Defensa de los derechos de las personas con discapacidad
| Autor | Manuela Oliver Torets |
| Páginas | 261-288 |
12. DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Manuela Oliver Torets73
Caso 1. Afición a comprar tecnología.
Manuela Oliver Torets74
“Son anulables los contratos celebrados por personas Discapaces sin la intervención del
curador, cuando esta sea necesaria para el ejercicio de su capacidad jurídica (por exigirlo, así,
la sentencia constitutiva de la curatela) (arts. 267.II CC y 1302.3 CC)”.
David es una persona discapacitada judicialmente; en la resolución judicial se estima una
provisión de apoyos en el ámbito económico (para transacciones superiores a 100 euros
mensuales), jurídico/administrativo y de salud.
Tiene un diagnóstico de trastorno límite de personalidad, inteligencia límite (incapacidad
intelectual) y ha sido consumidor de tóxicos (hace años que no consume nada).
Actualmente reside en un centro abierto. Se relaciona bien con otros usuarios y se ha
adaptado relativamente bien a las normas del centro. Es muy autónomo e independiente.
David es una persona “adicta” a las tecnologías y mantiene abiertos varios canales en
YouTube, y cuentas en redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook. Es un joven que
ha naturalizado estas redes como forma de comunicación y socialización.
El problema de David es que, para seguir al día en estas plataformas, precisa de equipos
tecnológicos avanzados y, de todos es sabido, que el avance de la tecnología de los aparatos
móviles resulta rápida e imparable, por lo que un dispositivo queda obsoleto en menos de un
año. Esta circunstancia motiva la compra casi compulsiva en aquellas personas que desean
ir incorporándose a cada nueva situación y además con el agravante del alto precio a
satisfacer si quieres comprar la última gama.
73 Abogada
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Si la situación descrita convierte al público joven en una posición vulnerable, cuando ese
joven es una persona como David con un límite de disponibilidad económica real, ya que es
titular de una pensión que no llega a los 600 euros mensuales de los que el 75% deben ser
dedicados al coste de su plaza residencial, y además aminorado en cuanto a disponibilidad
por una resolución judicial, nos encontramos con una concreta situación de endeudamiento
que provocará una insolvencia y una demanda judicial derivada del incumplimiento del
contrato de venta con pago aplazado.
La cuestión es que cualquier persona con un DNI y un número de cuenta bancaria puede
solicitar un préstamo, ya sea para consumo, financiando una compra de un ordenador, una
Tablet, un móvil de última generación, o bien para suscribirse a canales con costo periódico.
¿Qué hacer cuando David, que se comunica con soltura, de forma telemática o telefónica,
suscribe contratos de compra por Amazon, o bien físicamente en tiendas en un centro
comercial, o incluso se da de alta en distintas líneas de teléfono en varias compañías de
telefonía, para obtener dispositivos móviles supuestamente gratuitos?
Se plantea una cuestión legal: los contratos mercantiles que realiza David son anulables,
obviamente. Pero por qué no se puede establecer una medida legal preventiva para que David
no pueda contratar y asumir compromisos de pago inasumibles por falta de liquidez
propiamente, lo que conlleva perjuicios para el propio David, que es una persona vulnerable
y, por consiguiente, con necesidad de una mayor protección jurídica; y, por qué no, también a
las empresas contratantes que depositan su confianza, y entregan dinero o bienes, dentro del
mercado libre de comercio y que igualmente precisan de seguridad jurídica.
Las empresas contratantes sólo podrían tener conocimiento de la situación jurídica de David
si accediesen al Registro Civil, donde consta la resolución judicial. Debería, por consiguiente,
legislarse para que sea necesario una confirmación de la capacidad legal del contratante,
sobre todo cuando estamos ante contratos de responsabilidad importantes, con trascendencia
y relevancia económica. En esa reglamentación, que debería regular las transacciones
comerciales, deberían adoptarse medidas que garantizasen la protección del vulnerable y la
seguridad jurídica de las empresas, asumiendo estas últimas las consecuencias derivadas de
una falta de confirmación de la capacidad del consumidor.
Ciertamente se puede anular el contrato; pero ¿cómo restituir a la empresa contratante, que
no conoce con quién está contratando realmente, el patrimonio desembolsado (dinero, aparato
tecnológico, etc.)? Puede ser devuelto el aparato si no ha sufrido daño alguno, pero ¿el dinero
conseguido y no reembolsado en el caso de falta de liquidez absoluta o contar con pensiones
inembargables legalmente? Las posibilidades reales para asegurar los intereses de David,
por parte de la entidad que brinda los apoyos por resolución judicial, son los acuerdos
extrajudiciales. Ante la situación descrita, en el 95% de los supuestos las entidades que han
financiado la compra asumen una quita de la deuda y acuerdan consensuar un calendario de
pago.
Casos prácticos: jurídicos, socio-jurídicos, sociales que contribuyen a resolver problemas de la vida cotidiana
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