DECRETO 326/2024, de 5 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Justicia y Derechos Humanos.

En virtud del Decreto 18/2024, de 23 de junio, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, se procedió a la reordenación de la estructura departamental de la Administración de la Comunidad Autónoma y a la nueva asignación competencial entre los Departamentos de la misma, para garantizar la continuidad de las tareas político-administrativas del Gobierno sin provocar interrupciones en las mismas, y ordenar el tránsito de la organización administrativa anterior a la que se aprueba en el citado decreto, todo ello, con el fin último de llevar a cabo con la máxima eficacia el Programa de Gobierno de la XIII legislatura.

Mediante el Decreto 36/2024, de 30 de julio, del Lehendakari, se modificó el citado Decreto 18/2024, de 23 de junio, puesto que tras su aprobación se ha constatado la necesidad de realizar determinadas modificaciones encaminadas, unas a designar adecuadamente áreas concretas de actuación, y otras, a concretar con mayor precisión la distribución competencial de determinados Departamentos. Todo ello, en aras de lograr los objetivos de racionalidad y eficiencia en los ámbitos competenciales y de funcionamiento de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El artículo 20 del Decreto 18/2024, de 23 de junio, determina las funciones y áreas de actuación del Departamento de Justicia y Derechos Humanos, el cual está integrado, de acuerdo con lo dispuesto en su Disposición Adicional Decimosegunda, por los órganos y unidades del extinto Departamento de Igualdad, Justicia y Asuntos Sociales, con excepción de la Viceconsejería de Políticas Sociales.

En concordancia con lo dispuesto en la Disposición Final Primera del Decreto 18/2024, de 23 de junio, donde se especifican los criterios organizativos que han de guiar los reglamentos orgánicos, se hace necesario proceder a una reordenación de las diversas áreas de actuación.

En definitiva, todas las circunstancias anteriormente reseñadas ponen en evidencia la necesaria articulación de la nueva estructura orgánica y funcional del Departamento de Justicia y Derechos Humanos.

Dicha estructura se articula en dos Viceconsejerías, que son la de Justicia y la de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, las cuales a su vez se estructuran en diversas Direcciones en función de cada una de las materias específicas.

Aparte de lo anterior, existen otros órganos con dependencia jerárquica directa de la Consejera o del Consejero del Departamento, como son la Dirección de Gabinete y Comunicación, y la Dirección de Servicios.

La Dirección de Gabinete y Comunicación presta asistencia directa a la Consejera o al Consejero para el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas en virtud de su cargo, mientras que la Dirección de Servicios se configura como el órgano de apoyo a los restantes órganos del Departamento en materias de naturaleza común a las diversas áreas del mismo.

En relación a la Viceconsejería de Justicia, le corresponde el ejercicio de las competencias departamentales referidas a la atención de las relaciones con el Poder Judicial; a la provisión de los medios para el funcionamiento de la misma; a las funciones de dirección, supervisión, organización, gestión económica y administrativa e inspección de los centros penitenciarios ubicados en Euskadi; al ejercicio de las competencias en materia de menores infractores, al nombramientos en Notarías y Registros de la Propiedad y a garantizar- en el ámbito de la Administración de Justicia- el ejercicio de los derechos recogidos en la normativa básica de normalización del euskera.

Dependen orgánicamente de esta Viceconsejería la Dirección de Administración de Justicia, la Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras, la Dirección de Justicia, y la Dirección de Servicios Penitenciarios, esta última de nueva creación para ordenar el tránsito de la organización administrativa anterior a la que se aprueba en este decreto, con la finalidad, una vez materializado el traspaso de funciones y servicios de la Administración Penitenciaria, de dotar de racionalidad y eficiencia a su ejecución y a la implantación del modelo vasco penitenciario, así como su especialización en la gestión de recursos humanos y materiales.

A su vez, el área de reinserción social corresponde al ente público de derecho privado Aukerak, Agencia Vasca de Reinserción Social, que está adscrito al Departamento de Justicia y Derechos Humanos a través de la Viceconsejería de Justicia, en los términos establecidos en la Ley 3/2021, de 30 de septiembre, de creación del mismo.

Por su parte, la Viceconsejería de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia actuará en el fomento de la paz y la convivencia, así como en el desarrollo e impulso de los planes del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, organismo autónomo administrativo que está adscrito al Departamento de Justicia y Derechos Humanos a través de esta Viceconsejería, en los términos establecidos por la Ley 4/2014, de 27 de noviembre, de creación del citado instituto.

Depende orgánicamente de esta Viceconsejería la Dirección de Derechos Humanos y Atención a Víctimas.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Justicia y Derechos Humanos, previa aprobación del Lehendakari, y deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2024,