Decisiones y sentencias
| Autor | CMS Albiñana & Suárez de Lezo |
Tras una larga investigación, el pasado 7 de enero la Comisión decidió autorizar la compra de una parte de los activos editoriales de Editis (la antigua Vivendi Universal Publishing) por parte del grupo editorial francés Lagardère. Como señalamos en números anteriores (Vid. Números 16, 17 y 18), la Comisión consideraba que el proyecto inicial de compra -que incluía el 100% de Editis- habría creado o reforzado la posición de la empresa resultante en diversos mercados francófonos (derechos de edición, servicios de difusión y distribución, venta de libros a revendedores y por mayoristas), por lo que Lagardère sólo conservará el 40% de los activos de Editis, comprometiéndose a vender el resto. En virtud de la operación, Lagardère conservará ediciones Larousse, Dalloz y Dunod, los fondos universitarios integrados por los fondos editoriales Nathan Université, Armand Colin y Sedes, el grupo español Anaya y el centro de distribución de Ivry.
En sentencia de 7 de enero, el TJCE ratificó las multas impuestas en noviembre de 1994 a un grupo de cementeras por haber participado en un cártel cuyo objetivo era el respeto de los mercados nacionales y la regulación de las transferencias de cemento de un país a otro. No obstante, el TJCE decidió reducir la multa impuesta a Ciments Français (CF) a 9,62 millones de euros, tras considerar que el TPI había cometido un error al computar el volumen de negocios de la filial belga de la cementera (Compagnie des Ciments Belges) pues CF todavía no ejercía el control de dicha empresa en el período en el que se realizaron los comportamientos anticompetitivos. Es importante señalar que en marzo de 2000 el TPI ya había modificado las multas impuestas en función del grado de implicación de las empresas, rebajando en 110 millones de euros el importe global de éstas. Entre las empresas aludidas se encuentran la francesa CF, la danesa Aalborg Pórtland, la irlandesa Irish Cement y las italianas Italcementi, Buzzi Unicem y Cementir, que deberán pagar un total de 53,3 millones de euros.
El TJCE confirmó el 6 de enero pasado la sentencia del TPI en la que anulaba la multa impuesta por la Comisión Europea a Bayer por valor de 3 millones de euros, al estimar que no se ha demostrado la presunta vulneración de la libre competencia por parte del grupo farmacéutico alemán en relación con las exportaciones paralelas del medicamento Adalat desde España y Francia al Reino Unido. El TJCE estima que el TPI no cometió ningún error de Derecho al declarar que la Comisión no había demostrado suficientemente la existencia de un acuerdo entre Bayer y los mayoristas. Así, el Tribunal señala que "considerar que se puede declarar la existencia de un acuerdo prohibido por el artículo 85, apartado 1, del Tratado tomando como único fundamento la expresión de una política unilateral destinada a impedir las importaciones paralelas tendría como efecto confundir el ámbito de aplicación de este precepto con el del artículo 86 del Tratado". Además, el TJCE deja claro que para que un acuerdo...
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