El contexto en el que se producen las reformas
| Autor | Soledad Barber Burusco |
| Páginas | 36-40 |
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En el período en el que se inician y desarrollan el conjunto de reformas legales a las que he hecho referencia, la realidad delincuencial española, conforme han señalado claramente quienes han estudiado el tema desde una perspectiva empírica, distaba mucho de ser alarmante. Así, la tasa de criminalidad española se mantenía y se mantiene entre las más bajas del conjunto de Europa58; y, además, la criminalidad española no ha registrado una evolución preocupante en las últimas décadas, y esta evolución muestra también que los delitos han tenido una tendencia a la baja o a la estabilidad, y las que han registrado un incremento incesante sobrepasando el número de delitos a partir del año 2002, son las faltas. Otra consideración relevante, es la de que la criminalidad española mantiene su tradicional estructura, con los hurtos y robos dando cuenta del mayor porcentaje de las infracciones penales, quedando a una gran distancia porcentual el resto de delitos patrimoniales o no59.
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Pero, paradójicamente, la realidad penitenciaria en nuestro país es preocupante en la medida en que ostenta una de las tasas más altas de encarcelamiento del entorno europeo -habiendo llegado en alguno de estos años a la más alta-. Esta tendencia alcista se inicia a mediados de los años 90 del siglo pasado y se ha acelerado notable-mente a principios de siglo60hasta el año 2010, en el que inicia un retroceso.
Por tanto, si el tipo de criminalidad y la evolución de la misma no era, a principios de la década pasada un problema cuantitativamente reseñable ni cualitativamente alarmante y además lo que aparecía como problemático era la elevada población penitenciaria en nuestro país en comparación con su tasa de criminalidad, serán otras razones las que podrán explicar estas reformas penales que llevan a incrementar la severidad de las sanciones, especialmente la pena de prisión.
Estas reformas, iniciadas en el año 2003, contaron con el consenso de los partidos de mayor representación parlamentaria en el marco del Pacto para la reforma de la justicia y del Pacto antiterrorista61;
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y, además, coinciden con un endurecimiento del discurso penal en el contexto internacional -que, por otra parte, se empieza a producir bastante tiempo antes-62, y con un consecuente retroceso de las políticas criminales63, que corre paralelo a la deslegitimación del Estado de bienestar y su progresivo y cada vez más rápido desmantelamiento en nuestro país, cuando, comparado con la media europea, era todavía incipiente.
Además, parece prestar un auxilio esencial -a pesar del registro de criminalidad relativamente estable e incluso en retroceso- el papel que cumple el discurso político y mediático como generador de opinión pública que, a su vez, y en buena medida, en un proceso de retroalimentación apuntala los motivos de los legisladores para efec-
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tuar las reformas64. En efecto, la constante presencia en la agenda política y mediática de la "cuestión penal" en los inicios de la década, y también con posterioridad, generó una percepción de inseguridad, bastante alejada de un real incremento de la misma6566.
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Y precisamente, las necesidades de seguridad y de eficacia para hacer frente a la delincuencia, son los argumentos con los que el legislador penal justifica la incorporación de las reformas, sin ningún apoyo de estudios que den cuenta de los concretos problemas que las generan, ni de la cantidad ni calidad de la misma. Así, se afirma que "la sociedad demanda una protección más eficaz frente a las formas de delincuencia más graves, en concreto, los delitos de terrorismo, los procedentes del crimen organizado y los que revisten una gran peligrosidad, protección que el Estado de Derecho no sólo puede sino que tiene la obligación de proporcionar"67; también se apela al fortalecimiento de la seguridad ciudadana en relación a la pequeña delincuencia, y a la protección de los derechos de los ciudadanos68...
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