¿Conocimiento o medición? Generando indicadores adaptados a la realidad social
| Autor | Octavio Vázquez Aguado/Fernando Relinque Medina |
| Páginas | 183-203 |
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Una de las temáticas clásicas en ciencias sociales tiene que ver con las dificultades de medición de la realidad social. El conocimiento científico de una realidad requiere su modelaje: conceptualización, dimensionamiento del concepto, definición de variables e indicadores. Se parte de la base de que para conocer adecuadamente, científicamente, una realidad, hay que medirla. Por otra parte, medir alude al proceso de cuantificar la realidad social, reduciendo a uno o más números sus características.
Esta definición se ajusta fundamentalmente al formato clásico de conocimiento científico, el de las ciencias naturales. Es un modelo positi-vista, sensorial (accesible sólo desde los sentidos) y deductivo, donde el modelo o estructura específica de conocimiento dicta el modo en que ha de realizarse la observación sobre el terreno. Así, si queremos conocer el objeto X, es conocido qué elementos hemos de observar en A y cómo hemos de medirlos (qué procesos y herramientas de medición utilizar). Todo ello está ya previamente definido, pues el modelo se fundamenta en la experiencia acumulada hasta su definición. Una vez validado, el modelo difícilmente se cuestiona. Simplemente, para medir X se aplica el modelo y las herramientas metodológicas definidas por la academia como las adecuadas para ello. Así, no es de extrañar que pasen, en ocasiones, siglos completos antes de alterar un modelo metodológico, para adaptarlo a cambios contextuales del objeto.
Las ciencias sociales a menudo han pretendido adoptar los métodos más propios de las ciencias naturales. Este hecho tiene diversas explicaciones; entre las más plausibles, la búsqueda de una identidad fuerte, comparable a la de las ciencias naturales, y la necesidad de legitimidad social (reconocimiento de funcionalidad por el resto de ciencias e, incluso, de la sociedad) (Domínguez, Aledo, & Roig, 2011). A veces, esta adopción o herencia metodológica funciona aceptablemente. Por ejemplo, cuando pretendemos medir hechos sociales muy específicos en contextos muy parecidos en los que ya, previamente, otros investigadores han probado la validez y fiabilidad de sus métodos. Algunas áreas de la Psicología y la Economía son especialistas en la medición en sentido clásico.
No obstante, en numerosas ocasiones la adopción de métodos clásicos para el conocimiento válido y fiable de la realidad social es más que discutible. Entre las peores soluciones adoptadas ante esta dificultad encontramos la adaptación de los objetivos de la investigación a los métodos clásicos. Un ejemplo es el trabajo con poblaciones elusivas (Sudman, Sirken, & Cowan, 1988): si no conocemos la información censal básica para definir el marco de la encuesta, esta técnica de investigación quedará reducida a un mero sondeo, cuyos resultados no reunirán la suficiente fiabilidad como para (bajo criterio
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científico) poder tomar decisiones sobre ellos; o fundamentar futuras investigaciones con garantías de progreso. Esta solución no es tal, pues su consecuencia principal es la discriminación de determinados objetos y sujetos de estudio, cuyas problemáticas o realidades tienden a quedar fuera del punto de mira de la comunidad científica.
Por contra, el investigador social habría de adoptar una posición fuerte sobre el objeto. Es decir, la dificultad del objeto debería suponer un esfuerzo extra en la adaptación del diseño de la investigación social, así como de los métodos y técnicas a adoptar para su conocimiento. Llegado el caso, y si el objeto lo permite, también habría de adaptar el formato de su medición, considerando ésta siempre en los marcos y límites impuestos por el propio objeto y por el contexto específico en el que lo estudiamos.
Estas dificultades y necesidades de adaptación se muestran cada vez más presentes en la sociedad contemporánea. Básicamente por dos razones: su gran complejidad y la gran velocidad del cambio social. Ambos elementos, complejidad y cambio social, alcanzan cotas históricas que no muestran visos de deceleración. Sin detenernos en su definición, por considerarlos procesos suficientemente argumentados (Stewart, 2001), es fácil de entender que, cuanto más rápido cambia un objeto, y cuanto más complejo sea, más difícil es conocerlo a fondo, científicamente.
La complejidad y la velocidad del cambio social desde hace unas décadas incluso ponen de manifiesto los problemas epistemológicos y sociológicos de la ciencia clásica. Los modelos son cada vez más «adaptativos», las lógicas son cada vez más «difusas», las ecuaciones cuentan con cada vez más «incógnitas» y la previsión de escenarios cada vez muestra un mayor número de soluciones posibles (Gray, Zanre, & Gray, 2014) (Ragin, 2000) (Harrison, P.; Holman, I.; Cojocaru, G., 2013). Corrientes críticas en la filosofía de la ciencia reclaman la necesidad de un nuevo modelo de producción científica, más realista y adaptado a las circunstancias históricas. Más flexible, más cualitativo, más contextual, particularista, multidimensional y funcional (Gibbons, 1994). Este es el marco epistemológico en el que se sustenta la investigación ejemplificada en este capítulo.
Un diseño de investigación que pretenda medir, o al menos conocer, un hecho social, hoy día, sólo puede aspirar a un modelo relativamente estandarizado (semi-estandarizado), dispuesto a ser testado y actualizado en cada contexto, y que persiga el único objetivo legítimo para un modelo de análisis: el mejor conocimiento posible de lo estudiado, según el contexto donde se estudie y las circunstancias en las que se desarrolla el estudio. La citada complejidad del contexto prácticamente obliga a la estrategia multidimensional y multimétodo. Las circunstancias de diseño y ejecución del estudio impondrán restricciones adicionales, habituales, por otra parte, en cualquier tipo de práctica de investigación (límites presupuestarios, imprevistos en las diferentes fases de la ejecución, etc.).
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En este capítulo mostramos un modelo semi-estandarizado que pretende evaluar un sistema de gestión de viviendas sociales. Al mismo tiempo, queremos mostrar cómo han sido gestionados el contexto y las circunstancias propias de la investigación, en pos de la construcción de un índice sintético de riesgo o vulnerabilidad social. Abordando la construcción de un índice cuantitativo en el marco de un modelo multidimensional y multimétodo, pretendemos, globalmente, ilustrar una estrategia de afrontamiento científico de una realidad social, para la obtención de información válida, fiable y útil para la posterior toma de decisiones.
Para llevar a cabo el objetivo se han analizado un total de 21 promociones de viviendas públicas para la integración social. Estas viviendas, comúnmente conocidas como viviendas sociales, tienen como finalidad el facilitar el acceso a la vivienda a familias con especiales dificultades sociales, cuyos ingresos no superen el IPREM1o que, superándolo, se encuentren en riesgo de exclusión social, por imposibilidad de acceso a una vivienda.
La gestión del parque público andaluz de viviendas y, por ende, las promociones de viviendas sociales en Andalucía, corresponde a la extinta Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) que, de acuerdo a lo dispuesto en la disposición final primera de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, pasa a denominarse Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).
Las funciones para el desempeño de la gestión de AVRA, viene amparada por el Decreto 262/1985, de 18 de diciembre, sobre la constitución de la empresa pública de Suelo de Andalucía (EPSA) que le dota de capacidad y estructura, y la Orden de 31 de julio de 1991, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, que conforma la organización interna de la entidad.
No obstante, si bien la entidad pública de gestión de las viviendas sociales es AVRA, es relevante la intervención de dos entes públicos cuyas funciones son de especial relevancia tanto en la adjudicación y seguimiento de las promociones, los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda y los Servicios Sociales.
El primero, definido por el artículo 16 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía como «el instrumento
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básico para la determinación de las personas solicitantes de la vivienda protegida» tiene un papel definitivo en la adjudicación de viviendas puesto que gestionan las demandas de viviendas protegidas y facilitan a AVRA el listado de potenciales adjudicatarios tal y como reza el artículo del Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de las Regis-tros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida.
Los Servicios Sociales, por su parte, a su vez tienen un papel fundamental en el seguimiento y mantenimiento de estas promociones a fin de garantizar «aquellos recursos, actividades y prestaciones organizadas para la promoción del desarrollo de los individuos y grupos sociales, para la obtención de mayor bienestar social y una mejor calidad de vida, así como la prevención de la marginación social, estando, para tales efectos, coordinados con aquellos otros medios públicos o de iniciativa social que, en el área de Bienestar Social, tengan como finalidad favorecer el libre desarrollo de la persona dentro de...
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