Sentencia 148/1991, de 4 de Julio, del pleno del tribunal constitucional, en el recurso de inconstitucionalidad 982/1985, interpuesto por el Gobierno de la nación contra determinados preceptos de La Ley del Parlamento de Canarias 3/1985, de 29 de Julio, de medidas urgentes en materia de urbanismo y Proteccion de la naturaleza.
| Marginal | BOE-T-1991-19352 |
| Sección | I - Disposiciones Generales |
| Emisor | Tribunal Constitucional |
| Rango de Ley | Sentencia |
EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, COMPUESTO POR DON FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, PRESIDENTE; DON FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL, DON CARLOS DE LA VEGA BENAYAS, DON EUGENIO DIAZ EIMIL, DON MIGUEL RODRIGUEZ-PI—ERO Y BRAVO-FERRER, DON JESUS LEGUINA VILLA, DON LUIS LOPEZ GUERRA, DON JOSE LUIS DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS, DON ALVARO RODRIGUEZ BEREIJO, DON VICENTE GIMENO SENDRA, Y DON JOSE GABALDON LOPEZ, MAGISTRADOS, HA PRONUNCIADO
EN NOMBRE DEL REY
LA SIGUIENTE
SENTENCIA
EN EL RECURSO DE INCONSTITUCIONAL 982/1985, INTERPUESTO POR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO CONTRA DETERMINADOS PRECEPTOS DE LA LEY DE CANARIAS 3/1985, DE 29 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE URBANISMO Y PROTECCION DE LA NATURALEZA. EN EL PROCESO HAN COMPARECIDO EL GOBIERNO DE CANARIAS, REPRESENTADO POR DON RAFAEL ALCAZAR CREVILLEN, JEFE DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DE LA ADMINISTRACION DE CANARIAS, Y EL PARLAMENTO DE CANARIAS, REPRESENTADO POR EL PROCURADOR DON LUCIANO ROSCH NADAL, Y DEFENDIDO POR SU LETRADO-SECRETARIO GENERAL DON AURELIANO YANES HERREROS. HA SIDO PONENTE EL EXCELENTISIMO SE—OR DON VICENTE GIMENO SENDRA, QUIEN EXPRESA EL PARECER DEL TRIBUNAL.
I.
ANTECEDENTES
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MEDIANTE ESCRITO, QUE INGRESO EN EL REGISTRO DE ESTE TRIBUNAL EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 1985, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE GUARDIA DEL ANTERIOR DIA 5, EL ABOGADO DEL ESTADO INTERPUSO RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LOS ARTS. 2 Y 3 DE LA LEY 3/1985, DE 29 DE JULIO, DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE URBANISMO Y PROTECCION A LA NATURALEZA, PUBLICADA EN EL
NUM. 94, DE 5 DE AGOSTO DE 1985, CON INVOCACION EXPRESA DEL ART. 161.2 DE LA C.E. SOLICITABA LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS, ASI COMO LA SUSPENSION DE SU VIGENCIA DURANTE LA TRAMITACION DEL RECURSO. A JUICIO DEL ABOGADO DEL ESTADO, LA LEY CANARIA ESTABLECE UN SISTEMA DE SUSPENSION DE ACUERDOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES, QUE VULNERA SIMULTANEAMENTE LAS BASES ESTATALES ESTABLECIDAS EN LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL (ARTS. 65, 66 Y 67), Y LA AUTONOMIA LOCAL, QUE GARANTIZA EL ART. 137 C.E. EL SISTEMA ACTUAL DE SUSPENSION DE ACUERDOS LOCALES HA EXPERIMENTADO UNA SUSTANCIAL EVOLUCION, EN LA QUE DESTACA EL REAL DECRETO-LEY 3/1981, DE 16 DE ENERO, ART. 8, Y LA LEY 40/1981, QUE EN UNA LINEA DE MAYOR AVANCE ELIMINO LA SUSPENSION ADMINISTRATIVA, EN SU ART. 8.1 ESTE INCREMENTO DE LAS GARANTIAS EN UNA CUESTION TAN ESENCIAL COMO LA TUTELA DE LEGALIDAD DE LAS ENTIDADES LOCALES HA QUEDADO DEFINITIVAMENTE CONSOLIDADA EN LOS ARTS. 65, 66 Y 67 DE LA LEY REGULADORA DE LAS BASES DE REGIMEN LOCAL DE 1985. ES INDUDABLE QUE LAS NORMAS CONTENIDAS EN ESOS PRECEPTOS TIENEN EL CARACTER DE BASES EN EL SENTIDO DEL ART.
149.1.18 C.E., TANTO POR EL CARACTER FORMAL DE LA LEY, COMO POR SU CONTENIDO MATERIAL RACIONALMENTE DEDUCIDO DE LA LEGISLACION VIGENTE, DE ACUERDO CON LA DOCTRINA DE LA STC 28 DE JULIO DE 1981 (FUNDAMENTO JURIDICO 6. ).
LAS COMUNIDADES AUTONOMA DEBEN RESPETAR EL SISTEMA ESTABLECIDO POR LA LEY ESTATAL CUANDO EJERCITAN SUS COMPETENCIAS LEGISLATIVAS, POR LO QUE RESULTAN VULNERADAS LAS BASES ESTATALES AL REGULAR UN SISTEMA DIFERENTE. EL CARACTER SECTORIAL DE LA LEY, DIRIGIDA A REGULAR UNA MATERIA DETERMINADA EL URBANISMO QUE ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, NO ALTERA LA CONCLUSION ALCANZADA, PUES EL CARACTER GENERAL DE LA NORMA BASICA DEBE PREVALECER SOBRE LOS CRITERIOS SECTORIALES, COMO MUESTRA LA DEROGACION QUE EFECTUA EL ART. 224 L.B.R.L. LA TESIS CONTRARIA LLEVARIA A UN VACIAMIENTO DE LAS GARANTIAS QUE PUDIERA ESTABLECER LA REGULACION DEL REGIMEN JURIDICO GENERAL.
POR A—ADIDURA, LA LEY 3/1985 NO SOLO SUPONE UN RETROCESO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA AUTONOMIA MUNICIPAL, SINO QUE LLEGA HASTA LA VULNERACION DE LA GARANTIA INSTITUCIONAL PROTEGIDA POR EL ART. 137 C.E., TAL Y COMO HA SIDO INTERPRETADA POR LAS SSTC 4/1981 Y 14/1981.
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EL RECURSO FUE ADMITIDO POR PROVIDENCIA DE LA SECCION CUARTA, DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1985, QUE ACORDO DAR TRASLADO DE LA DEMANDA, TENER POR SUSPENDIDA LA VIGENCIA DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS Y ORDENAR LA PUBLICACION OFICIAL DE LA INCOACION DEL RECURSO Y DE LA SUSPENSION ACORDADA. LA RESOLUCION FUE PUBLICADA EN EL
DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1985, Y EN EL DE LA MISMA FECHA. EL SENADO Y EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS OFRECIERON SU COLABORACION POR CONDUCTO DE SUS PRESIDENTES, MEDIANTE ESCRITOS REGISTRADOS EL 28 DE NOVIEMBRE Y EL 17 DE DICIEMBRE DE 1985.
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POR ESCRITO REGISTRADO EL 4 DE DICIEMBRE DE 1985, EL GOBIERNO DE CANARIAS FORMULO SUS ALEGACIONES EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY IMPUGNADA.
COMO CUESTION PREVIA SUSCITO LA INADMISIBILIDAD DEL RECURSO, POR HABER SIDO INTERPUESTO EL 7 DE NOVIEMBRE DE 1985, UN DIA DESPUES DE QUE EXPIRARA EL PLAZO DE INTERPOSICION, QUE DEBE SER COMPUTADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA LEY FUE PUBLICADA OFICIALMENTE EN EL
(QUE HABIA ACAECIDO EL 5 DE AGOSTO DE 1985), Y NO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE FUE PUBLICADA EN EL (EL 18 DE OCTUBRE DE 1985). TODO ELLO DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS PARA EL COMPUTO DE LOS PLAZOS QUE DISPONEN LOS ARTS. 303 Y 305 DE LA L.E.C., Y LO PRECEPTUADO POR EL ART. 11.7 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CANARIAS, ASI COMO LA PRIMACIA QUE EN ESTA MATERIA DEBE RECONOCERSELE AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA. EN CUALQUIER CASO, LA LEY ES PLENAMENTE CONFORME A LA CONSTITUCION. SUS ARTS. 45 Y 46 IMPONEN A TODOS LOS PODERES PUBLICOS EL DEBER DE GARANTIZAR LA CONSERVACION DE LAS RIQUEZAS, TANTO NATURALES COMO HISTORICO-ARTISTICAS, Y DE VELAR POR SU UTILIZACION RACIONAL CON EL CLARO FIN DE EVITAR DETERIOROS IRREVERSIBLES. EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS DEBERES HA LLEVADO A QUE LA COMUNIDAD AUTONOMA, EN EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS LEGISLATIVAS SOBRE LA ORDENACION DEL TERITORIO Y EL URBANISMO (ART.
29.11 E. A. CANARIAS), INTRODUZCA UNOS MECANISMOS JURIDICOS QUE GARANTIZAN LA SALVAGUARDIA DE LAS RIQUEZAS EXISTENTES EN SU TERRITORIO, SIN PERJUICIO DE LAS CONCRETAS COMPETENCIAS EJECUTIVAS QUE EN MATERIA URBANISTICA CORRESPONDEN A LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS CANARIAS.
TRAS EXAMINAR EL CONTENIDO DE LA LEY, RECHAZA LOS DOS ARGUMENTOS AVANZADOS POR EL ABOGADO DEL ESTADO PARA SOSTENER SU INCONSTITUCIONALIDAD. ACEPTANDO QUE LOS ARTS. 65 A 67 DE LA L.B.R.L. TIENEN UN CARACTER BASICO, Y POR TANTO, APLICABLE A TODAS LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, ENTIENDE QUE LA NORMATIVA QUE ALLI SE ESTABLECE NO IMPIDE JURIDICAMENTE LA EXISTENCIA DE UN SISTEMA COMPLEMENTARIO QUE, EN TANTO SURTEN EFECTOS JURIDICOS LAS TECNICAS BASICAS DE IMPUGNACION, PERMITA MANTENER EL STATUS QUO DEL OBJETO MATERIAL AFECTADO POR LAS ACTUACIONES AMPARADAS EN LOS ACTOS QUE SE PRETENDEN ANULAR, ESPECIALMENTE TENIENDO EN CUENTA QUE LAS AGRESIONES AMBIENTALES PERPETRADAS SOBRE RECURSOS ESCASOS ACOSTUMBRAN A SER IRREVERSIBLES. ESTA TESIS VIENE AVALADA POR DIVERSOS DATOS, COMO EL DE QUE LA LEY 7/1985 NO DEROGO LOS PRECEPTOS DE LA LEY DEL SUELO QUE ESTABLECEN UN SISTEMA ANALOGO, EN SUS ARTS. 184 Y 186, QUE IGUALMENTE HA SIDO MANTENIDO EN DIVERSAS LEYES DE OTRAS COMUNIDADES AUTONOMAS.
EL LETRADO JEFE DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DE LA ADMINISTRACION DE CANARIAS ESTIMA, ASIMISMO, QUE LA LEY IMPUGNADA TAMPOCO VULNERA EL ART. 137 C.E. PUES, DE ACUERDO CON LA JURISPRUDENCIA DE LAS SSTC 4/1981 Y 14/1981 HAY QUE TENER PRESENTE QUE EL INTERES PUBLICO QUE SE PROTEGE CON LA LEY CONSISTE EN LA PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO, QUE CORRESPONDE A LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, Y QUE SOBREPASA EL CIRCULO DE INTERESES EXCLUSIVAMENTE MUNICIPAL. LA TECNICA DE SUSPENSION ESTABLECIDA POR LA LEY AUTONOMICA IMPLICA UN PURO CONTROL DE LEGALIDAD, QUE SE ENCUENTRA JUSTIFICADO POR LA MAGNITUD SUPRALOCAL DE LOS INTERESES EN JUEGO, Y QUE VA MENOS LEJOS DE LO QUE VALIDAMENTE SE PODRIA HABER REGULADO, CONFIRIENDO DIRECTAMENTE A LA ADMINISTRACION URBANISTICA SUPERIOR LA POTESTAD DE OTORGAR LAS LICENCIAS, O DE REVOCAR SIN MAS TRAMITE LAS LICENCIAS CONCEDIDAS POR LOS MUNICIPIOS, O DE EMITIR UN PREVIO INFORME PRECEPTIVO. POR LO QUE EN CONCLUSION, LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS SON PLENAMENTE CONSTITUCIONALES.
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EL PARLAMENTO DE CANARIAS, TRAS SOLICITAR Y OBTENER UNA PRORROGA DEL PLAZO PARA FORMULAR ALEGACIONES LOS DIAS 9 Y 12 DE DICIEMBRE DE 1985, DEFENDIO LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY POR ESCRITO PRESENTADO EN EL REGISTRO EL SIGUIENTE DIA 18. SUS RAZONAMIENTOS SE DIRIGEN A DEJAR BIEN SENTADO QUE LA LEY TERRITORIAL 3/1985 NO VULNERA LAS BASES DE LA LEGISLACION DEL ESTADO, PORQUE LOS ARTICULOS IMPUGNADOS RESPETAN LOS PRINCIPIOS INDUCIBLES DE LA LEGISLACION ESTATAL, Y, ASIMISMO, QUE NO LESIONA LA AUTONOMIA LOCAL GARANTIZADA CONSTITUCIOALMENTE, POR CUANTO SE LIMITA A ESTABLECER UNA TECNICA LEGITIMA QUE SE ORIENTA AL EJERCICIO DE UNA FUNCION DE PROTECCION DE LOS INTERESES GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA EN MATERIAS DE SU COMPETENCIA, Y NO DE CONTROL ADMINISTRATIVO DE LOS ENTES LOCALES.
EL LETRADO DEL PARLAMENTO SUBRAYA LA DISTINCION ENTRE LA TECNICA DE SUSPENSION CAUTELAR, QUE ESTABLECE LA LEY 3/1985 Y LA IMPUGNACION CON SUSPENSION JUDICIAL, QUE REGULA LA L.B.R.L. ENTIENDE QUE LOS ARTS. 65 A 67 DE LA LEY ESTATAL NO SE LIMITAN A ESTABLECER NORMAS DE REGIMEN JURIDICO ADMINISTRATIVO O DE REGIMEN LOCAL (DE CONFORMIDAD CON EL ART.
149.1.18 C.E.), SINO QUE ADOPTAN AUTENTICAS DISPOSICIONES REGULADORAS DEL PROCESO JUDICIAL (CON ARREGLO AL ART. 149.1.6). POR EL CONTRARIO, LOS ARTS. 2 Y 3 DE LA LEY CANARIA REGULAN LA MATERIA URBANISMO, SOBRE LA QUE LA COMUNIDAD AUTONOMA HA ASUMIDO COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, EN VIRTUD DE SU ESTATUTO DE AUTONOMIA (ARTS. 29.11). SON VARIOS LOS SUPUESTOS REGULADOS EN EL ART.
2 DE LA LEY 3/1985, ALGUNOS DE LOS CUALES NO REPERCUTEN SOBRE LOS ENTES LOCALES, COMO LA SUSPENSION DE ACTOS DE USO DEL SUELO Y EDIFICACION LLEVADOS A CABO SIN LICENCIA Y LOS AMPARADOS POR UNA LICENCIA CONCEDIDA POR EL GOBIERNO DE CANARIAS. POR LO QUE NO SE ACIERTA A ENCONTRAR EL FUNDAMENTO JURIDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPIDA A UNA COMUNIDAD AUTONOMA REGULAR UNA MATERIA...
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