Sobre el régimen de cooficialidad lingüistica del castellano y las demás lenguas españolas. La normalización lingüística (arts. 3, y 27 CE)

AutorJuan Manuel López Ulla
Páginas363-374

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STC UM. 337/1994, FJ. 6:5

"A diferencia de la Constitución de 1931, cuyo art. 50 incorporaba una regulación de las lenguas oficiales en relación a la enseñanza, la Norma fundamental hoy vigente no incluye un precepto similar. Ausencia que también encontramos, en lo que importa al presente caso, en los arts. 3 y 15 del EAC -Estatuto de autonomía catalán-, e incluso (...) en las normas estatales que han desarrollado el derecho a la educación reconocido en el art. 27 CE, como es el caso de la LOGSE y de la LODE. Ahora bien, ello no implica en modo alguno que mediante una interpretación sistemática de los preceptos constitucionales y estatutarios (STC 76/1983, FJ. 42) no sea posible deducir las consecuencias constitucionales aplicables a esta materia, partiendo de la doctrina sentada por el Tribunal en otros supuestos (SSTC 6/1982, 87/1983, 137/1986, 195/1989 y 19/1990, en particular).

En efecto, ha de tenerse presente que la Constitución de 1978 proclama la unidad de la Nación española a la vez que reconoce las nacionalidades y regiones que la integran, a las que garantiza su derecho a la autonomía y la solidaridad entre todas ellas (art. 2 CE). Y en correspondencia con este presupuesto, al ordenar constitucionalmente la «realidad plurilingüe de la Nación española» (STC 82/1986), que es asumida como patrimonio cultural digno de especial respeto y protección (art. 3.3 CE), establece un régimen de cooficialidad lingüística del castellano, «lengua española oficial del Estado» (art. 3.1 CE), y de las «demás lenguas españolas», las cuales «serán también oficiales en las respectiva Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos» (art. 3.2 CE). De suerte que en la organización territorial del Estado complejo que han configurado la Constitución y los Estatutos de Autonomía existen unos «terri-Page 364torios dotados de un estatuto de cooficialidad lingüística» en los que el uso por los particulares, a su elección, de una de las dos lenguas oficiales «tiene efectivamente plena validez jurídica en las relaciones que mantengan con cualquier poder público radicado en dicho territorio» (STC 82/1986, FJ. 3).

De este modo, y con independencia de la realidad y el peso social de cada una de ellas (STC 82/1986, fundamento jurídico 2), el régimen de coofícialidad lingüística establecido por la Constitución y los Estatutos de Autonomía presupone no sólo la coexistencia sino la convivencia de ambas lenguas cooficiales, para preservar el bilingüismo existente en aquellas Comunidades Autónomas que cuentan con una lengua propia y que constituye, por sí mismo, una parte del patrimonio cultural al que se refiere el art. 3.3 CE. Situación que necesariamente conlleva, de un lado, el mandato para todos los poderes públicos, estatal y autonómico, de fomentar el conocimiento y asegurar la protección de ambas lenguas oficiales en el territorio de la Comunidad. De otro, que los poderes públicos deben garantizar, en sus respectivos ámbitos de competencia, el derecho de todos a no ser discriminado por el uso de una de las lenguas oficiales en la CA".

El FJ. 7 señala que, para asegurar el respeto y promover la lengua propia, el TC ha reconocido, la capacidad de las CCAA de promover la normalización lingüística en su territorio (STC 74/1989, FJ. 3, con cita de las SSTC 83/1986,69/1988, y 80/1988); y que el precepto enjuiciado (en este caso el art. 14.2 de la Ley catalana 7/1983) ha de ser integrado en su contexto, esto es, en consonancia con la Ley 7/1983: son los niveles no universitarios posteriores al inicial de la primera enseñanza los que'constituyen el ámbito central de la normalización lingüística.

FJ.8:

"Nos encontramos, pues, ante una ley cuya finalidad es la de corregir y llegar a superar los desequilibrios existentes entre las dos lenguas cooficiales en la Comunidad Autónoma. Ahora bien, aun cuando la normalización lingüística tiene por objeto una de ellas -la lengua cooficial en la Comunidad Autónoma que es distinta del castellano- ha de admitirse el riesgo de que las disposiciones que adopten las Comunidades Autónomas puedan afectar al uso de la otra lengua cooficial y, de este modo, la ordenación del pluralismo lingüístico que la Constitución y los respectivos Estatutos de Autonomía establecen. Por lo que cabe ponderar en esta sede si dichos preceptos legales son o no proporcionadas con su finalidad constitucional y si el resultado alcanzado es o no excesivo en atención a esa finalidad.

De otra parte, cabe observar también que tales medidas poseen una innegable incidencia social, pues tanto por razones históricas vinculadas al usoPage 365 exclusivo del castellano en la enseñanza como por el amplio fenómeno de la movilidad de la población española dentro del territorio nacional que se ha producido durante las cuatro últimas décadas, en las Comunidades Autónomas con un régimen de cooficialidad lingüística, existen sectores de la población que no conocen, o sólo conocen imperfectamente, la lengua propia de esa Comunidad. Incidencia social que ciertamente es muy intensa cuando el objeto de la normalización lingüística se proyecta en el ámbito de la enseñanza y, en particular sobre la lengua en la que los estudiantes han de recibirla. Pues con independencia de la proximidad lingüística existente entre el catalán y el castellano, es indudable que la regulación que adopte el legislador autonómico en esta cuestión entraña efectos para todos los que residen habitualmente en el territorio de la Comunidad Autónoma. Por lo que también cabe considerar en esta sede si la normalización lingüística en el ámbito de la enseñanza es susceptible de vulnerar los derechos constitucionales de los particulares que se derivan de los arts. 3 y 27 CE, considerados en sí mismos o conjuntamente.

Ahora bien, dicho esto, son dos las cuestiones centrales que hemos de resolver (..,): en primer lugar, si del Texto constitucional se deriva la existencia de un derecho de los padres y, en su caso, de los estudiantes, a elegir la lengua cooficial en una CA en la que han de recibir las enseñanzas en los niveles no universitarios, dado que el precepto impugnado sólo lo reconoce respecto a «la primera enseñanza». En segundo término, caso de que la cuestión anterior reciba una respuesta negativa, si las instituciones autonómicas, en el ejercicio de sus competencias, están facultadas para determinar el empleo de la lengua propia y cooficial con el castellano como lengua docente y cuáles son los límites constitucionales de esta facultad".

FJ.9:

El TC comienza enjuiciando la constitucionalidad del art. 14.2 de la ley catalana 7/1983: «Los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano. La Administración debe garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo. Los padres o los tutores pueden ejercerlo en nombre de sus hijos instando a que se aplique». Al respecto señala que la STC 86/1985, FJ. 3 ya precisó:

"(...) que el derecho de todos a la educación incorpora un «contenido primario de derecho de libertad», a partir del cual hay que entender el mandato prestacional a los poderes públicos encaminado a promover las condiciones para que esa libertad sea real y efectiva (art. 9.2 CE). Sin que tampoco sea ocioso señalar que entre una y otra dimensión existe una innegable correlación pues es evidente que si se admitiera que del contenido del art. 27 CE se deriva un determinado modelo de ordenación de las lenguas que hanPage 366 de ser vehículo de comunicación entre Profesores y alumnos, ello entrañaría consecuencias directas respecto a la organización de las enseñanzas en los Centros docentes para la instituciones y órganos autonómicos, con las correlativas cargas.

  1. Al respecto, ha de tenerse presente que confrontados en un recurso de amparo con una queja sobre la eventual vulneración el derecho fundamental a la educación del art. 27 CE por haberse limitado, a juicio del recurrente, el derecho a que su hijo «reciba educación en la lengua oficial de su preferencia en el Centro público de su elección», en la STC 195/1989 se declaró que «ninguno de los...

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