Contrato de servicios

El contrato de servicios es aquel que tiene por objeto prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro ( art. 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP/2017) ).

El art. 17 LCSP/2017 define el contrato de servicios como aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario.

El art. 183.3 LCSP/2017 establece que cuando el objeto del contrato de servicios que se vaya a adjudicar se refiera a la redacción de proyectos arquitectónicos, de ingeniería y urbanismo que revistan especial complejidad y, cuando se contraten conjuntamente con la redacción de los proyectos anteriores, a los trabajos complementarios y a la dirección de las obras, los órganos de contratación deberán aplicar las normas especiales aplicables a los concursos de proyectos ( arts. 183 a 187 LCSP/2017 ).

A efectos de estimar la especial complejidad de un proyecto, el órgano de contratación podrá tomar en consideración la existencia de condicionantes técnicos, medioambientales, paisajísticos, funcionales, urbanísticos o de otra índole que precisen de una especial respuesta, innovación u originalidad en aras a obtener prestaciones de gran calidad.

Los contratos de servicios con un valor estimado inferior a 15.000 euros tendrán la consideración de contratos menores ( art. 118.1 LCSP/2017 ).

A este respecto, procede recordar que la modificación de un contrato inicial puede considerarse sustancial y que, por consiguiente, constituye una nueva adjudicación de contrato, en el sentido de la Directiva 92/50 o de la Directiva 2004/18, en particular cuando amplía el contrato, en gran medida, a servicios inicialmente no previstos (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de junio de 2008, pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, Rec. p. I-4401, apartado 36) (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 29 de abril de 2010, C-160/08^{[j 1]}).

El propio art. 17 LCSP/2017 excluye de esta modalidad contractual (al igual que para los contratos de concesión de servicios establece el art. 284.1 LCSP/2017 los contratos que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.

Téngase en cuenta, en este sentido, que la Ley 27/2013, de 27 de diciembre , suprimió el apartado 3 del art. 85 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 de abril) (LBRL) , que, hasta ese momento disponía:

En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta ni mediante sociedad mercantil de capital social exclusivamente local los servicios públicos que impliquen ejercicio de autoridad.

El Informe 14/2010, de 23 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa Estatal^{[j 2]} se pronuncia respecto del concepto de servicios que llevan aparejado el ejercicio de autoridad y la posibilidad de incluir en el pliegos de cláusulas administrativas particulares la referencia a las obligaciones derivadas de las normas que regulan la prevención de riesgos laborales.

Tampoco resulta posible la contratación de personal a través de este tipo de contratos.

Así, el art. 308.2 LCSP/2017 establece:

En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través del contrato de servicios, incluidos los que por razón de la cuantía se tramiten como contratos menores.

No serán de aplicación las normas de preparación y adjudicación previstas en la LCSP/2017 a las actividades docentes en centros del sector público siempre que sean realizadas por personas físicas.

El art. 310.3 LCSP/2017 establece:

Para acreditar la existencia de los contratos a que se refiere este artículo, bastará la designación o nombramiento por autoridad competente.

Como norma general (y salvo que se disponga otra cosa en los pliegos de cláusulas administrativas o en el documento contractual), los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de este a la Administración contratante ( art. 308.1 LCSP/2017 ).

En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, el órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público.

Así mismo, y en cuanto que el contrato suponga el desarrollo o mantenimiento de aplicaciones informáticas el objeto del contrato podrá definirse por referencia a componentes de prestación del servicio.

La Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura , introduce un nuevo apartado 4 en el art. 308 LCSP/2017 , en relación con el contenido y límites del contrato de servicios, donde se establece que podrá contratarse de forma conjunta la redacción de proyectos y la dirección de obra cuando la contratación separada conllevase una merma en la calidad de las prestaciones objeto del contrato, dificultando con ello la coordinación y continuidad entre la fase de redacción del proyecto y su ejecución en obra.

Si bien, la norma puntualiza que, el Órgano de Contratación deberá motivar en el expediente la concurrencia de estas circunstancias.

El art. 309 LCSP/2017...