Cuestión de ilegalidad
| Autor | Alberto Palomar (Magistrado de lo contencioso-administrativo) y Javier Fuertes (Magistrado) |
Nota aclaratoria: La nomenclatura de órganos judiciales se efectúa en consideración a la regla general establecida en la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la previsión de la Disposición transitoria primera de la misma ley sobre la “Constitución de los Tribunales de Instancia”, en la que se programan tres fases sucesivas de constitución: la primera a fecha 1 de julio de 2025: solo se transforman los partidos judiciales en juzgados mixtos y VIDO, la segunda a 1 de octubre de 2025: se transforman los partidos con jurisdicción separada –primera instancia, instrucción más VIDO- y que no tengan jurisdicciones especiales- y a 31 de diciembre de 2025: el resto, incluidos los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional, en función de la dimensión de los respectivos partidos judiciales no se convierten en Tribunales de Instancia hasta el 31 de diciembre de 2025.
La cuestión de ilegalidad es un procedimiento especial por el que un órgano judicial que ha dictado sentencia declarando la nulidad de un acto administrativo impugnado fundado en la invalidez de una disposición general, solicita del Tribunal competente para conocer del recurso directo contra esa norma declare la conformidad o no a derecho de esa disposición general.
Es el remedio técnico tendente a reforzar la seguridad jurídica, que no impide el enjuiciamiento de las normas por el Juez o Tribunal competente para decidir sobre la legalidad del acto aplicativo del reglamento cuya ilegalidad se aduce, pero que pretende alcanzar una decisión unitaria a todo eventual pronunciamiento indirecto sobre su validez (Cfr. Exposición de Motivos, apartado V., párrafo séptimo de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA)
Contenido
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Los arts. 123 a 126, LJCA regulan, en el marco de los procedimientos especiales, un procedimiento que, con la denominación “cuestión de ilegalidad”, enlaza con las previsiones efectuadas en el art. 27, LJCA sobre la impugnación indirecta de disposiciones generales y sus efectos .
La cuestión de ilegalidad se vincula al recurso indirecto contra reglamentos, pero, se extiende y limita a aquellos casos en que el Juez o Tribunal que tiene que decidir sobre la validez del acto carece de competencia para anular la norma en que funda la resolución del recurso indirecto (STSJ Baleares de 9 de marzo de 2001[j 1]).
Así, mientras que en el art. 27, LJCA se establecen las consecuencias que, de manera general, tiene el que un órgano jurisdiccional dicte una sentencia firme por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, estableciendo que, en ese caso el órgano que ha resuelto tendrá (deberá en términos de la LJCA ) plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal que hubiera resultado competente para conocer del recurso directo contra esa disposición, salvo en aquellos casos en los que el órgano que ha resuelto es el mismo al que correspondería conocer del recurso directo (por lo cual resulta competente para anular la norma) o que se trate del Tribunal Supremo (al que se reconoce competencia para anular cualquier disposición general).
Se diferencia entre los supuestos en los que el órgano jurisdiccional del recurso directo y del indirecto es diferente o es el mismo. Lo que se ha denominado supuestos de “dualidad competencial”, es decir, cuando el Juez o Tribunal de que habla el art. 27.1, LJCA no sea competente para conocer del recurso directo, lo que se pone de relieve con la previsión “salvo lo dispuesto en los dos apartados siguientes”, en los cuales se recoge la regla de que sí existe identidad competencial ( art. 27.2, LJCA ) y, en todo caso, cuando intervenga el Tribunal Supremo ( art. 27.3, LJCA ), el recurso indirecto es el procedimiento adecuado para hacer una declaración de carácter general sobre la legalidad de la norma reglamentaria (STS de 20 de septiembre de 2007[j 2]).
Se trata de que la impugnación de las disposiciones generales se tramite con celeridad y que aboque siempre a una decisión judicial clara y única, de efectos generales, con el fin de evitar innecesarios vacíos normativos y situaciones de inseguridad o interinidad en torno a la validez y vigencia de las normas. Este criterio se plasma, entre otras muchas reglas de detalle, en el tratamiento procesal que se da al denominado recurso indirecto.
El objetivo es...
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