Una crítica al ideal contemporáneo de democracia
| Autor | Sebastián Linares |
| Páginas | 33-59 |
CAPÍTULO I
UNA CRÍTICA AL IDEAL CONTEMPORÁNEO
DE DEMOCRACIA
Yo habría querido nacer en un país en donde el soberano y el pueblo
tuviesen un mismo y solo interés, a fin de que todos los movimientos de
la máquina social no tendiesen jamás que hacia el bien común, lo cual no
puede hacerse a menos que el pueblo y el soberano sean una misma perso-
na. De esto se deduce que yo habría querido nacer bajo el régimen de un
gobierno democrático, sabiamente moderado.
J. J. ROUSSEAU, Discursos sobre el origen y los fundamentos de la desi-
gualdad entre los hombres, Prefacio.
1. INTRODUCCIÓN
En teoría política es habitual distinguir entre autoridad, legitimidad y jus-
ticia, como tres conceptos con implicaciones normativas diferentes aunque
íntimamente intrincadas. Por autoridad nos referimos comúnmente al poder
moral que tiene el Estado para obligar a los ciudadanos a realizar (o abstenerse
de realizar) determinadas conductas, a través de leyes, decretos u órdenes,
con independencia de que esas normas sean justas o injustas. Por legitimidad
nos referimos al poder moral que tiene el Estado para hacer uso de la fuerza,
en caso de desobediencia a sus órdenes. Y por justicia nos referimos a los
principios que en una sociedad gobiernan la distribución de bienes escasos
considerados valiosos por las personas —libertades, oportunidades, ingresos,
tiempo, honores, entre otras—.
34 SEBASTIÁN LINARES
La distinción entre justicia, por un lado, y legitimidad, por el otro, es im-
portante por sus implicaciones prácticas. En particular, que las leyes estén do-
tadas de autoridad y legitimidad significa que, además de obligatorias, pueden
ser instrumentadas por la fuerza en caso de desobediencia, aun cuando impon-
gan cargas injustas a los ciudadanos. Por ello, una de las tareas centrales de
la teoría política es la de justificar cuándo y bajo qué circunstancias las leyes
están investidas de ese poder moral tan gravitante sobre la vida y la libertad
de las personas.
En las complejas sociedades modernas estamos condenados a encontrar-
nos con profundos desacuerdos sobre lo que es justo e injusto. Por eso el
epígrafe de ROUSSEAU este primer capítulo refleja, según creo, un error de
concepto: las personas persiguen distintos intereses y llegan a concepciones
distintas sobre cuál es el mejor modo de acomodar con justicia esos intereses.
Ello, no obstante, no impide que las personas vayan motivadas por un deseo
de encontrar la mejor solución concebible (o al menos una suficientemente
buena) y por una genuina aspiración de intentar convencer a los demás de las
bondades de esa solución. Así, por citar algunos ejemplos, algunos grupos y
personas proponen incrementar el nivel de tasas e impuestos para expandir
la cobertura de la seguridad social, mientras que otras personas creen que la
salud pública debe hacerse cargo de un número más limitado de enfermeda-
des. Hay gente que cree que para acceder a los cargos públicos burocráticos
más altos debe exigirse pasar un examen riguroso basado exclusivamente en
el mérito, mientras que otros consideran que el sistema debe privilegiar de
algún modo a las minorías vulnerables, minorías que por razones estructura-
les no cuentan con recursos para costearse una buena educación. Unos creen
que la mujer tiene derecho a abortar antes de los tres meses, mientras que
otros consideran que el aborto es equiparable, desde el punto de vista mo-
ral, a un homicidio. En definitiva, las personas discuten con pasión sobre la
justicia en diversas dimensiones, y no se ponen de acuerdo. Pese a todo, la
sociedad necesita tomar en cada caso una decisión colectiva vinculante, que
vaya investida de autoridad y legitimidad. Las personas pueden seguir dis-
cutiendo sobre lo que la justicia exige o permite, e incluso algunas personas
pueden suspender el juicio sobre esas cuestiones, pero la sociedad tiene que
tomar una decisión, porque la cuestión es que siempre habrá una decisión 1.
Esto plantea entonces la cuestión del procedimiento para la toma decisiones.
¿Cómo podemos dotar de autoridad y legitimidad al procedimiento de toma
de decisiones cuando los desacuerdos sobre la justicia son tan amplios, tan
profundos y tan per sistentes?
1 Véase Douglas RAE (1975), que fue el primero en mostrar que, en caso de desacuerdos, cual-
quier procedimiento de toma de decisiones será coercitivo (no consensual), porque siempre habrá per-
sonas que se verán obligadas a cumplir con una decisión en cuya justicia no creen. Y esto es así aun
cuando, tras la discusión, prevalezca el statu quo. Esto muestra que en política no es posible no tomar
decisiones.
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