ATS, 20 de Febrero de 2003

PonenteD. LUIS ROMAN PUERTA LUIS
ECLIES:TS:2003:1928A
Número de Recurso613/2002
ProcedimientoAuto de Inadmisión
Fecha de Resolución20 de Febrero de 2003
EmisorTribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal

AUTO

En la Villa de Madrid, a veinte de Febrero de dos mil tres.I. HECHOS

PRIMERO

Dictada Sentencia por la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 2ª, en Autos nº 92/01, se interpuso Recurso de Casación por Jose Ignaciomediante la presentación del correspondiente escrito por el Procurador de los Tribunales Sr. Periáñez González.

SEGUNDO

En el trámite correspondiente a la substanciación del recurso el Ministerio Fiscal se opuso al mismo.

TERCERO

Conforme a las normas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución el Magistrado Excmo. Sr. Don Luis-Román Puerta Luis.

RAZONAMIENTOS JURíDICOS

PRIMERO

Por la representación procesal del recurrente, condenado por sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, de fecha diez de diciembre del dos mil uno, por un delito contra la salud pública del artículo 368 del CP, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a las penas de tres años de prisión, multa y accesoria, se formalizó recurso de casación en base a tres motivos, por infracción del precepto penal aplicado, de precepto constitucional y error de hecho en la apreciación de la prueba y cuyo orden es alterado por respeto a una mejor sistemática.

El segundo, con sede casacional en el artículo 849.1º de la LECRIM, 9.3 y 5.4 de la LOPJ, denuncia infracción del artículo 24 de la CE, ante la ausencia de prueba de cargo capaz de enervar el derecho a la presunción de inocencia.

  1. La Jurisprudencia de esta Sala II tiene declarado reiteradamente que el ámbito del conocimiento de la Sala de casación en relación al derecho a la presunción de inocencia, se centra exclusivamente en la constatación de prueba de cargo, esto es, en los aspectos fácticos relativos al delito imputado y a la participación en ellos del acusado, quedando extramuros de la casación la valoración que haya efectuado la Sala sentenciadora, valoración que en exclusiva solo le corresponde a aquella en virtud de la inmediación y contradicción que tuvo, como se recuerda en el artículo 741 LECRIM (STS de 10 Mayo de 1999). La presunción de inocencia sólo puede aceptarse cuando de lo actuado en la instancia se aprecie un verdadero vacío probatorio, bien por falta de pruebas, bien por haber sido obtenidas éstas de manera ilícita, debiendo decaer o quebrar cuando existan pruebas de cargo o simplemente indiciarias con suficiente fiabilidad inculpatoria. (STS 25 Mayo de 1999).

  2. En el acto del juicio oral los agentes intervinientes manifestaron que encontrándose en el lugar de los hechos observaron que un varón visiblemente nervioso entregaba un billete de 5.000 pesetas al acusado que a su vez le daba dos envoltorios blancos que sacó de dentro de una prenda de abrigo, interceptaron al primero de ellos con los dos envoltorios en la mano.

    El testigo que acudió al acto del plenario reconoció que se le ocupó la droga que había adquirido.

    En el marco de la prueba documental se dió por reproducido el informe analítico de la sustancia intervenida y que resultó ser 0'692 gramos de heroína con una pureza del 38'6 %.

  3. Acorde con la fundamentación jurídica de la resolución recurrida, se confirma la existencia de prueba de cargo y suficiente para enervar el derecho a la presunción de inocencia que asistía al recurrente, al constar, junto al dato objetivo de la intervención de la sustancia cuyo análisis pericial consta unido a las actuaciones; las manifestaciones de los agentes intervinientes que de forma conteste describen la transacción realizada por el acusado, y la ocupación al comprador de la droga adquirida; teniendo declarado la constante Jurisprudencia de esta Sala II que las declaraciones de los agentes de policía prestadas con las garantías propias de la contradicción, inmediación y publicidad, es prueba hábil y suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, correspondiendo su valoración -en contraste con las demás prueba- al Tribunal de instancia (STS 2 de Diciembre de 1.998).

  4. Tampoco es atendible la denuncia de que no queda acreditado que la sustancia intervenida y la posteriormente analizada sea la misma, como consecuencia del intervalo de tiempo transcurrido desde la aprehensión de la misma -8 de Diciembre- y la remisión al organismo competente para su análisis - 12 de Diciembre-, siendo razonable que la Sala de Instancia rechazara tal pretensión en base a que en el atestado consta que no se han podido remitir "las dos bolsitas tipo lágrima de color blanco termoselladas dado que las citadas dependencias se encontraban cerradas a la hora de finalización de las diligencias -21 horas-, por lo que la sustancia permanecería guardada en la caja fuerte". Pero además el citado día 8 fue viernes, por lo que concluye la combatida que nada tiene de particular que tal sustancia se remitiese una vez transcurrido el fin de semana.

    En consecuencia, al afirmarse la existencia de prueba de cargo y suficiente, se hace incompatible con el mantenimiento de la presunción de inocencia por lo que el motivo articulado, carente, manifiestamente de fundamento, incurre en la causa de inadmisión del artículo 885.1º de la LECRIM.

SEGUNDO

El tercer motivo se basa en el artículo 849.2º de la LECRIM, por haber incurrido el Juzgador en error en la apreciación de la prueba y designando como documentos que demuestran la equivocación del Juzgador los informes emitidos por el centro Penitenciario, informes periciales, declaración del acusado, de los testigos y acta del juicio oral "y todo ello en relación con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la resolución del Comité de Derechos Humanos de 20 de Julio del 2.000".

  1. Respecto a la existencia de error de hecho en la apreciación de la prueba.

    1. La pacífica doctrina de esta Sala II establece que la estimación del recurso de casación por error de hecho en la valoración de la prueba exige: a) que el error fáctico se funde en verdadera prueba documental, y no en pruebas personales por más que estén documentadas; b) que el error se evidencie por el propio y literosuficiente poder demostrativo directo del documento, es decir, sin precisar de la adición de otras pruebas ni tener que recurrir a conjeturas o complejas argumentaciones; c) que el documento acreditativo del dato no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba; y, d) que el dato contradictorio acreditado sea relevante por su virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo. (STS 28 Mayo de 1999).

      No teniendo el carácter de "documento" a los efectos casacionales, las declaraciones policiales ni judiciales (STS 27 de Octubre de 1.997), ni el acta del juicio oral (STS 29 de Febrero de 2.000), ya que ésta sólo contiene declaraciones, pruebas personales, manifestaciones orales cuya credibilidad se pondera por el Tribunal en su inmediación y que son contradictorias, por lo que no valen para demostrar el error evidente del hecho que se alega. Sino los escritos fehacientes constituidos fuera del proceso y que a él se le incorporan (STS de 15 de Abril de 1.997). En principio, los informes periciales, en cuanto pruebas de carácter personal, no son documentos hábiles a los efectos casacionales propios del artículo 849.2º de la LECRIM, aún cuando los mismos se encuentren documentados en autos. Sólo excepcionalmente la Jurisprudencia reconoce aquel carácter, cuando existiendo un único informe o varios absolutamente coincidentes, sobre un determinado extremo fáctico respecto del cual no existan otros elementos probatorios, el Tribunal los haya recogido en su sentencia de forma parcial, omitiendo extremos jurídicamente transcendentes, o haya llegado a conclusiones divergentes de las asumidas por los peritos, sin una explicación razonable. (STS de 4 de Julio de 1.997).

    2. Pero además de que el motivo no fue anunciado ante la instancia incumpliendo lo preceptuado en el artículo 855 de la LECRIM, no existe error en el Tribunal al apreciar la prueba a que se refiere el recurso, pues el Juzgador basa su pronunciamiento condenatorio en la prueba a que se ha hecho referencia en el anterior motivo. No siendo posible la pretensión del recurrente de sustituir la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de instancia por la suya propia, pues tal cometido, en contraste con la credibilidad y verosimilitud de las manifestaciones del propio acusado, compete a la Sala sentenciadora, ejerciendo lo más íntimo y esencial de la labor de juzgar (artículo 741 LECRIM). (STS 10 de Febrero del 2.000).

      En consecuencia, no existiendo el error denunciado, el motivo articulado, carente manifiestamente de fundamento, incurre en la causa de inadmisión del artículo 885.1º de la LECRIM.

  2. - En cuanto al resto del motivo.

    Esta Sala II tiene afirmado que el recurso de casación permite al Tribunal no sólo controlar la aplicación del derecho sustancial, sino también la razonabilidad, o dicho de otra manera, la falta de arbitrariedad respecto de la determinación de los hechos probados, así como la observancia de los principios del proceso penal. Más aún: la práctica del recurso de casación consiste en la actualización de tales finalidades procesales. Un recurso efectivo no requiere necesariamente que el Tribunal superior tenga la posibilidad de revocar la decisión recurrida; es suficiente con que, de alguna manera jurídicamente aceptable, dicho Tribunal pueda decidir sobre alguna forma de reparación, por ejemplo la reparación civil del daño causado. Si esto es así, es evidente que el recurso de casación, que permite una revocación de la sentencia condenatoria, cumple ampliamente con las exigencias mínimas del derecho a una segunda instancia real y efectiva. (STS de 8 de Febrero del 2000). Y reunida esta Sala II en Pleno no Jurisdiccional de 13 de Septiembre del 2000 acordó que en la evolución actual de la Jurisprudencia en España, el recurso de casación previsto en las Leyes vigentes en nuestro país, similar al existente en otros Estados miembros de la Unión Europea, ya constituye un recurso efectivo en el sentido del artículo 14.5 del Pacto Internacional y Derechos Civiles y Políticos de 1966. Criterio seguido en el Auto de 14 de Diciembre del 2001 de esta Sala II. En el mismo sentido la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha afirmado tajantemente que el recurso de casación penal respeta el derecho a la revisión por un Tribunal superior de las condenas penales conforme al artículo 14.5 del Pacto Internacional (STC de 3 de Abril del 2.002).

    En consecuencia, no existiendo la vulneración denunciada, como lo evidencia la interposición del presente recurso, el motivo, carente, manifiestamente de fundamento incurre en la causa de inadmisión del artículo 885.1º de la LECRIM.

TERCERO

El primer motivo, se ampara en el artículo 849.1º de la LECRIM y denuncia aplicación indebida de losa artículos 368, 369, y 28 del CP "así como la jurisprudencia relativa a dichos preceptos".

  1. La reiterada Jurisprudencia de esta Sala II tiene afirmado que la vía casacional elegida por el recurrente, requiere de modo indispensable, para poder ser examinado de fondo, que la tesis que en el motivo se sostenga respete de modo absoluto en toda su integridad, orden y significación los hechos que se declaren probados, cualquiera que sea la parte de la sentencia en que consten. (STS de 31 de Enero del 2.000).

    Y en la sentencia recurrida se declara como probado que el recurrente en la vía pública, entregó a Juan Manuel0'692 gramos de heroína a cambio de 5.000 pesetas.

  2. Lo extractado pone de manifiesto la existencia de los elementos necesarios para la perfección del tipo penal regulado en el artículo 368 del Texto punitivo, siendo autor el recurrente, al describirse actos directos de tráfico: la entrega de heroína a cambio de dinero, que esta Sala en constante y pacífica Jurisprudencia incluye dentro del tipo objetivo (STS de 7 de Marzo del 2.000). Pues analizando el art. 368 CP puede decirse que lo que realmente ha querido el legislador ha sido remarcar los dos momentos fundamentales de todo el círculo económico que va ínsito en la comercialización de la droga. De un lado, la producción agrícola o industrial -cultivo o elaboración-, de otro la distribución a medio de múltiples maneras que van desde la transmisión por cualquier título o causa, como actividad ya exteriorizada erga omnmes, hasta la mera posesión para tal fin, como proyecto ideado con intención de consumar la transmisión de la droga en general, lo que lejos de ser una acto preparatorio o impune, entra igualmente en la descripción legal. Queda así reflejada la característica más esencial, diríamos que diferenciadora, de estas infracciones como delitos que son de consumación anticipada. Cualquier acto pues de tráfico, en sentido amplio - desde el cultivo a la donación al tercero-, es suficiente para el delito. Es el tráfico en sentido vulgar, lo que significa incluir en su definición incluso los actos aislados, fuera del concepto estricto de la comercialización o de la mercantilización, siempre y cuando se favorezca, promueva o facilite el consumo ilegal que se persigue. (STS de 21 Abril de 1999).

    En consecuencia, el motivo casacional, no respeta el relato de hechos probados de la resolución recurrida, donde claramente se describen actos de promoción y favorecimiento del tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud, consistentes en la venta de sustancias estupefacientes, por lo que el motivo articulado incurre en la causa de inadmisión del artículo 884.3º de la LECRIM, y ante la carencia manifiesta de fundamento, en el artículo 885.1º del mismo texto.

    En su consecuencia procede adoptar la siguiente parte dispositiva:III. PARTE DISPOSITIVA

    NO HABER LUGAR A LA ADMISIÓN del recurso de casación formalizado por el recurrente, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de origen, en la causa referenciada en el encabezamiento de esta resolución.

    Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.

    Así lo acordaron y firman los Excmos. Sres. que han constituido Sala para ver y decidir esta resolución.

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