DECRETO 40/2014, de 15 de mayo, por el que se regulan determinados aspectos relacionados con la modernización de la Administración de justicia en Canarias.
| Sección | I. DISPOSICIONES GENERALES |
| Emisor | Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad |
| Rango de Ley | Decreto |
I
En mayo de 2001, el Gobierno de la Nación y los partidos mayoritarios firmaron un Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia. Fruto de ese Pacto surgió la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados, por unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios, el día 16 de abril de 2002.
A través de ella se persigue una Justicia moderna, transparente y abierta a los ciudadanos, que actúe con agilidad, eficacia y calidad; con métodos más avanzados y procedimientos menos complicados. Una Justicia que proteja a los más débiles y que cumpla satisfactoriamente su función constitucional de garantizar, en tiempo razonable, los derechos de los ciudadanos y de proporcionar seguridad jurídica.
Desde entonces se han dado pasos importantes, pero los objetivos, principios y líneas de reforma apuntadas se encuentran aún inconclusas y deben seguir desarrollándose.
II
El presente Decreto tiene como finalidad regular determinados aspectos esenciales relacionados con la política de modernización de la Administración de Justicia en Canarias, en la línea trazada por el Gobierno de Canarias con el objetivo de modernizar y mejorar los servicios públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Esta se configura como una política permanente y específica que se esfuerza por conocer cuales son las necesidades y expectativas, presentes y futuras, de los ciudadanos con el ánimo de darles respuesta de forma satisfactoria prestando atención, de forma principal, a los principios de orientación a las personas, eficacia en los fines, eficiencia en la utilización de los recursos, coordinación y colegiación de esfuerzos, transparencia, interoperabilidad de los sistemas tecnológicos y potenciación del capital humano.
El uso de las tecnologías de la información apoyará la consecución de tales objetivos, de conformidad con lo dispuesto en el título III de la presente disposición.
Para ello, atendiendo asimismo al importante volumen de proyectos de reorganización y modernización que está impulsando el Departamento competente en materia de administración de justicia, se establece como objetivo primordial desarrollar una Estrategia para la modernización de la Administración de justicia en Canarias que permita determinar los objetivos a alcanzar, los proyectos e iniciativas que deben realizarse para alcanzar dichos objetivos, así como los indicadores que servirán para medir e informar de los resultados obtenidos.
El cumplimiento de este fin exige la creación de diversos órganos colegiados y, en consecuencia, se modifica el reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por Decreto 331/2011, de 22 de diciembre, para incluir aquellos órganos colegiados cuya vocación de permanencia justifica su incorporación a la estructura de órganos colegiados del Departamento.
III
Un aspecto que incide en la mejora de la eficacia del servicio público y la eficiencia en la utilización de recursos es el de la modernización tecnológica.
La urgente necesidad de modernizar tecnológicamente la gestión y apoyo del ejercicio de la actividad jurisdiccional ha sido, históricamente, puesta de manifiesto en varias ocasiones. Así cabe citar, por ejemplo, el Libro Blanco de la Justicia elaborado por el Consejo General del Poder Judicial en 1998, el Pacto de Estado para la reforma de la Justicia de 28 de mayo de 2001 y la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia ya mencionada.
La Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, contiene la regulación específica para el ámbito de la Justicia de los contenidos de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, si bien recoge idénticos principios y valores en muchos aspectos.
En el plano internacional, la Unión Europea ha desarrollado el Plan de Acción E-Justicia. Este Plan de Acción busca la mejora de la eficacia de los sistemas judiciales mediante la aplicación de las tecnologías de información y comunicación en la gestión administrativa de los procesos judiciales. El Plan busca también la cooperación entre las autoridades judiciales y, lo que es más importante, el acceso de los ciudadanos a la justicia.
El Gobierno de Canarias ha realizado en los últimos años un importante esfuerzo en este campo. Fruto de ello, ha sido la implantación del sistema de gestión procesal Atlante II, entre cuyos beneficios se encuentran la posibilidad de consultar a nivel regional todos los procedimientos y expedientes tramitados, la homogeneización de las plantillas, procedimientos y flujos de tramitación, el empleo de la firma electrónica, así como la integración de dicho sistema de gestión procesal con distintas plataformas y aplicaciones telemáticas existentes, que pueden dotar de una mayor agilidad a la Administración de Justicia.
La modernización tecnológica en la Administración de Justicia en Canarias se sujeta, pues, a los principios contenidos en la Ley 18/2011, ya citada, asegurando el acceso, la autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad, conservación e interoperabilidad de los datos, informaciones y servicios que se gestionan en el ejercicio de sus funciones.
IV
Desde la óptica de modernizar los modelos organizativos, el principal reto exigido por el legislador consiste en el despliegue de lo que se ha denominado como "nueva oficina judicial" y "nueva oficina fiscal", a raíz de la promulgación de la Ley Orgánica 19/2003.
Ello obliga a introducir profundos cambios organizativos que favorezcan un funcionamiento más eficaz a la vez que eficiente de las oficinas judiciales y de la oficina fiscal, con una nueva ordenación de los medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia en Canarias, con la intención de conseguir un mayor grado de satisfacción en la relación de los ciudadanos con la Administración de Justicia.
En esta situación, el marco organizativo que diseña la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, obliga a las Administraciones Públicas competentes para la provisión de los medios humanos y materiales al servicio de la Administración de Justicia, a un desarrollo normativo específico e independiente al de la regulación de su propia Administración. La Ley Orgánica otorga en plano de igualdad en su artículo 438.3, tanto a la Administración Central del Estado como a las Administraciones Autonómicas con servicios asumidos en Justicia, la competencia para la organización de los Servicios Comunes Procesales y también acoge en la organización jurisdiccional a las Unidades Administrativas, de puro contenido administrativo. En el diseño que realiza la Administración Pública de la Comunidad Autónoma se incluyen, además, determinados órganos colegiados que resultan esenciales en el proceso de modernización de la Administración de Justicia en Canarias.
El nuevo diseño que se establece representa, por tanto, un profundo cambio en la actual organización al servicio de la Administración de Justicia en Canarias, que se refleja en la derogación de los Decretos autonómicos 133/2008, de 10 de junio, por el que se crea la estructura necesaria para el diseño, creación, organización e implantación de la nueva Oficina judicial en Canarias, y 98/2011, de 27 de abril, regulador de la estructura orgánica y planificación de la Oficina judicial en Canarias, cuyo contenido se integra parcialmente en este Decreto, al mantenerse vigentes la Comisión de Participación y Asesoramiento y la Comisión Técnica de Estudio de los criterios para la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo, mientras que se suprime la Comisión Técnica de coordinación. La nueva estructura se completa con el diseño y creación de la Oficina Fiscal, la regulación de la estructura institucional en el área tecnológica, así como la ordenación del sistema de gestión de calidad diseñado para la Administración de Justicia en Canarias, de acuerdo con el modelo reconocible a nivel nacional aprobado por el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta área.
La consecución de estos objetivos exige mantener y potenciar por parte de este Departamento las líneas de coordinación y colaboración con todas las instituciones y los operadores jurídicos afectados, en aras a definir un marco de trabajo colaborativo, en el que se aprovechen las potencialidades reales de cada uno de ellos, evitando, en todo caso, redundancias y duplicidades de esfuerzos, lo que deviene de especial importancia en la actual situación de crisis económica.
V
Integrado en el Modelo de Referencia del Sistema de Calidad Judicial de ámbito nacional, se contempla el compromiso de establecer un Sistema de Gestión de la Calidad...
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