DECRETO 168/2023, de 7 de noviembre, por el que se regulan el régimen de concierto social y los convenios en el Sistema Vasco de Servicios Sociales.

Sección1 - Disposiciones Normativas
Rango de LeyDecreto

El presente Decreto tiene por objeto regular un régimen general y común para la concertación de los servicios del catálogo de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales que establece el artículo 22 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales. En particular para la concertación de plazas con entidades de iniciativa privada en centros que, al igual que otros servicios, incluyen prestaciones técnicas. Y, adicionalmente, en el marco de la gestión integral, otros servicios de dicho catálogo dirigidos a todas, o parte, de las personas usuarias del centro o centros concertados.

Al regular dicho régimen, el Decreto se ciñe a los aspectos considerados básicos, en coherencia con el referido artículo 61.2 de la Ley 12/2008 y considerando las facultades que, desde el respeto a este marco general, cada administración ostenta en la regulación específica de su acción concertada, según lo previsto en su disposición adicional octava.

El régimen de concierto, según lo previsto en el artículo 60.1 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, constituye una de las fórmulas de que disponen las administraciones públicas para organizar la prestación de los servicios del catálogo de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, junto con la gestión directa, la gestión indirecta en el marco de la normativa de contratación de las administraciones públicas y los convenios con entidades sin ánimo de lucro.

Los servicios incluidos en el catálogo de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales que establece el artículo 22 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, son servicios de interés general, entendiendo por tales «los regímenes de seguridad social que cubren los principales riesgos de la vida y un rango de otros servicios esenciales provistos directamente a la persona que juegan un rol preventivo y de cohesión/inclusión social» (Un marco de calidad para los Servicios de Interés General en Europa, COM (2011) 900 final).

Son servicios personales, de personas a personas, como los educativos o sanitarios que, de ser de responsabilidad pública, constituyen Servicios Sociales de Interés General e integran el sistema vasco de protección social junto con el sistema educativo, sanitario, de garantía de ingresos y para la inclusión social y las políticas activas de empleo y protección social de la vivienda. Los servicios sociales y el resto del ámbito de la intervención social que define el artículo 4 de la Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi, si son de responsabilidad pública, son Servicios Sociales de Interés General, habitualmente de carácter económico, como establece dicho artículo.

Que determinadas prestaciones y servicios constituyan Servicios Sociales de Interés General, y los principios de universalidad, solidaridad, adecuación y eficiencia económica, que han de informar su provisión, justifican que la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que la traspone, otorguen libertad a cada Estado miembro, para organizar su prestación sin celebrar contratos públicos, en determinadas condiciones.

De este modo, en relación con determinados servicios a personas como ciertos servicios sociales, sanitarios y educativos, el Considerando 114 de la Directiva 2014/24/UE establece que: «Los Estados miembros y los poderes públicos siguen teniendo la libertad para prestar por s?? mismos esos servicios u organizar los servicios sociales de manera que no sea necesario celebrar contratos públicos, por ejemplo, mediante la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todos los operadores económicos que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, siempre que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación». Previsión que recoge la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el apartado IV del Preámbulo y en su artículo 11.6.

Las características de los servicios sociales, como apoyos principalmente relacionales para la integración social con autonomía, y la obligación de prestarlos, como el resto de Servicios Sociales de Interés General, de forma universal y solidaria, con la calidad debida y a un coste adecuado, así como la disponibilidad de una red de iniciativa privada, particularmente social, con medios propios y una atención coherente con los estándares de calidad pretendidos, de acuerdo con el modelo comunitario, justifican en gran medida el régimen de concierto social. Y estos mismos aspectos y la singularidad de la actividad de algunas entidades de iniciativa social no lucrativa, entre otros supuestos, los convenios.

Así, en 2008, al configurar el Sistema Vasco de Servicios Sociales, estableciendo un catálogo de servicios cuyo acceso se reconoce como un derecho subjetivo, se constató la necesidad de reconocer y promover la contribución de la iniciativa privada, y en particular de la social, para que el sistema se despliegue y lo haga conforme a los principios y el enfoque o modelo de atención que la Ley 12/2008, define en sus artículos 7 y 8, respectivamente. Un papel clave del tercer sector social que también reconoce el Marco Europeo Voluntario de Calidad para los Servicios Sociales del Comité de Protección Social de la Unión Europea para el conjunto de Servicios Sociales de Interés General.

A ello obedece que el artículo 5 de la Ley 12/2008 defina el Sistema Vasco de Servicios Sociales como una red articulada de atención o sistema, de responsabilidad pública, integrado por prestaciones, servicios y equipamientos de titularidad pública y privada concertada. Y que, siendo así, el artículo 35.3 obligue a los planes estratégicos de servicios sociales de la CAPV a definir un objetivo sobre la participación del sector público y privado concertado en la provisión de servicios a fin de «articular la red pública de servicios sociales referida en el artículo 5 en los términos previstos en el artículo 7.a)».

Artículo 7

letra a, sobre el principio de responsabilidad pública que, tras especificar qué prestaciones deben ser de gestión pública directa, establece que, complementariamente, al objeto de preservar un conocimiento específico de la realidad de los servicios y las necesidades de las personas usuarias y profesionales, así como de las dificultades asociadas a garantizar la calidad de la gestión y la atención...: «deberá preverse, en este marco y con carácter general, la prevalencia de la gestión pública y de la gestión a través de la iniciativa social en la provisión de los servicios y prestaciones previstos en el Catálogo de Servicios y Prestaciones del Sistema Vasco de Servicios Sociales».

Asimismo, la letra h señala que: «Las administraciones públicas vascas actuarán de conformidad con el deber de coordinación y cooperación entre sí, así como con la iniciativa social sin ánimo de lucro. Asimismo, colaborarán, subsidiariamente, con el resto de la iniciativa privada en los términos establecidos en el título V de la presente Ley». Y el artículo 60.3 que: «Las administraciones públicas vascas, en aplicación de los principios de coordinación y cooperación, promoción de la iniciativa social y aprovechamiento integral, racional y eficiente de los recursos, procurarán aprovechar, siempre que resulte adecuado, las capacidades y recursos desarrollados por la iniciativa privada social con el fin de garantizar la provisión de las prestaciones y servicios del Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales».

Estas y otras previsiones de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales resultan coherentes con la importancia, en el ámbito de los Servicios de Interés General, de los principios de universalidad, solidaridad, adecuación y eficiencia económica. Y responden al propósito de garantizar el despliegue, la sostenibilidad y la calidad de las prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales conforme al enfoque comunitario. A este propósito responde también que la ley establezca el régimen de concierto como vía ordinaria para la provisión de los servicios del catálogo del Sistema Vasco de Servicios Sociales y los convenios, en supuestos de singularidad, urgencia o innovación, así como la inclusión de cláusulas sociales en la contratación, como prevé su artículo 72.

Así, los convenios de colaboración con entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro se formalizarán en supuestos...

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