La congruencia procesal en segunda instancia

AutorManuel Richard González
  1. Introducción [52]

    La congruencia procesal encuentra su fundamento en los principios rectores del proceso civil, ya se considere un principio procesal autónomo[53], o manifestación de los principios que informan el proceso, entre los que adquieren relevancia el principio dispositivo y de rogación que rigen en el proceso civil[54].

    Así, la congruencia se define como conformidad o adecuación entre la sentencia y la pretensión que constituye el objeto del proceso[55], constituyendo un límite a la potestad de juzgar de los órganos jurisdiccionales, de manera que no puede otorgarse más de lo pedido por el demandante, ni conceder u otorgar otra cosa distinta de la por él reclamada, o concederla por título distinto de áquel en que la demanda se funde, cuando ello suponga una variación de la acción ejercitada [56].

    Por tanto, y siguiendo a DE LA OLIVA podemos decir que la congruencia se manifiesta como un requisito interno de la sentencia fundamentado en los principios rectores del proceso civil, que impone al juzgador la obligación de dictar la sentencia en el marco de lo solicitado por las partes[57].

    Así, se proscribe: a) la incongruencia por extra petita, que se producirá

    cuando el Tribunal declara algo que no es lo pedido por la parte[58];

  2. la incongruencia por ultra petita, en la que incurre la sentencia que se excede en su fallo concediendo más de lo pedido por las partes; c) la incongruencia por omisión de pronunciamiento.

    La congruencia procesal opera con plenitud en la segunda instancia del proceso. No obstante, en la alzada queda delimitada además de por el fallo y las peticiones de las partes, por las pretensiones impugnatorias que se ejercitan vía de recurso. Así, la sentencia de segunda instancia podrá ser incongruente por cualquiera de los supuestos expresados: por »ultra petita», «extra petita» u omisión de pronunciamiento. Especialmente, son frecuentes los supuestos de incongruencia «extra petita» cuando la sentencia de alzada se presenta como la exigida por las pretensiones impugnatorias de las partes, no siéndolo, o sustituyendo a la declaración que correspondería a las pretensiones deducidas[59].

    Pero, en la alzada la congruencia se caracteriza, sobre todo, por la prohibición de la «reformatio in peius», que es una institución procesal con idéntico fundamento y efectos, y que, por tanto, debe tener un mismo tratamiento procesal que la congruencia[60].

    No obstante, la Jurisprudencia del TS tradicionalmente distinguia entre una y otra institución a efectos casacionales, considerando que la congruencia del fallo exige la adecuación del fallo con las pretensiones de las partes (art.309 LEC); y la «reformatio in peius» se relaciona con las normas rectoras de la competencia jerárquica gradual o funcional (art. 408 LEC)[61].

    Con base en lo expuesto, consideramos que la prohibición de «reformatio in peius» es una modalidad de congruencia procesal que se distingue de la congruencia a efectos meramente prácticos, como especie de un mismo género, y que tiene la ventaja de precisar en positivo y respecto a un supuesto determinado, cuando una sentencia es incongruente[62].

    A contrario, obsérvese, que el concepto de congruencia procesal contenido en el art. 359 LEC establece cuando una sentencia es congruente , lo que expresa tal vaguedad que deja en realidad sin definir cual sea el ámbito de la congruencia procesal[63].

    En consecuencia, el principio prohibitivo de la «reformatio in peius» tiene la virtualidad de delimitar una modalidad o forma de incongruencia procesal en segunda instancia definida perfectamente respecto a una de las partes, el recurrente, y con relación a su posición procesal de apelante único[64]. Más allá de los elementos señalados, el principio prohibitivo de la «reformatio in peius» encuentra su fundamento en la obligación que recae sobre los Tribunales de dictar sentencia en el marco de las peticiones de las partes, expresadas en su pretensión impugnatoria. Es decir, en el principio de congruencia procesal, ya que el supuesto de reformatio in peius es, en definitiva, un supuesto de incongruencia «extra petita»[65].

    Por tanto, es idéntico el fundamento de ambas instituciones procesales, pero distinta la formulación y el punto de vista que se acoge para definir cuando se produce vulneración del principio de la reformatio «in peius», partiendo indudablemente del principio de congruencia del fallo con las peticiones de las partes.

  3. La delimitación de los terminos de la comparación: el fallo en la alzada y las pretensiones impugnatorias

    La congruencia procesal comporta la conformidad, correspondencia o correlación de la parte dispositiva de la sentencia con la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso[66].

    Tanto respecto a los elementos subjetivos y objetivos de la relación jurídico-procesal, como en lo que atañe a la acción ejercitada, conforme al artículo 359 de la LEC[67].

    En sede de alzada la congruencia procesal opera con base en el mismo fundamento y con los mismos efectos que en la primera instancia, como requisito interno de la sentencia que obliga al Tribunal «ad quem» a resolver sobre lo pedido por las partes. De modo que deberá pronunciarse sobre la impugnación principal, sobre la adhesiva, y acerca de los recursos interlocutorios o incidentales[68].

    Es decir, sobre el ámbito de las pretensiones y impugnatorias de las partes sin que pueda el Tribunal «ad quem» conocer de aquellas cuestiones consentidas por las partes y que, por tanto, quedaron fuera del ámbito de conocimiento de su ámbito de conocimiento[69].

    Respecto a las peticiones oportunamente deducidas la pretensión impugnatoria es una continuación de la acción inicial ejercitada en la alzada con base en la legitimación que concede el vencimiento en la instancia. Por esta razón, siguiendo a SERRA es preciso partir, para determinar los términos de comparación de la congruencia procesal en segunda instancia, de dos grupos de pretensiones que se completan y se limitan: En primer lugar, las pretensiones formuladas en la demanda y escritos de alegaciones. En segundo lugar, la formulada con el recurso de apelación que inicia la segunda instancia y que puede restringir el examen a sólo alguna de las pretensiones inicialmente formuladas[70].

    Por consiguiente, el análisis de la congruencia procesal en segunda instancia exige la atención, por una parte, a las peticiones de las partes fijadas en los escritores rectores del proceso en tanto hayan sido impugnadas y, por otra, a la sentencia de segunda instancia[71].

    También será de interés el análisis del fallo de primera instancia a efectos de precisar cuáles sean aquellas cuestiones que, en tanto que resueltas, son término de comparación a estos efectos.

    En cuanto a las pretensiones formuladas en la primera instancia deben deducirse oportunamente en los escritos rectores del proceso, quedando identificadas por lo pedido y su causa o fundamento jurídico[72];petición y causa, ambas conjuntamente, delimitan el alcance objetivo de la resolución judicial[73].

    El actor debe ejercitar su pretensión en el suplico de la demanda o en el de réplica. Con relación al demandado, podrá alegar lo que crea conveniente en defensa de su derecho en los escritos de contestación a la demanda o de dúplica[74]o, en su caso, reconvenir convirtiéndose a tal efecto en demandante. Son inoportunas, y no afectan a la congruencia procesal, aquellas alegaciones que aunque vertidas en los escritos rectores del proceso se realizan de modo confuso o vago[75], y cuantas se hacen en escritos no destinados legalmente a peticiones y alegatos, como los de conclusiones[76], o en informe orales con distinta finalidad como las realizadas en vistas o comparecencias[77].

    Las pretensiones impugnatorias en la segunda instancia del proceso determinarán el alcance del juicio del Tribunal de alzada que se deducirá de la actividad de las partes en la interposición y fundamentación del recurso de apelación. En este sentido, así como la pretensión del actor y las alegaciones del demandado determinan el objeto de la primera instancia del proceso, también la pretensión del apelante al impugnar la sentencia en todo o en parte, delimita y acota el ámbito del recurso, de acuerdo con la máxima «Tantum devolutum quantum apellatum»[78].

    Otra cuestión, que ya ha sido expuesta, es la relativa a la insuficiencia del tramite de la vista oral en orden a la fundamentación del recurso de apelación.

    Esa es una de las razones por las que la congruencia procesal en segunda instancia adquiere contornos difusos, precisamente, porque la delimitación de los términos de comparación del «juicio» de incongruencia no es, en absoluto, problema de fácil solución[79].

    Respecto a la sentencia, la congruencia procesal se predica únicamente de su parte dispositiva. Por tanto, la incongruencia no puede inferirse de los razonamientos que sirven de base al fallo, sino sólo de la parte dispositiva de la sentencia en los términos concretos en que se planteó el debate. Tampoco son término de comparación las bases fundamentadoras expuestas en los razonamientos jurídicos de la sentencia [80].

    No obstante, tal y como declara alguna jurisprudencia y doctrina autorizada, la parte dispositiva no puede aislarse de la fundamentación que la sustenta, por lo que, los fundamentos de derecho de la sentencia serán término de comparación a efectos de congruencia cuando influyan o determinen el fallo judicial[81].

    La sentencia de segunda instancia confirmatoria, en todos sus términos, de la sentencia impugnada no puede ser tachada, en principio, de incongruente[82].

    La sentencia revocatoria o modificativa de la de instancia sí podrá ser incongruente en tanto se pronuncie al margen de las peticiones de las partes, en el marco de sus respectivas posiciones procesales en la alzada. O, también, cuando omita pronunciamiento, ya que si bien el juicio revisorio del Tribunal de alzada conlleva la posibilidad de modificar la sentencia de instancia en el marco...

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