las mujeres africanas, que presentan las menores tasas de actividad para cualquier edad, pero al mismo tiempo, este grupo de mujeres es muy reducido dentro de la inmigración femenina, y sus datos afectan poco a los resultados del total de mujeres inmigrantes.

3.2. Tasas de paro

Los datos recogidos en el Censo de población de 2001 permiten ver la diferencia entre las tasas de paro de la población española y extranjera. Los españoles de más de 16 años tienen una tasa de paro del 14%, mientras que para los extranjeros, en el mismo año, es de un 17,5%. Si distinguimos entre hombres y mujeres, se observa que la diferencia es mucho más grande en el caso de los hombres (más de cinco puntos), que en el de las mujeres, en el que la diferencia es tan solo de medio punto. Y si observamos las distintas nacionalidades, también hay un aspecto que llama la atención, y es que mientras para los hombres, las tasas de paro son mucho mayores entre los inmigrantes que entre los españoles para cualquier nacionalidad, en el caso de las mujeres, sólo las tasas de paro de las mujeres africanas son las que superan a las de las españolas.

TABLA 5. TASAS DE PARO POR SEXO Y NACIONALIDAD (2001)

Fuente: INE, Censo de Población, 2001. Page 24

Al hacer la comparación de las tasas de paro distinguiendo los distintos tramos de edad, las conclusiones son las mismas, salvo para el caso de los varones entre las edades de 20 y 24 años, en que las tasas de paro de españoles y extranjeros se acercan mucho más (y es al mismo tiempo el tramo de edad en que la participación laboral de los inmigrantes es mucho mayor que la de los españoles). Las mujeres más jóvenes igualmente constituyen una excepción, ya que al tener también tasas de actividad mucho menores a las de las extranjeras, tienen a su vez, la segunda tasa de paro más alta, tras las africanas.

Los últimos datos registrados en las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para el año 2003 recogen unos resultados muy similares a los que se han recogido durante los últimos años acerca de los principales sectores económicos ocupados por los inmigrantes en España. El sector servicios es el que más proporción de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social tiene, seguido de la construcción y el sector agrario, con proporciones muy cercanas.

Sin embargo, este orden de proporciones es diferente al observado para el total de afiliación. Entre los extranjeros, tienen menos importancia los sectores servicios e industria de la que tiene la afiliación española en general, y se compensa esa menor importancia con un mayor peso en el sector agrario y el de la construcción. De hecho, en 2003, el 61% de los extranjeros afiliados trabajó en el sector servicios, mientras en el total de afiliación, esa proporción fue de un 64,5%, y un 9% de extranjeros se agrupó en el sector industrial, frente a un 16,05% en el total de afiliación. Los datos en el sector agrario y de la construcción fueron un 14,1% para la proporción de extranjeros en el sector agrario, cuando en el total de la afiliación fue un 7,9%, y un 15,8% de extranjeros afiliados al sector de la construcción, frente a un 11,4% en el total de afiliación.

Al observar los datos de afiliación distribuidos según nacionalidad y sector económico ocupado, éstos muestran grandes diferencias entre las distintas nacionalidades. Así, para el año 2003, un 67,86% de la afiliación total de los inmigrantes procedentes de América Central y del Sur es en el sector servicios (y dentro de este sector, se dedicaron principalmente al servicio doméstico), y en un segundo lugar, pero muy alejado del sector servicios, con un 15,93%, se encuentra la afiliación al sector de la construcción. Para los africanos, los principales sectores ocupados son el sector servicios y el agrario, con unos porcentajes del 35,79%, y 31,75% respectivamente. Los asiáticos ocupan puestos de trabajo principalmente en el sector servicios, esta proporción es de un 77,60%, y muy alejados de ella se encuentran los demás sectores, donde la industria, con un 10,09%, es el más importante. Por último, los inmigrantes procedentes de los países del Este ocupan, con una proporción del 50,22%, puestos de trabajo en el sector servicios, tras él se encuentran el sector de la construcción y el agrario, con unos porcentajes del 21,95%, y 16,53% respectivamente (datos recogidos del Anuario de Estadísticas Laborales de 2003, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales).

TABLA 6. AFILIACIÓN EXTRANJERA POR SECTOR ECONÓMICO Y SEXO (2003)

Fuente: MTAS, Anuario de Estadísticas Laborales, 2003. Page 25

En los datos recogidos en el análisis del mercado de trabajo realizado por la EPA 2003, se observa que dentro de las 66 distintas ocupaciones registradas, sólo doce de ellas concentran más del 71% de la población inmigrante ocupada (para la población española, este porcentaje es del 27%, y en caso de los inmigrantes procedentes de la UE, es del 18%).

Dentro de esas doce ocupaciones, ocho se incluyen en el grupo de la CNO-94 (Clasificación Nacional de Ocupaciones) de «trabajadores no cualificados», tres de ellas corresponden a los obreros cualificados, y una incluye los trabajadores de los servicios de restauración. Así, la mayoría de estas ocupaciones son en trabajos manuales, que no requieren un nivel alto de formación o cualificación profesional.

TABLA 7. DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR TIPOS DE OCUPACIÓN Y NACIONALIDAD, (POBLACIÓN OCUPADA MENOR DE 50 AÑOS).

(Media de los tres primeros trimestres de 2003)

Fuente: Garrido y Toharia, 2004. Page 26

Al observar más detalladamente los datos, apreciamos que la ocupación que concentra más trabajadores extranjeros es la de «empleados domésticos y otro personal de limpieza», sobre todo en el caso de los latinoamericanos, con un 29%, y los procedentes de Europa del Este, donde el 20% de los trabajadores se agrupan en esta ocupación. En el caso de los africanos, este porcentaje es menor, de un 8,2%, pues los principales puestos de trabajo ocupados por ellos son en la agricultura y la construcción. Aún así, todos estos porcentajes son mucho mayores que el correspondiente dentro de los trabajadores españoles o los de la UE, que está en torno al 4,5%.

Al estudiar el nivel de estudios de la población inmigrante en España, se puede concluir en general, que es igual y a veces superior al de la población española. Según la procedencia, estos niveles de estudios difieren bastante, así, mientras los inmigrantes procedentes de Europa (tanto de la UE como de los países del Este) tienen niveles de estudios superiores a los de los españoles, y los que proceden de Latinoamérica los tienen muy cercanos al nivel de estudios medio de los españoles, entre la población africana los niveles de estudios son bastante inferiores a los de los españoles. Aun así, hay que tener en cuenta que cualquier análisis que se haga acerca de los estudios, sobre todo entre la población africana, está muy sesgado, ya que tiene en cuenta el nivel de estudios registrado oficialmente mediante la aportación de un título académico convalidado. Sucede así, que los títulos obtenidos por la población africana, no son fácilmente homologados debido al desconocimiento del idioma, y eso hace que muchos inmigrantes procedentes de África sean registrados como analfabetos, o con niveles de estudios primarios, cuando en la práctica se observa que la mayoría de ellos cuenta con un nivel de estudios superior o al menos medio.

De este modo observamos que los inmigrantes procedentes de África son los que menor nivel de estudios poseen, ya que más del 60% de la población, no supera los estudios primarios, mientras que los procedentes de Europa en general, tienen mayores niveles de estudios que los españoles, ya que suman porcentajes de más del 30% de la población con estudios universitarios o de formación profesional, mientras que entre los españoles estos porcentajes no llegan al 20%. En la población latinoamericana, el nivel de estudios predominante es el secundario, al igual que en la española.

TABLA 8. NIVEL DE ESTUDIOS SEGÚN NACIONALIDAD Y SEXO. (Media de los tres primeros trimestres de 2003)

Fuente: Garrido y Toharia, 2004. Page 27

Para explicar los motivos por los que una persona toma la decisión de abandonar su país para ir a vivir a otro, la mayoría de los estudios realizados se apoyan en la teoría del capital humano. Por ejemplo, el informe realizado por el CES, «La inmigración y el mercado de trabajo en España», explica que el extranjero analiza los beneficios futuros que le puede aportar ese traslado, que lo considera como una inversión, y en función de los mismos, decide si emigrar o no. Los principales factores que influyen en esa decisión son los de carácter socioeconómico, dentro de los cuales están los factores de expulsión (presentes en el país de origen), y los de atracción (en el país de destino).

Entre los factores de expulsión se encuentran por ejemplo los bajos niveles de renta de esos países, o las pocas posibilidades de trabajo que existan. Los diferenciales de calidad de vida, y bienestar social entre el país origen y el de destino, son también elementos que hacen más atractiva para el inmigrante la decisión de dejar su país. Y por último se encuentran factores tan importantes como lo son las persecuciones que algunos extranjeros sufren en sus propios países a causa de las guerras internas e ilegítimas que se dan en ellos; estas guerras les hacen huir de sus países sin casi importarles el coste de su traslado al país de destino, o el peligro que pueda correr en la travesía.

Los factores de atracción son también importantes en la decisión de emigrar. Los mayores niveles de bienestar, y la posibilidad de encontrar un empleo con un mayor salario en el país de destino son los principales motivos por los que el extranjero elige entre un país u otro. Una mayor segmentación del mercado de trabajo aumenta las posibilidades que ofrece el país de destino; el mercado de trabajo se separa en uno secundario, y otro primario, y la escasa movilidad entre éstos provoca la existencia de altas tasas de paro y ofertas de trabajo sin cubrir simultáneamente. Para poder acceder a trabajos del segmento primario es necesario adquirir altos niveles formativos, pero una vez adquiridos, las personas no quieren ocupar trabajos en el segmento secundario debido a las malas condiciones del mismo (bajos salarios, estacionalidad, temporalidad, pocas posibilidades de promoción,...), y prefieren quedarse en espera de un buen trabajo antes de ocupar otro con peores condiciones. De este modo, se reduce aún más la movilidad de la población activa, y aumenta la tasa de paro, al mismo tiempo que hay escasez de mano de obra no cualificada (como es la que se necesita en el segmento secundario), y muchas ofertas de trabajo sin ocupar.

También son importantes las características personales del extranjero, tales como la edad y los niveles de educación y conocimientos del mismo. Así, se produce una autoselección del flujo de inmigrantes, de manera que las personas que deciden emigrar son las que reúnen una serie de características personales como son una menor edad, ya que ésta les permitirá tener un horizonte temporal más amplio para aprovechar los beneficios de su inversión, o unos mayores niveles educativos, que serán los que les permitan conocer las oportunidades de trabajo que ofrecen los demás países _véase Carrasco (2003)_.

Por tanto, el extranjero, al entrar en España, se encuentra con un mercado de trabajo muy distinto al que hay en su país, ya que el Page 28 español, aunque adolece de grandes debilidades y malas condiciones, es mucho mejor que el existente en los países origen de la inmigración. En España, el inmigrante va a encontrarse con unos mayores salarios, mejores condiciones laborales, menor explotación por parte del empresario, etc. Pero no es sólo ese motivo el que le hace decidir abandonar su país para venir a España, sino que está huyendo a veces de una pobreza absoluta, de una persecución a causa de guerras internas (debido a la gran inestabilidad política de algunos países), o de unos muy bajos niveles de bienestar social en su país. Estos factores hacen que el extranjero que llega a España, esté dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de quedarse, de manera que, si la única forma por la que puede residir legalmente en España, es aportando su fuerza de trabajo, pues aceptará cualquier ocupación que se le ofrezca _Jimeno, Ahn, Blanco y Felgueroso (2003)_.

En España existe una gran segmentación en el mercado laboral en comparación con la mayoría de países de la UE. En países como Reino Unido, Irlanda, Alemania, Francia o Luxemburgo, la población inmigrante cuenta con unas tasas de paro más altas que la población autóctona, como ocurre en España, sin embargo, al analizar los tipos de trabajo que ocupan los inmigrantes no se observa una sectorización y tasas de temporalidad tan altas como las que tienen las ocupaciones de los inmigrantes en España _OCDE (2004)_. Aquí los inmigrantes, sin importar el nivel de cualificación que posean, están obligados inicialmente a ocupar puestos de trabajo en que no haya ningún español capacitado para ocuparlo; esto hace que finalmente, los puestos de trabajo que ocupan sean los que peores condiciones tienen, con menores salarios, mayores tasas de temporalidad, menores oportunidades de promoción, mayor explotación,.., ya que para los mejores puestos de trabajo, los que requieren una mayor cualificación, ya existe una gran bolsa de desempleados españoles dispuestos a ocuparlos.

Se habla mucho en los medios de comunicación de los inmigrantes irregulares, y se dice que están provocando un afloramiento de la economía sumergida, y que, mientras obtienen dinero por su trabajo, sin aportar nada en concepto de cotizaciones, sí están recibiendo prestaciones sociales, como las sanitarias, ya que son prestaciones universales que sólo requieren estar empadronados para poder beneficiarse de ellas. Pero esto ocurre únicamente porque las condiciones tan estrictas impuestas por la Ley, y los largos periodos de espera hasta la obtención del permiso de trabajo y residencia, hacen que el inmigrante no pueda ser contratado legalmente hasta transcurrido un largo plazo de tiempo, de manera que, si quiere sobrevivir en España, para obtener dinero de algún sitio, tiene que trabajar en unas condiciones la mayoría de las veces totalmente infrahumanas, para aguantar la espera de esos papeles que le otorgan la condición de «legalidad». Muchas otras veces, el inmigrante no es capaz de encontrar esa oferta de trabajo para la que no existe ningún español dispuesto a ocuparla, y entonces, prefiere continuar trabajando irregularmente, y con suerte puede llegar a conseguir contacto con alguna mafia que le proporcione productos ilegales que poder vender en la calle.

Se habla también a veces del posible impacto que pueda tener sobre los salarios la entrada de un gran número de inmigrantes en el mercado de trabajo español¹. Al mirar la evolución de los salarios en otros países en los que las corrientes inmigratorias empezaron a establecerse antes que en España, no se observa ninguna disminución de los mismos Page 29 como consecuencia de ellas. En España se espera que ocurra igual, ya que, aunque en un principio el inmigrante se ve obligado a ocupar puestos de trabajo de baja cualificación y bajos niveles salariales (que son los que podrían presionar a la baja sobre los salarios nacionales), pasados unos años se podrán ocupar mejores puestos de trabajo, y con mayores salarios, ya que sus niveles de formación se lo permitirán; de este modo, a medio-largo plazo, el nivel de salarios se espera que no varíe como consecuencia de las corrientes inmigratorias.

Por lo tanto, y como conclusión final de este apartado, se puede decir que la población inmigrante no sólo no constituye un elemento negativo para el mercado de trabajo español al incorporarse en él, sino que, si se gestionara más eficientemente, y no se le pusieran tantas trabas a la hora de conseguir el permiso de trabajo que le permite firmar un contrato, podría ser un factor con grandes externalidades positivas sobre este mismo mercado. Cubrirían todas las ofertas de trabajo rechazadas por los españoles (principalmente en el sector servicios y agrario), de manera que en esos sectores se podrían mantener los niveles de producción sin riesgo a una reducción en los mismos como consecuencia de una escasez de mano de obra. Si se permitiera más rápidamente el acceso de los inmigrantes altamente cualificados a puestos de trabajo de mejores condiciones, sería también algo positivo, ya que la curva de salarios no sufriría el posible descenso que puede darse a corto plazo como consecuencia de una masiva entrada de trabajadores en los puestos de trabajo de menores salarios. Y además, con una menor burocratización y mayor agilidad de trámites en la obtención de los permisos de trabajo, los inmigrantes comenzarían antes a trabajar legalmente en España, y por tanto, a aportar ingresos públicos en forma de cotizaciones sociales, y esto permitiría una mayor sostenibilidad del sistema de protección social.

Con motivo en el cambio de las corrientes migratorias que tuvo lugar en España en los años 80 se estableció la primera regulación del derecho de extranjería mediante la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. Esta Ley se elaboró meses antes de la incorporación de España a la UE; los flujos de inmigración no eran todavía demasiado grandes, en comparación con países como Alemania, Francia, y Bélgica, pero España decidió elaborarla con unas condiciones muy restrictivas respecto al establecimiento de la población inmigrante en España, pues pensó que ésto podría ser un lacre en su próximo ingreso en la UE, al poder convertirse en un país de paso hacia esos países para los inmigrantes. Esta Ley estableció unos criterios de entrada en España prácticamente imposibles de alcanzar, los permisos de trabajo y residencia eran de corta duración y casi inexistentes, no se preveía la reagrupación familiar, se recortaban algunos derechos fundamentales y se negaba a veces a los inmigrantes las prestaciones sociales que les correspondían por sus cotizaciones. La persecución policial y el riesgo a ser expulsado del país era una constante en la vida de los inmigrantes. Pero, afortunadamente, los tribunales de justicia, tanto los nacionales (Tribunal Supremo y Constitucional) como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ampliaron los derechos de los inmigrantes respecto de los reconocidos legalmente, ya que las masivas expulsiones realizadas no tenían los resultados pretendidos, pues el volumen de flujos de inmigrantes no se veía reducido, y la solución que tomaba el Gobierno ante este hecho eran las regularizaciones extraordinarias, que son la más visible prueba del fracaso de esta regulación.

Tras el reconocimiento de que esta Ley no se ajustaba a los criterios establecidos en el Page 30 marco comunitario, y además no conseguía los fines pretendidos, ya que España se había convertido en tierra de inmigrantes, y eso, no iba a cambiar con una Ley de extranjería tan restrictiva, se decidió hacer una reforma de la misma. De este modo surge la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Esta nueva Ley dio un giro completo a la 7/1985, ya que en ella se incluían objetivos tales como la integración laboral de los inmigrantes en España, o la equiparación de derechos entre los españoles y los extranjeros. Se pretendió la regularización de los inmigrantes que ya estaban establecidos en España, y la creación de unos cupos anuales de inmigrantes de forma que se pudieran integrar en España y pudieran acceder más fácilmente al mercado de trabajo. También se iba a posibilitar el ejercicio de un derecho fundamental (reconocido así en nuestra Constitución, y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos) hasta entonces totalmente inviable en España para los inmigrantes, como es el de la reagrupación familiar. Finalmente no se desarrolló el Reglamento que debía haber seguido a esta Ley, ya que el Gobierno (que fue el único grupo parlamentario que no había votado a favor de la aprobación de la misma), justificó el incremento de los flujos inmigratorios que había tenido lugar en los meses posteriores a la Ley con el «efecto llamada» que a su juicio había provocado la misma. En efecto, el país había recibido una gran cantidad de inmigrantes tras ese cambio de la Ley de extranjería, pero de nuevo esto no fue con motivo del cambio de la Ley, sino por la conversión de España en país receptor de inmigrantes debido a sus mejores condiciones socio-económicas.

La Ley 8/2000 de 22 de diciembre no hacía otra cosa que cambiar radicalmente el signo de la política inmigratoria seguida por la anterior Ley, estableciendo claras diferencias entre los inmigrantes regulares o irregulares, y el régimen de derechos que a cada grupo se reconocen (reunión, asociación, huelga, sindicación-), y rompiendo la plena equiparación de derechos entre españoles e inmigrantes que reconocía la anterior Ley, que lo hacía sin distinción alguna entre inmigrantes «con» o «sin papeles». Es una Ley que únicamente se centra en el control de los flujos de inmigrantes, y en el establecimiento de vías de expulsión de los que se encuentran residiendo ilegalmente en España, cerrando así las posibilidades que la anterior Ley les concedía para regularizar su situación. Esto no ha hecho otra cosa que propiciar el desarrollo de numerosas mafias que trafican con estas personas, y son el único medio de entrada y regularización que tienen muchos inmigrantes, debido a las pocas soluciones que aporta esta Ley _Massó (2003)_.

En la exposición de motivos de esta Ley, además de la gestión de los flujos de inmigrantes, se encuentra el de la adecuación a las directrices europeas en materia inmigratoria, adoptadas por los jefes de Estado y de Gobier-no de los estados miembros de la UE los días 16 y 17 de octubre de 1999 en la cumbre de Tampere en 1999 para la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. Pero aún no se ha dictado normativa comunitaria alguna que seguir (aunque será poco el tiempo que previsiblemente habrá que esperar para ello, ya que en el Tratado de Ámsterdam _año 1999_, se acordó que en un periodo máximo de cinco años se adoptarían medidas de política de inmigración a nivel europeo), y en cambio sí hay tratados internacionales de derechos humanos que cualquier Ley de extranjería elaborada en España debe respetar.

Otro objetivo que persigue esta reforma es la lucha contra las mafias y el tráfico ilegal de personas, aunque no se observan cambios significativos respecto de lo establecido en la anterior Ley en este ámbito, ya que las únicas políticas de control que se perciben en esta Ley son las dirigidas exclusivamente al propio inmigrante.

Esta Ley, siguiendo el mandato constitucional que dice que «los extranjeros gozarán Page 31 en España de las libertades públicas que garantiza el Título I, en los términos que establezcan los tratados y la Ley, así como la jurisprudencia al respecto del Tribunal Constitucional», ha reconocido los compromisos internacionales adquiridos por España como país de la UE, pero ha añadido, que garantiza un trato justo a los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de los estados miembros de la UE. De este modo, establece una clara distinción entre los que residen de forma legal en España y los que no, reconociendo una serie de derechos fundamentales a los primeros, y sólo reconociendo la titularidad, pero no el ejercicio de los mismos, como ocurre con los derechos de reunión, asociación, huelga y sindicación, para los que se encuentran ilegalmente en España (esto puede provocar dudas sobre su constitucionalidad, al tener que respetar el ejercicio del contenido esencial de cualquier derecho con independencia de la condición legal en que se encuentre el sujeto). También hay que decir, que incluso entre los residentes legales en España, el ejercicio de algunos derechos, a veces pasa por la consecución de algunas condiciones, como ocurre por ejemplo con el derecho a la reagrupación familiar, en que el inmigrante, no sólo tiene que demostrar que cuenta con una vivienda y medios económicos suficientes para atender al reagrupado, sino que además se le obliga a demostrar que ha residido legalmente en España durante un periodo mínimo de un año, de manera que incluso al inmigrante residente legal, se le priva durante el primer año de algo tan importante como es la convivencia con su familia, cuando hubiera bastado con haber exigido la demostración de los medios económicos suficientes, si lo que se pretendía realmente es una reagrupación familiar viable económicamente.

La última gran reforma realizada en la Ley de extranjería, es la llevada a cabo en 2003, Ley 14/2003 de 20 de noviembre a la que se le añade, por tratar fundamentalmente sobre la expulsión de los inmigrantes ilegales, la Ley Orgánica sobre medidas de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración de los extranjeros, de marzo de 2003. Esta reforma se realiza con los propósitos de control de los flujos de inmigrantes y la integración de los mismos. Destaca en ella, el reforzamiento de los medios sancionadores para luchar contra la inmigración ilegal y el tráfico de personas, la habilitación del acceso a la información de las Administraciones públicas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y la habilitación de acceso a la información ofrecida por el Padrón Municipal a favor de la Dirección General de la Policía, una modificación en las condiciones del derecho a la reagrupación familiar y en las posibilidades de regularización individual por la vía de arraigo. Esta Ley es, una vez más, el reflejo de una política inmigratoria que sólo persigue el control de la entrada de inmigrantes en España, y las restricciones a los mismos, más que la real integración social. Es una Ley que recorta aún más los derechos de los inmigrantes establecidos ilegalmente en España, y que impide casi por completo la posible regularización de los que no han tenido medios para llegar a España regularmente, y han entrado sin haber conseguido previamente el permiso de trabajo necesario para acceder dignamente al mercado de trabajo español y conseguir así una plena integración social.

Respecto a la modificación realizada en cuanto a las posibilidades de regularización de una persona que se encuentra residiendo ilegalmente en España, la nueva Ley restringe el significado de la vía de arraigo, a los extranjeros que acrediten su permanencia en España durante tres años, en los que concurra la situación de arraigo, es decir, la incorporación real al mercado de trabajo, o los vínculos familiares con extranjeros residentes o españoles. De este modo, elimina la posibilidad que ofrecía la anterior ley 8/2000, de adquisición del permiso de trabajo y residencia por parte de los extranjeros que acreditasen una permanencia continuada en España, Page 32 sin permiso de residencia, durante un periodo mínimo de cinco años, y que fue la forma de acceder a la residencia legal para muchos extranjeros en España. El Reglamento que se desarrolle será el que establecerá finalmente los requisitos necesarios para el acceso a la residencia y trabajo por arraigo, y matizará el procedimiento para regularizar, aunque sea transitoriamente (por medio de un permiso de residencia temporal) a inmigrantes que residan en España de manera ilegal, pero tengan un puesto de trabajo.

La reforma respecto al derecho fundamental de la reagrupación familiar también es importante ya que en primer lugar se elimina el supuesto excepcional de reagrupación familiar por razones humanitarias, pues abría la posibilidad de obtener excepcionalmente un permiso de trabajo temporal. Respecto a los familiares reagrupables, la nueva Ley incluye no sólo a los ascendentes del residente extranjero, sino también a los del cónyuge reagrupado, si dependen económicamente del residente legal. Respecto a los requisitos para la reagrupación, continúa exigiéndoseles demostrar que cuentan con medios económicos y vivienda suficiente para atender a los reagrupados, y que han residido legalmente en España durante un periodo mínimo de un año contando con una autorización para residir durante al menos otro año más (privándole así de la convivencia con sus familiares a lo largo del primer año). Pero, el cambio más significativo en este artículo se encuentra en la exigencia a los reagrupados, incluidos los ascendentes reagrupados, de la obtención de una autorización de trabajo y residencia independiente de la obtenida mediante la reagrupación, para poder a su vez reagrupar a sus familiares. Este requisito es muy restrictivo, ya que puede darse el caso de que un ascendiente mayor de edad haya sido reagrupado precisamente con motivo de su dependencia económica respecto del hijo, y que, por ser mayor de edad, no consiga una oferta de trabajo, y finalmente no pueda reagrupar a su familia (como puede ser, por ejemplo, su mujer, que no tiene por qué ser la madre de su hijo, y por lo tanto, éste no podría reagruparla). De manera que se aprueba la reagrupación con motivo de la dependencia económica, pero luego se exige la obtención de un puesto de trabajo para poder a su vez el reagrupado traer a su familia.

Otro nuevo precepto bastante restrictivo incluido en esta Ley es el que permite a la Dirección General de la Policía el acceso a los datos recogidos en el Padrón Municipal de habitantes. En estos datos están registrados la mayoría de inmigrantes que residen ilegalmente en España, pues así se ha potenciado siempre desde la Administración Central, para que estos inmigrantes pudieran tener acceso a las prestaciones sociales, y para poder tener un mejor conocimiento de la cifra real de inmigrantes que hay en España. Se da una incongruencia en este caso, ya que además del acceso a las prestaciones sociales, el empadronamiento sirve como única prueba para demostrar la residencia en España a la hora de obtener la residencia legal por arraigo, y ahora, puede servir para que la policía localice a inmigrantes que residen ilegalmente en España y así poder devolverlos a sus países. Esta medida se convierte así en una medida de coacción al inmigrante, ya que ahora éste, por miedo a ser descubierta su residencia en España y a ser expulsado del país, puede no empadronarse, con las consecuencias que esto conllevará, ya que habrá un mayor desconocimiento de la cifra real de inmigrantes en España, y no se podrán realizar buenas estimaciones del gasto social necesario anualmente. Además, por último, es una medida que no respeta el carácter no retroactivo que debe mantener cualquier Ley, ya que en el Padrón, se recogen datos, tanto de los inmigrantes que se han empadronado tras la aprobación de la nueva Ley, como de los empadronados con anterioridad a la misma, de manera que, puede perjudicar a estos últimos, y esto es algo inevitable, ya que el acceso a los datos permitido a la policía, no especifica que sea únicamente a los de los Page 33 nuevos residentes, y además, sería imposible establecer esta separación entre los mismos.

También existen algunos cambios en lo referente a las medidas de expulsión, devolución y retorno contenidos en la Ley Orgánica sobre medidas de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración de los extranjeros, de marzo de 2003. Estas reformas también están destinadas fundamentalmente a evitar la inmigración ilegal, y además, al leer el preámbulo de dicha Ley, parece que identifica inmigrante con futuro delincuente. Entre ellas podemos destacar la imposibilidad de solicitar la residencia legal por parte de una persona que tiene iniciada una orden de expulsión (cuando antes esto ocurría sólo en el caso de tener ya resuelta esa orden de expulsión), ya que no se la admitirán a trámite (esto además va en contra de la presunción de inocencia, ya que la orden de expulsión no está aún resuelta); tampoco tiene derecho a solicitar la autorización de trabajo y residencia cualquier extranjero condenado a una pena privativa de libertad, sea cual fuere dicha pena. Por otro lado está la facultad que tiene el juez de sustituir cualquier pena no superior a 6 años, sea una pena por un delito grave o leve, por la expulsión (así, un extranjero en un proceso penal, está prácticamente destinado en cualquier caso a la expulsión del país, en vez de ser esta posibilidad algo extraordinario, se ha convertido en la regla general, imposibilitando así la reinserción de ese extranjero), de este modo se trata por igual al que ha cometido un delito como puede ser un robo con intimidación, que al que ha cometido solamente una injuria a una persona; en el caso de personas que no han delinquido, pero que sí han sido detenidas por encontrarse residiendo de manera irregular en España, se establece la orden de devolución a su país, y como habitualmente no hay posibilidad inmediata de viajar al mismo, en el periodo de tiempo transcurrido hasta poder salir del país, se le encierra en un centro de internamiento, en el que se la trata como a un delincuente, ya que las condiciones de estos centros son prácticamente como las de las cárceles. Se castiga en esta Ley, el tráfico ilegal de personas, y se premia al extranjero que denuncie a la banda traficante que le ha traído a España, concediéndole el permiso de residencia legal, pero no se hace así si el inmigrante denuncia al empleador que está explotándole y pagándole una miseria de salario sin contrato alguno, y así, el inmigrante se siente desprotegido, ya que no se atreve a denunciar a este explotador, por miedo a ser descubierta su situación de ilegalidad.

Como vemos, la evolución de la Ley de extranjería no hace otra cosa que preocuparse por poner cada vez más restricciones y controles a la entrada de inmigrantes en España, en lugar de tratar de favorecer su integración. Pero los inmigrantes no sólo vienen a España en busca de un mayor bienestar social, o por entrar en un país en el que creen que tendrán solucionada la vida; lo hacen también porque están huyendo de sus países, que en la mayoría de los casos tienen una extrema pobreza, y continuas guerras y problemas políticos que hacen que gran parte de la población pase años sufriendo para ahorrar las grandes sumas de dinero que les permitirán abandonar su país, aun con el riesgo en muchos casos de perder la vida en la travesía. De manera que por muy estricta que quieran elaborar la Ley, y muchos controles que quieran establecer sobre la entrada de inmigrantes ilegales, esto no va a hacer otra cosa que propiciar el desarrollo de mafias de tráfico ilegal de personas, que se convierte en el único medio que tiene el inmigrante para escapar de sus países.

Las tres formas principales para conseguir un permiso de trabajo y residencia en España, han sido, desde la Ley 8/2000: el régimen general, el sistema del contingente anual y las regularizaciones extraordinarias.Page 34

Es el último mecanismo de acceso al mercado de trabajo con que cuentan los inmigrantes. Puede resultar paradójico que una supuesta extraordinaria regularización esté Page 36 incluida dentro de las principales formas de concesión de permisos de trabajo y residencia para los inmigrantes, pero la realidad es que una gran proporción de inmigrantes residentes legalmente en España, obtuvieron el primer permiso de residencia gracias a estas regularizaciones. De hecho, han tenido lugar cinco regularizaciones de este tipo, en los años 1986, 1991, 1996 y 2000 (dos regularizaciones en este último año).

El Gobierno utiliza esta medida como vía rápida de salida ante situaciones en que existe un gran número de inmigrantes irregulares, sin establecer condición alguna para la obtención de la residencia legal, más que la demostración de haber residido en España durante un periodo determinado. Así, los inmigrantes que podían acudir a la regularización extraordinaria que tuvo lugar en 2000 tras la aprobación de la Ley 8/2000, entre los meses marzo y julio de ese año, eran los que reunían cualquiera de las condiciones siguientes:

_ Inmigrantes que se hubieran hallado en España desde antes del 1 de junio de 1999.

_ Los que hubiesen sido titulares de un permiso de residencia o trabajo en los tres años anteriores al 1 de febrero de 2000.

_ Solicitantes de asilo a los que se hubiera denegado la solicitud antes del 1 de febrero de 2000.

_ Solicitantes de algún tipo de permiso antes del 31 de marzo de 2000.

_ Familiares de alguno de los anteriores o de residente legal comunitario o no.

En esta regularización fueron presentadas 247.598 solicitudes, de las cuales el 66% fueron concedidas. De este modo, sólo en el periodo transcurrido entre los años 2000 y 2002, tras las dos regularizaciones extraordinarias que tuvieron lugar, el número de inmigrantes residentes legales en España, creció en 463.277 personas.