STS, 21 de Julio de 1992

PonenteD. JOSE AUGUSTO DE VEGA RUIZ
Número de Recurso6132/1988
ProcedimientoRECURSO DE CASACIÓN
Fecha de Resolución21 de Julio de 1992
EmisorTribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal

En la Villa de Madrid, a veintiuno de Julio de mil novecientos noventa y dos.

En los recursos de casación por quebrantamiento de forma e infracción de ley, que ante Nos penden, interpuestos por los procesados Luis Carlos, SilviaY Simón, contra sentencia dictada por la Audiencia Nacional, que les condenó por delito monetario continuado, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la votación y Fallo, bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. D. José Augusto de Vega Ruiz, siendo parte como recurrido el Ministerio Fiscal, y estando dichos recurrentes representados por los Procuradores Sr. Estrugo Muñoz, para Luis Carlos, y Sra. González Díez para los dos últimos.I. ANTECEDENTES

  1. - El Juzgado Central de Instrucción número 3 instruyó sumario con el número 10 de 1987, contra Luis Carlos, SilviaY Simón, y una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Nacional que, con fecha veintiocho de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, dictó sentencia que contiene el siguiente hecho probado:

    «Se reputan como tales, los siguientes:

    1. El procesado Simón, español y residente, con el decidido y deliberado propósito, de disponer de dinero fuera del territorio español, procedió a dar salida al mismo, al margen de toda autorización oficial, y para ello, el día 3 de octubre de 1986, aperturó, a su nombre, la cuenta corriente nº NUM000, en la Banca Cassany, de la localidad de Escaldes en Andorra, con un ingreso inicial de 100.000 ptas, que personalmente trasladó al Principado, y en fechas posteriores hasta el 27 de abril de 1987, valiéndose de personas no identificadas, que actuaban como "pasadores" profesionales, y al servicio de dicha Banca, los que extraían subrepticiamente el dinero de España, e ingresaban en la cuenta mencionada, lo que tuvo lugar en no menos de diez ocasiones, por un total de cuarenta millones de pesetas (40.000.000 ptas).

      Así mismo y en época anterior, concretamente el 10 de marzo de 1986, abrió la cuenta corriente número Lp-NUM001en el Banco Agrícola y Comercial de Andorra, Sucursal de Les Escaldes (Andorra), con un primer ingreso de 450.000 ptas., la que fué incrementado con ingresos posteriores, hasta el 29 de septiembre de 1987, los que llevaba personalmente, para lo cual viajaba al país vecino y ocultaba, no declarando el dinero, a su paso por la aduana, alcanzando dicha cuenta un saldo total de 4.682.076 ptas.

      Dicho acusado, repatrió los 40.100.000 ptas, de la Banca Cassany, a su cuenta corriente nº NUM002, abierta en el Banco de Crédito y Ahorro de Castellón (Sucursal de la Avenida Rey Don Jaime nº 12), en fecha 14 de noviembre de 1987 y, así mismo repatrió el dinero depositado en el Banco Agrícola y Comercial, con un total de 4.676.934 ptas., a su cuenta en el Banco de Sabadell, Sucursal de Castellón de La Plana, en fecha 30 de octubre de 1987.

    2. La también procesada, Silvia, española y residente, con el concebido y decidido propósito de situar dinero español en Andorra, prescindiendo de toda autorización oficial, llevó a cabo las siguientes actividades: a) El 21 de mayo de 1987, aperturó a su nombre, en la Banca Cassany, S.A. de Les Escaldes (Andorra), la cuenta corriente nº NUM003, y en las fechas del 26, 27 y 29 de mayo de 1987, ingresó en dicha cuenta, tres partidas de quince millones de pesetas cada una de ellas, por un total de cuarenta y cinco millones de pesetas (45.000.000 ptas), cuya salida del territorio nacional, la efectuaron personas dedicadas habitualmente a tales operaciones, que recogían el dinero directamente a la acusada, en España; b) a finales de mayo de 1987, dicha Silvia, hizo entrega, en Castellón, al también procesado Luis Carlos, súbdito francés, no residente, de la cantidad de cincuenta y un millones quinientas mil pesetas, cantidad que éste extrajo ocultamente del territorio nacional, ingresando cincuenta millones el 27 de mayo de 1987, en la cuenta corriente nº NUM004, que la señora Silviahabía abierto a su nombre el día 21 anterior, con un ingreso de cinco mil pesetas en el Banco Agrícola y Comercial de Andorra -Sucursal de Les Escaldes-, en tanto que el millón quinientas, era la comisión que percibía el referido Luis Carlos, por lo que el total de lo evadido, asciende a la suma de 96.505.000 (noventa y seis millones, quinientas cinco mil pesetas); c) El día 3 de octubre de 1987, previo concierto de Silvia, con la Banca Agrícola y Comercial Andorrana, se citó para las diecisiete horas con el también procesado, al mencionado, Luis Carlos, que era enviado por dicha entidad bancaria, en el garage subterráneo, de la Plaza Cardona Vives, de la localidad de Castelllón, a fin de hacerle entrega, de la cantidad de 51.500.000 ptas que aquél trasladaría al Principado, para ingresar en la cuenta reseñada, de dicho Banco, cincuenta millones, siendo el millón y medio restantes, el correspondiente a la comisión de dicho "pasador". Verificada la reunión, se dirigieron ambos acusados, ante el temor de estar vigilados por la Policía, al centro comercial PRYCA, en el automóvil matrícula MI-....-Fde Silviasiendo posteriormente detenidos por la Policía, sin que hubiera sido hecha efectiva la entrega de la cantidad mencionada, para su traslado a Andorra, procediéndose a la intervención de los cincuenta y un millones quinientas mil pesetas, que se trabaron, a efectos de posibles responsabilidades civiles, así como el vehículo Peugeot-205, matrícula francesa ....-JZ-...., que utilizó, como de su propiedad, Luis Carlospara su desplazamiento a Castellón y dejó en el aparcamiento donde se reunió con la señora Silvia.

      Silvia, procedió a la repatriación efectiva del saldo en la Banca Cassany, mediante el ingreso de 46.168.513 ptas, en su cuenta del Banco de Vizcaya en Castellón, lo que tuvo lugar el 18 de noviembre de 1987 y el saldo a su favor, en el Banco Agrícola y Comercial, mediante ingreso, de fecha 30 de octubre de 1987 en su cuenta en el Banco de Sabadell, por el total de 51.278.718 ptas.>>

  2. - La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

    «F A L L O: Que debemos de condenar, como condenamos a Simóncomo autor de un delito monetario continuado (Hecho A), ya definido, con la concurrencia de la atenuante de repatriación, a las penas de dos meses de arresto mayor y multa de veinticinco millones de pesetas (25.000.000 ptas), sufriendo sesenta días de arresto supletorio, si no la hiciere efectiva en el plazo en que se le requiera al efecto, accesorias de suspensión de todo empleo o cargo público y derecho de sufragio durante dicha condena y pago de la tercera parte de las costas del proceso.

    Así mismo debemos condenar y condenamos a Silviay Luis Carlos, como autores de un delito monetario continuado, (Hecho B), también ya definido, con la concurrencia en ambos de la atenuatoria de repatriación, a las penas, para Silviade seis meses y un día de prisión menor y multa de setenta y cinco millones de pesetas (75.000.000 ptas), sufriendo cuatro meses de arresto supletorio, si no la abonare, en el plazo en que se le requiera para ello, para Luis Carlos, un año y seis meses de prisión menor y multa de cincuenta y cinco millones de pesetas (55.000.000 ptas) o tres meses de arresto sustitutorio en el supuesto de su impago, accesorias de suspensión de todo empleo o cargo público y derecho de sufragio, durante dichas condenas y satisfacción cada uno, de la tercera parte de las costas.

    Se les abona el tiempo de prisión provisional sufrido por esta causa.

    Se decreta el comiso de la cantidad de 51.500.000 pesetas ocupadas y vehículo francés, matrícula francesa ....-JZ-...., que se destinará al pago de las correspondientes responsabilidades civiles.

    Se aprueban los autos de solvencia total y parcial, dictados por el Instructor, con las reservas que contienen.

    Al notificar esta resolución a las representaciones de las partes, instrúyase a las mismas del recurso que pueden ejercitar, plazo o Tribunal competente.>>

  3. - Notificada la sentencia a las partes, se prepararon recursos de casación por quebrantamiento de forma e infracción de ley, por los procesados Luis Carlos, SilviaY Simón, que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose los recursos.

  4. - Formado en este Tribunal el correspondiente rollo las representaciones de los recurrentes formalizaron sus recursos alegando los motivos siguientes:

    Motivos aducidos en nombre de Luis Carlos:

    MOTIVO PRIMERO.- Al amparo del artículo 849, número 2, infracción de Ley, denunciando la violación del principio de presunción de inocencia, recogido en el artículo 24.2 de la Constitución Española y en el artículo 5, número 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

    MOTIVO SEGUNDO.- Al amparo del número 1 del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por quebrantamiento de forma, al haber incurrido la Sala sentenciadora en manifiesta contradicción entre los hechos probados.

    MOTIVO TERCERO.- Al amparo del artículo 849.2, infracción de Ley, denunciando la infracción del artículo 13 de la Constitución Española, número 1, y artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al vulnerar el principio de igualdad que ante la Ley tienen los extranjeros.

    Motivos aducidos en nombre de Silvia:

    MOTIVO PRIMERO.- Por infracción de Ley, al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por indebida aplicación del artículo 3 del Código Penal, en relación con el artículo 6.A.1º y 7.1.1º de la Ley Orgánica 10/83 sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios.

    MOTIVO SEGUNDO.- Por infracción de Ley, al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por indebida aplicación del artículo 48 del Código Penal.

    Motivo aducido en nombre de Simón:

    UNICO MOTIVO.- Por infracción de Ley, al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por indebida aplicación del artículo 69 bis del Código Penal, en relación con los artículos 6.1.1º y 7.1.2º de la Ley sobre Régimen Jurídico del Control de Cambios y con los artículos 25.1 de la Constitución y 1 y 23 del Código Penal.

  5. - El Ministerio Fiscal se instruyó de los tres recursos interpuestos, impugnando todos los motivos alegados, la representación de Luis Carlos, se instruyó de los otros recursos, la representación de los otros dos recurrentes no evacuó el traslado de instrucción conferido, quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.

  6. - Hecho el oportuno señalamiento para Fallo, se celebró la votación prevenida el día catorce de julio de mil novecientos noventa y dos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El acusado Luis Carlosaduce un primer motivo al amparo del artículo 849.2 procesal, denunciando la vulneración del derecho a la presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución en relación con el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El segundo, por quebrantamiento de forma, se ampara en el artículo 851.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para alegar manifiesta contradicción entre los hechos probados y la parte dispositiva de la resolución. El tercero, con carácter alternativo al primer motivo, y al amparo del artículo 849.2, denuncia la infracción del artículo 13.1 constitucional en relación con el 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El acusado Simónpor su parte interpone un único motivo con apoyo en el artículo 849.1 procedimental, por indebida aplicación del artículo 69 bis del Código Penal en relación con los artículos 6.1.1º (sic) y 7.1.2º de la Ley Sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios, de 16 de agosto de 1983, así como con los artículos 25.1 de la Constitución y 1 y 23 del Código Penal que consagran el principio de legalidad, en tanto ahora se castigan como delitos conductas que no son sino ilícitos administrativos, según la tesis que mantiene aquí.

Finalmente, Silviaimpugna la sentencia de la instancia con base en dos motivos. El primero por error de derecho del repetido artículo 849.1 procesal, indebida aplicación del artículo 3 del Código Penal en relación con los artículos 6.A).1º y 7.1.1º de la Ley Sobre Control de Cambios antes citada, motivo éste sustancialmente parecido al precedente, mas con distinto enfoque jurídico porque el anterior recurrente centra el problema en el delito continuado y en la punición de los ilícitos administrativos como se ha indicado antes, mientras que en este caso lo es respecto de la distinción y límites entre la tentativa y los actos preparatorios.

El segundo motivo, también por infracción de Ley, denuncia la indebida aplicación del artículo 48 del Código, al decretarse el comiso de los efectos no relacionados con actividad delictiva alguna.

La sentencia de la instancia condenó al primero y al tercero como autores de un delito monetario continuado, con la atenuante de repatriación que con carácter de pura discreccionalidad se establece en el artículo 7.4 de la referida Ley especial, por exportación de moneda en este caso española (metálica o en billetes) de los repetidos artículos 6.A).1º y 7.1.1º en cuantía superior a los cincuenta millones.

A la vez condenó al segundo de los acusados, en los mismos términos y circunstancias, como autor de análogo delito pero en cuantía inferior a la cantidad antes consignada pero superior a los diez millones de pesetas, artículo 7.1.2º de la misma norma especial.

SEGUNDO

Es ya reiteradamente conocido que el bien jurídico protegido por esta Ley es el ínteres de la Administración en el control de los medios de pago internacionales , en cuya vulneración concurre, como consecuencia necesaria, el perjuicio de la economía, que necesita conocer, para el establecimiento de su política, el volumen y naturaleza de los pagos internacionales .

No es pues necesario exigir en los delitos monetarios un dolo o intención de causar lesión o perjuicio a la economía nacional, ya que lo que normalmente se busca es el propio beneficio .

En esa línea, para estimar cometido un delito monetario, bastaría que la conducta enjuiciada encajare, tal aquí acontece, en alguno de los tipos recogidos en el artículo 6.

TERCERO

En cuanto al primer motivo de Luis Carlos, en infracción del artículo 24.2 de la Constitución, es evidente la imposibilidad de que el mismo pueda prosperar porque , como el relato fáctico pone de manifiesto, los datos objetivos consistentes en los sucesivos ingresos realizados en las oficinas bancarias de Andorra que se mencionan, sin justificación ni autorización legal alguna, directamente determinan el delito , como si de un delito testimonial o cuasi flagrante se tratara, independientemente de que la coprocesada, o co-reo también condenada, libremente expresara la realidad de los hechos luego acogidos en el relato fáctico , aunque después en el juicio oral se retractara de lo dicho. Es sabida, por constante declaración de esta Sala Segunda, la validez de las manifestaciones de cargo de la co-imputada si no obedecen a deseos de venganza, revancha, odio o exculpación . Como también que en caso de contradicción entre lo declarado en el juicio oral y en la fase instructora, los jueces pueden escoger aquella manifestación que, por las razones que fueren, les ofrezca mayor fiabilidad y credibilidad, una vez (y esto es lo realmente importante) que se dio a las partes , a medio de la contradicción, la posibilidad de defender o refutar el contenido probatorio .

:Hp2.

CUARTO

El segundo motivo se basa en la contradicción que se dice existe entre el hecho probado y el fallo condenatorio, olvidando que el defecto formal solo puede referirse al "factum", unicamente puede referirse a los hechos probados cuando estos incluyan sucesos opuestos e incompatibles entre sí, siempre referidos a extremos esenciales, no a supuestos fácticos inocuos y carentes de trascendencia.

Carece de fundamento la denuncia casacional so pretexto de una supuesta divergencia entre la resultancia probatoria y la parte dispositiva de la resolución, lo que en cualquier caso habría de propiciar otra distinta vía procedimental. En todo caso esa discrepancia numérica que se alega no está justificada seriamente, si se analiza detalladamente la resultancia probatoria.

Igual suerte desestimatoria ha de seguir el tercer motivo. La sentencia de la Audiencia Nacional no solo no infringe el principio de igualdad específica del artículo 13.1 de la Constitución sino que lo ratifica diafanamente. No se trata ya de la igualdad genérica del artículo 14, sino de reconocer el derecho de los extranjeros para gozar, en España, de las libertades públicas en la forma que prevengan los Tratados y la Ley. La sentencia condena al recurrente, a pesar de su nacionalidad, precisamente porque en el ejercicio de esas libertades incurrió en actividades punibles según la legislación española .

El Tribunal de la instancia, en uso de las facultades establecidas en la norma, bajó las penas en un grado, dada la repatriación del capital, para los dos condenados por el delito ya referido, aunque castigara a este recurrente con pena superior a la que a su vez impuso a la segunda acusada. Se afirma el principio de igualdad porque si se trataron de modo distinto las dos conductas, ello fue a la vista de las tamibén distintas connotaciones, especialmente más graves en el ahora recurrente (sobre todo su actuación más profesional en toda esta temática).

QUINTO

El único motivo casacional del acusado Simóncuestiona el delito continuado en relación a los ilícitos administrativos aquí concurrentes si cada infracción, se afirma, por ser inferior a los dos millones de pesetas, no tenían más que una consideración administrativa, fuera del Derecho Penal (artículo 6, párrafo primero, en relación con el 7.1.4º de la Ley).

El delito continuado (ver Sentencia de 16 de septiembre de 1991) fue ratificado como "lege data" a virtud del contenido que al artículo 69 bis del Código se dio por la Ley Orgánica de 25 de junio de 1983, para penar el delito más grave en todos aquellos casos en los que conjuntamente se producía el plan preconcebido, o aprovechamiento de idéntica ocasión , con una pluralidad de acciones u omisiones y la infracción del mismo o semejantes preceptos. En los delitos patrimoniales se impone la pena teniendo en cuenta el perjuicio total causado, lo que no excluye la regla general sino que la completa, con lo que quiere decirse que "el perjuicio total" determinará la pena básica con la que debe operar el Tribunal .

Sin embargo, en el delito monetario sabido es que el tipo penal solo nace a partir de los dos millones de pesetas, teniendo carácter de simple infracción administrativa aquellos actos "irregulares" de cuantía superior al millón e inferior a los dos millones . En alguna ocasión se ha dicho que las infracciones administrativas de esta naturaleza evidentemente no pueden acumularse a los efectos de tener en cuenta la suma total, en relación al repetido artículo 69 bis (Sentencia de 31 de enero de 1989), criterio no obstante sometido muchas veces a crítica.

Los delitos y las faltas contra el control de cambios son infracciones de igual naturaleza y estructura jurídica que tan solo se diferencian por el "quantum", porque ontologicamente no se distinguen cualitativamente . A pesar de lo cual, mientras unas tienen naturaleza penal , las otras lo son de naturaleza administrativa . En consecuencia pudiera pensarse en principio que el artículo 69 bis no puede aplicarse más que cuando se trate de infracciones penales porque violen preceptos penales, nunca si son infracciones que aisladamente consideradas carezcan de naturaleza penal. Mas como quiera que el artículo 69 bis resulta aplicable a delitos y faltas, habida cuenta "ese perjuicio total" de que antes se habló, en buena praxis jurídica resulta encajable el precepto a la suma total de las infracciones, aunque todas sean faltas (ver la Sentencia de 15 de abril de 1992, en cuanto a distintas faltas de hurto estimadas en su conjunto como delito confirmado). De otro modo se crearía una situación de privilegio para una determinada clase de delincuentes (los evasores de moneda), incompatible con el principio de igualdad . La norma penal, además, se haría ineficaz si se prescindiera de la continuidad delictiva en esos supuestos de pluralidad de contravenciones administrativas.

En el caso presente son distintas las acciones individualizadas y los actos ejecutados para materializar la exportación de moneda por el total que se indica . Como según el relato histórico asumido por la resolución recurrida más de una de tales acciones se concretaron en cuantía superior a los dos millones de pesetas , tampoco en esta especial panorámica puede hacerse aplicación de la tesis que se propugna por el aquí acusado. Antes al contrario, no existen preceptos heterogéneos que impidan la aplicación del delito continuado, solo un único y homogéneo precepto penal infringido (Sentencia de 27 de febrero de 1990) por la común concurrencia de delitos y faltas.

Siendo así, el motivo se ha de desestimar en tanto que se procedió con escrupulosa observancia a los artículos 25.1 de la Constitución y 1 y 23 del Código Penal. El principio de legalidad no fue infringido cuando acertadamente se aplicaron los artículo 6.A.1º y 7.1.2º de la Ley relativa al Control de Cambios.

El folio 171 del sumario es sumamente ilustrativo al ofrecer una relación de las cantidades objeto de la exportación. A la vista del mismo resultan realizadas dos exportaciones de seis millones de pesetas, una de siete millones y otra de cinco millones. El Real Decreto de 20 de diciembre de 1991 sobre transacciones económicas en el Exterior no ha de influir en el presente supuesto. Primero porque tal disposición no ha liberalizado todos los actos, negocios, transacciones y operaciones de cualquier índole (entre ellas las transferencias al o del exterior) , sino solo cuando no se refieran a las conductas comprendidas en el artículo 6 de la vigente legislación monetaria. Segundo porque (Sentencia de 28 de febrero de 1992) no se han creado nuevas figuras penales con el citado Real Decreto, menos aún tampoco se han derogado los contenidos establecidos en ese tan repetido artículo 6, aun cuando ello no fuera sino como consecuencia del obligado respeto al rango normativo orgánico de las disposiciones y a las trabas que la reserva de la Ley Orgánica impone. Y tercero porque la elevación de la cifra liberalizada (de dos a cinco millones) no ha de influir aquí en ningún caso , si se tienen presente las exportaciones llevadas a cabo, siendo de advertir, no obstante, que lo único que el Real Decreto ha realizado, sin modificar el tipo penal , es introducir la variación en el mismo que la naturaleza de norma en blanco permite cuando se fija el límite por encima del cual se exige la preceptiva autorización administrativa de exportación (que si no concurre propicia el delito).

SEXTO

El primer motivo de la acusada Silviasostiene que la tercera de las acciones incluidas en el hecho B), como infracción continuada, por el que fue condenada en unión de otro de los recurrentes, no puede estimarse tentativa al constituir meros actos preparatorios.

Quiere decirse entonces que tal hecho, en la tesis que se propugna, constituirá un delito continuado respecto de dos acciones distintas (de cuarenta y cinco millones y algo más de cincuenta y un millones de pesetas respectivamente), pero dejando fuera del ilícito penal la tercera, de cincuenta y un millones y medio de pesetas, en tanto no existió la tentativa indebidamente apreciada por la sentencia.

La recurrente no lleva razón y el motivo se ha de desestimar. La distinción de los actos preparatorios ofrece conocidas dificultades desde el punto de vista teórico, acrecentadas practicamente dada la imprevisible variedad que las circunstancias de la dinámica comisiva del delito puede presentar .

Cuando los actos externos comprobados son equivocos, se hace difícil llegar a conclusiones firmes respecto de la diferenciación entre los actos preparatorios y aquellos otros que forman parte integrante del acto delictivo en sí, de su mecánica comisiva, parte integrante , en fin, de uno de los elementos de ese "todo criminal" .

Mas si, como aquí acontece, los mentados actos externos tienen una unívoca y clara significación jurídica en cuanto que sin el menor género de duda implican la iniciación del camino delictivo, inmerso de alguna manera en el campo penal porque comienza ya la conculcación de la norma, entonces no puede hablarse solo de meros actos preparatorios, inocuos evidentemente, sino de actos, acciones, hechos y conductas a través de los cuales, y con base en el artículo 3, párrafo 3º, del Código Penal, empieza la ejecución del delito porque aquéllos se reputarán como directamente encaminados a la consumación del tipo (Sentencia de 31 de enero de 1989).

En el caso presente la exportación se proyectó, como elemento constitutivo y primordial del delito, cuando la acusada se citó con el otro condenado, por encargo éste de la entidad bancaria correspondiente, en el garaje subterráneo que de la localidad de Castellón de la Plana se reseña en el "factum", en relación a cincuenta millones de pesetas (con más el millón y medio restante en concepto de comisión para el "pasador"), que finalmente fueron intervenidos por la Policía después que aquéllos se trasladaran, ante el temor de estar vigilados, a un conocido centro comercial (son declaraciones del relato histórico asumido por la Audiencia).

La tentativa de la infracción estuvo correctamente acogida en la resolución impugnada, como tercer hecho también integrante del único delito que como continuado se apreció por la misma. No se llevó a efecto la exportación del dinero , pero se iniciaron los actos a virtud de los cuales se iniciaron los trámites para llevarla a cabo.

Por eso, desde la panorámica de la legalidad en conjunción con el obligado respeto al hecho probado, la conclusión establecida se deriva por la misma tipicidad penal de los hechos realizados cuando idearon la exportación , cuando idearon "el envio de una cosa de un país a otro" (lo que significa movimiento de una cosa, cambio de una cosa, desplazamiento de una cosa), tanto más cuanto que la consumación de la exportación constituye el tramo final (que en este caso no se produjo) de una serie de negociaciones o conductas que ahora se dieron manifiestamente como paso necesario para llegar al fin último perseguido y fallido.

El segundo motivo estima erronea la aplicación que los jueces hicieron en cuanto al artículo 48 del Código Penal, al decretarse el comiso de los efectos procedentes del delito (se refiere a los millones involucrados en la figura de la tentativa acabada de estudiar), petición naturalmente condicionada a la estimación del motivo anterior. Como hase propiciado una ejecución parcial del tipo penal , viene como obligado el comiso de los efectos relacionados con la infracción y, a la vez, la desestimación de la denuncia casacional.III.

FALLO

Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR a la estimación de los recursos de casación por quebrantamiento de forma e infracción de Ley, interpuestos por los procesados Luis Carlos, Silviay Simón, contra sentencia dictada por la Audiencia Nacional, de fecha veintiocho de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, en causa seguida a los mismos por delito monetario continuado.

Condenamos a dichos recurrentes al pago de las costas ocasionadas en el presente recurso y a la pérdida de los depósitos que constituyeron en su día, a los que se dará el destino legal oportuno.

Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos con devolución de la causa que en su día remitió, interesándole acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D José Augusto de Vega Ruiz , estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.

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