STS, 13 de Febrero de 1997

Debemos de formular aquí unas consideraciones preliminares para enmarcar el posterior examen de los Recursos formalizados.

La traumática situación generada por la ruptura matrimonial se transfiere a la verdad material que rezuma este proceso penal en el que destacan condicionantes de tipo económico que se superponen a otro tipo de consideraciones. Tal situación desde luego, se destaca como reveladora del posicionamiento de las partes escasamente gratificante y ejemplificador para quienes, ajenos al proceso, contemplan el comportamiento de destacados profesionales enfrentados a partir del quebranto de la relación familiar que hasta entonces les unía. Más ello no empece el análisis de las cuestiones sometidas a la estricta compulsa en este orden jurisdiccional ni empaña la solución que en justicia deba adoptarse.

Cierto es que la practicidad punitiva que supondría la estimación de los Recursos es realmente escasa, por no decir nula, dada la edad de acusado. Sin embargo el contenido sustancial de la polémica dialéctica que abre el Recurso de la Acusación Particular tiene un componente económico que transciende al resto del debate, aún cuando su presentación, por parte de quién lo reabre -y sin aminorar un ápice la responsabilidad del acusado que, en el afán de proteger a su hija quebrantó las exigencias de fidelidad a la verdad que le venían impuestas por profesión como fedatario público en el ámbito bursatil y financiero, echando por tierra el prestigio de toda una vida dedicada a hacer profesión diaria de garante de la veracidad de las operaciones en que intervenía -se adobe con tintes de dramatísmo sobre una penuria económica indemostrada y que, desde luego, resulta desorbitado para justificar el calificativo de cuantiosa que otorga a la pensión de 30.000 ptas. que ha de pasar a su ex-esposa.

En todo caso, sirvan tales precisiones -contrastadas por los datos que aparecen incorporados a la causa y conocidos por este Tribunal en uso de la facultad de examen de los Autos que nos confiere el art. 899 de la L.E.Cr. ante la invocación como vulnerado en el Recurso del condenado del Principio de Presunción de Inocencia- para destacar que el ejercicio de la función jurisdiccional se acomoda a parámetros de justicia material que, sin merma de las exigencias del encaje formal de las conductas analizadas, reconduce -como hace la ejemplar resolución de instancia- a sus justos términos la solución del conflicto planteado.

Ello quiere decir que, tomando en cuenta todas las consideraciones precedentes y desde la optica de una estricta técnica casacional, la tarea calificadora de la conducta que se examina discurre por derroteros que no permiten acoger las pretensiones deducidas en los Recursos, lo que significa, además, no acceder al establecimiento de consecuencias económicas concretas de orden civil indemnizatorio puesto que la determinación del perjuicio postulado carece de bases coherentes y ciertas al no haber sido fijadas por quién en el ejercicio de una acción de tal naturaleza viene obligado a ello. No basta pues, solicitar 25 millones de pesetas de responsabilidad civil como hace la Acusación Particular para dar por fijada aquélla, pues, aún estimando su Motivo, falta la demostración objetiva de medida real del perjuicio que se dice -más no se prueba- como ocasionado.

RECURSO DE Gabino

El condenado como Autor de un Delito de Falsedad en Documento Público sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de 6 meses y 1 día de Prisión Menor y 90.000 pesetas de Multa y Accesorias, formaliza un primer Motivo para, con amparo del art. 5-4º de la L.O.P.J., denunciar vulneración del Principio Presunción de Inocencia consagrado en el art. 24-2º de la C.E.

El recurrente trata -en su extensa argumentación- de cancelar el poder incriminatorio de las pruebas incorporadas a la causa a través de un contradictorio planteamiento, puesto que alega insuficiencia probatoria indiciaria para la acreditación del Dolo falsario, al tiempo que se introduce de lleno en un proceso evaluador paralelo para el que, desde luego, el invocado Principio Constitucional no es expediente habilitante.

Como bien destaca el Minsiterio Fiscal en su escrito de impugnación llama la atención la formulación del presente Motivo. El propio recurrente empieza por decir que "esta parte no cuestiona la existencia de las operaciones realizadas en la sentencia recurrida como tampoco las ha negado en momento alguno mi patrocinado".Ello supone que se entiende plenamente probado el hecho base de la sentencia recurrida, pero, sin embargo, se cuestiona el elemento subjetivo que inspira al autor del mismo. En definitiva, lo discutido es el elemento finalístico o tendencial expresado en la sentencia cuando afirma " con la exclusiva finalidad de no perjudicar los intereses de su hija en la causa de separación matrimonial, concretamente las consecuencias económicas que de la misma pudieran derivarse."

La doctrina de esta Sala tiene declarado con una reiteración de la que son exponentes, entre otras, las Sentencias de 26-6 y 11 y 19-12-95, 11-3, 2-4 y 17-5-96, que la presunción de inocencia consagrada en el art. 24-2 C.E., sólo cubre la existencia del hecho ilícito, sus circunstancias y la participación en él del acusado, pero no los elementos subjetivos de la culpabilidad penal o la intencionalidad del agente derivable de los datos objetivos probados, en cuanto que esto último pertenece al área de la legalidad ordinaria y al terreno enjuiciador propio del juzgador, que es a quien compete pronunciarse sobre el tema sin rozar por ello la aludida presunción al hacer la calificación juridico-penal de los hechos que resulten acreditados, por lo que, consiguientemente procede rechazar el primero de los Motivos del Recurso en examen, que pretende, en contra de la doctrina expuesta, combatir el ánimo que guió la acción del procesado y que, como elemento interno de la voluntad, de carácter subjetivo, sólo puede discutirse mediante un recurso por corriente infracción de ley al pertenecer el mismo, como se dijo, al campo de la pura legalidad ordinaria.

Confunde aquí el motivo, la existencia o no de prueba de cargo con el tema de las deducciones o inferencias, llamadas también juicios de valor sobre intenciones, que no son hechos en sentido estricto, y que al no ser aprehensibles por los sentidos, no pueden ser objeto de prueba propiamente dicha y quedan fuera del ámbito de la presunción de inocencia, si bien son revisables por la vía del nº 1º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -sentencias, entre otras, 983/1993, de 23 de abril y 394/1994, de 23 de febrero-.

Como la intención pertenece al mundo subjetivo, al arcano de la conciencia, sólo puede determinarse -salvo los supuestos en que el propio acusado paladinamente así lo confiese, poco frecuentes en la

práctica- por medio de una compleja operación mental en que sobre las bases de unos datos plurales, objetivos, externos y debidamente probados en la causa, a través de unas normas de experiencia, llegan a la certeza moral de la concreta intención, del elemento finalista de la conducta.

Así pues entendemos que la formulación correcta de este Motivo hubiese debido ser en todo caso, por el cauce del nº 1º del art. 849 por infracción de Ley, e indebida aplicación del art. 302. al discutir su autor la inferencia efectuada por la Sala, en cuanto al ánimo del condenado de efectuar su acción mendaz. En el desarrollo del motivo combate el juicio de inferencia y no se limita el recurrente a señalar si existe o no prueba suficiente de cargo, sino que intenta una valoración o crítica de la realizada por el juzgador, afirmando que la Sala " a quo" llega a su conclusión inculpatoria en base a unos indicios insuficientes y poco clarificadores.

Aún admitiendo que la única prueba existente en la causa fuese precisamente la indiciaria -si bien rechazando los calificativos que le asigna el autor del Recurso- conviene recordar, con términos de la Sentencia de esta Sala de 22-2-96, que tal procedimiento de concreción acusatoria, nacido de una prueba indirecta tiene capacidad enervante de la Presunción de Inocencia si se ajusta a unas reglas reflejadas jurisprudencialmente (Sentencias de 6-3 y 22-4-93, y 26-1-95) cuales son:

1. ) que el hecho base -indicio-, no sea único, sino que precisa que existan pluralidad de ellos, y de carácter unívoco, por tanto la primera nota de ésta modalidad de prueba, es la representada por el valor de convicción resultante de la suma de dichos indicios;

2. ) que dichos hechos base o indicios, se hallen plenamente acreditados por prueba de carácter directo;

3. ) que la pluralidad de indicios no sea algo inerte, sino que se hallen en relación de concomitancia o interrelación, y a la vez, con el hecho a probar;

4. ) el art. 1.253 C.C. demanda la correlación entre los indicios y la conclusión a que se llegue. Ello exige, por tanto, para que pueda cumplirse el deber de motivación que requiere el ar. 120,3º C.E., que el Tribunal sentenciador exprese, cuando menos, las grandes lineas del proceso lógico seguido para la concreción del hecho.

En su consecuencia, admitida por doctrina constante de ésta Sala la habilidad de la prueba indirecta para enervar la presunción de inocencia, se cumplen en el presente supuesto los requisitos exigidos a tal fin, pues existe una pluralidad de indicios acreditados, dotados de afín y grave potencialidad significativa y reflejados en los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida que son absolutamente esclarecedores al respecto puesto que, en el consignado bajo el número segundo, la Sala efectúa una prolija relación de las distintas posibilidades valorativas que se le ofrecían, y termina inclinándose por una de ellas en base a una serie de indicios que clasifica en los epígrafes correlativamente especificados en las letras "a" a "d", y de los que extrae una conclusión. Ésta es pues racional, lógica y lograda por un proceso de inducción con el que se puede no coincidir, pero, en ningún caso, puede ser considerado ilógico y mucho menos arbitrario.

Ante ello el recurrente, no opone, si no su proceso deductivo o, dicho de otra forma, pretende sustituir la valoración del Tribunal por la suya propia, actitud, que en el mejor de los casos habrá de convenirse que contraviene tajantemente el tenor literal del art. 741 de la L.E.Cr.

Nuevamente hemos de asumir la exposición del Ministerio Público porque, admitido que, como indiscutidamente hace la Sentencia en su Fundamento Jurídico segundo y acepta el recurrente "desde un punto de vista estrictamente formal, difícil es discutir la existencia de un delito de falsedad en documento público previsto y penado en el art. 302-4º del C.Penal, ya que se ha acreditado la existencia de una certificación que no se corresponde con los asientos de los libros que certifica", todo lo demás resulta irrelevante. El autor del Recurso incurre en el error de confundir el dolo con el móvil que pudiera tener el agente. El dolo se integra en la "conciencia y voluntad y de su acción", siendo indiferente una vez acreditado tales extremos, cuál fuera la razón de la actividad del autor. Dicho de otra forma, el delito existiria tanto si la intención del acusado fuese "favorecer a su hija en el pleito matrimonial entablado", como si aquella fuese "encubrir una cuenta de operaciones fallidas", o cualquier otra que imaginarse pueda.

En definitiva y acorde con la doctrina del T.C., se ratifica con rotundidad la anunciada desestimación del Motivo puesto que no corresponde a este Tribunal una nueva valoración de las pruebas practicadas, sino, en esencia, la mera supervisión externa de la suficiencia de éstas, de las garantías que rodearon su práctica y de la racionalidad de aquélla valoración (por todas S.S.T.C. 31/81, 177/87, 283/91). Ninguno de dichos requisitos falta en el presente supuesto, en el que se observa, tal como se ha destacado, que el órgano judicial dedujo razonablemente el requisito subjetivo indicado a partir de los datos objetivos que extrajeron de una actividad probatoria correctamente practicada.

Por el mismo cauce orgánico que el que le precede, el segundo Motivo de este Recurso denuncia vulneración del Derecho Fundamental a la Tutela Judicial efectiva sin poder sufrir indefensión y a un proceso con las debidas garantías consagrados en el art. 24- 1º y 2º de la C.E.

El alegato de indefensión que esencialmente desarrolla el Motivo se sustenta por su autor en el dato de haberse dictado en este procedimiento el auto de apertura del Juicio Oral contra mi patrocinado, sin habérsele notificado, ni a él personalmente, ni a su representación procesal, el auto de incoación de procedimiento abreviado, que además era impreso, y no contenía el delito o delitos en virtud de cuyos indicios se acordaba la transformación del procedimiento.

La pretensión de Nulidad de lo actuado que, como colofón recurrente culmina toda una estrategia defensiva estructuralmente dirigida a dilatar la solución final del proceso, debe ser terminantemente rechazada por la vía de desestimación del Motivo, pues, examinadas las actuaciones se observa como al folio 878 aparece una notificación realizada el 16 de abril de 1991, -justo al día siguiente de la fecha del mentado auto de apertura del Juicio Oral- efectuada a la Procuradora Fernández-Luna, que necesariamente tiene que ir referido a la resolución aludida. El argumento esgrimido por el recurrente, de que con posterioridad (folio 879) aparece otra notificación al mismo procurador de una resolución anterior, viene, contrariamente a lo que se pretende, a confirmar la anterior interpretación. En efecto, en la comunicación del folio 879, al hacer referencia a una resolución anterior en el tiempo, el funcionario correspondiente, se vio obligado a explicitar esta circunstancia, y así se consigna expresamente en la misma, que la resolución notificada es la de fecha 8 de marzo de 1991. La omisión de consignar la resolución concreta que se notifica, solo puede entenderse, pues, como que afecta justamente a la que se ha dictado en último lugar, y que es además del día inmediatamente anterior.

Así lo entendió el Instructor y la Sala de Instancia que lo expresa de forma contundente al resolver el recurso de Queja interpuesto por este Motivo, en su Auto de 4 de enero de 1995, con argumentos esencialmente idénticos a los expuestos.

Como bien destaca el Fiscal, tampoco puede admitirse que el Auto del Instructor de 15 de abril no sea suficientemente claro y explicativo, por cuanto, aun cuando entendamos con la resolución de la Sala de 4 de enero de 1995, que aquél es parco en su contenido y no excesivamente ajustado a la jurisprudencia actual en cuanto a la necesidad de motivación de las decisiones judiciales, habría de convenirse que en el mismo se especifican las personas a las que afecta y los presuntos delitos que, con carácter provisional, se les imputan. Ello es así, máxime si se considera que el tan referido Auto se dicta a instancia de parte personada (cuyo escrito en buena lógica, debió de entregarse también al procurador hoy recurrente), y en definitiva no expresa el convencimiento del Juez que lo dicta, que ya con anterioridad, había acordado el archivo de las actuaciones, y que se vió obligado a su reapertura por mandato de la Audiencia Provincial al decidir el recurso de apelación que el entonces querellante interpuso contra aquélla resolución.

En definitiva, y asumiendo en sus propios términos lo razonado por la Sala de instancia en uno de los apartados de su fundamento jurídico segundo "los problemas de proposición de prueba que pudieran haber surgido son imputables a la parte que, en un principio, dejó precluir el trámite establecido para la presentación del escrito de defensa y, posteriormente, no hizo uso de las facultades que la Ley la otorgaba para proponer prueba con anterioridad a la celebración del juicio oral, siendo obvio que, en esta situación, solo es posible practicar la prueba que se encuentra a disposición del Tribuanl en tal momento procesal, con la sola excepción de aquélla que la Sala estime necesaria, por vía del art. 729 de la L.E.Cr., facultad que a la vista del desarrollo del plenario, el Tribunal no ha considerado conveniente usar; razones todas ellas que hacen procedente el rechazo de las cuestiones previas a que se ha hecho mención."

Las incidencias procesales relatadas y las resoluciones mencionadas acreditan de modo palmario que la indefensión alegada es inexistente y que la actividad jurisdiccional a través de la cual se controla el desarrollo del procedimiento ha garantizado en todo momento los derechos del justiciable en términos constitucionalmente homologables, pues, con arreglo a la doctrina del TC., la indefensión se produce si se priva al justiciable de alguno de los instrumentos que el ordenamiento pone a su alcance para la defensa de sus derechos (SS.TC. 145/1990, 106/1993 y 366/1993, entre varias), pues "para que pueda estimarse una indefensión con relevancia constitucional que sitúe al interesado al margen de alegar y defender en el proceso sus derechos, es necesario que con la infracción formal se produzca un efecto material de indefensión, un menoscabo real y efectivo del derecho de defensa" (SS.TC., también entre otras, 149/1987, 155/1988 y 290/1993); y la misma doctrina ha sido reiteradamente recordada por la jurisprudencia de esta Sala en doctrina de la que pueden ser exponentes, entre otras muchas, las SS.TS. 1.913/1994, de 3 de noviembre, y 276/1996, de 2 de abril, lo que es obvio que no ha tenido lugar en el presente supuesto. De ahí que -aún cuando se comprende como argumento defensivo,- no sea admisible el intento de transferir responsabilidades en esta materia a los órganos judiciales intervinientes en el proceso cuando ni el propio recurrente se atreve a negar que en todo momento tuvo una información cumplida y completa de todos los avatares procesales de la causa, como lo demuestra la interposición de varios recursos..

Por todo ello, el Motivo se rechaza tal como ya se había anticipado.

El tercer y último de los Motivos se formaliza a través del nº 1 del art. 849 de la L.E.Cr. para censurar, como indebidamente aplicado el art. 302-4º del C.Penal, al entender el recurrente que la certificación librada por su representado no tiene el carácter de documento público o, en todo caso porque, "aún recociendo la condicióon de funcionario público de aquél como Agente de Cambio y Bolsa, "no abuso de su oficio" al realizar la conducta descrita, opción argumental ésta que, en definitiva, viene a negar uno de los elementos del tipo descrito en el referido precepto sustantivo.

Aparte de la carencia de practicidad del Motivo, destacada por el Ministerio Fiscal, pues si el autor del recurso entiende que el hecho sería constitutivo de un delito de falsedad en documento privado, con ánimo de causar perjuicio a tercero tal como se desprendería también del relato factico de la resolución recurrida estaríamos en presencia de delito homogéneo con el que en definitiva se castigó, y al que la Ley señala una pena de prisión menor, que es precisamente (y en su grado mínimo) la que se ha impuesto al acusado recurrente, no es posible su estimación, ni incluso admitiendo las matizaciones habilidosamente presentadas por el recurrente en torno a la cualidad que ostentaba su represenado al emitir el documento cuya naturaleza cuestiona, ya que, además de forzadas e irrespetuosas con el relato fáctico de la combatida, cercenan la literal integridad de determinados preceptos del Código de Comercio, omite la operatividad de otros del mismo Texto Legal e instrumenta invocaciones civilísticas (concretamente la de los arts. 1216 y 1218 del C.Civil) para, por derivación, justificar su tesis al referirla a la doctrina de esta Sala relativa a la cuestionada aplicación de los Documentos como Públicos u Oficiales por mera incorporación a un expediente de tal naturaleza.

Como dice la combatida en su fundamento jurídico segundo resulta dificil discutir la existencia de un delito de falsedad en documento público, previsto y penado en el art. 302, 4 del C. Penal, ya que se ha acreditado la existencia de una certificación que no se corresponde con los asientos de los libros que certifica, expedida por un Agente de Cambio y Bolsa, que, conforme a la normativa vigente en la fecha en que los hechos se datan, tenía la condición de Notarío en cuanto se refería a la contratación de efectos públicos, valores industriales y mercantiles (art. 93 del C.de Comercio), expidiendose la certificación en cuestión en base a los libros de obligatoria llevanza y que, conforme al último párrafo del precepto citado, "harán fe en juicio", siendo una de las obligaciones de los extintos Agentes de Cambio y Bolsa, expedir a los interesados certificación de los asientos respectivos (art. 95, 4 del C.de Comercio).

En base a reseñadas notas, no cabe duda que, el acusado dotado de fe pública y dentro del concreto ámbito de su función, expidió una certificación que se alejaba diametralmente de lo consignado en sus libros oficiales, no pudiendose dejar de significar que para establecer la mutación de la verdad no debe tenerse como punto de referencia la cuenta 7010422, cuyo extracto, unido varias veces a las actuaciones, ha sido utilizado por las partes de forma reiterada a lo largo del plenario, sino las certificaciones obrantes a los folios 841 y ss., es decir no sirve de base, aunque pueda tener la función de complemento probatorio, el extracto de una cuenta, sino las certificaciones de los libros oficiales, y es este precisamente el referente que se ha tenido en cuenta a la hora de establecer el relato de hechos de la presente resolución., argumentación que se asume en su integridad por su irreprochable y completa estructura y exposición.

En su consecuencia, el Motivo se desestima.

RECURSO DE LA ACUSACION PARTICULAR

Un único Motivo conforme al art. 849-1º de la L.E.Cr. sirve para denunciar vulneración, por inaplicación, del art. 528 en relación con los nº 2º y 7º del art. 529, ambos del C.Penal.

Entiende el recurrente que "de los téminos de la narración de los hechos de la sentencia cabe inferir la concurrencia de todos y cada uno de los elementos integrantes de la estafa procesal".

A fin de fundamentar tal aseveración reproduce literalmente el siguiente fragmento del "factum": "En referida certificación el acusado omitió, con la exclusiva finalidad de no perjudicar los intereses de su hija en la causa de separación matrimonial, conretamente las consecuencias económicas que de la misma pudieran derivarse, cualquier mención a una serie de operaciones en las que figuraba como titular su hija, que debidamente asentadas en los libros registro, habían sido llevadas a cabo con su intervención como Agente de Cambio y Bolsa"(sic).

Con dicho soporte fáctico no le parecen justificadas a quien recurre las razones esgrimidas por la Sala de instnacia para absolver al acusado del Delito de Estafa procesal que aquél le imputaba. Concretamente, la de entender que la alteración falsaria referida resultó irrelevante a los efectos de producir un distinto importe en la fijación de las pensiones, tanto compensatoria como de alimentos que se producirián en el procedimiento de reparación le resulta, cuando menos, contradictoria con lo afirmado fácticamente qué indicaba "un explícito reconocimiento de que el contenido de lo fabricado no resultaba ni mucho menos inocuo y que tal maniobra falsaria redundaba en indudable benefício en favor de su hija."

El recurrente califica de sofístico el argumento instrumentado por el Tribunal "a quo" en relación con la última de las operaciones reseñadas en el movimiento real de la cartera de valores al reseñar su concrección como tres meses anterior a la iniciación de la causa de separación y expone, con objetivo reconocimiento de su propósito, que la absolución cuestionada ha sido determinante de la declaración de inexistencia de una responsabilidad civil de los acusados no obstante el real perjuicio causado a su patrocinado con la fijación de una pensión no ajustada a derecho y declarada por virtud de un hecho delictivo (sic).

En apoyo de tal tesis, especificación de los elementos definidores del Delito de Estafa Procesal y como colofón argumental de su planteamiento se citan en el desarrollo del Motivo dos Sentencias de esta Sala, una de 20-12-88 y otras de 9-3-92.

Tomando los términos en que se pronuncia la ultima de las resoluciones citadas es cierto que -introducida tal figura delictiva en el Código Penal por la L.O. 8/83, de 25-6, y mantenida en el Nuevo Texto Legal Punitivo de 1995 ahora vigente- se pefila en aquellos casos en que una de las partes engaña al Juez y le induce con la presentación de falsas alegaciones a dictar una determinada resolución que perjudica los intereses económicos de la otra parte. Describiéndose como vía consumatoria más idónea, la del procedimiento civil en el que el Juez debe permanecer inactivo y neutral ante las aportaciones de las partes y dejar que aquéllas decidan sobre el objeto del litigio.

Pues bien, en el supuesto enjuiciado no está demostrada la operatividad de la maniobra engañosa en la decisión dictada por la Juez de lo Civil y, mucho menos, que aquella haya supuesto un efectivo y concreto perjuicio patrimonial para la contraparte.

Con un criterio analítico merecedor de encomio, la combatida abre incluso la hipótesis de la posible incidencia de la oculatación de las operaciones bursátiles a que se refiere el documento emitido por el acusado en la situación patrimonial de la pareja cuya vínculo matrimonial se rompe, pero, al tiempo y con escrupuloso ajuste al "factum" que contiene su primera premisa, constata en su fundamento jurídico tercero que la cuenta de valores estaba definitivamente cerrada al 4-9-87, tres meses antes de iniciarse la causa de separacion de los esposos y, por lo tanto, en esa fecha, ni generaba beneficios, ni alteraba en modo alguno la situación patrimonial de quién había sido su titualr, siendo lógico pensar, incluso, que los benefícios obtenidos pasaran a engrosar el caudal común de los cónyuges cuando todavía estaba vigente su matrimonio.

Ello evidencia -en términos de la resolución de instancia- que, a partir de septiembre de 1987, las acciones cuestionadas no generaron beneficios, por lo que la certificación falseada poco pudo influir a la hora de fijar la pensión compensatoria, pues aún en el supuesto de que en la misma se hubiera reflejado la realidad, es lo cierto que en la fecha del incicio de la causa de separación matrimonial, la esposa no contaba con ingresos por este concepto, por lo que la situación que la pensión compensatoria trataba de paliar, era la misma, se tenga en cuenta o no tan citada certificación, afirmación que nos lleva a establecer que la falsedad enjuiciada, carece de entidad para condicionar la decisión de la Juez Civil en cuanto a la cuantificación de las pensiones y por ende no puede ser generadora del perjuicio que se pretende, por lo que la supuesta estafa procesal que se aduce es inexistente.

Por todo ello, el Motivo se desestima.III.