Declaración de no estar incurso en prohibición de contratar
| Autor | Alberto Palomar Olmeda/Javier Vázquez Garranzo |
| Cargo del Autor | Magistrado y Profesor de Derecho Administrativo/Letrado de la Seguridad Social y Abogado CAIB |
| Actualizado a | Enero 2022 |
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Contenido
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Expediente de contratación nº ……….
D/Dña. .............................., con DNI nº ............... mayor de edad y con domicilio a efectos de notificaciones en el correo electrónico ……, y dirección C/ ..................................... de ………. (además, en su caso, teléfono, fax, etc.) actuando en representación de .... (en su caso, en mi propio nombre y representación; o en nombre de una unión temporal a que se refiere el artículo 69 LCSP 2017), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y lo establecido por el Informe 16/97, de 14 de julio de 1997, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa:
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que ni él, ni los administradores y representantes de su empresa, ni su empresa, están incursos en las prohibiciones contenidas en el artículo 71 y ss. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y .............. (en su caso, normativa autonómica).
A dichos efectos se aporta ………(certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público; etc.)
DECLARA expresamente que la empresa que representa se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con Hacienda, Seguridad Social y con la Comunidad Autónoma de .......
Lugar, fecha, sello y firma
.............................................
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN (O Unidad que tramita el expediente de contratación)
ComentarioConforme al artículo 65 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP 2017), para poder contratar con el sector público (incluyendo contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23 LCSP 2017) las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, entre otros requisitos, deben tener plena capacidad de obrar y no estar incursas en una prohibición de contratar.
Las prohibiciones de contratar afectan también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.
El artículo 85 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, permite que la prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para contratar pueda realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.
Téngase en cuenta, si bien referido a la normativa anterior, que el Informe 16/97, de 14 de julio de 1997, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, siguiendo su Recomendación de 23-3-1988 señalaba que la declaración responsable puede ser realizada ante el propio órgano de contratación y aunque no se excluye que también pueda ser realizada ante otra autoridad administrativa, distinta del órgano de contratación, “no se alcanza a comprender cuales sean las ventajas de esta segunda alternativa frente a la más simple y que representa menos trámites de la primera”.
El artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece las prohibiciones de contratar:
1. No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la presente Ley con los efectos establecidos en el artículo 73, las personas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio. La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas que sean declaradas penalmente responsables, y a aquellas cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o representación y hasta su cese, se encontraran en la situación mencionada en este apartado. b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional que ponga en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la competencia,...
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