Ley de Derechos y Deberes de las Personas Usuarias, Autorizaciones Administrativas, Infracciones y Sanciones e Inspección en el Ámbito de los Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de La Rioja (Ley 5/1998, de 16 de abril)

La presente Ley tiene por objeto regular los derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios y centros de servicios sociales, normar las autorizaciones administrativas, establecer el régimen de infracciones y sanciones, y las actuaciones inspectoras y de control de las Entidades, Servicios y Centros, todo ello en el ámbito de los Servicios Sociales.

La presente Ley es de aplicación a los establecimientos y centros de servicios sociales situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a los servicios de servicios sociales que actúen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como a las personas físicas y jurídicas titulares de los servicios y Centros de servicios sociales, independientemente del lugar donde tengan su sede social o domicilio legal.

Para hacer efectivo el objeto a que se refiere el artículo 1, esta Ley:

1. Reconoce los derechos y deberes de las personas usuarias de centros y establecimientos de servicios sociales.

2. Determina el régimen de autorizaciones administrativas a las que quedan sujetos los centros y establecimientos de servicios sociales comprendidas en el ámbito de aplicación de la misma.

3. Establece el sistema de infracciones y sanciones en materia de servicios sociales en La Rioja.

4. Fija la competencia, las funciones y procedimiento de las actuaciones inspectoras y de control en materia de servicios sociales.

1. A los efectos de la presente Ley, se entiende por entidad de servicios sociales, a la persona, física o jurídica, pública o privada, constituida legalmente, y con independencia de que exista ánimo de lucro, titular de los servicios o centros a que se refieren los párrafos siguientes.

2. A los efectos de la presente Ley, se entiende por servicio de servicios sociales toda actividad organizada, que sin ser prestada necesariamente a través de un centro, y mediante la intervención de personal preparado y con el apoyo de equipamientos y recursos adecuados se orienta a la prestación, vigilancia y protección del bienestar social de los ciudadanos.

3. A los efectos de la presente Ley se entiende por centro o establecimiento de servicios sociales cualquier tipo de inmueble o conjunto de inmuebles donde se realizan actividades susceptibles de ser incluidas en la definición efectuada en el apartado 2 de este mismo artículo.

Toda persona, como usuaria de los servicios y centros de servicios sociales, a que hace referencia esta Ley, gozará de los siguientes derechos:

1. Acceder a los mismos y recibir asistencia sin discriminación por razón de nacimiento, sexo, raza o religión, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

2. A la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a torturas, ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

3. A la libertad ideológica, religiosa y de culto.

4. A no ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

5. Al honor y a la propia imagen.

6. Al ejercicio de la libertad individual para el ingreso, permanencia y salida de los centros de servicios sociales o, en su caso, en los términos previstos en el Código Civil.

7. Al secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas,salvo resolución judicial.

8. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

9. A asociarse al objeto de favorecer su participación en la programación y en el desarrollo de actividades.

10. A la consideración en el trato, debida a la dignidad de la persona, tanto por parte del personal del servicio o centro, como de las otras personas usuarias.

11. Al secreto profesional de los datos de su expediente personal, de su historia sanitaria y social.

12. A mantener relaciones interpersonales, incluido el derecho a recibir visitas.

13. A una asistencia individualizada acorde con sus necesidades específicas.

14. A la máxima intimidad en función de las condiciones estructurales de los centros y servicios.

    ñ) A que se les facilite el acceso a la atención social, sanitaria, farmacéutica, educacional, cultural y, en general, a todas las necesidades personales que sean necesarias para conseguir un adecuado desarrollo y atención psico-físicas.

15. Los demás reconocidos en la presente Ley o en el resto del ordenamiento jurídico.

    El ejercicio de los derechos señalados en los epígrafes f) y l) podrán ser objeto de limitaciones en virtud de resolución judicial.

Son obligaciones de las personas usuarias de los servicios y centros de servicios sociales:

1. Cumplir las normas determinadas en las condiciones generales de utilización del centro o servicio, previamente aprobadas por la Consejería de Salud, Consumo y Bienestar Social.

2. Observar una conducta basada en el mutuo respeto, tolerancia y colaboración, encaminada a facilitar una mejor convivencia.

3. Abonar las cuotas que reglamentariamente se establezcan por la utilización de los centros o servicios de servicios sociales.

1. El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Bienestar Social, ejercerá la inspección de todas las entidades y de todos los centros y los servicios en materia de servicios sociales que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

2. La función inspectora en el área de servicios sociales debe tener el apoyo de las demás inspecciones técnicas de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja cuando de forma expresa pueda requerírselo.

3. El ejercicio de competencias a que se refiere el punto 1 debe realizarse sin perjuicio de la función de inspección que por normativa sectorial pueda corresponder a otras autoridades de la Administración General del Estado, de la Autonómica o de la Local.

1. Corresponden a la inspección de la Dirección General de Bienestar Social las siguientes funciones:

   1. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de servicios sociales.

   2. Garantizar los derechos de las personas usuarias de los servicios sociales.

   3. Verificar la inexistencia de cualquier tipo de discriminación en los sistemas de administración y regímenes de prestación de los servicios sociales.

   4. Supervisar que el ejercicio de las competencias en materia de servicios sociales se ajusta a criterios de participación democrática de todos los interesados, a través de los órganos de participación existentes o que, en su caso, se establezcan.

   5. Verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos exigibles para los centros y servicios de servicios sociales, así como el cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en el ámbito de sus competencias.

   6. Supervisar el destino y utilización de los fondos públicos concedidos a la iniciativa privada o a la pública para la promoción e impulso de las mismas, a requerimiento de las entidades u órganos gestores de los departamentos de la Comunidad Autónoma o de cualquier otra administración pública que los haya otorgado.

   7. Asesorar e informar, en el ejercicio de las actuaciones de inspección, a las entidades y personas usuarias de servicios sociales, o a sus representantes legales sobre los respectivos derechos y deberes.

   8. Supervisar la adecuación entre los planes y programas de servicios sociales de las EntidadesLocales y los objetivos de carácter general establecidos por la Dirección General de Bienestar Social.

   9. Comprobar que los fondos destinados a los servicios sociales de las Entidades Locales son utilizados de acuerdo con los principios generales de la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

   10. Supervisar la adscripción a fines de servicios sociales de centros o servicios de la Comunidad Autónoma transferidos con dicha finalidad, sin perjuicio de las reordenaciones que puedan acordar las correspondientes Entidades Locales.

   11. Evaluar el cumplimiento de fines y objetivos comunes y determinar las dificultades o deficiencias genéricas o estructurales que impidan alcanzar o distorsionen el funcionamiento del sistema de servicios sociales de forma coherente, armónica y solidaria.

   12. Cumplir las demás funciones que le encomienda la presente Ley.

2. La verificación del cumplimiento por parte de los centros y servicios de las condiciones materiales y de accesibilidad a que se refiere el apartado 1.e) de este mismo artículo, exigidas por la normativa vigente, puede ser llevada a cabo directamente por la Inspección de la Dirección General de Bienestar Social o, cuando sea preciso por motivos de acumulación de tareas o de especialidad técnica, podrá ser encargada y llevada a cabo por entidades o profesionales. Dicha verificación en ningún caso puede ser encomendada a personas físicas o jurídicas que gestionen cualquier servicio, centro o entidad de servicios sociales, que sean propietarios o que tengan intereses económicos en los mismos. El departamento de Inspección ha de proveer a dichas entidades o profesionales de la acreditación correspondiente para el ejercicio de su función de verificación.

3. Las funciones de verificación encomendadas a las entidades o a los profesionales a que se refiere el apartado 2 de este mismo artículo deben someterse, en todo caso, al control y supervisión del departamento de Inspección.

1. Las actuaciones de la inspección de servicios sociales deben iniciarse siempre de oficio, ya sea por iniciativa propia de la Dirección General de Bienestar Social, por orden superior, por petición razonada de otros órganos o por denuncia.

2. Las Entidades, Servicios y Centros de servicios sociales inscritos en el Registro de Entidades, Centros y Servicios de servicios sociales de la Dirección General de Bienestar Social deben ser inspeccionados periódicamente, y los centros residenciales, como mínimo, una vez al año.

3. Para el ejercicio de las funciones encomendadas en la presente Ley, el personal inspector está facultado para acceder libremente en cualquier momento, después de identificarse, y sin previa notificación, a todos los servicios y establecimientos sujetos a las prescripciones de la presente Ley, así como a efectuar toda clase de comprobaciones materiales, de funcionamiento y contables. El personal inspector también puede acceder a todos los espacios de los servicios o establecimientos, entrevistarse particularmente con las personas usuarias o sus representantes legales, y realizar las actuaciones que sean precisas para cumplir las funciones asignadas. Si se considera necesaria la inspección del domicilio social de la entidad, debe requerirse, en caso de falta de consentimiento del titular correspondiente, la autorización judicial previa.

4. A requerimiento de la inspección, los titulares de las entidades de servicios sociales están obligados a facilitar el examen de documentos, libros y datos estadísticos y los soportes informáticos que por reglamento sean obligatorios, así como a suministrar toda la información necesaria para conocer el cumplimiento de las exigencias determinadas en la normativa vigente en materia de servicios sociales. La inspección debe respetar, en todo caso, la confidencialidad de los datos de carácter personal que afecten a la intimidad de los usuarios.

1. Una vez efectuadas las comprobaciones e investigaciones oportunas, de todas las inspecciones debe redactarse un acta, en la que el personal inspector debe hacer constar, como mínimo los siguientes datos:

   1. Fecha, hora y lugar de las actuaciones.

   2. Identificación de la persona inspectora actuante.

   3. Identificación de la entidad, servicio o centro inspeccionados y de la persona ante cuya presencia se efectúa la inspección.

   4. Descripción de los hechos y circunstancias concurrentes y de las presuntas infracciones cometidas, haciendo constar el precepto que se entiende vulnerado.

2. Las actas de inspección podrán ser consideradas como acuerdos de iniciación de procedimientos sancionadores, cuando además reúnan los requisitos siguientes:

   1. Identificación del presunto responsable.

   2. Hechos que se le imputan.

   3. Infracciones que se consideran cometidas.

   4. Sanciones que, en su caso, puedan imponerse.

   5. Autoridad competente para imponer la sanción y normativa que atribuya tal competencia.

3. Las actas que reúnan los requisitos de los puntos 1 y 2 de este mismo artículo se remitirán a la Dirección General de Bienestar Social, quien nombrará un Instructor y Secretario del procedimiento, en los términos previstos en el artículo 30.2 de esta norma.

4. La inspección debe efectuarse en presencia del titular o responsable del centro o servicio inspeccionado en el momento de la inspección, haciéndose constar en el acta su conformidad o disconformidad con respecto a su contenido, así como las alegaciones que considere oportunas. Del acta extendida debe hacérsele entrega de una copia.

5. Los hechos constatados por el personal inspector que se formalicen en el acta observando los requisitos exigidos en los apartados 1 y 4 de este artículo tienen valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados en el curso del procedimiento.

6. Si la inspección aprecia razonablemente la existencia de riesgo inminente o perjuicio grave para los usuarios puede proponer al órgano competente la adopción de las medidas provisionales oportunas a que se refiere el art. 24 de esta misma Ley.

7. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, si los hechos consisten en inobservancia de requisitos fácilmente subsanables, quienes ejerzan las funciones inspectoras podrán, cuando las circunstancias del caso lo permitan y siempre que no se derive peligro, daño o perjuicio grave a las personas usuarias, advertir y asesorar para que se cumpla la normativa. En este supuesto, debe consignarse en el acta la advertencia, debe establecerse cuál es la norma omitida y debe fijarse un plazo para su observación.

La inspección de servicios sociales de la Dirección General de Bienestar Social debe ser ejercida por funcionarios debidamente acreditados, que ocupen puestos de trabajo que comporten el ejercicio de funciones de inspección. El personal inspector debe tener los conocimiento y la aptitud necesarios para realizar los controles de calidad que, en el ejercicio de las funciones de inspección, tiene encomendados.

1. El personal inspector, en el ejercicio de sus funciones, tiene la consideración de agente de la autoridad a todos los efectos y goza de plena independencia en el desarrollo de sus funciones, con sujeción a las instrucciones de sus superiores jerárquicos.

2. Todos los miembros de la inspección, como agentes de la autoridad, pueden solicitar la cooperación a que se refiere el artículo 27, así como la ayuda y colaboración de otras autoridades o funcionarios, cuando sea preciso para el desarrollo de su actividad.

3. Debe proveerse al personal inspector de un documento identificativo que le acredite para cumplir sus funciones, en el que deben constar, en todo caso, el departamento al que está adscrito, el cargo que ocupa en el mismo, su nombre y apellidos y su documento nacional de identidad. El personal inspector debe exhibir dicho documento en el ejercicio de sus actuaciones.

4. En el ejercicio de la inspección debe tenerse especial cuidado de no ocasionar trastornos en la prestación del servicio o centro inspeccionado.

1. En el ejercicio de sus funciones, el personal inspector debe observar el respeto y consideración debidos a los interesados y al público en general, informándoles, cuando así sean requeridos de sus derechos y deberes, de acuerdo con la normativa reguladora de los servicios sociales, a fin de facilitar su adecuado cumplimiento.

2. Si la inspección tiene conocimiento, con motivo de sus actuaciones, de hechos que pueden ser constitutivos de delito, falta o infracción administrativa de otros ámbitos competenciales, debe comunicarlo a la autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o al órgano administrativo competente.

Las infracciones en materia de Servicios Sociales darán lugar a las sanciones administrativas correspondientes, que impondrán los órganos competentes de la Administración Autonómica de La Rioja, previa instrucción del oportuno expediente y sin perjuicio de las responsabilidades civiles, laborales o de otro orden que pudiesen concurrir.

1. La responsabilidad administrativa por las infracciones tipificadas en la presente Ley se imputará a la persona física o jurídica que cometa la infracción y solidariamente a la persona física o jurídica titular del centro o servicio que, en su caso, resulte responsable por haber infringido su deber de vigilancia.

   También podrá ser responsable de las infracciones tipificadas en relación con los aspectos higiénico-sanitarios, el técnico responsable de la organización higiénico-sanitaria del centro, siempre que quede demostrado que no había puesto en conocimiento del titular del servicio o centro las irregularidades detectadas en el ejercicio de sus funciones.

2. En el supuesto de que se aprecie que los hechos imputados pudiesen ser constitutivos de infracciones tipificadas en el Código Penal, el Instructor suspenderá la tramitación del expediente dando traslado del mismo al Ministerio Fiscal, suspendiéndose la tramitación hasta que recaiga la correspondiente resolución judicial.

3. De conformidad con la normativa aplicable podrán adoptarse las medidas provisionales que resulten necesarias.

1. Constituyen infracciones administrativas en materia de servicios sociales las acciones u omisiones de las personas responsables, tipificadas en la presente Ley.

2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

1. Se consideran infracciones leves aquellas que sean de escasa relevancia social, se cometan por simple negligencia o constituyan incumplimientos, que no causen grave quebranto ni indefensión a las personas usuarias.

2. Se valorarán como infracciones leves:

1. Mantener los locales, instalaciones, mobiliario o enseres con deficiencias en su estado o en su funcionamiento, siempre que ello no afecte de forma significativa al bienestar de las personas usuarias.

2. Las meras irregularidades de carácter formal en el cumplimiento de la normativa vigente en materia de servicios sociales.

3. Prestar una asistencia inadecuada a las personas usuarias, siempre que no se les cause perjuicios de carácter grave.

4. La falta de higiene o limpieza que no comporte riesgo para la salud o integridad de las personas usuarias.

5. Cualquier otro incumplimiento de la normativa de Servicios Sociales que la presente Ley o su desarrollo reglamentario no considere como grave o muy grave.

1. Son infracciones graves las acciones que impliquen conducta de carácter doloso, las que causen perjuicio grave a las personas usuarias de los servicios o centros y las que, aun estando tipificadas como leves, supongan reiteración en los términos establecidos en el apartado v) del párrafo siguiente de este mismo artículo.

2. Se valorarán como infracciones graves:

1. El incumplimiento del deber de sigilo y confidencialidad en relación con la información obtenida en el ejercicio de sus funciones.

2. Desatender las necesidades básicas de atención sanitaria, así como las de higiene y limpieza que comporten riesgo grave a las personas usuarias.

3. No prestar el tratamiento técnico propio de la finalidad específica del centro o servicio, según las normas de autorización y acreditación de centros y servicios.

4. Prestar una asistencia inadecuada, causando graves perjuicios a la persona usuaria.

5. El incumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad de las instalaciones de los centros.

6. No comunicar inmediatamente a la autoridad judicial o administrativa competente el ingreso y la salida de los centros de servicios sociales en los casos en que legalmente proceda.

7. Incumplir la normativa vigente sobre condiciones mínimas de la planta física, equipos, personal y medios, y sobre condiciones de funcionamiento.

8. La alteración dolosa de los aspectos sustantivos para el otorgamiento de la autorización y homologación de los centros o servicios de servicios sociales.

9. Incumplir la normativa de autorización para los actos de traslado, cambio de titularidad, modificación substancial, y cese o cierre de las actividades, del centro o servicio.

10. La inacción o negativa al requerimiento de legalización de un Servicio o Centro.

11. Desatender los requerimientos de la Administración para aplicar las medidas correctoras que se establezcan para su funcionamiento.

12. El incumplimiento de una orden de suspensión de actividades o de clausura de Servicios o Centros.

13. La falta de adopción de medidas urgentes impuestas por la Administración en caso de emergencia.

14. Alterar, de forma no autorizada, el régimen de precios de los servicios prestados.

    ñ) Dificultar o impedir a las personas usuarias de los servicios, el disfrute de los derechos reconocidos por Ley o Reglamento.

15. Realizar actividades lucrativas, o encubrir el ánimo de lucro, en aquellas actividades presentadas ante la Administración y la sociedad sin tal carácter.

16. Destinar las ayudas y subvenciones concedidas con cargo a fondos públicos para finesdistintos de los que se otorgaron.

17. Falsear los documentos y datos requeridos por la Administración.

18. La falta de claridad y transparencia en la administración, custodia y manejo de fondos y bienes de las personas usuarias del centro o servicio.

19. Impedir, obstaculizar o dificultar en cualquier forma la actividad inspectora de la Administración, así como no prestar la colaboración necesaria en el ejercicio de la misma.

20. Cualquier actuación dirigida a disminuir o anular los derechos de los trabajadores, bajo la apariencia de voluntariado social.

21. El incumplimiento o falseamiento de las obligaciones relativas a los libros de contabilidad, altas, bajas, y comunicación de precios.

22. La acumulación de tres o más faltas leves de la misma naturaleza.

1. Se calificarán como muy graves las infracciones que vulneren los derechos constitucionalmente reconocidos a las personas usuarias, causen un importante deterioro social u originen en las personas usuarias irreparables perjuicios y las que, consideradas como graves, supongan reiteración en los términos previstos en la letra d) del punto siguiente de este mismo artículo.

2. Se valorarán como infracciones muy graves:

1. Dispensar tratos discriminatorios, degradantes o incompatibles con la dignidad de las personas usuarias, así como la restricción injustificada de sus libertades y derechos.

2. Vulnerar el derecho a la intimidad de las personas usuarias.

3. La prestación de servicios o actividades sociales tratando de ocultar o encubrir su verdadera naturaleza al objeto de eludir la aplicación de la legislación vigente en la materia.

4. Carecer de autorización de funcionamiento para apertura al público de Servicios y Centros.

5. Cesar en las actividades de atención residencial sin la previa autorización administrativa cuando exista perjuicio grave para el servicio o personas usuarias.

6. Cualquier acción u omisión que genere un daño o perjuicio muy grave para la integridad física o salud de los usuarios.

7. La acumulación de tres o más faltas graves de la misma naturaleza.

A los efectos de la presente Ley, existirá reincidencia cuando los responsables de las infracciones hayan sido sancionados, al menos en una ocasión, por el mismo hecho infractor, o en dos ocasiones, por hechos diferentes, en el plazo de tres años, contados a partir de la comisión de la primera infracción.

1. Las infracciones administrativas en materia de servicios sociales prescribirán, las muy graves, a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses, todos ellos contados a partir de la comisión del hecho infractor, siempre y cuando no subsistan los efectos de aquéllas.

2. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

3. Caducará la acción para perseguir las infracciones cuando, conocida por la Dirección General de Bienestar Social la existencia de una infracción y finalizadas las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos, hubieran transcurrido seis meses sin que se hubiera ordenado incoar el oportuno procedimiento sancionador.

Calificadas las infracciones, serán sancionadas con la imposición de alguna o algunas de lassiguientes sanciones:

1. Apercibimiento por escrito

2. Multa.

3. Supresión de las subvenciones, denuncia de convenios o revocación de conciertos o cualquier otra forma jurídica de colaboración.

4. Proscripción de la financiación pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja por un período entre uno y cinco años.

5. Cierre temporal, total o parcial, del Centro o Servicio por un período de hasta doce meses.

6. Clausura definitiva, total o parcial, del Centro o Servicio.

7. Inhabilitación de la persona física y/o jurídica que resulte o resulten responsables de la comisión de la infracción, por un período entre tres y cinco años.

8. Indemnización a las personas usuarias en una cuantía equivalente al importe de las cuantías indebidamente percibidas.

1. Para la determinación de la cuantía de las multas y la aplicación de las demás sanciones, el órgano competente atenderá a los siguientes criterios de graduación:

   1. Los perjuicios físicos, morales y materiales causados.

   2. El riesgo generado.

   3. El grado de culpabilidad e intencionalidad.

   4. La reincidencia de la persona infractora.

   5. El tipo de servicio.

   6. El incumplimiento de las advertencias y requerimientos de la Administración.

   7. El beneficio obtenido.

   8. La transcendencia económica y social de la infracción.

2. Para graduar la sanción, podrá tenerse en cuenta el hecho de que se acredite, por cualquiera de los medios válidos en derecho, que las irregularidades que dieron lugar a la iniciación del procedimiento, y con anterioridad a que recaiga resolución en la instancia, se hallen completamente subsanadas.

Las infracciones se sancionarán de la forma siguiente:

1. Sanciones para las Infracciones leves:

   1. Apercibimiento por escrito.

   2. Multa de hasta 500.000 ptas., en los siguientes grados:

   Mínimo: de hasta 175.000 pesetas.

   Medio: de 175.001 hasta 300.000 pesetas.

   Máximo: de 300.001 hasta 500.000 pesetas.

2. Sanciones para las Infracciones graves:

   1. Multa desde 500.001 hasta 2.500.000 de pesetas, en los siguientes grados:

      Mínimo: de 500.001 hasta 1.000.000 de pesetas

      Medio: de 1.000.001 hasta 1.750.000 pesetas

      Máximo: de 1.750.001 hasta 2.500.000 pesetas

      La autoridad sancionadora competente podrá acordar, además:

   2. La supresión de las subvenciones, denuncia de convenios, revocación de conciertos o cualquier otra forma de fórmula jurídica de colaboración.

   3. La proscripción de la financiación pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja por un período entre uno y cinco años.

   4. El cierre temporal, total o parcial, del centro o servicio por un tiempo máximo de doce meses.

3. Sanciones para las Infracciones muy graves:

   1. Multa desde 2.500.001 hasta 100.000.000 de pesetas, en los siguientes grados:

      Mínimo: de 2.500.001 hasta 10.000.000 de pesetas

      Medio: de 10.000.001 hasta 50.000.000 de pesetas

      Máximo: de 50.000.001 hasta 100.000.000 de pesetas

      La autoridad sancionadora competente podrá acordar, además:

   2. La proscripción de la financiación pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja por un período entre uno y cinco años.

   3. El cierre temporal, total o parcial, del Centro o Servicio por un período de hasta doce meses.

   4. La clausura definitiva, total o parcial, del Centro o Servicio.

   5. La inhabilitación de la persona física y/o jurídica que resulte o resulten responsables de la comisión de la infracción, por un período entre tres y cinco años.

4. Las cuantías señaladas anteriormente podrán ser actualizadas periódicamente por Decreto del Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta las variaciones del Índice de Precios al Consumo y dando cuenta de ello al Consejo de Bienestar Social en el plazo de quince días hábiles.

5. En el caso de que la infracción cometida derive del incumplimiento de la normativa vigente en materia de precios, la resolución sancionatoria podrá incluir un pronunciamiento sobre la existencia de una indemnización para las personas usuarias, en una cuantía equivalente al importe de las cuantías indebidamente percibidas.

1. Las sanciones administrativas en materia de servicios sociales prescribirán, las muy graves, a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año, todos ellos contados a partir del día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

2. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto en la Ley 3/95, de 8 de marzo, de Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja y su desarrollo reglamentario.

Los expedientes sancionatorios serán incoados por el Titular de la Dirección General de Bienestar Social, y contendrán las siguientes fases del procedimiento:

1. Iniciación. El procedimiento se iniciará de oficio por acuerdo de la Dirección General de Bienestar Social a partir de las actas levantadas por los servicios de inspección realizadas como consecuencia de la propia iniciativa del órgano competente, por orden superior, por petición razonada de otros órganos, o por denuncia presentada por cualquier persona.

2. Instrucción. La tramitación de los expedientes sancionadores en materia de Servicios Sociales corresponderá a la Dirección General de Bienestar Social, quien nombrará un Instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, de entre los funcionarios adscritos a la unidad administrativa que tenga atribuida tal función. El Instructor, finalizadas cuantas actuaciones y pruebas considere pertinentes para el esclarecimiento de los hechos elaborará la propuesta de resolución.

3. Resolución. Serán competentes para la resolución e imposición de sanciones a que se refiere la presente Ley:

1. Para las infracciones leves el Titular de la Dirección General de Bienestar Social.

2. Para las infracciones graves y las muy graves que no sean de competencia del Consejo de Gobierno el Titular de la Consejería de Salud, Consumo y Bienestar Social.

3. Para las infracciones muy graves en las que se interponga una multa superior a 25 millones de ptas. el Consejo de Gobierno de La Rioja.

1. En cualquier momento del procedimiento, el órgano competente para iniciar el expediente podrá adoptar, mediante acuerdo motivado, las medidas provisionales necesarias para asegurar la eficacia de la resolución final que pueda recaer o para prevenir una situación de riesgo o para evitar un perjuicio grave para las personas usuarias.

2. Las medidas provisionales, que deberán ajustarse en intensidad y proporcionalidad a la naturaleza y gravedad de la presunta infracción, podrán consistir en:

   1. Cierre temporal, total o parcial, del establecimiento o suspensión temporal, total o parcial, de la prestación de servicios o de la realización de actividades, incluyendo en esta última categoría la prohibición de aceptación de nuevas personas usuarias.

   2. Prestación de fianza hasta una cuantía equivalente al importe máximo de la multa que podría corresponder por la comisión de la presunta infracción.

3. La duración de las medidas provisionales será fijada en cada caso, y no excederá de la que exija la situación de riesgo inminente y extraordinario que las justificó. Durante la tramitación del procedimiento se han de levantar estas medidas si han desaparecido las causas que motivaron su adopción. La Resolución definitiva del expediente ratificará o dejará sin efecto las medidas provisionales adoptadas.

Contra las resoluciones recaídas en los procedimientos sancionadores podrán interponerse los recursos administrativos y jurisdiccionales que legalmente correspondan.

Las resoluciones firmes de las sanciones serán objeto de registro mediante la inscripción en un Registro de Sanciones creado al efecto en la Dirección General de Bienestar Social, y, en su caso, las graves y muy graves de publicidad mediante la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja con indicación de las personas naturales o jurídicas responsables y de la índole y naturaleza de las infracciones.