El consumidor ante un arbitraje distinto del de consumo

AutorFrederic Munné Catarina
CargoAbogada. Doctor en Derecho. Socio fundador de Dret Privat. Vocal del Tribunal Arbitral de Barcelona. Miembro del Consejo Asesor del Centro Iberoamericano de Arbitraje CIAR. Diputado de la Junta de Gobierno del ICAB. Secretario de la Asociación de Probática y Derecho Probatorio
Páginas88-106
Revista jurídica sobre consumidores
88 #9 · julio 2021
2. Debe reputarse contrario al derecho a la
tutela judicial efectiva de los litigantes, que
el tribunal rechace un acuerdo entre los mis-
mos, para poner fin al procedimiento ampa-
rándose en una interpretación “ensanchada”
del “orden público” sin que exista ninguna
norma que prohíba o deniegue tal poder de
disposición del pleito por las partes.
3. El art. 37.4 LA establece que “el laudo
será siempre motivado” y su falta de moti-
vación podría conllevar la anulación de este
por infracción de “orden público”. Un laudo,
no estará suficientemente motivado cuando
sea “irrazonable, arbitrario o haya incurrido
en error patente”. El TC deja claro, que no
puede considerarse una falta de motivación:
el mero hecho de que el árbitro no entre a
decidir sobre todos los argumentos presen-
tados por las partes, o no haya indicado las
pruebas en las que se ha basado para tomar
su decisión sobre los hechos, o no motive su
preferencia de una prueba sobre otra, pues
para determinar si se ha cumplido con el de-
ber de motivación, basta con comprobar por
parte de la jurisdicción ordinaria simplemen-
te, que el laudo contiene razones aunque
sean consideradas incorrectas por el juez
que debe resolver su impugnación.
4. La valoración de la prueba pertenece de
manera exclusiva al árbitro sin que los jueces
puedan realizar esta valoración al no estar
en una segunda instancia.
5. La acción de anulación no permite la re-
visión del fondo de la cuestión sometida a
arbitraje.
Podemos concluir, que las recientes sen-
tencias del tribunal constitucional acotan la
excesiva intervención de la jurisdicción ordi-
naria en los procesos arbitrales, delimitando
los motivos de anulación de los laudos y for-
taleciendo así la institución arbitral.
eL cOnSUMIdOR Ante Un ARbItRAje dIStIntO deL de cOnSUMO
Autor: Frederic Munné Catarina
Cargo: Abogado. Doctor en Derecho. Socio fundador de Dret Privat
Vocal del Tribunal Arbitral de Barcelona. Miembro del Consejo Asesor del Centro Iberoamericano
de Arbitraje CIAR. Diputado de la Junta de Gobierno del ICAB. Secretario de la Asociación de Pro-
bática y Derecho Probatorio.
Resumen: Los consumidores pueden someter sus controversias a un arbitraje ajeno al Sistema
arbitral de consumo por dos cauces. El primero, infrautilizado, exige una norma habilitante de ran-
go legal, que cree el órgano que administre el arbitraje en un supuesto o sector concreto, para que
ese convenio arbitral sea válido. El segundo, poco frecuente y por ello residual, pasa por un conve-
nio arbitral ex post litis, aceptado por el consumidor una vez surgida la controversia, que debe ne-
gociarse individualmente, pactarse de forma expresa y debe carecer de cualquier tipo de desequi-
librio, tanto el convenio como el reglamento arbitral que lo integra, en perjuicio del consumidor.
Palabras clave: Consumidor, convenio arbitral, cláusula abusiva, Sistema arbitral de consumo,
institución arbitral, órgano arbitral, norma legal habilitante, sumisión asimétrica, sumisión ex post
litis.
Revista jurídica sobre consumidores
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SUMARIO
I. IntroduccIón
II. marco normatIvo deL sIstema arbItraL de consumo
III. La vaLIdez deL convenIo arbItraL como cuestIón prevIa
Iv. especIaL tuteLa deL consumIdor en eL arbItraje
v. Los consumIdores fuera deL sIstema arbItraL de consumo
1. Concepto de consumidor
2. Validez del convenio arbitral
3. Sumisión a órgano creado por una norma legal habilitante
4. Sumisión ex post litis, expresa y voluntaria
vI. concLusIones
I. IntROdUccIón
Nuestro Ordenamiento jurídico prevé una
organización específica para el arbitraje en
materia de consumo, con una regulación
y un procedimiento propio y específico, de
forma que la Ley 60/2003 de Arbitraje (en
adelante LA) deviene norma supletoria. Se
trata de tutelar los derechos del consumidor,
por su carácter irrenunciable y por ello indis-
ponible, en tanto que parte más débil en la
contratación de consumo, mediante órganos
arbitrales específicos de naturaleza público-
administrativa, que garantiza la gratuidad
el arbitraje para el consumidor y con ciertas
peculiaridades procedimentales que buscan
la economía procesal y la simplificación de
los trámites hasta llegar al laudo arbitral.
En el presente trabajo analizamos su regula-
ción legal y la más reciente doctrina jurispru-
dencial en torno a la sumisión a arbitraje por
parte de un consumidor, cuando voluntaria-
mente decide apartarse no solo de la Juris-
dicción ordinaria, sino también de este espe-
cífico Sistema arbitral de consumo, concebi-
do para su especial tutela como parte más
débil en la contratación de consumo, pero
que por su naturaleza público-administra-
tiva se aparta de las características propias
del arbitraje.
La legislación lejos de prohibir de forma ab-
soluta, que el consumidor pueda renunciar a
esa especial tutela sometiendo sus contro-
versias a un arbitraje distinto del Sistema
arbitral de consumo, señala unos concretos
requisitos para que esa sumisión se consi-
dere válida, y no constituya per se una cláu-

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