Crisis del Estado de bienestar y pérdida de confianza política

AutorIsabel Turégano
Cargo del AutorProfesora Titular de Filosofía del Derecho. Universidad de Castilla-La Mancha
Páginas57-81

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1. Bienestar y confianza política

La con?anza política es la con?anza de los individuos en las instituciones y en los actores políticos. Existen distintas versiones acerca de sus relaciones con la con?anza social, discrepando acerca de si son mutuamente complementarias o excluyentes así como acerca de cuáles son las relaciones causales entre ambas. En algunos casos se considera que es la propia sociedad la que genera el capital social que hace estables las instituciones democráticas y, en otros, que son las instituciones las que deben generar en la ciudadanía expectativas y razones que gene-ren con?anza. Desde esta segunda posición, la con?anza en las instituciones políticas no es una actitud personal o un rasgo cultural de la sociedad favorable al comportamiento cooperativo sino la contrapartida de las características de las instituciones que las hacen con?ables (esto es, que permiten prever que su actuación será para el bien de la sociedad). Si se confía en las instituciones no es por una conducta de los ciudadanos favorable hacia lo colectivo nacida del asociacionismo formal e informal (Putnam, 1993, 2002), sino por las expectativas acerca de que las instituciones satisfagan las necesidades e intereses de la ciudadanía. Esta segunda posición implica una concepción racional de la con?anza conforme a la que la decisión de con?ar es una decisión racional basada en un cálculo estratégico a partir de una relación de reciprocidad.

La con?anza política puede entenderse de formas diferentes según cuál sea su objeto: según se trate de con?anza en los actores políticos, individuales o partidos, o de instituciones y según sean estas instancias representativas que toman decisiones o instituciones orientadas a la aplicación y garantía de esas decisiones. Los factores que favorecen

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la con?anza política en cada caso, según cuál sea el nivel individual o estructural, son distintos.

En el caso de las instituciones del Estado de bienestar, a nivel individual los ciudadanos suelen dar más importancia a su relación con los agentes que prestan los servicios sociales que con las instituciones que diseñan las políticas públicas. La experiencia continua en la recepción de un trato adecuado en asuntos que son esenciales en la vida de los individuos –como son la salud, la educación, la vivienda, etc.– in?uye, a su vez, positivamente en la socialización y en la percepción positiva de las instituciones que prestan el servicio. Y, al contrario, las prácticas corruptas de los operadores, actuando más allá de su competencia o en contra de los intereses de los destinatarios de los servicios deterioran gravemente cualquier forma de con?anza, ya no sólo política sino también social.

Pero una percepción generalizada de imparcialidad y efectividad en los mecanismos de provisión de servicios particulares sólo puede proporcionar una expectativa fáctica razonable de cómo será la prestación en el futuro. La con?anza política en un nivel más abstracto supone asumir que esas expectativas se refuerzan por ciertas características de las estructuras en que se sustentan las actuaciones particulares. Las estructuras y normas que tales actuaciones realizan favorecerán la con?anza en la medida en que aseguren en el futuro una actuación de los agentes públicos más efectiva y justa. David Hume decía que debemos diseñar nuestras instituciones para que puedan servir a nuestros intereses aunque sean usurpadas por villanos.

Las instituciones jurídicas contribuyen a generar las circunstancias que aseguran la estabilidad de la cooperación social. Como a?rmó Rawls, la sospecha de que otros no están cumpliendo con sus obligaciones se incrementa por el hecho de que, en ausencia de una interpretación y ejecución autoritaria de las leyes, es particularmente fácil encontrar excusas para contravenirlas (Rawls, 1995: 226). Pero, puesto que el orden jurídico cumple esta función primariamente de modo coercitivo, su contribución a la seguridad no genera por sí sola con?anza política, sino más bien lo contrario. Sólo creará con?anza cuando el uso de la coerción se constriña dentro de ciertos límites y se oriente a hacer reales ciertas condiciones que la favorezcan.

Ello implica que un modelo institucional que sea percibido como e?caz y equitativo sirve para generar con?anza política y social1. Por ello,

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una parte de la investigación sobre la con?anza se ha dedicado al diseño de las instituciones que asegura las condiciones para la misma (Levi, 1998). Propiamente no puede hablarse de con?anza en las instituciones estatales, sino a?rmarse que el diseño de estas puede generar mayores expectativas de con?abilidad en la actuación de funcionarios y ciudadanos (Hardin, 1999).

Los caracteres del Estado que más obviamente generan con?anza son los que contribuyen al control de la obediencia a las leyes, la aplicación de sanciones y la provisión de información y garantías en las relaciones privadas. La cuestión de si el modelo de Estado de bienestar es una parte necesaria de una estructura institucional que sea percibida como con?able, es una cuestión controvertida. Desde posiciones críticas se pone de mani?esto que el modelo del bienestar crea una cultura de la dependencia que socava la capacidad y la iniciativa individual, alentando sujetos irresponsables y pasivos; estigmatiza a los más necesitados; y margina el voluntariado y la acción de la sociedad civil. Estas críticas concluyen que el modelo contribuye a minar la con?anza entre los ciudadanos. Se considera que los arreglos jurídico-formales hacen super?ua la solidaridad informal, con lo que los Estados de bienestar tienen el efecto de destruir la con?anza social (Oorschot, 2005): si el Estado se dedica a realizar aquellas actividades que eran propias de la familia, la comunidad o las redes sociales, las personas se volverán dependientes y perderán su habilidad espontánea para trabajar por los demás, debilitándose los vínculos sociales y sustituyéndolos por un ethos hedonista y egoísta.

Ulrich Beck considera que el Estado de bienestar, al otorgar la posibilidad automática de acceso individual a prestaciones y servicios, ha contribuido a que los individuos organicen separadamente su propia vida. La presión del Estado tiende a tener la forma de oferta de servicio o de incentivo para la acción, con sus subsidios de paro, sus becas a es-

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tudiantes, sus ayudas para pagar la hipoteca… El individuo tiene que saber autoa?rmarse en la competencia por unos recursos limitados en el día a día en torno a un proyecto de vida propio, lo que produce un proceso de “individualización” o desintegración de las formas sociales tradicionales. Este proceso afecta a la propia desigualdad social: el desempleo y la pobreza afecta cada vez menos a un grupo determinado de población y se reparte entre capas progresivamente más amplias y heterogéneas, al tiempo que varía a lo largo de la vida de cada persona: empleados de banca despedidos por motivos de “ajustes” de plantilla, ingenieros cuyos servicios ya no son necesitados, individuos que ya no pueden pagar la hipoteca que contrataron… Se desdibuja la clase trabajadora, formada ahora por un grupo heterogéneo de trabajadores formales e informales, asalariados y autónomos, ?jos y eventuales, nacionales y extranjeros. Las personas cargan como responsabilidad individual por lo que antes solía abordarse colectivamente como destino de un grupo o clase social (Beck y Beck-Gernsheim, 2003: 40-41, 71-2, 84, 107-8; de Cabo, 2012: 36). El desarrollo del Estado de bienestar ha liberado a los individuos de los vínculos de clase, a?liaciones sociales y lazos familiares y les ha dejado solos frente al mercado, con todos los riesgos, oportunidades y contradicciones consiguientes (82). El resultado es que las alianzas sociales y políticas no siguen ya modelos o paradigmas, sino que se hacen y deshacen entre grupos diversos y cambiantes para cuestiones puntuales. No existe una estructura social permanente, sino situaciones ambivalentes y provisionales (96-97, 113). En este contexto, existe una descon?anza generalizada, conforme a la que los individuos dejan de creer en las organizaciones sociales.

Este proceso de individualización está ligado al modo en que se construyeron los modelos de Estado social mayoritariamente vigentes, sobre la base del principio contributivo y focalizado en necesidades particulares que convierten las prestaciones en una cuestión de mere-cimiento individual, y ligado también a la compleja burocratización que ha generado esa lógica iusprivatista (Ferrajoli, 2001: 375). La necesidad de veri?car las situaciones particulares y el requerimiento de una intermediación selectiva y potestativa han supuesto una excesiva burocratización generadora de prácticas administrativas clientelares que han producido grandes dosis de arbitrariedad, fraude y corrupción. Las propuestas liberalizadoras que han tratado de corregir tales fallos a favor de la e?cacia del mercado se han rebelado, también, como una fuente inagotable de bene?cios ilícitos y de recortes para los usuarios (Ferrajoli, 2006: 71). En ambos casos el resultado es la segmentación y la pérdida de cohesión social.

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Otra crítica habitual al modelo de bienestar viene siendo utilizada como arma política por grupos de extrema derecha que están teniendo un peligroso avance en Europa: la acusación a los inmigrantes de ser los principales bene?ciarios de la solidaridad nacional, defendiendo, como en otros momentos históricos (?nales del XIX y principios del
XX), un nacionalismo proteccionista. El problema de esta argumentación no radica sólo en los riesgos prácticos que supone sino en su criticable concepción de la justi?cación estatal y la tajante distinción entre...

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