STS, 27 de Noviembre de 1998

El primer motivo del recurso formulado por la representación del condenado Tomás, articulado al amparo del art. 5.4º de la L.O.P.J. de 1 de Julio de 1985, alega violación del art. 18 de la Constitución Española en relación con el art. 579 de la L.E.Criminal, reiterando la solicitud de nulidad radical de la prueba de intervenciones telefónicas, ya formulada y razonablemente desestimada en la instancia. Alega la parte recurrente falta de motivación en las resoluciones judiciales que acordaron las intervenciones, falta de control judicial en su práctica y falta de fiabilidad de su contenido a los efectos de su valoración como prueba.

Pues bien, a todas esas cuestiones ha dado expresa respuesta la Sala sentenciadora en el primer apartado de la sentencia impugnada dedicado a la "validez de las pruebas", donde de modo razonado y plenamente razonable se desestiman los motivos de supuesta nulidad alegados. Analiza la Sala sentenciadora, separadamente, la supuesta transgresión de derechos fundamentales por falta de motivación de las resoluciones judiciales, desestimándola acertadamente por constatar la suficiencia de la motivación, atendiendo a lo que resulta posible, y en consecuencia exigible, en función de los datos necesariamente limitados de que se dispone en este momento inicial de las actuaciones.

Como recuerda, entre otras muchas, la sentencia de esta Sala de 14 de Abril de 1998 (Sentencia nº 534/98) la doctrina constitucional y jurisprudencial admite a los efectos de fundamentación fáctica, la integración de la motivación de la resolución judicial por remisión a las solicitudes policiales que dieron lugar a la autorización, constituyendo doctrina reiterada de esta Sala que en este momento inicial de la causa no resulta exigible una justificación exhaustiva, pues se trata de una medida solicitada, precisamente, para profundizar en una investigación no acabada.

Analiza seguidamente la Sala sentenciadora (fundamento jurídico primero, apartado b) la cuestión de la validez de las intervenciones telefónicas como medio de prueba, desde la doble perspectiva del control judicial en la práctica de la intervención y del respeto de las necesarias garantías en la utilización como prueba de las transcripciones practicadas, llegando a la conclusión, plenamente razonable y que por ello debemos compartir, de que el control judicial ha sido permanente, y que las transcripciones (practicadas por Secretario judicial, obrando las cintas originales a disposición de las partes para poder someter a contradicción y constatación cualquier supuesta discordancia), ofrecen las necesarias garantías. Procede, en consecuencia, desestimar el motivo interpuesto, por las mismas razones ya acertadamente expuestas por la Sala sentenciadora para desestimar la correlativa alegación de nulidad formulada en la instancia.

El segundo motivo de recurso, alega infracción del derecho constitucional a la presunción de inocencia. La alegación en casación de esta supuesta infracción no supone que puede someterse a nueva valoración la prueba practicada sino únicamente constatar que la convicción del Tribunal sentenciador se ha obtenido racionalmente a partir de una prueba de cargo legalmente practicada. En el caso actual basta dar lectura al apartado expreso que en el análisis de la prueba practicada dedica el Tribunal sentenciador a este recurrente (folios 27, 28, 29, 30 y 31) para apreciar que la Sala "a quo" a fundamenta su convicción en una suficiente prueba de cargo, directa e indiciaria, que valora razonada y razonablemente, no siendo procedente acceder a lo solicitado por la parte recurrente que, en realidad, lo que pretende es que se revise dicha valoración para sustituir por su interesado criterio el más objetivo e imparcial del Tribunal sentenciador.

El recurso, en consecuencia, debe ser desestimado.

Recurso de Salvador

Tanto en el primero como en el quinto motivo de este recurso, alega el recurrente la vulneración de su derecho constitucional a la presunción de inocencia. Dada la continuada alegación de esta presunción constitucional en infinidad de recursos que en realidad pretenden someter a nueva valoración la prueba practicada por el Tribunal sentenciador, con olvido del valor que ha de otorgarse al principio de inmediación y al de valoración en conciencia reconocido por el art. 741 de la L.E.Criminal, la doctrina de esta Sala se vé continuamente obligada a reiterar que, a través de este cauce casacional, únicamente puede controlarse que la convicción del Tribunal sentenciador se fundamenta racionalmente en pruebas de cargo legalmente practicadas. En el caso actual la Sala de Instancia dedica un apartado específico de la sentencia impugnada (Fundamento Jurídico Primero) al análisis de la validez de las pruebas practicadas, concluyendo en la efectiva validez constitucional y eficacia probatoria en el plano de la legalidad ordinaria, de las intervenciones telefónicas, criterio que ha de compartirse como ya se ha expresado.

Seguidamente la Sala sentenciadora dedica otros tres apartados (fundamentos Jurídicos, Segundo, Tercero y Cuarto) a expresar los medios de prueba utilizados en relación con los elementos objetivos de los delitos objeto de acusación y condena (naturaleza, cantidad y pureza de la droga aprehendida, origen, configuración y estado de la pistola ocupada, etc.), y finalmente un extensísimo fundamento a analizar individualizadamente la participación de cada uno de los acusados en los hechos, valorando razonadamente las pruebas existentes para cada uno de ellos y fundamentando motivadamente la convicción alcanzada. Concretamente por lo que se refiere al recurrente Salvador, basta dar lectura a los apartados de la sentencia que se le dedican individualizadamente (folios 25,26 y 27, de la Sentencia impugnada, así como a los folios 28, 29 y 30 dedicados al análisis de la participación del acusado Sr.Tomásy que también contienen referencias al Sr. Salvador), para apreciar que la Sala sentenciadora funda su convicción en pruebas de cargo directas e indiciarias, legalmente practicadas y racionalmente valoradas, por lo que no concurre la infracción constitucional denunciada, sin que proceda una nueva valoración fundada en el discrepante criterio del propio recurrente acerca de lo que debió o no creer o inferir la Sala sentenciadora respecto de la prueba practicada.

El segundo motivo de recurso, al amparo del nº 1º del art. 849 de la L.E.Criminal denuncia aplicación indebida del art. 344 bis a.6º del Código Penal anterior, reiterando además la supuesta infracción de la presunción de inocencia. Dejando al margen esta última cuestión, ya resuelta y que es técnicamente inadmisible mezclar con un motivo que exige el respeto de los hechos probados, lo que se plantea en el motivo es que la Sala sentenciadora aprecia la concurrencia del subtipo agravado de pertenencia a organización pese a que en los hechos probados "no se habla nada de una organización".

El motivo no puede ser estimado, al margen de su carencia de practicidad pues la apreciación del subtipo de notoria importancia determina ya el mismo encuadre punitivo, dado que la Sala sentenciadora razona adecuadamente que se "ha probado una auténtica estructura orgánica de medios materiales y personales en los que se integraron jerárquicamente los acusados, correspondiendo a Salvadorla dirección y coordinación de todos ellos, quiénes estando a su disposición cumplieron puntualmente el cometido asignado, actuando de forma coordinada y conjunta para obtener en cada operación el correspondiente beneficio", lo que constituye una deducción o inferencia racionalmente obtenida de los datos objetivos acreditados y que no es necesario que figure, como tal inferencia, en los hechos probados, siempre que en ellos consten, como constan, los elementos fácticos objetivos que le sirven de fundamento.

El tercer motivo de recurso, al amparo del art. 5.4 de la L.O.P.J., denuncia la supuesta infracción del art. 18 de la Constitución Española en la autorización y práctica de las intervenciones telefónicas judicialmente acordadas. Los motivos alegados para la impugnación coinciden con los expresados por el primer recurrente, por lo que procede la desestimación del motivo por las razones ya expuestas en la resolución de dicho recurso.

El cuarto motivo, al amparo del art. 849.2º de la L.E.Criminal, alega error de hecho en la valoración de la prueba. La doctrina de esta Sala (Sentencias de 24 de Enero de 1.991 y 22 de Septiembre de 1.992, entre otras muchas) considera que para que quepa estimar que ha habido infracción de ley por haber concurrido error en la apreciación de la prueba en los términos prevenidos en el art.849.2º de la Ley Enjuiciamiento Criminal, es necesario que concurran los requisitos siguientes: 1º) Que haya en los autos una verdadera prueba documental y no de otra clase (testifical, pericial, confesión), es decir que sea un documento propiamente dicho el que acredite el dato de hecho contrario a aquello que ha fijado como probado la Audiencia, y no una prueba de otra clase, por más que esté documentada en la causa; 2º) Que este documento acredite la equivocación del Juzgador, esto es, que en los hechos probados de la Sentencia recurrida aparezca como tal un elemento fáctico en contradicción con aquello que el documento, por su propia condición y contenido, es capaz de acreditar; 3º) Que, a su vez, ese dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba, porque la Ley no concede preferencia a ninguna prueba determinada sobre otra igual o diferente, sino que cuando existen varias sobre el mismo punto, el Tribunal, que conoció de la causa en la instancia, habiendo presidido la práctica de todas ellas, y habiendo escuchado las alegaciones de las partes, tiene facultades para, sopesando unas y otras, apreciar su resultado con la libertad de criterio que le reconoce el art. 741 de la L.E.Criminal; 4º) Por último, es necesario que el dato de hecho contradictorio así acreditado sea importante, en cuanto que tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos que carezcan de tal virtualidad, el motivo no puede prosperar, porque, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se dá contra el fallo y no contra los argumentos, de hecho o de derecho, que no tienen aptitud para modificarlo.

En el caso actual no concurren los aludidos requisitos necesarios para la estimación del motivo. En efecto la parte recurrente alega que el Tribunal sentenciador cometió un error cuando en los hechos probados declaró acreditado que en la operación de droga se utilizó un vehículo Citröen ZX, matrícula X-....-EL, vehículo cuyo comiso se acuerda posteriormente, pues considera que de la declaración testifical de uno de los policías, a preguntas de la defensa, cabría deducir que se trataba de un Citröen BX o GS, pero no un ZX. Es evidente que la apreciación personal del recurrente sobre la declaración de un testigo, no constituye documento a efectos casacionales, por lo que no puede servir de base para acreditar "error" en la apreciación de la prueba por parte del Tribunal sentenciador, que es el competente para valorar las declaraciones testificales prestadas a su presencia, obteniendo la convicción procedente.

Alega también el recurrente que el referido vehículo decomisado no es de su propiedad, como entiende el Tribunal sentenciador sinó que "está a nombre de un hijo que falleció en un accidente de tráfico", pero lo cierto es que, con independencia de la incongruencia que representa el pretender atribuir titularidades dominicales a una persona ya fallecida, es lo cierto que ni se cita documento alguno que acredite dicha titularidad, ni serían suficientes para ello los datos obrantes en el permiso de circulación, pues como dispone el art. 244.III del Código de la Circulación los datos obrantes en el Registro Archivo de Vehículos, tienen un carácter "puramente administrativo" y "no prejuzgarán las cuestiones de propiedad". En el caso actual la Sala sentenciadora estima acreditado que, con independencia de la titularidad formal administrativa, el vehículo ZX utilizado por el acusado Salvadorpara el transporte de la droga era de su propiedad "teniéndolo y utilizándolo a título de dueño", apreciación fáctica complementadora que se contiene en el Fundamento Jurídico duodécimo de la Sentencia de instancia, y tal apreciación, obtenida de una valoración racional del conjunto de la prueba practicada, no se ha desvirtuado por prueba documental en sentido propio aportada por el recurrente que pudiese cumplir los requisitos anteriormente expresados.

El motivo, en consecuencia, debe ser desestimado.

Recurso de Carlos Antonio

El primer motivo del recurso de este condenado se articula al amparo del art. 5.4º de la L.O.P.J. por infracción del derecho constitucional a la presunción de inocencia.

Procede, para desestimar este motivo, reiterar lo anteriormente expresado en cuanto a los límites de nuestra competencia revisora al amparo de la alegación de dicha infracción casacional, que no alcanzan a una nueva valoración de la prueba practicada, como pretende el recurrente. El Tribunal sentenciador dedica una apartado específico de su resolución a valorar individualizadamente la prueba de cargo practicada contra este acusado, deduciéndose del mismo que la Sala sentenciadora dispuso de pruebas de cargo legalmente practicadas (declaraciones de un coimputado, testimonio de los policías declarantes en el sumario) y en la valoración de dicha prueba en contraste con las manifestaciones exculpatorias del recurrente no se aprecian deducciones que sean contrarias a las reglas de la lógica o a las normas de la experiencia. No procede, en este trámite casacional, efectuar una nueva valoración para sustituir el criterio del Tribunal sentenciador por el menos objetivo del recurrente, como éste pretende, y mucho menos proponiendo que se revise la valoración de la prueba testifical a partir del resumen obrante en el acta, prescindiendo del principio de inmediación y desconociendo que la valoración del efectivo contenido probatorio de las declaraciones testificales compete al Tribunal sentenciador y no al actuario.

El segundo y tercer motivo de recurso, por infracción de ley, plantean la indebida aplicación de los párrafos 3º y 6º del art.344 bis a) del Código Penal anterior (tipo agravado) y la infracción por falta de aplicación del art. 344 (tipo básico). Ambos motivos deben ser desestimados. Partiendo de los hechos probados, como resulta imperativo en este cauce casacional, resulta indudable que la operación de tráfico de drogas en que participó el recurrente tenía por objeto una cantidad de droga de notoria importancia (casi tres kilogramos de cocaína) y se realizó por personas integradas en una organización jerárquizada, dotada de una adecuada estructura interna, con distribución de cometidos, tal y como aprecia el Tribunal sentenciador en el Fundamento Jurídico Sexto, formando parte de dicha organización el recurrente quién cumplió de forma coordinada el cometido asignado para obtener el correspondiente beneficio, por lo que no cabe apreciar infracción de ley en la sentencia que estima correctamente la concurrencia en el hecho enjuiciado de las agravaciones específicas previstas en los apartados 3º y 6º del art. 344 bis a) del Código Penal de 1973, notoria importancia e integración en una organización, aún cuando fuere transitoria, dedicada a la difusión o distribución de drogas.

Recurso de Plácido

El primer motivo del recurso interpuesto por la representación de este procesado se articula al amparo del nº dos del art. 849 de la L.E.Criminal, por error en la apreciación de la prueba fundado en documentos obrantes en autos que demuestren la equivocación del Juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. Alega el recurrente, como fundamento de su pretensión, un oficio policial obrante a los folios 312 y 313 en el que el Grupo Policial de Estupefacientes informa al Juzgado de que no se remiten grabaciones ni transcripciones de la intervención telefónica referida al teléfono del recurrente, por tratarse de conversaciones estrictamente familiares.

El motivo no puede ser estimado.

En efecto, ya se ha expresado con anterioridad cuales son los requisitos que deben cumplirse para que pueda prosperar este motivo casacional por error de hecho en la valoración de la prueba, y entre ellos está que el documento acredite con claridad la equivocación del Juzgador, esto es, que en los hechos probados de la sentencia recurrida aparezca como tal un elemento fáctico en contradicción con aquello que el documento, por su propia condición y contenido, es capaz de acreditar, lo que no sucede en el caso actual en el que no existe elemento fáctico alguno recogido en el hecho probado -o en los fundamentos jurídicos que pudieran complementar el relato fáctico en lo que se refiere a la participación del recurrente- que sea contradictorio con lo que el documento acredita: que durante la intervención telefónica practicada en el teléfono del recurrente únicamente se captaron conversaciones de carácter estrictamente familiar. De ello se deriva que de dicha intervención no cabe extraer ningún elemento de cargo contra el recurrente -como no se ha extraído- pero no está en contradicción con los hechos probados, acreditados a través de otras pruebas.

El segundo motivo del recurso interpuesto por este acusado, al amparo del art. 5.4º de la L.O.P.J. alega infracción del art. 24 de la Constitución Española y en concreto de la presunción constitucional de inocencia, habida cuenta de que la prueba de cargo se ha obtenido violando derechos fundamentales: secreto de las comunicaciones garantizado por el art. 18.3 de la Constitución Española, Derecho a la intimidad que protege el art. 18.1 de la citada Carta Magna y Derecho de Defensa (art. 24 C.E).

El secreto de las comunicaciones es un derecho constitucional garantizado en el párrafo 3º del art. 18 de nuestro texto constitucional que únicamente puede alzarse por resolución judicial (salvo lo prevenido excepcionalmente en el art. 55 de la propia Constitución). Tanto el art. 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de Diciembre de 1948, como el 17 del Pacto Internacional de los Derechos civiles y Políticos hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966 (ratificado por España mediante instrumento de 13 de Abril de 1977, B.O.E. de 30 de Abril) y el art. 8º del Convenio europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales hecho en Roma el 4 de Noviembre de 1950 (ratificado por España con fecha 26 de Septiembre de 1989, B.O.E. de 10 de Octubre) reconocen el derecho a no ser objeto de injerencias en la vida privada y en la correspondencia, habiendo estimado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en reiteradas ocasiones (Sentencias de 6 de Septiembre de 1978, caso Klaus y otros, de 27 de Septiembre de 1983, caso Malone, y dos Sentencias de 27 de Marzo de 1990, casos Huvig y Kruslin, entre otras) que el derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas se encuentra comprendido en las nociones de vida privada y correspondencia, por lo que está amparado por las referidas normas internacionales, como también lo está, como se ha dicho, de una forma expresa por nuestra Constitución.

Ahora bien dicha inviolabilidad del secreto de las comunicaciones privadas cede ante determinados valores que en una sociedad democrática hacen necesario en casos individualizados la injerencia en el ámbito privado de las comunicaciones (art. 8.2º del Convenio de Roma) como puede ser la investigación de los hechos delictivos, siempre bajo la tutela y garantía del Poder Judicial, debiendo ser un Organo jurisdiccional independiente quien, de forma razonada y previa ponderación de la proporcionalidad, razonabilidad y necesidad de la medida, acuerde la intervención de las comunicaciones telefónicas (art. 579 de la L.E.Criminal).

En el caso actual las intervenciones telefónicas se acordaron en todo caso mediante resolución judicial motivada, adoptando la forma de auto, dentro de un procedimiento judicial en curso, por parte de Juez competente y cumpliéndose los requisitos de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad de la medida, pues se trataba de una compleja investigación sobre una importante red organizada de tráfico de drogas duras en gran escala, con conexiones internacionales, lo que justifica el recurrir a este tipo de medidas. Las consideraciones efectuadas en el primer fundamento jurídico de esta resolución y, fundamentalmente, las contenidas en la sentencia de instancia, ponen de manifiesto, en lo que se refiere en términos generales al conjunto de intervenciones acordadas, que se cumplimentaron adecuadamente los requisitos de motivación y control judicial.

Centrándonos en las supuestas infracciones constitucionales denunciadas por el recurrente (derecho al secreto de las comunicaciones, derecho a la presunción de inocencia y derecho de defensa) ha de concretarse necesariamente el examen a aquellas actuaciones que pudieran afectar los derechos fundamentales del propio recurrente, y no a los de terceros para cuya denuncia carece de la necesaria legitimación. En relación al derecho al secreto de las comunicaciones ya se ha expresado que cede ante determinados valores que, en una sociedad democrática hacen necesario, en casos especiales, la injerencia en el ámbito privado de las comunicaciones, siempre procurando limitar dicha injerencia a lo estrictamente imprescindible. En el caso actual consta que el teléfono del recurrente se intervino judicialmente en virtud de solicitud policial del 17 de febrero de 1992, dentro de una causa en la que ya se había practicado una profusa instrucción que permitía al Instructor conocer la relevancia de la Organización dedicada al Tráfico de drogas objeto de investigación, constando como fundamento fáctico de la orden judicial de intervención -motivación fáctica- que el recurrente constituye una de las conexiones de la Organización, que ayuda y colabora con quién, según las investigaciones, resulta ser una de las figuras principales de la misma, cuando se desplaza a la región catalana donde, al parecer, ha mantenido contactos o reuniones para ultimar detalles de la operación. La autorización judicial está justificada en relación con las circunstancias concurrentes, resulta proporcionada a la gravedad de los hechos objeto de investigación y se encuentra suficientemente motivada, por lo que no cabe apreciar infracción del derecho al secreto de las comunicaciones, que en el caso actual cede ante otros valores en las condiciones constitucionalmente previstas.

Antes de transcurridos dos meses de la autorización de intervención, el acusado recurrente fué detenido en Andalucía durante una operación de transporte y distribución de cocaína, por la que ha sido condenado en esta causa. No cabe apreciar, en consecuencia, violación del derecho constitucional al secreto de las comunicaciones, pues, con independencia de que el resultado de la intervención haya sido negativo y, en consecuencia, no se ha utilizado en momento alguno en esta causa, lo cierto es que la intevención como tal, se acordó judicialmente conforme a las prevenciones constitucionales.

En segundo lugar se alega que, como consecuencia de la utilización de dicha intervención telefónica que se considera nula, se ha vulnerado el derecho constitucional a la presunción de inocencia. Basta examinar la fundamentación específica en la que la sentencia apoya la condena para apreciar que no se ha utilizado, como prueba de cargo el contenido de conversación alguna obtenida mediante la intervención telefónica acordada respecto del teléfono del recurrente, pues el Servicio Policial correspondiente reconoce que la totalidad de las conversaciones realizadas desde dicho teléfono fueron estrictamente familiares, sin relevancia para esta causa. En consecuencia, aun prescindiendo de que la intervención telefónica se acordó en forma constitucionalmente válida y que, en consecuencia, no cabría apreciar infracción del derecho a la presunción de inocencia por la utilización de materiales probatorios procedentes de pruebas legítimamente adquiridas, en el caso de haberse utilizado, es lo cierto que la intervención dió un resultado negativo, por lo que no se alcanza a comprender como podría derivarse de la misma la infracción constitucional denunciada.

En tercer lugar se denuncia infracción del derecho de defensa por no haberse incorporado a la causa las transcripciones y cintas conteniendo el resultado negativo de dicha intervención. La alegación debe también ser desestimada pues atendiendo al derecho prevalente que es, en el caso concreto, el de la intimidad y secreto de las comunicaciones de todas aquellas personas ajenas a la causa participantes en conversaciones estrictamente familiares, la necesidad constitucional de limitar la invasión del derecho a la intimidad en los más estrictos términos posibles, priva de sentido a la transcripción y aportación a la causa de unas conversaciones privadas que resultan totalmente ajenas a los hechos investigados. Dado que la intervención del teléfono del acusado no ha sido utilizada, en parte alguna, como prueba de cargo frente al mismo, no cabe apreciar infracción relevante de su derecho de defensa por el hecho de que no se incorporase su resultado a las actuaciones, pues consta suficientemente, a los efectos de su utilización, a "sensu contrario", por la defensa, que la totalidad de las conversaciones fueron de carácter familiar, sin referencia alguna a cualquier intervención en el hecho delictivo investigado.

En el tercer motivo de recurso, al amparo del art. 5.4 de la L.O.P.J. se denuncia la supuesta infracción del derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia, en relación con el art.120 de la Constitución Española, ya que la valoración que la Sala ha efectuado de la prueba practicada en el juicio oral no responde a las reglas de la lógica y de la experiencia.

A través de esta vía pretende el recurrente revisar la valoración que, de la prueba testifical, realiza la Sala sentenciadora. Si bien es cierto que el principio de apreciación en conciencia de la prueba no quiere decir apreciación omnimoda y arbitraria y que, en consecuencia, cabe a este Tribunal revisar la estructura racional del discurso valorativo de la prueba efectuado por el Tribunal sentenciador (Sentencia 1029/97, de 29 de Diciembre), también lo es que esta facultad se limita a la "estructura racional del discurso valorativo" sin alcanzar a sustituir la percepción que del contenido de la prueba directa ha obtenido el Tribunal sentenciador. En el caso actual la parte recurrente pretende sustituir dicha percepción por el resumen que de lo declarado consta en el acta del juicio, olvidando que, como señala, entre otras, la sentencia de esta Sala nº 446/98, de 28 de Marzo, "quiénes tienen la facultad de juzgar, según el art. 117 de la Constitución Española, son los Jueces y no los Secretarios, a quienes la ley confía importantes tareas, pero reservando a los primeros la de fijar el contenido de las declaraciones de los testigos y acusados".

En el caso actual no cabe apreciar que sea irracional o arbitraria sinó plena de lógica la conclusión obtenida por el Tribunal sentenciador acerca de la participación en la operación de tráfico del acusado, a partir de su comportamiento descrito por el testigo declarante en el acto del juicio oral.

El cuarto motivo de recurso, al amparo del art. 849.1º de la L.E.Criminal alega infracción de ley por indebida aplicación del art. 344 bis a).6º. Procede dar aquí por reproducido lo ya expresado en el Fundamento Jurídico Cuarto, respecto del motivo correlativo de otro procesado. La Sala razona adecuadamente la concurrencia de organización, en la que ha de apreciarse racionalmente que se integra también el recurrente dada la naturaleza de su intervención, e incluso su profesión, cumpliendo el papel que le corresponde desempeñar en una trama estructurada y compleja.

Recurso de Matías

Los cuatro motivos del recurso interpuesto por la representación procesal de este recurrente reiteran la supuesta vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia. Alega, en síntesis, repitiendo en cada uno de los motivos, que desconocía el contenido del paquete de droga que transportaba escondido en su vehículo, en el que se guardaban más de dos kilogramos de cocaína.

El recurso no puede ser estimado. La Sala sentenciadora valora razonadamente la prueba practicada contra este acusado (folios 31, 32 y 33 de la sentencia impugnada), señalando que el recurrente fué detenido encontrándose en posesión de la cocaína y que reconoce que "era consciente de que transportaba mercancía para un comercio ilícito", considerando como inferencia lógica que "dentro de las representaciones que pudiera hacerse sobre la naturaleza de la misma, estuviese la de que se tratase de drogas". Se trata de una conclusión no arbitraria ni irracional sinó plenamente lógica, constando que el recurrente se integró en la organización a cambio del importante lucro que percibía como contrapartida. La Sala analiza debidamente los elementos indiciarios existentes que permiten concluir que su participación es "más permanente y cualificada que la de un simple y circunstancial correo" y justificar la aplicación del subtipo agravado de pertenencia a organización, mientras que la notoria importancia de la droga es evidente.

Procede, por todo ello, la desestimación de la totalidad de los recursos interpuestos.III.