STS, 7 de Octubre de 1997

D. Armandodemandó por los trámites del juicio declarativo de menor cuantía a D. Millán; Dª Sofía; Dª Lourdes; Dª Elena; D. Bernardoy esposa Dª Ángela, y a la entidad DIRECCION001. Alegaba que esta última era arrendataria de la concesión otorgada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana al Sr. Bernardoen la parcela NUM000de la Urbanización "DIRECCION000", sita en la Playa del Inglés, cuyo objeto era la explotación de un bar-restaurante, kiosco de música y otras instalaciones complementarias a construir en la indicada parcela. Mediante contrato de ejecución de obras celebrado con los demandados (los cuatro primeros como socios de DIRECCION001. y el Sr. Bernardoy esposa para quedar enterados del contenido del contrato y asumir las obligaciones que para ellos se especificaban), el actor se comprometió a ejecutar las obras en la parcela NUM000de la Urbanización "DIRECCION000", bajo unas complejas estipulaciones. Este contrato, de 11 de mayo de 1.988, fue novado parcialmente por otro de 11 de enero de 1.990. El actor solicitaba la condena de los demandados, y concretamente de DIRECCION001., por aplicación de determinadas cláusulas contractuales a las que se hará referencia más adelante, y la resolución de los mencionados contratos. El Juzgado de 1ª Instancia desestimó la petición de resolución, y de las de condena, aceptó en una determinada proporción una de ellas, siendo confirmada su sentencia en grado de apelación por la Audiencia.

Contra la sentencia de la Audiencia ha interpuesto recurso de casación el actor por los motivos que se pasan a examinar. El motivo primero se formula al amparo del art. 1.692.3ºLEC, y los restantes al amparo del nº 4º del mismo precepto.

El motivo primero acusa infracción del art. 348, apartado 3, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 372, párrafo 2º, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se combate la sentencia de la Audiencia porque no tiene declaración de hechos probados.

El motivo se desestima. Es doctrina harto reiterada de esta Sala la de que las sentencias civiles están en la excepción consignada en el art. 248.3LOPJ ("en su caso") (Sentencias de 6 de octubre de 1.988, 13 de febrero y 4 de marzo de 1.997, entre otras).

El motivo segundo cita como infringidos los arts. 1281, párrafo 1º, en relación con el art. 1589, todos del Código civil. El recurrente argumenta contra la sentencia recurrida que la cláusula decimoprimero del contrato de 11 de mayo de 1.988 era clara, sin que necesitase ninguna interpretación, por lo que al pactarse en ella una penalización para el supuesto de que no se solicitasen los permisos de apertura de locales, a construir por el recurrente en el plazo de quince días desde que se entendiesen finiquitadas las obras, que la recepción de las mismas es la fecha 24 de octubre de 1.990, y que la fecha de solicitud de licencia es el 4 de junio de 1.991, la condena al pago de la penalización que se solicitó era consecuencia legal de lo pactado, pese a lo cual la Audiencia la denegó.

El motivo se desestima porque la interpretación de los contratos, ha declarado con harta reiteración esta Sala, ha de ser mantenida en casación, salvo que se demuestro que es ilógica o vulneradora de las normas legales. Nada de esto sucede aquí, pues basta con la lectura detenida de la sentencia de la Audiencia para apercibirse de lo lógica que es su interpretación de la susodicha cláusula (fundamento de derecho primero).

El motivo tercero acusa la infracción por no aplicación de los artículos 1.281, 1.282, 1.283, 1.284 y 1.285, en relación con el artículo 1.599, todos del Código civil. Ahora se somete por el recurrente a particular e interesada interpretación -contraria a la de la Audiencia- las cláusulas décima del contrato de 11 de mayo de 1.988, y la cuarta del contrato que lo modificó de 11 de enero de 1.992. Según el recurrente, debía de haber percibido los intereses convenidos de las cantidades que se señalaron en aquellas cláusulas.

El motivo se desestima por las mismas consideraciones que el anterior. El fundamento de derecho tercero de la sentencia recurrida es lo suficientemente expresivo del incumplimiento contractual del recurrente para negarle el pago de los intereses que reclama, pactados sobre la base de un cumplimiento de sus obligaciones en la fecha que se marcó.

El motivo cuarto invoca la inaplicación de la doctrina jurisprudencial sobre los actos propios y el art. 7.1 del Código civil. En su fundamentación se sostiene, con apoyo en actos propios de la parte demandada, que la obra se puso a su disposición el 24 de octubre de 1.990.

El motivo se desestima. Difícilmente se ve el alcance que tiene para negar el incumplimiento del recurrente, que debió terminarla en fecha anterior, y para quitar toda la importancia jurídica a la obligada recepción de la obra por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que no se produjo hasta el 15 de mayo de 1.992 (folios 266-268), recepción necesaria según las condiciones de la concesión administrativa otorgada al demandado D. Bernardo, y que obligaba a la realización de las obras al concesionario para su posterior cesión al Ayuntamiento, disfrutando durante veinticinco años de su explotación a cambio (folios 170-173). Esta circunstancia de la recepción no era ignorada por el actor, conocedor del pliego de condiciones de la concesión (folios 2 a 23). Por tanto, aunque la demandada DIRECCION001. aceptó la obra de 24 de octubre de 1990, lo cierto es que nada significa en el desarrollo y cumplimiento del contrato, dada su sujeción a los términos de la concesión. Hasta tal punto es así, que en aquel se pactó que las obras se entenderían concluídas "cuando así lo determine el Director de obras, con el Visto Bueno del Arquitecto que designe el Sr. Alcalde de San Bartolomé de Tirajana" (estipulación quinta del contrato de 1.988, no novada en este punto por el de 1.990). ese Visto Bueno no se dió hasta el día 12 de mayo de 1.992, y para la recepción provisional (folios 266-7).

El motivo quinto alega infracción por no aplicación del art. 1.124C.c., en relación con el art. 1.598 del mismo Cuerpo legal. Y ello porque no se accede a la resolución del contrato de 11 de mayo de 1.988, novado por el de 11 de enero de 1.l990, no obstante el incumplimiento de la demandada. En su fundamentación se razona sobre tal incumplimiento, y se explica cómo el recurrente ha cumplido, pues no ha frustrado el fin del contrato.

El motivo se desestima. Sin necesidad de entrar en más consideraciones, basta recordar que el artículo 1.124 no permite que se pida el cumplimiento de un contrato y su resolución por incumplimiento simultáneamente. Esta conducta procesal es la que incomprensiblemente sigue el recurrente en su demanda (no exigiendo, en grado de subsidiaridad o alternatividad nada sino al mismo tiempo), en la que solicita la condena de la parte demandada por aplicación de las cláusulas de un contrato cuya resolución también se insta.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por D. Armandocontra la sentencia dictada por la Sección Primera de lo Civil de la Audiencia Provincial de Las Palmas de fecha 31 de julio de 1993. Con condena en las costas de este recurso al recurrente. Con pérdida del depósito constituido. Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia con devolución de los autos y rollo que remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Ignacio Sierra Gil de la Cuesta.-José Luis Albácar López.-Antonio Gullón Ballesteros.-Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Antonio Gullón Ballesteros, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.