Cuestiones procesales

AutorFrancesc Abellanet Guillot
Páginas179-196

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En el recurso de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia, el tribunal resolutorio del recurso está dotado de un poder pleno de enjuiciamiento. El tribunal "ad quem" tiene la misma posición que el juzgado que dictó la sentencia recurrida, con la única restricción que impone la prohibición de la "reformatio in peius". Esto significa que no puede reformarse la sentencia en perjuicio del recurrente si únicamente ha recurrido la parte que fue condenada.

El recurso de apelación en el procedimiento penal abreviado, tal y como aparece configurado en nuestro ordenamiento procesal, otorga plenas facultades y plena jurisdicción al Tribunal "ad quem" para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean fácticas o jurídicas, es decir, no sólo por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma, sino también para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba, pudiendo revisar y corregir la valoración llevada a cabo por el Juez "a quo".

En el ejercicio de las facultades que el art. 795 LECrim. otorga al Tribunal "ad quem" en el juicio de apelación deben respetarse en todo caso, las garantías constitucionales establecidas en el art. 24.2; presunción de inocencia, proceso debido con todas las garantías, etc.. con las exigencias del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías..., con especial atención a las exigencias de inmediación y de contradicción.

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Pese a ello, cuando la prueba tiene un carácter personal, como ocurre tratándose del interrogatorio de la persona acusada o de los testigos e incluso de los peritos, cuando su intervención consista en la emisión por primera vez de su informe o en completarlo o aclararlo, importa mucho, para una correcta valoración de la prueba apercibirse directamente por los sentidos de lo dicho por el acusado y por los testigos en la declaración judicial para poder formar convicción, teniendo, por tanto, importancia capital la inmediación del juzgador.

El juzgador en primera instancia dispone de la inmediación de la prueba que se practica en el acto de juicio, mientras que el tribunal "ad quem" para resolver el recurso de apelación carece de la inmediación y sólo conoce el resultado de la prueba ya practicada en primera instancia por "los papeles" (acta del Juicio oral), o ahora por medios técnicos de reproducción de imagen y sonido.

Los principios de inmediación del juzgador y de contradicción son, entre otros, esenciales para la formación de convicción y, en general, para la adecuada valoración de la prueba que se practica en el juicio oral. En el contenido de derecho al proceso debido con todas las garantías del que forman parte, no pueden sustraerse dichos principios, tanto en el acto del juicio oral como en cualquier decisión judicial que suponga una revisión de la valoración de hechos (factum) e incluso de los elementos internos del delito que puedan inferirse de la concurrencia aquellos.

En este apartado se analiza la cuestión relativa a los Recursos de Apelación contra las sentencias absolutorias dictadas por los juzgados de lo Penal que son competencia de las Audiencias Provinciales, en cuanto a la revisión de los elementos fácticos que conforman el contenido del relato de los hechos que se declaren probados, en las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal, a la vista de la reciente doctrina del Tribunal constitucional sobre dicha materia.

La STC 167/2002 se señala: "En los casos de apelación de sentencias absolutorias, cuando aquella se fundamenta en apreciación de la prueba, si en la apelación no se practican nuevas pruebas , no puede el Tribunal "ad quem" revisar la valoración de las pruebas practicadas en primera instancia, cuando por la índole de las mismas es exigible la inmediación y contradicción".

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La sentencia declaró que existe vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, al haber procedido la Audiencia Provincial a revisar y corregir la valoración y ponderación que el Juzgado de lo Penal había efectuado de las declaraciones de los recurrentes en amparo, sin respetar los principios de inmediación y contradicción (fundamento jurídico 11). Lo cual se afirma en relación a las circunstancias de un caso, respecto del que se destaca que debía haberse pronunciado en concreto, sobre la culpabilidad o inocencia de los demandantes de amparo, absueltos en primera instancia del delito que se les imputaba; porque, en el acto del juicio, habían negado que se hubieran cometido los hechos de los que se les acusaba. Además, en este caso, se debía valorar y ponderar las declaraciones incriminatorias prestadas por éstos ante la policía y ratificadas ante el Juez de Instrucción, y las declaraciones exculpatorias que realizaron en el acto del juicio, dependiendo de la valoración y ponderación de tales declaraciones la condena o absolución de los demandantes de amparo. En tales circunstancias es evidente que el respeto a los principios de inmediación y contradicción, que forman parte del derecho a un proceso debido con todas las garantías, exigía que el Tribunal de apelación hubiera oído personalmente a los demandantes de amparo, en orden a llevar a cabo aquella valoración y ponderación.

En los supuestos de recurso de apelación, en el que se estuviere en el caso de valoración de pruebas de índole personal, como las declaraciones de los inculpados y la prueba testifical precisan de la inmediación y contradicción, pero no cuando se trata de la valoración de la documental que conste en autos o de elementos de derecho pues en estos supuestos el tribunal " ad quem" puede valorar dichos elementos de prueba sin la inmediación, que solamente debe ser considerada como necesaria e imprescindible, cuando se trate de valorar elementos fácticos sujetos solamente a la presentimiento o la intuición del juzgador.

Del mismo modo, se ha puesto de relieve en cuanto se refiere al principio de inmediación que se precisa, para la adecuada valoración por el juzgador, la presencia del acusado en el juicio para su examen así como de las demás interesados y partes.

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En el mismo sentido la sentencia 198/2002 de 28 de octubre, en la que se manifiesta: "cuando el Tribunal de apelación ha de conocer tanto de cuestiones de hecho como de Derecho, y en especial cuando ha de estudiar en su conjunto la culpabilidad o inocencia del acusado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha entendido que la apelación no se puede resolver en un proceso justo sin un examen directo y personal del acusado que niegue haber cometido la infracción considerada punible, de modo que en tales casos el nuevo examen por el Tribunal de apelación de la declaración de culpabilidad del acusado exige una nueva y total audiencia en presencia del acusado y los demás interesados o partes adversas (SSTEDH de 26 de mayo de 1988 -caso Ekbatani contra Suecia, § 32-; 29 de octubre de 1991 -caso Helmers contra Suecia, §§ 36, 37 y 39-; 29 de octubre de 1991 -caso Jan-Áke Anderson contra Suecia, § 28-; 29 de octubre de 1991 -caso Fejde contra Suecia, § 32). En este sentido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado mas recientemente en su Sentencia de 27 de junio de 2000 -caso Constanti-nescu contra Rumania, §§ 54 y 55, 58 y 59- que cuando la instancia de apelación está llamada a conocer de un asunto en sus aspectos de hecho y de Derecho y a estudiar en su conjunto la cuestión de la culpabilidad o inocencia del acusado, no puede, por motivos de equidad del proceso, decidir esas cuestiones sin la apreciación de los testimonios presentados en persona por el propio acusado que sostiene que no ha cometido la acción considerada infracción penal, precisando en ese supuesto que, tras el pronunciamiento absolutorio en primera instancia, el acusado debía ser oído por el Tribunal de apelación especialmente, habida cuenta de que fue el primero en condenarle en el marco de un procedimiento dirigido a resolver sobre una acusación en materia penal. Doctrina que reitera en la Sentencia de 25 de junio de 2000 -caso Tierce y otros contra San Marino, 94, 95 y 96-, en la que excluye que la ausencia de hechos nuevos sea suficiente para justificar la excepción a la necesidad de debates públicos en apelación en presencia del acusado, debiendo tenerse en cuenta ante todo la naturaleza de las cuestiones sometidas al Juez de apelación" (STC 167/2002, de 18 de septiembre, FJ 10).

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La STS 170/2002 de 30/09/02 señala que la condena en segunda instancia es posible cuando se basa en cuestiones jurídicas y no en cuestiones fácticas.

En el supuesto de la sentencia del TC 230/2002 de 9-11-02, se trata de una condena en la que se discutía la concurrencia o no del elemento subjetivo del injusto, que debe apreciarse, no solo de los elementos indiciarios de carácter documental que no precisa inmediación, sino también de la valoración de la prueba testifical y de las declaraciones de los acusados prestadas en el acto de juicio oral. En este caso el TC señala que la AP carecía de elementos de prueba ya que la inmediación le impedía que realizara una nueva valoración de la prueba testifical así como las declaraciones de los acusados.

En el supuesto de la valoración del elemento subjetivo del injusto; la infracción del deber de cuidado, por ejemplo; e incluso la relación de causalidad entre acción resultados son elementos factuales que se desprenden de la valoración del conjunto probatorio que realice el juez "a quo". Por ejemplo; para determinar por el Juez, si el comportamiento del sujeto...

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