Algunas consideraciones sobre el procedimiento para la adopción de medidas de apoyo a las personas con discapacidad
| Autor | Rocío Zafra Espinosa de los Monteros |
| Cargo del Autor | Profesora Titular de Derecho Procesal. Universidad Carlos III de Madrid |
| Páginas | 171-194 |
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CAPÍTULO 7.
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL
PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS
DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
R Z E M
Profesora Titular de Derecho Procesal. Universidad Carlos III de Madrid
1. INTRODUCCIÓN
La discapacidad es un tema bastante complejo cuyo tratamiento pivota sobre
el estricto respeto de la dignidad de las personas. Tener una discapacidad, no pue-
de ser considerado una merma en ninguno de los derechos que el ordenamiento
jurídico y, sobre todo, la Norma Suprema, nos reconoce.
La discapacidad es un tema complicado y delicado que afecta alrededor de 4
millones de personas de nuestro entorno y cerca de 2 millones, en edad laboral
conforme a los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística 1.
Tradicionalmente, las personas con discapacidad vienen sufriendo muchas li-
mitaciones, más o menos visibles: barreras arquitectónicas, cognitivas, actitudina-
les y jurídicas que, intencionadamente o no, han supuesto una limitación en sus
derechos o el pleno desenvolvimiento de los mismos en condiciones de igualdad.
Es cierto que, con el paso del tiempo, se está tomando más consciencia sobre los
problemas y dificultades a los que se tienen que afrontar a diario las personas ado-
lecidas por una discapacidad física y/ o intelectual. Pero todavía queda un largo
camino por delante, sobre todo en temas como la visibilización, sensibilización,
eliminación de barreras y adaptación en igualdad de las personas con discapaci-
dad con respecto de aquellas que no tienen esta condición.
Y es que, en muchas ocasiones, y en este caso importa, la utilización de un
lenguaje inclusivo resulta imprescindible. Por ello, debe atenderse, especialmen-
1Vid. https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259926668516&p=%5C&
pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout& param1=PY SDetalle¶m3=1259924822888
Rocío Zafra Espinosa de los Monteros
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te, a la educación empática y delicada frente a las personas con alguna diferencia
física o intelectual.
Es verdad que la igualdad no puede conllevar diferencias en el tratamiento
de personas, pero sí debe equiparar la situación. No es que a una persona con
discapacidad se le trate de forma diferente, sino que las particularidades en el
tratamiento deben implicar el tener en cuenta la desigualad que provoca la disca-
pacidad y tomar medidas que compensen la misma.
Así, en el ámbito de la justicia se debe garantizar el acceso a la misma en con-
diciones de igualdad sin que su discapacidad supongan una barrera infranquea-
ble que haga inaccesible el pleno desarrollo del derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva. Y ello, en cualquiera de las situaciones en las que las personas
deben intervenir en el ámbito de justicia: testigos, partes, operadores jurídicos 2.
Se ha dado un paso de gigante con la entrada en vigor de Ley 8/2021, de 2
de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las
personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, en adelante,
Esta Ley, supone un cambio de escenario en el tratamiento de la capacidad
jurídica y posibilidad de toma de decisiones de la persona con discapacidad. El
reconocimiento en el uso de la capacidad jurídica en condiciones de igualdad
que como ya se ha mencionado no es más que la adopción de medidas intentando
compensar la desigualdad que provoca la discapacidad por sí misma.
El marco normativo que dibuja la Ley 8/21, es el resultado de la adecuación
de nuestra legislación con la Convención internacional sobre los derechos de las
personas con discapacidad hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 3.
Ya el Preámbulo de la mencionada Convención, establecía el tratamiento de
la persona con discapacidad en condiciones de igualdad como parte integrante
de las estrategias pertinentes de desarrollo sostenible. En este sentido, debemos
resaltar como objetivo de la agenda 2030 que, a través de la Estrategia Española
sobre Discapacidad, se ofrece una hoja de ruta que, además de ambiciosa, permitirá
a los poderes públicos, asistir a las personas con discapacidad y a sus familiares para hacer
efectivos sus derechos 4.
Ya se ha mencionado que el tratamiento de la persona con discapacidad debe
pivotar sobre la dignidad de la persona. A sensu contrario, debe partirse de la
base de que cualquier actuación discriminatoria por razón del género, raza y/o
2DE LORENZO GARCÍA, Rafael; CABRA DE LUNA, Miguel Ángel; RECOVER BALBOA,
Torcuato; DE ARAOZ SÁNCHEZ-DOPICO, Inés (2020)., «El derecho de acceso a la justicia» en FERÁNDEZ
MARTÍNEZ, Juan Manuel; DE RADA GALLEGO, Isabel (Dirs.)., Guía de buenas prácticas sobre el acceso a la
justicia de las personas con discapacidad, Consejo General del Poder Judicial, pág. 10.
3Fue ratificada por España en marzo de 2007, publicada en BOE el 21 de abril de 2008 y entrando
en vigor en mayo de ese mismo año.
4Vid. https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/discapacidad/informacion/index.
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