SENTENCIA 80/1993, de 8 de Marzo, del Pleno del Tribunal constitucional en los Conflictos positivos de Competencia 1043/1986 y 336/1987 (acumulados), promovidos por el Consejo ejecutivo de la Generalidad de Cataluña y el Gobierno vasco, en relacion con el Real decreto 1063/1986, de 9 de Mayo, que regula la Expedicion de Documentos y ...

MarginalBOE-T-1993-9761
SecciónI - Disposiciones Generales
EmisorTribunal Constitucional
Rango de LeySentencia

El Pleno del Tribunal Constitucional compuesto por don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer, Presidente, don Luis López Guerra, don Fernando García-Mon y González Regueral, don Carlos de la Vega Banayas, don Alvaro Rodríguez Bereijo, don Vicente Gimeno Sendra, don José Gabaldón López, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos y don Carles Viver Pi-Sunyer, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En los conflictos positivos de competencia acumulados núms. 1.043/86 y 336/87, promovidos por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña y por el Gobierno Vasco, en relación, respectivamente, con el Real Decreto 1063/1986, de 9 de mayo, por el que se regula la expedición de documentos y certificados referentes al sector de actividades comerciales establecidos por las Directivas del Consejo de la Comunidad Económica Europea para facilitar el derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios en los diferentes Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, y con el Real Decreto 2225/1986, de 3 de octubre, por el que se modifica el anterior. Ha comparecido el Abogado del Estado y ha sido Ponente el Magistrado don Vicente Gimeno Sendra, quien expresa el parecer del Tribunal.

  1. Antecedentes

    1. El 2 de octubre de 1986 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito del Abogado de la Generalidad de Cataluña, don Ramón Riu i Fortuny, por el que se plantea, en nombre y representación de la Generalidad de Cataluña y frente al Gobierno de la Nación, conflicto positivo de competencia en relación con el Real Decreto 1063/1986, de 9 de mayo, por estimar que la referida norma vulnera las competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña en virtud de los establecido en la C.E. y en el EAC. Por este escrito, registrado con el núm. 1.043/86, se solicita sea dictada Sentencia declarando que la competencia controvertida corresponde a la Generalidad de Cataluña, que podrá ejercerla sin precisar la validación estatal de las certificaciones y documentos que expida.

      Los términos del conflicto y su fundamentación jurídica, de acuerdo con el escrito de planteamiento, son, en lo sustancial, los siguientes:

      1. Con carácter introductorio, y en cuanto a la competencia de la Generalidad de Cataluña en orden a la aplicación del Derecho Comunitario Europeo, se afirma que, en el sistema constitucional español, la competencia de ejecución del Derecho Comunitario Europeo no reside únicamente en las instituciones centrales del Estado, sino que las Comunidades Autónomas tienen confiadas importantes funciones de desarrollo o concreción normativa y de aplicación administrativa perfectamente comparables con las que ejercen las entidades territoriales dotadas de autonomía en otros Estados de estructura compleja. Las disposiciones constitucionales en esta materia, no contienen ningún título competencial específico favorable al Estado Central que pueda sobreponerse a las obligaciones que el EAC impone a la Generalidad para la ejecución del Derecho Comunitario.

        En efecto, el art. 149.1.3 de la C.E. no puede ser entendido en un sentido onmicompresivo de todas aquellas actividades del Estado en las que pueda detectarse algún elemento de extranjería. Y, de otra parte, el art. 93 de la C.E. únicamente hace referencia a la garantía de cumplimiento y no al cumplimiento mismo del Derecho Comunitario, no pudiéndose dar a este precepto el valor de una atribución de competencias a las Cortes Generales ni al Gobierno.

        En consecuencia, al tratar de delimitar la competencia de la Generalidad de Cataluña en la aplicación del Derecho Comunitario, es absolutamente imprescindible atender al contenido del art. 27.3 del EAC, advirtiendo que la expresión abarca no únicamente las disposiciones de los tratados originarios, sino también el Derecho derivado de las Comunidades Europeas, y que la expresión ha de ser interpretada en el sentido de que no se ha hecho una enumeración de las funciones atribuidas, ni se ha impuesto restricción alguna. Por ello, la Generalidad de Cataluña podrá ejercer las funciones de desarrollo legislativo y reglamentario y la ejecución adminsitrativa que en cada materia tenga atribuidas por el Estatuto de Autonomía.

      2. Dado que las resoluciones comunitarias cuya aplicación se discute en el presente conflicto son Directivas, es decir, normas que vinculan a los Estados miembros por el resultado que persiguen, dejando a las instancias nacionales la competencia en cuanto a la forma y medios de alcanzarlo, no es supérfluo puntualizar que en aquellas materias de competencia exclusiva de la Generalidad, corresponderá a la Generalidad de Cataluña el desarrollo y concreción normativa, así como la ejecución administrativa.

        Resulta así necesario precisar la competencia de la Generalidad de Cataluña en materia de comercio interior a tenor de lo dispuesto en el art. 12.1.5 del EAC y del Real Decreto 1386/1978, de 23 de junio, de traspaso de los servicios en materia de comercio interior (arts. 9 y 10).

        Pues bien, la Generalidad está habilitada, de acuerdo con esta atribución de competencias, para ejercer la función legislativa y reglamentaria, así como la ejecución en el ámbito del comercio interior, y, más en particular, en ejercicio de dicha competencia, le corresponde el mantenimiento de una información permanente actualizada de los factores que intervienen en la comercialización, distribución y venta de toda clase de productos o en la prestación de servicios. En consecuencia, le corresponde la expedición de certificados, informes y demás documentos que acrediten el ejercicio de actividades comerciales en su ámbito territorial, pudiendo ser especialmente relevante en este sentido que la Generalidad haya establecido un registro obligatorio de las empresas de venta domiciliaria que actúen dentro de su ámbito territorial, cuando hoy por hoy no existe en el resto del Estado un instrumento similar para el control de la actividad de ese tipo de empresas.

      3. Las Directivas Comunitarias cuyo desarrollo y ejecución son el objeto del presente conflicto, están relacionadas todas ellas con las modalidades de medidas transitorias y la realización del derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios en el sector de las actividades comerciales y, por tanto, afectas al ámbito material del comercio interior. En ellas se prevé la expedición, por parte de las autoridades u órganos competentes de los Estados miembros, de las certificaciones y documentos acreditativos de que los interesados reúnen las condiciones exigidas en algunos países miembros para el acceso a dichas actividades, o bien que se han cumplido las condiciones de equivalencia fijadas. Esas certificaciones expedidas por los órganos que tienen encomendada esa función en cada Estado tienen, por lo demás, perfecta validez exterior ante las autoridades de los demás Estados miembros, sin que haya ningún motivo para que sean los poderes centrales los que deban asumir necesariamente esa función, como lo prueba la propia práctica seguida en otros Estados miembros de la CEE, ya que en ninguno de ellos se ha establecido una segunda instancia centralizadora -a través de un órgano estatal- para la expedición de los certificados (comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas publicada en DOCE, C, núm. 31 de 13 de julio de 1974).

        Así pues, partiendo de que el Real Decreto 1063/1986 es una disposición dictada por el Gobierno del Estado en aplicación de unas normas de Derecho Comunitario en el ámbito material de comercio interior, constituirá Derecho supletorio, en virtud de lo dispuesto por el art. 149.3 de la C.E., en aquellas Comunidades Autónomas que, como la Generalidad de Cataluña, tengan asumidas competencias en las meterias de comercio interior y de ejecución de tratados internacionales.

        La Generalidad de Cataluña, en efecto, tiene competencia para el desarrollo normativo y la ejecución administrativa de las Directivas enumeradas en el art. 1 del Real Decreto 1063/1986, en lo que afecte al ámbito material del comercio interior, lo que significa que ha de poder designar a las autoridades adminstrativas encargadas de la expedición de los certificados e informes y expedir materialmente esos documentos, los cuales han de tener plena validez por sí mismos ante cualquier otro Estado miembro de la Comunidad Europea una vez el Estado haya procedido a notificar la designación del órgano a la Comisión y a los demás Estados.

      4. Tratándose de certificaciones expedidas directamente a los interesados por haber realizado actividades comerciales en el ámbito territorial de la Generalidad, no pueden, de ninguna manera, aceptarse los argumentos tras los cuales el Gobierno del Estado pretende escudar la invasión de competencias puesta ahora de relieve. Ni la validación exterior de los actos de las Comunidades Autónomas, ni la necesidad de asegurar la unidad de acción exterior, ni la de coordinar la expedición de los certificados y documentos, ni la garantía de cumplimiento de las obligaciones dimanantes del Derecho Comunitario, están sustentados por títulos competenciales que permitan al Gobierno colocar a la Generalidad de Cataluña en situación de dependencia jerárquica en la expedición de cada uno de los certificados.

        En particular, por lo que se refiere a la necesidad de asegurar la unidad de acción exterior, es preciso oponer la absoluta desproporción del instrumento empleado, que comporta la existencia de una monolítica uniformidad de las formas de ejecución material intraestatal, en perjuicio de las competencias asumidas por la Generalidad de Cataluña (art. 27.3 EAC). Y, por otra parte, la inexistencia de una referencia expresa en la C.E., o en el EAC, a la competencia estatal de coordinación en este ámbito material, excluye toda posibilidad de que esa coordinación pueda suponer un límite a la plenitud de competencias de la Generalidad afectadas en el presente caso.

        Es también preciso hacer una consideración acerca...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR