STS 751/2006, 7 de Julio de 2006

Dos motivos articula este recurrente. El primero, al amparo del art. 849-1º L.E.Cr . y 5-4 L.O.P.J ., por infracción del art. 18-1º y 3º C.E ., que protege la intimidad personal y el secreto de las comunicaciones telefónicas.

1. Nos dice que la inobservancia de estos derechos en el inicio y en el curso de la investigación de un presunto delito de tráfico de drogas ha hecho que la prueba obtenida en el mismo carezca de virtualidad probatoria, por nulidad de todo lo averiguado por medio de las escuchas telefónicas y del resto de actuaciones derivadas.

   Pone en entredicho el presupuesto legal habilitante del primero de los autos que ordenaron intervenir su teléfono. Las sospechas de la policía no eran objetivas y consistentes, sin olvidar la prohibición de las escuchas predelictuales o meramente prospectivas.

   Estima que no se especificaron las fuentes de información de un modo concreto, con el fin de controlar la regularidad y legalidad de las mismas. Nada excluye que tales fuentes de información fueran, a su vez, escuchas ilegales.

   Por último sostiene este recurrente que las sucesivas decisiones de intervenir otros teléfonos no fueron precedidas de la escucha directa por la jueza instructora de las cintas originales, por lo que el auto habilitante no contó con lo hasta entonces investigado y revelado en las intervenciones precedentes.

   Las cintas originales no habían sido entregadas cuando se ampliaron el número de teléfonos intervenidos, así que en la práctica fue la policía la única que controló y valoró la situación propiciadora de la medida restrictiva del derecho fundamental.

2. Esta Sala ante la repetitividad de quejas casacionales de esta naturaleza ha venido formando un cuerpo doctrinal, con apoyo en resoluciones de nuestro Tribunal Contitucional y el Europeo de Derechos Humanos, al objeto de integrar el parco desarrollo normativo ( art. 579 L.E.Cr .) del derecho fundamental contemplado en el art. 18 C.E ., en lo concerniente a la intervención de las comunicaciones telefónicas, especialmente sobre el alcance de tal precepto en su alusión a los "indicios de responsabilidad criminal" a que alude en su apartado tercero.

   Las exigencias constitucionales que integran el marco de actuación policial y judicial legítimo serían los siguientes:

   1. exclusividad jurisdiccional en la autorización de la medida y estricta sujeción de los funcionarios que la practiquen a los términos personales, temporales y fácticos de la habilitación judicial que otorga cobertura a su actuación.

   2. adopción de la misma en el marco de una investigación en curso y, por ende, existencia de indicios suficientes de criminalidad.

   3. respeto al principio de proporcionalidad en sentido amplio, lo que exige valorar la necesidad de la misma, así como realizar un juicio de ponderación entre la afectación que supone para el derecho fundamental implicado y la gravedad del ilícito que se trata de acreditar.

   4. excepcionalidad de la medida y, por tanto, obligatoria limitación temporal a lo estrictamente imprescindible.

   5. extensión de la observación telefónica restringida a los teléfonos de las personas indiciariamente implicadas.

   6. expresión de las razones que la motivan en el auto habilitante y en los que eventualmente acuerden su prórroga, sin perjuicio de las legítimas remisiones a los escritos petitorios de la policía judicial.

   7. control judicial en la ordenación, desarrollo y cese de la medida de intervención acordada.

3. En nuestro caso en el oficio policial y correlativo auto habilitante se recoge toda una serie de datos de naturaleza objetiva, plenamente constatables, que apuntan con vehemencia hacia la existencia de una posible actividad delictiva. No son simples conjeturas u opiniones subjetivas, sino circunstancias y datos objetivables, interrelacionados y sugerentes de la existencia de que se está cometiendo o se va a cometer un delito contra la salud pública.

   No es preciso que la fuerza policial explique cuáles fueron las concretas actuaciones, averiguaciones o pesquisas que le pusieron en la pista para la obtención de los elementos indiciarios aportados a la consideración del juez. En las cuatro densas hojas que integran el oficio policial petitorio de la medida se habla de "conocimiento a través de fuentes propias de información", de "vigilancias o seguimientos", de "datos aportados por los vecinos de los inmuebles investigados", etc.

   No debe extrañarnos que la Unidad Especial para la investigación y prevención de estos delitos (UDYCO) posea un servicio de información propio, en el que constituye una fuente legítima para el arranque de una investigación policial cualquier aportación de un confidente anónimo, siempre que sea creíble y razonable, cuya garantía de credibilidad la encontraremos en el propio anonimato. Tampoco deben excluirse las declaraciones de algún miembro delator inserto en la propia organización delictiva. Lo que en modo alguno está obligada la fuerza policial es a desvelar sus fuentes de información, circunstancia que podría provocar venganzas y represalias contra los terceros informantes, a la vez que privaría a la policía de un medio de investigación legítimo y valioso, al desalentar cualquier propósito colaborador de la ciudadanía en la lucha contra la delincuencia.

   Lo que en modo alguno puede asumirse es la presunción de que los funcionarios públicos no se hayan ajustado a la ley en el ejercicio de su cometido.

4. Por lo demás, el auto habilitante cumplía con todas los requisitos para legitimar la injerencia, especialmente era patente el respeto al principio de proporcionalidad. En efecto se producía:

   1. la aptitud de la medida para alcanzar el objetivo propuesto (juicio de idoneidad).

   2. la exclusión del empleo de otro medio de investigación, que supusiera un menor sacrificio en el derecho afectado (juicio de necesidad).

   3. proporcionalidad propiamente dicha entre el derecho sacrificado (secreto de las comunicaciones) y los beneficios que se esperan obtener (desarticulación de una banca organizada, dedicada al tráfico de drogas).

5. Tampoco es atendible la censura del recurrente que considera que el juez antes de acordar una prórroga o ampliación de la intervención a otros teléfonos debe escuchar las grabaciones previas realizadas, ni siquiera es preciso que tenga en su poder las cintas originales. Tales cintas se entregaron al poco tiempo, en el plazo que el Instructor señaló en el auto autorizante, pero las circunstancias y situaciones de la investigación permiten atender al oficio policial que solicita la ampliación en el que se resumen los resultados obtenidos y la necesidad y conveniencia de acceder a la medida ampliatoria peticionada.

   El juez no está obligado a comprobar la realidad del oficio, como si se tratara de alegaciones de una parte procesal privada, si las explicaciones le ofrecen suficientes garantías. Se trata de oficios suscritos por la autoridad policial, emitidos en cumplimiento de sus funciones, que coinciden con las obligaciones de la autoridad judicial o fiscal de perseguir los delitos y detener a los delincuentes, en cuyo cometido los primeros se hallan bajo la dependencia y dirección de las referidas autoridades.

   Será el juez quien deba hacer el juicio de ponderación y conveniencia dentro del contexto de la investigación con la garantía de que poco sentido tiene para la policía deformar en un oficio unos resultados de la investigación, si al poco tiempo la misma fuerza policial solicitante debe aportar las grabaciones originales con sus transcripciones al juzgado instructor al que solicitó la medida.

   Por todo lo expuesto el motivo no puede prosperar.

En el segundo de los que formula, residenciado en el art. 5-4 L.O.P.J ., estima infringido el derecho constitucional a la presunción de inocencia regulado en el art. 24-2 C.E .

1. A su juicio las pruebas en las que se sustentó la condena carecen de valor alguno, dada la ausencia de garantías necearias para reconocer eficacia probatoria al contenido de unas grabaciones que han sido defectuosamente introducidas en el juicio.

   Citando jurisprudencia de esta Sala sostiene que para que el contenido de las grabaciones pueda valorarse como prueba habría sido necesario:

   1. que se hubiera hecho entrega oportunamente al Juez de instrucción de las cintas de grabación originarias.

   2. que se hubiera procedido a una audición de las mismas a presencia judicial, de los interesados y de las partes.

   3. que, caso de no haberse reconocido por los interesados la autenticidad de tales grabaciones, se hubiera practicado la pertinente información pericial.

   4. que por el secretario judicial se hubiere practicado la transcripción de dichas grabaciones o de la parte de las mismas que la autoridad judicial -oídas las partes- hubiere estimado relevantes a los fines del proceso.

2. Las exigencias que a juicio del recurrente debieron producirse no son tales, como muy bien replica el Mº Fiscal. En el paso del plano constitucional al procesal ordinario constituído por la introducción en el juicio de las pruebas procedentes de las grabaciones no se ha detectado ningún déficit formal que pueda restarles valor probatorio.

   Así, las cintas recibidas en el juzgado fueron transcritas conforme fue ordenado por providencia de fecha 28-10-2002 (f. 1641 del procedimiento), la cual fue notificada a las partes, sin que ninguna de ellas pidiera intervenir en las transcripciones.

   A su vez por providencia de fecha 5-12-2002 (f. 1930) se acuerda comunicar a las partes que tienen a su disposición las transcripciones, sin que ninguna de ellas hiciera alegación alguna sobre el particular. En efecto, a los folios 1775 al 1928 del procedimiento consta la transcripción de las cintas; un conjunto de folios firmados por un Oficial de la oficina de transcripciones de la Administración de Justicia.

   A su vez para el acto del juicio oral sólo el fiscal propuso la audición de las cintas, como prueba documental, la cual se dio por reproducida, siendo en este momento cuando la parte recurrente se opuso a la validez de las transcripciones efectuadas utilizando los mismos argumentos de los que ahora se sirve en el recurso.

   La queja carece de viabilidad, porque las cintas estuvieron en la Sala de audiencia a disposición de las partes, y el contenido de las grabaciones fue reflejo fiel de las conversaciones intervenidas, según certificación del fedatario judicial, habiendo sido incorporado tal contenido al debate de dicho acto solemne a través de las preguntas que con referencia a la transcripción auténtica se formularon a los acusados. Las referidas cintas fueron prueba documental practicada con las garantías propias del juicio oral.

   En atención a todo lo dicho el tribunal conforme establece el articulo 726 de la L.E.Cr . pudo tomar conocimiento por sí de los documentos referidos (transcripciones cotejadas), tal como se deduce de la fundamentación jurídica de la sentencia, fundamento jurídico segundo, en el que, entre otras pruebas, se apoya en el contenido de las conversaciones telefónicas para declarar probados los hechos y la culpabilidad de los acusados.

3. En atención a lo expuesto es evidente que las cintas se entregaron en el juzgado cuando el instructor dispuso, una vez transcritas por la fuerza policial, como igualmente acordó dicho instructor.

   Posteriormente se realizó el cotejo por el secretario u oficial habilitado y las partes que conocían o podían conocer la transcripción han dispuesto de los originales en todo momento, no interesando la comprobación o cotejo de pasaje alguno, ni prueba fonológica o su audición o lectura en juicio de todo o parte de lo grabado.

   De ahí que, conforme al art. 726 L.E.Cr ., el tribunal de instancia hizo uso legítimo del contenido de las cintas en su calidad de prueba documental no impugnada oportunamente.

   Ante la validez de dicha prueba, el derecho a la presunción de inocencia ha quedado plenamente enervado.

   El motivo ha de decaer.

   Recurso de Alexander.

En el primero de los motivos, en base al art. 5-4 L.O.P.J . estima vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones regulado en el art 18.3 C.E .

1. El motivo se desarrolla argumentalmente en dos vertientes. En su dimensión constitucional con el efecto de provocar la nulidad de las cintas grabadas, y desde la óptica de la legalidad procesal ordinaria no reconociéndoles eficacia probatoria por infringir las normas que disciplinan la incorporación de la prueba al proceso con todas las garantías.

   En el plano de la legalidad constitucional la protesta queda enmarcada dentro de los mismos argumentos aducidos por el anterior recurrente a los que debemos remitirnos.

   En orden a la infracción de la legalidad ordinaria, referido al cauce de acceso al proceso, la prueba obtenida a través de las escuchas telefónicas adolecía -en su opinión- de los siguientes vicios insubsanables:

   1. ausencia de prueba que acredite que las terminales telefónicas incautadas corresponden a los números de teléfono intervenidos.

   2. no presencia de las partes en la selección de las cintas para su posterior transcripción.

   3. falta de audición de las cintas.

   4. no ofrecimiento de las grabaciones a los acusados para que reconocieran su voz o alternativamente ausencia de prueba fonológica que acredite que las voces escuchadas pertenecen a los acusados.

2. Las deficiencias alegadas no son tales. Respecto a la ausencia de prueba que acredite que los acusados han usado los teléfonos intervenidos (ap. a) que está en directa relación con la identificación de la voz (ap. d), la investigación policial y el testimonio en el plenario de los agentes han permitido atribuir el contenido de las conversaciones al autor que se asignan y ello por el mismo contexto, datos, nombres, lugares y demás circunstancias evocados en las conversaciones, luego corroboradas con las vigilancias y seguimientos. El tribunal, a medio de la prueba testifical, pudo inferir la autoría de las voces.

   Sobre la no personación de las partes en la audición de las cintas, reiterando lo afirmado por el otro recurrente, es visto que tuvieron oportunidad de intervenir a la vez que se efectuaba el cotejo judicial, lo que no es obstásculo para que en cualquier momento la parte, si no se hallaba conforme con algún extremo de lo transcrito oficialmente, solicitase la realización del cotejo de otros pasajes o la audición de las cintas en juicio o la proposición de una prueba pericial para identificación de la voz, lo que tampoco se hizo.

   A la vista del silencio habido el contenido de las transcripciones pudo actuar y actuó como prueba válida y eficaz a través del art. 726 L.E.Cr .

   El motivo no puede prosperar.

En el segundo motivo, utilizando el cauce del art. 5-4 L.O.P.J ., denuncia la infracción del art. 18.2 C.E . que prevé el derecho a la inviolabilidad del domicilio.

1. Considera obtenida ilegalmente las pruebas habidas en el registro de la CALLE000 de Aldaya que ocupaba junto a otros acusados y que pertenecía a su padre.

   El registro fue impugnado en su momento procesal por ausencia del interesado en la práctica de la diligencia, a pesar de estar localizado, consecuencia de su detención.

   La libreta hallada en su habitación con anotaciones o apuntes, que el tribunal entendió referidos a las actividades delictivas desarrolladas por la organización, no fue reconocida por el impugnante, al no asumir tales anotaciones, ni siquiera la titularidad de la libreta y autoría de las notas manuscritas.

2. Comenzando por la última alegación, es evidente que si el acusado no instó la práctica de prueba para acreditar que no era suya la letra aparecida en el "block", el tribunal pudo valorar el dato. La libreta se halla en la habitación del acusado, negando su pertenencia, pero tampoco atribuyéndola a cualquier otro morador, lo que permitió al tribunal obtener las consecuencias probatorias pertinentes.

   En cualquier caso, el argumento aducido, según el cual por el hecho de ser habida droga en una vivienda ocupada por otros no significa que todos sus moradores respondan de su posesión o de realizar con ella actividades delictivas, fue tenido en cuenta por la Audiencia y la cocaína incautada en el registro se atribuyó a la exclusiva titularidad de Eusebio, que se ha aquietado a la sentencia que le condena.

   Respecto a la ausencia del recurrente en la práctica del registro, hemos de afirmar que la secretaria y comisión policial acompañante realizaron la diligencia a presencia de otros ocupantes de la vivienda y especialmente del padre del recurrente, que era el titular de la misma, con lo que se cumplió el requisito del art. 569 L.E.Cr. Ello no empece -y en esto es razonable la protesta- que el acusado a la sazón detenido debió ser conducido al lugar del registro (si la urgencia de la diligencia lo permitía) para reforzar y reafirmar en el plano de la legalidad ordinaria las garantías probatorias dimanantes del registro.

   Sin embargo, no se ha acreditado que en la vivienda, al igual que puede suceder en un hostal u otro establecimiento de huéspedes, ocuparan los moradores con independencia o autonomía una u otra dependencia o habitación o que el padre estuviera enemistado con el hijo.

   Consiguientemente la presencia del propietario (padre del recurrente) y ocupante de la vivienda es bastante para garantizar lo que fue objeto de ocupación y demás incidencias de la diligencia practicada en los términos constatados por el fedatario judicial, amén que la prueba integrada por el hallazgo de la libreta en su habitación no fue determinante en el acervo de las probanzas de cargo que justificaban su condena.

   El motivo tampoco puede prosperar.

En el tercero y último de los formulados el recurrente alega, por la vía que autoriza el art. 849-1º y 5-4 L.O.P.J ., la vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

1. Las alegaciones formuladas extralimitan el cauce que permite el motivo, lo que aconseja recordar los límites impugnativos del mismo.

Esta Sala tiene dicho:

"La presunción de inocencia es una presunción "iuris tantum" que exige para ser desvirtuada la existencia de una mínima, pero suficiente actividad probatoria, constitucionalmente legítima, producida en el plenario con las debidas garantías procesales, de naturaleza incriminatoria y de la que se pueda deducir la existencia del hecho delictivo con sus circunstancias penalmente relevantes y la participación en él del acusado.

Es la verificación de que en el juicio oral, con respeto a los principios de publicidad, oralidad, inmediación, contradicción e igualdad de partes, se ha desarrollado la prueba racionalmente necesaria -existente, válida y suficiente- que justifique la sentencia condenatoria. No puede alcanzar a los contenidos de conciencia ni a la ponderación valorativa o fuerza de convicción que cada una de las probanzas haya podido producir en el ánimo de los integrantes del órgano judicial de inmediación, en cuanto constituye una insustituíble facultad de aquél ( art. 741 L.E.Cr.)". 2. Contrariamente a tal doctrina el recurrente lleva a cabo consideraciones particulares sobre el alcance de las pruebas practicadas en juicio. Niega la pertenencia del cuaderno de notas, propugnando su exclusión del acervo probatorio, pero la debilidad o insuficiencia de la prueba la halla en la descalificación de toda la relativa a las escuchas telefónicas, lo que hace que el motivo sólo tenga virtualidad con carácter subsidiario.

Proclamada la validez probatoria del contenido de las cintas y la regularidad del registro practicado, las pruebas con las que contó el tribunal de origen, como explicitó la sentencia en los fundamentos jurídicos 2º y 3º, son abuntantes y no dejan lugar a la duda.

Las conversaciones telefónicas, la titularidad del coche que transportó la droga, el testimonio de los agentes sobre sus movimientos y relaciones con los demás implicados, el acceso al bajo de la CALLE000 nº NUM000 de Aldaya, unido al cuaderno de notas, completan una serie de pruebas incriminatorias que justifican el tenor condenatorio de la sentencia.

El motivo ha de rechazarse.

Recurso de Clemente.

El primer motivo, vía art. 5-4 L.O.P.J ., lo formaliza por infracción del art. 24-2 C.E ., que contempla el derecho a la presunción de inocencia.

También este acusado trata de realizar deducciones o afirmaciones sobre las pruebas y su alcance probatorio, cuando tal función compete de modo exclusivo y excluyente al tribunal sentenciador ( art. 741 L.E.Cr .). Admite la existencia del delito por la incautación de una importante cantidad de droga destinada a la comercialización y posterior consumo de terceros, pero no acepta la conexión entre el hecho y el autor.

Sin embargo en la causa existen pruebas sobradas de su participación. Hemos de referirnos también al contenido de las conversaciones telefónicas, al testimonio de los agentes que describen la actividad desplegada por éste alrededor del negocio ilícito, a lo que se sumó el hecho de haber alquilado un turismo para que lo condujera otro miembro de la organización y que actuó como coche lanzadera del que transportó la droga desde Almenara. A su vez era arrendatario o usuario del local donde fue encontrada una importante cantidad de droga, y al que con inusitada frecuencia concurría.

Existió, por tanto, prueba suficiente, legítimamente introducida en el proceso y practicada en él con respecto a los principios de publicidad, inmediación, contradicción e igualdad de partes, habiendo sido valorada tal prueba de conformidad a criterios de lógica y experiencia.

El motivo debe decaer.

En el siguiente el recurrente protesta por haberse quebrantado la intimidad del domicilio, sin concurrir los requisitos legales, vulnerando el derecho recogido en el art. 18-2 C.E . y 569 L.E.Cr. La razón del motivo es la realización del registro sin hallarse presente. Pero el derecho a la inviolabilidad del domicilio se predica de aquellos recintos que delimitan la vivienda o lugar donde una persona desarrolla las actividades más íntimas.

Carece de privacidad y, por ende, de protección constitucional un simple local en el que se almacenaba precisamente la droga.

Independientemente de ello, si el propio recurrente aceptó que transitoriamente tenía cedido el local a un tercero, aunque fuera sólo parcialmente, ya no es él el titular de su uso y disfrute. En tal caso, como certeramete apunta el fiscal, de constituir morada debió conceder el permiso de entrada Isidro, a quien se lo tenía cedido y éste no opuso ninguna objeción al registro, facilitando incluso la llave para que el lugar fuera inspeccionado.

El motivo tampoco puede merecer acogida.

En el último motivo se alza contra la sentencia por entender que la conducta imputada fue secundaria o colateral, más propia de un cómplice, por lo que debió aplicarse el art. 29 en lugar del 28 del C.P ., infringiendo así la ley sustantiva, todo ello al amparo del art. 849-1º L.E.Cr .

1. Nos dice que ni acogiéndose a la teoría de la condictio sine qua non, a la de los bienes escasos o a la del dominio funcional del hecho sería posible considerarle autor del delito.

   Sin embargo, no ha reparado en la generalidad y amplitud semántica de los verbos nucleares que configuran el injusto típico del art. 368 C.P ., bastando con cualquier acto de promoción, favorecimiento o facilitación del tráfico para entender consumado el delito de tráfico de drogas.

   Ante la grave dificultad de apreciar supuestos de participación colateral no necesaria, esta Sala ha flexibilizado el rigor del precepto, reputando cómplices a quienes desarrollan conductas alejadas de la actividad principal delictiva que pueden calificarse de "favorecimiento del favorecedor".

2. Pero lo cierto es que la conducta analizada no es de esa naturaleza. Hemos de partir, por imponerlo la naturaleza del motivo, del pleno acatamiento de los hechos probados ( art. 884-3 L.E.Cr .), en los que se dice que "el día 14 de mayo de 2002, a las 18,30 Clemente llegó con el Renault Megane a la CALLE001 nº NUM005 de Alacuás, deteniéndose junto al bajo, subió la persiana metálica, retiró el Seat Córdoba G-....-TS, haciendo una señal a Isidro, el cual da una vuelta a la manzana e introduce la furgoneta en el bajo, entrando Clemente a pie y cerrando la persiana. A las 20,50, él mismo abre la persiana, retira el Renault Megane de la puerta, saliendo la furgoneta conducida por Isidro, cerrando Clemente la puerta".

   La citada furgoneta iba cargada de garrafas de gasolina, que estaban en el bajo de la CALLE001.

   Igualmente Clemente tenía alquilado el bajo ya referido.

3. Los hechos que acabamos de relatar no poseen carácter secundario o accesorio en relación a la conducta principal.

   Como apunta el fiscal tanto el aquiler del vehículo como el del local facilitan que en caso de una investigación no se pudiera relacionar a Eusebio, ni con el local ni con el turismo.

   La labor de colocar un vehículo en la puerta del local de la CALLE001 de Alacuás es fundamental, pues de no hacerlo así podría resultar imposible esconder la furgoneta, si un tercero azarosamente aparca en ese lugar, cerrando la entrada al edificio.

   De no haber facilitado tal lugar para esconder las garrafas de combustible que estaban en la CALLE001 no se hubieran podido cargar en la furgoneta Mercedes y a su vez las lanchas a las que iban destinadas no habían podido desplazarse a recoger la carga de hachís.

   Por último, no podemos pasar por alto que el tribunal de instancia ha estimado la cualificativa de organización en la descripción y atribución de los hechos delictivos sin que tal aspecto haya sido combatido por ninguno de los recurrentes, por lo que consciente de su actividad en equipo el impugnante sabe que su aportación causal al hecho será completada por la intervención de otros compañeros que forman parte de la trama y cuyas acciones o colaboración el censurante conoce y acepta como propias, por estar todas ellas ensambladas en la consecución de un objetivo común.

   No es por tanto una conducta prescindible, sino esencial, en conjunción con las demás del grupo.

   El motivo no puede prosperar.

   Recurso de Gabino.

En motivo único ataca la sentencia por vulneración del derecho a la presunción de inocencia ( art. 24-2 C.E .), sirviéndose del cauce procesal que establece el art. 5-4 L.O.P.J. 1. Como los anteriores recurrentes el campo o espacio impugnativo en el que se pueden desarrollar los argumentos ha de hacer referencia necesariamente a la negación de la existencia de prueba o, de existir, a la insuficiencia de la misma, a la irregularidad de su obtención o a la irracionalidad del proceso valorativo explicitado por el tribunal en la sentencia.

Hace un extenso y amplio recorrido por las distintas fases del proceso para poner al descubierto todas las menciones o imputaciones referidas al mismo, no hallando prueba definitiva que justifique su condena.

2. No obstante en el fundamento tercero la participación, dentro de la organización delictiva, fue concretada en la facilitación de lugares para la ocultación de la droga. Ello se acredita:

1. por su propia confesión en cuanto reconoce tener acceso y llave del local de la CALLE001 de Alacuás, donde fue habida una parte importante de la droga (ver fundamento jurídico 3º de la sentencia).

2. el testimonio de los miembros de la policía, especialmente de los agentes nºs. NUM006, NUM007 y NUM008, en relación a las escuchas telefónicas (véanse folios 1849, 1854, 1858 y ss.) que evidenciaron las conexiones y contactos con los demás integrantes de la organización.

3. los propios agentes en sus seguimientos y vigilancias lo localizaron en las inmediaciones de los lugares donde se ocultaba la droga, aunque el acusado justificara su presencia allí por finalidades relacionadas con el trabajo, lo que no fue convincente para el tribunal.

En consecuencia existió prueba lícita de carácter incriminatorio suficiente y razonablemente valorada para fundamentar la condena.

El motivo no puede prosperar.

La desestimación de todos los recursos determina la imposición a los recurrentes de las costas correspondientes, a tenor de lo dispuesto en el art. 901 L.E.Criminal .

III.