Crisis política y deficiencias actuales del estado democrático de derecho
| Autor | Juan Magín San Segundo Manuel |
| Páginas | 53-75 |
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Capítulo 3
Crisis política y deficiencias actuales
del estado democrático de derecho
1. LA CORRUPCIÓN
Es difícil abordar el contenido de la crisis política sin hacer hincapié
en el hecho de que hoy día en España las noticias referidas al fenómeno de
la corrupción política aparecen cotidianamente en los medios de comuni-
cación. Tal fenómeno se encuentra especialmente vinculado a determinados
asuntos, como la especulación urbanística, la nanciación irregular de los
partidos políticos,52 la ocultación al sco de dinero y su blanqueo, la malver-
52 Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) (2009): ird Evaluation Round.
Evaluation Report on Spain.Transparency of Party Funding (eme II), 15 de mayo de
2009, disponible en Internet (http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ greco/evalua-
tions /round3/GrecoRC3%282011%295_Spain_EN.pdf). — (2011): ird Evaluation
Round. Compliance Report on Spain, 1 de abril de 2011, disponible en Internet (http://
www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoRC3%282011%295_
Spain_EN.pdf). — (2013): ird Evaluation Round. Second Compliance Report on
Spain, 21 de junio de 2013, disponible en Internet (http://www.coe.int/t/dghl/moni-
toring/greco/evaluations/ round3/GrecoRC3%282013%2920_Second_Spain_EN.pdf).
Sobre la nanciación de los partidos políticos puede verse Sánchez Muñoz, Óscar,
«La nanciación de los partidos políticos en España: ideas para un debate», Revista
Española de Derecho Constitucional, N.. 99, septiembre-diciembre (2013), pp. 161-
200.
En este texto el autor enfoca (p. 163) la jurisprudencia del Tribunal Supremo de
Canadá porque resalta, tanto en lo que se reere a la justicación de los límites
EL SISTEMA ELECTORAL: UNA REFORMA OBLIGADA JUAN MAGÍN SAN SEGUNDO MANUEL54
sación de caudales públicos o las irregularidades en la contratación pública.
En denitiva, cabe apuntar de este fenómeno: que abarca actividades ilícitas
de diversa magnitud y que se ha convertido en algo cotidiano y sistémico, al
menos así se ha percibido por parte de la ciudadanía.
En consecuencia, se han ido extendiendo múltiples manifestaciones
que postulan la urgente necesidad de una regeneración democrática; tales
manifestaciones se aportan desde los más variados ámbitos –como la doc-
trina jurídica, los partidos políticos, las Instituciones, los medios de comu-
nicación o la propia sociedad civil–. Cabe señalar además que existe una
coincidencia de opiniones acerca de que se hace necesario llevar a cabo de-
terminadas reformas que puedan facilitar un verdadero cumplimiento de la
rendición de cuentas y de exigir las pertinentes responsabilidades desde las
instituciones competentes para ello, permitir una mayor transparencia y, por
último, posibilitar mayor participación política del ciudadano.
Frente al hecho concreto de la corrupción, cabría resaltar, además, que
el enfoque más ecaz consistiría, de entrada, en poner el énfasis en la pre-
vención; precisamente, de cara a tal posibilidad cabría plantearse, en primer
lugar, que los mecanismos institucionales de contrapeso, inherentes a un
Estado democrático de Derecho, no han funcionado correctamente, en la
mayoría de los casos.
Con respecto al sistema institucional de pesos y contrapesos, cabe re-
cordar que ha trascurrido cerca de un siglo desde que el gran jurista Kelsen
expresara con clarividencia este problema al manifestar que la suerte de la
a las aportaciones privadas, como en la justicación de la nanciación pública, la
garantía de la igualdad de oportunidades entre los competidores electorales y de
la igualdad entre los ciudadanos para inuir en las decisiones políticas. Todo ello
mediante actuaciones relevantes como la relativa al caso Libman v. Québec Supreme
Court Report 569 (1997) y la Resolución Harper v. Canada Supreme Court Reports
827 (2004), las cuales no han supuesto un cuestionamiento del modelo en sí, sino
un cuestionamiento de determinadas medidas por considerarlas proteccionistas del
statu quo que favorece a los partidos establecidos, como sucedió, por ejemplo, en
Figueroa v. Canada (2003) Supreme Court Reports 912.
Pajares Montolio, Emilio, La nanciación de las elecciones, Congreso de los Diputa-
dos, Madrid, 1998.
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