"Cooperativismo loco": trabajo, comunidad e inclusion laboral en salud mental.
| Autor | Cea Madrid, Juan Carlos |
| Cargo | MONOGR |
Sumario. 1 Introducción. 2. Modalidades de inserción laboral en salud mental. 3. Las cooperativas sociales como alternativas de trabajo en salud mental. 4. Metodología. 5. Significados sobre la gestión del trabajo y las relaciones laborales de la Locooperativa. 5.1. "Locura trabajando": horizontalidad y apoyo mutuo. 5.2. "Cooperativismo loco": autonomía y bienestar desde la comunidad. 6. Discusión y conclusiones. 7. Bibliografía.
[en] "Mad Cooperativism": Work, community, and labor inclusion in mental health
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Introducción
En Chile, la participación laboral de personas etiquetadas con diagnósticos psiquiátricos constituye un aspecto no priorizado en el modelo de atención en salud mental (Minoletti et al., 2015, Chuaqui, 2015). Al respecto, la comunidad de usuarios(as) de servicios de salud mental perciben barreras significativas para encontrar trabajo y desarrollar una vida laboral activa (Castillo-Parada y Cea-Madrid, 2017). Sin embargo, a pesar de las limitaciones que enfrentan para conseguir un empleo remunerado, el derecho al trabajo es percibido como esencial dando cuenta de la importancia que le otorgan a esta actividad social (Chuaqui, 2015).
Con el objetivo de superar las barreras de acceso al trabajo se ha promulgado recientemente una normativa de inclusión laboral de personas con discapacidad (Ley 21.015), otorgando mayor visibilidad a esta problemática en el ámbito público. No obstante, generar mayores oportunidades de acceso al mercado laboral no constituye la única opción para acercar el mundo del trabajo al campo de la salud mental. Desde los años setenta en Italia, el modelo cooperativo ha tenido un rol preponderante en la creación y mantenimiento del empleo en el proceso de desinstitucionalización psiquiátrica y cierre de los manicomios, contribuyendo a la inserción laboral de las personas que asisten a los servicios de salud mental (Cangiano, 2017; Rotelli, 1998). En este contexto, de Leonardis et al. (1995) sostienen que las cooperativas sociales constituyen un modelo de inclusión en la medida que a las personas no se les trata por los problemas y carencias que puedan presentar sino por sus energías y recursos, su capacidad de invertir e intercambiar valor social, más allá de sus dificultades o la magnitud de estas.
Si bien el cooperativismo presenta diversas modalidades y expresiones en su devenir histórico, constituyendo múltiples formas y áreas de desarrollo, Hintze (2010) refiere que las cooperativas de trabajo basadas en la autogestión productiva y propiedad colectiva, es donde se puede visualizar más claramente la esencia del cooperativismo: de acuerdo con el principio de solidaridad lo que una persona recibe depende de sus necesidades y la contribución depende de sus capacidades. De acuerdo con estos principios, las cooperativas de trabajo integran el campo de la economía social y solidaria, una economía que tiene como característica la valorización del ser humano y la generación de valor social por encima de los resultados económicos o financieros (Santero et al., 2016). Con base en estos planteamientos, el modelo cooperativo posee una probada trayectoria en la inserción laboral de personas excluidas del mundo del trabajo (exreclusos, personas dependientes de drogas, que han recibido diagnósticos psiquiátricos o en situación de discapacidad), en función de los principios de accesibilidad, igualdad de oportunidades y no discriminación (Campos et al., 2013; de Leonardis et al. 1995).
En América Latina, el modelo cooperativo ha tenido diferentes grados de desarrollo en el campo de la salud mental. En Uruguay y Argentina se han generado emprendimientos asociativos a partir de la construcción de lazos intersectoriales y vinculación con espacios universitarios, contribuyendo a los procesos de desinstitucionalización psiquiátrica en el marco del Estado (Cardozo, 2018; Hopp, 2018). En Brasil se han implementado políticas públicas orientadas a fomentar el vínculo entre salud mental y economía solidaria, contribuyendo a mejorar las condiciones de ingreso económico y retorno al mundo laboral de usuarios de servicios de salud mental que se encuentran en situación de desventaja social (de Oliveira et al., 2018). Estas políticas han promovido que las personas etiquetadas con diagnósticos psiquiátricos puedan convertirse en trabajadores cooperativistas, participar activamente en la toma de decisiones respecto al trabajo y en la gestión de su propia vida (Pereira, et al., 2012; Lima et al., 2013).
En Chile, el modelo cooperativo ha tenido un bajo nivel de desarrollo en salud mental, contando con algunas experiencias incipientes en este ámbito. Al respecto, emerge como un campo de estudio relevante conocer estos nuevos cauces y formas de participación social en la actualidad, en el marco de nuevas posibilidades para las poblaciones tradicionalmente excluidas, con estructuras más receptivas de lo diferente (Ribeiro, 2013). Para abordar esta temática, en el presente artículo se analizan desde una perspectiva crítica las modalidades de inserción laboral tradicionales en salud mental y se realiza un recorrido sobre los orígenes del modelo cooperativo como alternativa de trabajo en este ámbito. Posteriormente, desde una aproximación metodológica cualitativa y de estudio de caso, se describen los significados sobre la gestión del trabajo y las relaciones laborales de la comunidad de trabajo "Locooperativa", en tanto experiencia situada y particular de trabajo asociativo autogestionado de Santiago de Chile. Finalmente, se discuten las potencialidades del "cooperativismo loco" como modelo de trabajo para la diversidad y la inclusión en el Chile contemporáneo.
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Modalidades de inserción laboral en salud mental
El avance de los procesos de reforma psiquiátrica en América Latina ha sostenido la inclusión en la comunidad como un objetivo prioritario frente a las condiciones de segregación sistemática del modelo asilar. En Chile, la implementación del enfoque comunitario y la extensión de la atención ambulatoria han favorecido la integración de usuarios(as) de servicios de salud mental en dos ámbitos de desarrollo ocupacional: programas de rehabilitación psicosocial y de trabajo protegido.
Los programas de rehabilitación psicosocial forman parte de las modalidades de atención en las instituciones de salud mental y refieren principalmente a actividades socioculturales o artísticas (programas de radio, artesanía, manualidades, labores de huerto, reciclaje, entre otras) por las que los(as) usuarios(as) no perciben ningún tipo de remuneración económica. Por otro lado, los programas de trabajo protegido o apresto laboral se desarrollan en entornos protectores del área de salud y/o discapacidad e implican actividades productivas o de servicios (repostería, jardinería, panadería, banquetes, entre otras), por las cuales los(as) usuarios(as) reciben una remuneración muy baja en relación con el trabajo realizado (incentivos) y con restricciones para la administración de su propio dinero.
Si bien las modalidades de desarrollo laboral mencionadas anteriormente son las predominantes en salud mental, se han comenzado a implementar también programas de empleo con apoyo, que implican acciones centradas en la persona para promover su adaptación al perfil ocupacional en empleos competitivos. Esta modalidad se sustenta en el modelo "primero coloca y después entrena" y enfatiza la inserción en el mercado regular para una formación en el lugar de trabajo, sobre la base de la implementación de un sistema individualizado de apoyo de larga duración (López-Álvarez et al. 2004; Valmorisco-Pizarro, 2018). De acuerdo con este modelo, la gestión de puestos laborales en empresas, los procesos de intermediación laboral y las cuotas de reserva en el mercado regular han comenzado a adquirir mayor relevancia como estrategias que aseguren la contratación de personas en situación de discapacidad y favorezcan su integración en el ámbito laboral (Calderón y Calderón, 2012).
En Chile desde el 1 de abril del 2018 ha entrado en vigor la Ley 21.015 "Incentiva la Inclusión de Personas con Discapacidad al Mundo Laboral", que estipula que todas las empresas u organismos públicos que tengan más de cien trabajadores deben reservar el 1% de sus empleos para personas que presenten alguna discapacidad o pensión de invalidez. Si bien la normativa tiene por objetivo disminuir las barreras de acceso al mercado laboral para las personas en situación de discapacidad, se visualizan dificultades respecto a su cumplimiento desde un enfoque de derechos.
De acuerdo con los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en los procesos de inclusión laboral se deben considerar la implementación de ajustes razonables y modalidades de apoyo (Palacios, 2008). Sin embargo, la normativa recientemente implementada no especifica la aplicación de estas orientaciones para la participación plena y efectiva en el mundo laboral. De esta manera, si bien la Ley 21.015 fomenta el acceso de las personas en situación de discapacidad al empleo regular, no garantiza condiciones de accesibilidad en los sistemas de trabajo. Por lo tanto, se ha planteado que esta estrategia es coherente con un modelo de inserción laboral que se focaliza en la adaptación del individuo a los valores de productividad, competitividad y rentabilidad, aspectos que se ven reforzados en una economía de mercado (Chuaqui, 2015).
Junto con ello, en un contexto neoliberal en el que imperan políticas de subsidiariedad y gasto social focalizado, son en su mayoría organismos privados los que obtienen financiamiento en la implementación de las modalidades de desarrollo laboral referidas anteriormente. Al respecto, los programas de rehabilitación psicosocial se desenvuelven en servicios de salud o centros de rehabilitación que reciben recursos económicos desde el ámbito sanitario por medio del pago de prestaciones en el marco de programas de atención de salud mental. Por...
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