STS, 16 de Abril de 2001

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho de presunción de inocencia que proclama el artículo 24.2 de la Constitución.

Se dice que no existe prueba de cargo para enervar la presunción de inocencia y en concreto se dice que los análisis periciales del estupefaciente no reúnen los requisitos procesales para constituirse en prueba de cargo, al haberse impugnado en el escrito de conclusiones provisionales, sin que se haya sometido a los principios de publicidad, inmediación y contradicción.

Ciertamente obra en la causa -véanse folios 62 y 177- informe analítico emitido por los técnicos del Laboratorio del Area de Sanidad de la Delegación del Gobierno en Alicante en el que se hace constar que la sustancia aprehendida es cocaína con un peso neto de 888,700 gramos y una pureza del 77 por ciento, como se ha recogido en los hechos que se declaran probados.

La defensa del recurrente no cuestionó en ningún momento durante la tramitación de la causa la bondad del dictamen pericial al que acabamos de hacer mención, es más, cuando recurre el auto de procesamiento se manifiesta, en defensa del procesado, que "...desde el momento de su detención, ha manifestado conocer la naturaleza de la sustancia que portaba en su cuerpo, explicando verazmente las circunstancias de su viaje y facilitando su verdadera identidad, a fin de colaborar con la Justicia....". Tiene una activa intervención de la causa, recurriendo el Auto de procesamiento y la situación de prisión provisional.

El Ministerio Fiscal, en su escrito de conclusiones provisionales, solicita como prueba documental la lectura en el acto del juicio oral de los folios 62 y 177 donde consta el informe analítico de la droga que portaba el acusado en su organismo, y la defensa, en igual trámite, se limite a expresar que impugna expresamente el informe analítico y cuantitativo obrante en los folios 62 y 177, y en el acto del juicio oral, en el acta extendida por el Sr. Secretario y firmada por el Letrado de la defensa, únicamente consta como impugnados los documentos obrantes a los folios 162 y 163 que se corresponden al oficio judicial interesando el análisis de la droga y el acta de recepción de las sustancias estupefacientes en el organismo oficial del Area de Sanidad, sin que se hiciera expresa impugnación en ese acto de los folios en los que consta el análisis efectuado.

Lo cierto es que en el escrito de conclusiones provisionales nada se añade sobre las razones de la impugnación que allí expresa ni solicita la presencia en el acto del juicio oral de los peritos que emitieron el informe sobre la sustancia estupefaciente.

El informe pericial, como prueba preconstituida, se introdujo en el acto del juicio oral mediante la reproducción de los documentos en los que está integrada.

En el acto del juicio oral el acusado reconoció que portaba las cápsulas, en las que se guardaba la cocaína, introducidas en el ano y un funcionario policial testificó que había visto las cápsulas, y que guardan en su interior cocaína prensada.

El motivo no puede ser estimado.

Como se expresa en sentencia de esta Sala 1642/2000, de 23 de octubre, son numerosos, reiterados y concordes los precedentes jurisprudenciales de este Tribunal de casación que declaran la validez y eficiacia de los informes científicos realizados por los especialistas de los Laboratorios oficiales del Estado, que, caracterizados por la condición de funcionarios públicos, sin interés en el caso concreto, con altos niveles de especialización técnica y adscritos a organismos dotados de los costosos y sofisticados medios propios de las modernas técnicas de análisis, viene concediéndoseles unas notas de objetividad, imparcialidad e independencia que les otorga "prima facie" eficacia probatoria sin contradicción procesal, a no ser que las partes hubiesen manifestado su disconformidad con el resultado de la pericia o la competencia o imparcialidad profesional de los peritos, es decir, que el Informe Pericial haya sido impugnado de uno u otro modo, en cuyo caso será precisa la comparecencia de los peritos al Juicio Oral para ratificar, aclarar o complementar su dictamen, sometiéndose así la prueba a la contradicción de las partes, para que, sólo entonces, el Tribunal pueda otorgar validez y eficacia a la misma y servirse de ella para formar su convicción. Pero cuando la parte acusada no expresa en su escrito de calificación provisional su oposición o discrepancia con el dictamen pericial practicado, ni solicita ampliación o aclaración alguna de éste, debe entenderse que dicho informe oficial adquiere el carácter de prueba preconstituida, aceptada y consentida como tal de forma implícita (véanse SS.T.S. de 1 de diciembre de 1995, 15 de enero y 6 de junio de 1996, entre otras muchas). Este criterio ha sido avalado por el Tribunal Constitucional (SS.T.C. 127/90, de 5 de julio y 24/91 de febrero) al declarar la validez como elemento probatorio de los informes practicados en la fase previa al juicio basados en conocimientos especializados y que aparezcan documentados en las actuaciones que permitan su valoración y contradicción, sin que sea necesaria la presencia de sus emisores. Y ha sido proseguido en multitud de sentencias de esta Sala que, al abordar el mismo problema suscitado ahora, ha dejado dicho que si bien la prueba pericial y cuasi pericial en principio, como es norma general en toda clase de prueba, ha de ser practicada en el juicio oral, quedando así sometida a las garantías propias de la oralidad, publicidad, contradicción e inmediación que rigen tal acto, puede ocurrir que, practicada en trámite de instrucción, y conocida así por las partes al darles traslado de la causa para calificación, nadie propusiera al respecto prueba alguna para el acto del juicio, en cuyo caso, por estimarse que hubo una aceptación tácita, ha de reconocerse aptitud a esas diligencias periciales o cuasi- periciales para ser valoradas como verdaderas pruebas, máxime si han sido realizadas por un órgano de carácter público u oficial (STS de 5 de mayo, 14 y 30 de diciembre de 1995, 23 de enero y 11 de noviembre de 1996.....). Por último, recordar que este criterio ha sido ratificado por el Pleno no jurisdiccional de esta Sala de 21 de mayo de 1999. Añade esta Sentencia que aunque el recurrente dice que el dictamen pericial emitido por los especialistas de los laboratorios oficiales fue impugnado por la defensa de la acusada en la primera conclusión de su escrito de calificación provisional; sin embargo, examinado tal escrito, observamos que el mismo literalmente expone: "los hechos, tal como ocurrieron en la realidad, no son constitutivos de delito alguno, por lo que huelga hablar de autoría y de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal". No podemos aceptar que esta manifestación de la defensa sea una impugnación al informe pericial de la que aquélla tuvo cumplido y cabal conocimiento, ni podemos identificar el párrafo transcrito con la expresión de una discrepancia más o menos implícita con los resultados de aquella pericia, pues no sólo la doctrina de esta Sala requiere que en estos casos se exprese con la debida claridad la impugnación del dictamen de los especialistas, -si bien no se requiera un especial razonamiento de la discrepancia siempre que quede claro que lo que no se acepta es dicho dictamen-, sino que esta concreción viene impuesta por la propia Ley al exigir el art. 652 L.E.Cr. que la defensa del acusado habrá de manifestar en sus conclusiones si están o no conformes con las de las acusaciones ".... o en su caso consiguen los puntos de divergencia". Consecuencia de todo lo hasta aquí expuesto es que el informe pericial efectuado por los técnicos de los Laboratorios Oficiales del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre la naturaleza de las sustancias incautadas a la acusada constituye prueba válida y legítima valorable por el Tribunal sentenciador para formar su convicción acerca del dato que dicha pericial revela, y ello sin necesidad de la comparecencia de los peritos en el Juicio Oral al haber sido aceptado por la defensa de forma implícita el informe emitido en fase de instrucción y conocido por el defensor en todos sus términos, "no siendo conforme a la buena fe procesal la posterior negación de valor probatorio del informe documentado si éste fue previamente aceptado" (STS de 10 de junio de 1999) aún de forma tácita.

En la misma línea se pronuncia la Sentencia de esta Sala 1521/2000, de 3 de octubre, en la que se recuerda el valor probatorio de la prueba pericial practicada en fase sumarial por organismos oficiales, siempre que conocida por la parte, ésta no tomo iniciativa alguna para su aclaración o repetición. Y en esta Sentencia se añade que si bien es cierto que en el escrito de defensa se pedía como prueba documental la lectura de todos los folios, excepto los que se impugnan expresamente, folios 862 a 864, "por cuanto se refieren a informes periciales no ratificados" ni en ese momento ni en la fase previa del juicio oral prevista en el artículo 793.2 de la Ley Procesal se impugnó el resultado o la competencia e imparcialidad profesional de los peritos, ni se pidieron ampliaciones o aclaraciones ni, en definitiva, se exigió la presencia de los peritos, por lo que resulta aplicable al presente caso la doctrina antes expuesta sobre el valor de la prueba practicada por organismos oficiales.

Este criterio se manifiesta acorde con la doctrina expuesta por el Tribunal Constitucional que, en su Sentencia 127/90, de 5 de julio, tiene declarado que es cierto que, conforme a reiterada doctrina de este Tribunal elaborada a partir de su STC 31/1981, la prueba de cargo susceptible de desvirtuar la presunción de inocencia ha de desarrollarse normalmente en el juicio oral (art. 741 LECr.), como premisa básica para la legitimidad del proceso con las garantías debidas, en el sentido del art. 24.2 CE, que comporta los principios de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción. Sin embargo, no puede olvidarse tampoco que, de acuerdo con la misma doctrina (SSTC 80/1986, 150/1987, 22/1988, 25/1988 y 137/1988, entre otras), además de los supuestos propiamente dichos de prueba preconstituida en los casos en que se dé el requisito objetivo de su muy difícil o imposible reproducción, de conformidad con los arts. 726 y 730 LECr., pueden ser tomados en consideración informes practicados en la fase previa al juicio que se basen en conocimientos técnicos especializados, con constancia documental en autos que permita su valoración y contradicción en juicio, sin que en tal supuesto sea absolutamente imprescindible la presencia en dicho acto de quienes lo emitieron para su interrogatorio personal, cuando, como ocurre en el presente caso, el informe fue sometido a contradicción en el acto del juicio, versando sobre él la prueba pericial que con tal finalidad se propuso.

Y en la Sentencia de ese mismo Tribunal Constitucional 24/91, de 11 de febrero, se dice que el único modo de desvirtuar la fuerza de convicción que pruebas preconstituidas periciales puedan tener es interrogar al Perito en el acto del juicio oral, para lo cual deberá ser reclamado por la parte que pretende o ratificar su dictamen o, como podía haber sido aquí el caso, impugnar el mismo, no haber puesto en duda la corrección científica del citado certificado lleva aparejado como consecuencia que, en tanto que prueba documentada, que no documental, el órgano judicial, tal como estatuye el art. 726 LECr., haya examinado "por sí mismo los libros, documentos, papeles y demás piezas de convicción que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos o a las más segura investigación de la verdad", no ha de olvidarse que este precepto encabeza la regulación de la prueba documental y de la inspección ocular y que, por tanto, de no efectuarse tacha alguna sobre los citados elementos, el Tribunal dispone libremente de ellos y puede formarse su pertinente convicción legítimamente.

Doctrina que se recuerda por el mismo Tribunal Constitucional en su Auto de fecha 27 de marzo de 1995 en el que se declara que la cantidad y calidad de la droga quedaron asimismo acreditadas por los correspondientes análisis incorporados a los autos que, al no haber sido impugnados por las partes, pudieron ser tenidos en cuenta por los órganos judiciales pese a no haber sido objeto de ratificación por sus autores en el acto del juicio oral (SSTC 127/1990 y 24/1991).

Igualmente la jurisprudencia de esta Sala ha recogido, en varias sentencias, el mandato que se contiene en el apartado segundo del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el que se dispone que "los Juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de Ley o procesal...". Así, en la Sentencia 1732/2000, de 10 de noviembre, se expresa que el derecho de defensa, reconocido en el art. 24.2 de la Constitución Española, no es ilimitado pues está modulado, entre otros supuestos, por la obligación legal del Tribunal de rechazar aquellas solicitudes que entrañen abuso del Derecho, fraude de ley o procesal, según el art. 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni la indefensión tiene un contenido formal sino material (Sentencias de 14 y 21 de febrero de 1995; 2 de abril y 23 de noviembre de 1996, y 23 de marzo de 2000).

En el supuesto que examinamos, como antes se ha dejado expresado, exclusivamente hubo una manifestación formal diciéndose en el escrito de conclusiones provisionales que se impugnaba el informe obrante a los folios 62 y 177 de las actuaciones y en el acto del juicio oral la impugnación se refirió a otros folios distintos a aquellos en los que se documentaba el informe pericial sobre la naturaleza, cuantía y pureza de la droga intervenida. Nada se añade sobre las razones de esa impugnación ni se consignaron los puntos de divergencia como señala el artículo 652 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y tampoco se solicita la presencia en el acto del juicio oral de los peritos que emitieron el informe sobre la sustancia estupefaciente. Y es de destacar, como igualmente se ha dejado mencionado, que la defensa ha tenido una intervención activa a lo largo de la instrucción, sin que en ningún momento manifestara objeción alguna al informe pericial emitido por un organismo oficial competente.

La sorpresiva y solapada impugnación, en los términos que se dejan expresados, constituye un supuesto perfectamente incardinable en los de abuso del Derecho, fraude de ley o procesal, según el art. 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y por consiguiente no puede eliminar la eficacia probatoria que es de otorgar "prima facie" a esos dictámenes periciales, cuando las partes no han manifestado su disconformidad con el resultado de la pericia o la competencia o imparcialidad profesional de los peritos, es decir, que el informe pericial haya sido impugnado de uno u otro modo, en cuyo caso si sería precisa la comparecencia de los peritos al Juicio Oral para ratificar, aclarar o complementar su dictamen. Al no producirse esta última situación, de acuerdo con la doctrina de esta Sala, que se ha dejado antes mencionada, nos encontramos ante una prueba preconstituida, introducida en el acto del juicio oral, que puede ser valorada por el Tribunal sentenciador y, por consiguiente, no puede prosperar el presente motivo en cuanto no se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva ni se ha producido indefensión a la parte, habiéndose recordado en numerosas Sentencias del Tribunal Constitucional y de esta Sala que la verdadera indefensión, que exige reparación, es la que tiene un contenido material y no meramente formal.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 369.3 del Código Penal.

Se cuestiona la aplicación del subtipo agravado de cantidad de notoria importancia.

El motivo se presenta en franca contradicción con el relato fáctico de la sentencia de instancia que, dado el cauce procesal esgrimido, debe ser rigurosamente respetado.

El acusado portaba dentro de su organismo 64 cápsulas que contenían 888,700 gramos de cocaína con una pureza de del 77%. Es decir que portaba más de 680 gramos puros de cocaína, cantidad que excede en mucho de la que esta Sala tiene en cuenta para establecer la agravante que se dice indebidamente aplicada.

El motivo no puede ser estimado.

En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, de los artículos 390.1 y 2 y 74 del Código Penal.

Se dice, en defensa del motivo, que no consta que la carta de identidad portuguesa que portaba el acusado hubiese sido falsificada en España.

El motivo debe ser estimado.

Ciertamente, no consta en el relato fáctico que la falsificación de la carta de identidad portuguesa se hubiese realizado en España, haciéndose mención a la procedencia portuguesa del documento.

Es doctrina de esta Sala, como es exponente la Sentencia de 10 de febrero de 2000, que tiene en cuenta un acuerdo alcanzado en Junta General de esta Sala de 27 de marzo de 1998, considerar atípico el uso en España de un documento de identidad, y en general de un documento oficial, falsificado en el extranjero, salvo que se presente en juicio o se use para perjudicar a otro, ya que el artículo 393 del Código Penal subordina la punición de la falsedad de uso a que el sujeto lo presente en juicio o lo utilice para perjudicar a otro, y ninguna de estas dos alternativas concurren en el presente caso. Y en lo que concierne a la falsificación realizada fuera de España, la Jurisdicción española no es competente para juzgar un hecho cometido por un súbdito extranjero fuera del territorio español, en el presente caso los constitutivos del delito de falsedad en documento oficial, ya que el artículo 23.3.f de la Ley Orgánica del Poder Judicial solo atribuye competencia a la Jurisdicción española en los casos en que la falsificación perjudique directamente el crédito o los intereses del Estado, no constando en la sentencia que tal perjuicio se hubiera producido.

En consecuencia, por todo lo que se deja expresado, procede dejar sin efecto la condena por delito de falsedad referido a la carta de identidad portuguesa y al reducirse la falsedad al pasaporte inglés, se debe excluir la continuidad delictiva apreciada por el Tribunal de instancia.

III.