DECRETO 13/2021, de 20 de mayo, por el que se regulan las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Sección | II - Disposiciones Generales |
Emisor | ConsejerÍA de Transparencia, OrdenaciÓN del Territorio y AcciÓN Exterior |
Rango de Ley | Decreto |
Lunes, 24 de mayo de 2021
El Decreto 2/2003, de 2 de enero, por el que se regulan los servicios de información y atención al ciudadano y la función de registro en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, con fundamento en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ha constituido un hito histórico en la regulación de la atención a la ciudadanía en la Administración autonómica desde el punto de vista funcional, y su practicidad, eficacia y visión de futuro ha facilitado su pervivencia, con mínimas modificaciones, hasta prácticamente la actualidad.
Este decreto, inspirado en la entonces denominada Sociedad de la Información, intentó concebir la atención a la ciudadanía de forma integrada y reguló las dos funciones esenciales que han venido atribuyéndose a los servicios de atención ciudadana: la información administrativa y el registro de documentos, poniendo a su disposición la amplia red autonómica de oficinas de información y registro, a la que posteriormente se añadió, con propia regulación, el Servicio 012. Es, asimismo, destacable su previsión incipiente de la transmisión electrónica y telemática de documentos entre administración y ciudadanía y entre los propios órganos administrativos.
La Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus Relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública (Capítulo III del Título II), en coherencia con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, reguló la Sede Electrónica, el expediente electrónico y el archivo electrónico, que resultaron finalmente desarrollados por el Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de Utilización de Medios Electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, con el objeto de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de las personas a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, han supuesto un giro drástico en la forma de actuación de las administraciones públicas, ya que las dirige hacia un funcionamiento íntegramente electrónico, con la finalidad de servir mejor a la ciudadanía, bajo los principios de eficacia y eficiencia, intentando ahorrar costes, y reforzar las garantías de las personas interesadas pues permite ofrecer información puntual, ágil y actualizada sobre los procedimientos en que se encuentren involucrados.
La previsión de una administración electrónica para la ciudadanía, cada vez más habituada a las tecnologías de la información y de...
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